INFORME Y PRONUNCIAMIENTO
Ante los métodos de represión y desprecio con los que los gobiernos federal y del estado de México han intentado darle solución a un problema que ellos mismos generaron, La Coordinadora Valle de Chalco, organización comunitaria e independiente, adherente a La Otra Campaña, manifiesta lo siguiente.
1. Como ya lo habíamos denunciado, la ruptura del Canal La Compañía no fue “una tragedia” así nomás, sino una maldición producto de la corrupción, la estupidez y la mezquindad de los tres niveles de gobierno. Se robaron los mil 423 millones de pesos destinados al entubamiento del Canal, por lo que son los responsables directos de la inundación y sus consecuencias.
2. Desde las primeras horas de la inundación se privilegió la presencia de los efectivos policíacos y militares, y no la del personal de la Conagua, Sedesol, o de alguna otra secretaría encargada de solucionar el problema, por lo que fue y es evidente que la solución programada por parte de los tres niveles de gobierno es apostarle al olvido y a la resignación, a la desesperación y a la represión hacia los afectados que manifiesten su legítima inconformidad de manera organizada.
3. En el clímax de su cinismo, José Luis Luege, titular de la Conagua, ha declarado que ellos no se hacen responsables de una próxima inundación ante la cercanía de la temporada de lluvias. Por su parte, el gobierno del estado de México declara que no hay recursos suficientes para concluir la obra del entubamiento del Canal, y a su vez Peña Nieto hace gala de su desvergüenza declarando que él “no es adivino para saber cuándo va a llover”, por lo que no puede hacer nada al respecto. El presidente municipal de Valle de Chalco se limita a señalar que un probable desbordamiento de otro canal provocaría una catástrofe cinco veces peor, pero que, vamos, él sólo es un humilde servidor público y le pagan sólo por hacer promesas y declaraciones, no para solucionar problemas “tan grandes”.
A resumidas cuentas, ninguno de los tres niveles de gobierno está pensando en darle solución definitiva al problema.
4. El censo que han realizado autoridades federales y estatales está plagado de irregularidades. La mayoría de las personas afectadas no aparecen en los censos a pesar de que personal de la Sedesol ya había pasado a sus hogares supuestamente levantando dicho censo. En muchos casos, en los que en una vivienda vive más de una familia, sólo ha sido considerada una sola familia. Para personas que rentaban la casa afectada de plano no hay apoyo alguno, pues el censo es para el propietario del inmueble; tenemos reportados casos de desalojo por parte de los caseros para así ellos poder cobrar los 25 mil pesos, quedando las personas verdaderamente afectadas literalmente en la calle.
Por si esto fura poco, de los supuestos 25 mil pesos que serán destinados para las familias afectadas no ha aparecido ni un solo centavo. Incluso si esta entrega se efectuara, ¿de qué sirven 25 mil pesos cuando se perdió el esfuerzo de toda una vida? ¿para qué intentar rehabilitar los hogares si no se garantiza que la inundación no vuelva a suceder? Es claro que al mal gobierno no le preocupan ni la vida ni el modesto patrimonio del pueblo trabajador.
5. Al temor de una nueva ruptura de las paredes laterales del Canal, ahora se le suma el temor a ser agredidos por los cuerpos policíacos. Pues la presencia de la policía federal y estatal no ha sido para contribuir a las labores de limpieza y mucho menos para garantizar la seguridad e integridad de las personas afectadas y de sus pertenencias.
Los pasados lunes 15 de febrero y jueves 25 de febrero, pobladores que se manifestaron de manera civil y pacífica para que sean atendidas sus demandas, fueron atacados por las policías estatal y federal, con saldo de decenas de heridos (ancianos, mujeres, hombres y niños) y dos detenidos. La policía federal allanó y rompió cristales de casas y comercios para seguir golpeando a mujeres embarazadas, niños y ancianos. Queremos dejar claro que no fueron enfrentamientos entre la población y los policías, fueron simple y sencillamente ataques brutales e indiscriminados contra la población por parte de los cuerpos policiacos.
“No hay dinero para entubar el Canal”, dicen, “No hay dinero para indemnizar a tantas personas”, dicen, pero demuestran que sí hay dinero para mandar a cientos de policías a intimidar y golpear a la gente humilde y trabajadora.
Ante estos hechos, nos sumamos y reiteramos las demandas de nuestros compañeros, familiares y vecinos:
I. Solución total y definitiva al problema: que se entube de manera total el Canal de La Compañía para evitar nuevas inundaciones.
II. Reparación total de los daños ocasionados a las viviendas por dicha inundación.
III. Alto a los ataques policíacos contra la población y libertad inmediata para las dos personas detenidas.
Con nuestros pueblos siempre:
Coordinadora Valle de Chalco
¡ABAJO Y A LA IZQUIERDA!
domingo, 28 de febrero de 2010
sábado, 27 de febrero de 2010
Secuestran y amenazan de muerte a activista de Chiapas, denuncia el Centro Frayba
Periódico La Jornada
Sábado 27 de febrero de 2010, p. 13
Este jueves, la defensora de derechos humanos Margarita Guadalupe Martínez Martínez fue secuestrada por desconocidos, golpeada y amenazada de muerte en las calles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuando se dirigía a recoger a su hijo, quien salía de la escuela primaria.
Según su testimonio al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba), en el trayecto "fue privada de su libertad por personas no identificadas, quienes le colocaron una bolsa de plástico en el rostro que le impidió ver a sus agresores, e inmediatamente la hicieron abordar por la fuerza un vehículo en marcha".
Dentro del vehículo, la activista "escuchó voces; una de las cuales era de la persona que la sujetaba, quien la golpeó en el rostro con un objeto sólido, produciéndole sufrimientos físicos, excoriaciones en los labios, inflamaciones en frente, labios y cuello", prosigue la denuncia. “También le infligieron tortura sicológica mediante punzadas en los costados con un objeto que podría ser un arma punzocortante o de fuego. Le pasaban en las manos un objeto frío y le decían: ‘ya no vas a poder trabajar’, e insistían en que se desistiera de la denuncia penal que en meses anteriores interpuso contra funcionarios del gobierno de Chiapas”.
De acuerdo con el Centro Frayba, al emitir una acción urgente para exigir respeto a la seguridad de Margarita Martínez, “mientras la golpeaban, la amenazaban de muerte para que se desistiera de la averiguación previa número 00004/FEPONGD DH-M1/2009, iniciada el 23 de noviembre por abuso de autoridad, allanamiento, tortura sicológica y amenazas con la agravante de muerte, integrada por la Fiscalía Especializada en Protección a Organismos no Gubernamentales de Derechos Humanos de Chiapas.
Los agresores le dijeron que se trataba de "un regalito del presidente municipal de Comitán", Eduardo Ramírez Aguilar. Después la bajaron del vehículo en una calle muy cercana a su domicilio.
La denuncia subraya la situación de inminente riesgo a la integridad, seguridad personal y la vida de la defensora, así como la de su esposo, Adolfo Guzmán Ordaz, su familia y los integrantes de Enlace Comunicación y Capacitación, organismo civil donde laboran en la ciudad de Comitán. En meses recientes han sufrido allanamientos, amenazas y agresiones por presuntos agentes policiacos.
El ataque a la activista –detalla el Centro Frayba– ocurrió 34 horas antes de la diligencia de reconstrucción de hechos por el allanamiento de su domicilio, a realizarse a las 3:30 de la madrugada de hoy, en Comitán, como parte de las pruebas que integran la averiguación previa. En la diligencia habrán de participar la Policía Estatal Preventiva, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Policía Especializada Ministerial, así como fiscales del Ministerio Público y peritos en criminalística.
A pesar de las denuncias y la situación de riesgo de esta familia, "el gobierno mexicano no ha realizado investigación ni ha aplicado medidas eficaces y prontas para la detención de los agresores, permitiendo que continúe el hostigamiento contra la defensora y su familia, con lo que incumple la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas", concluye el Centro Frayba.
Por su parte, la Voz del Amate, organización de presos de la otra campaña en el penal número 5 de Chiapas, en San Cristóbal de Las Casas, denunció la represión y el traslado injustificado del reo Enrique Gómez Hernández a la cárcel de Copainalá (con reputación de ser la "peor" del estado), quien se habría negado a "pagar" los derechos de piso que cobra la mafia de presos del penal. Según la Voz del Amate, el castigo a Gómez Hernández, artesano que vende el producto de "sus trabajos honestos", es "por negarse a la corrupción", permitida y protegida por las autoridades.
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Sábado 27 de febrero de 2010, p. 13
Este jueves, la defensora de derechos humanos Margarita Guadalupe Martínez Martínez fue secuestrada por desconocidos, golpeada y amenazada de muerte en las calles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuando se dirigía a recoger a su hijo, quien salía de la escuela primaria.
Según su testimonio al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba), en el trayecto "fue privada de su libertad por personas no identificadas, quienes le colocaron una bolsa de plástico en el rostro que le impidió ver a sus agresores, e inmediatamente la hicieron abordar por la fuerza un vehículo en marcha".
Dentro del vehículo, la activista "escuchó voces; una de las cuales era de la persona que la sujetaba, quien la golpeó en el rostro con un objeto sólido, produciéndole sufrimientos físicos, excoriaciones en los labios, inflamaciones en frente, labios y cuello", prosigue la denuncia. “También le infligieron tortura sicológica mediante punzadas en los costados con un objeto que podría ser un arma punzocortante o de fuego. Le pasaban en las manos un objeto frío y le decían: ‘ya no vas a poder trabajar’, e insistían en que se desistiera de la denuncia penal que en meses anteriores interpuso contra funcionarios del gobierno de Chiapas”.
De acuerdo con el Centro Frayba, al emitir una acción urgente para exigir respeto a la seguridad de Margarita Martínez, “mientras la golpeaban, la amenazaban de muerte para que se desistiera de la averiguación previa número 00004/FEPONGD DH-M1/2009, iniciada el 23 de noviembre por abuso de autoridad, allanamiento, tortura sicológica y amenazas con la agravante de muerte, integrada por la Fiscalía Especializada en Protección a Organismos no Gubernamentales de Derechos Humanos de Chiapas.
Los agresores le dijeron que se trataba de "un regalito del presidente municipal de Comitán", Eduardo Ramírez Aguilar. Después la bajaron del vehículo en una calle muy cercana a su domicilio.
La denuncia subraya la situación de inminente riesgo a la integridad, seguridad personal y la vida de la defensora, así como la de su esposo, Adolfo Guzmán Ordaz, su familia y los integrantes de Enlace Comunicación y Capacitación, organismo civil donde laboran en la ciudad de Comitán. En meses recientes han sufrido allanamientos, amenazas y agresiones por presuntos agentes policiacos.
El ataque a la activista –detalla el Centro Frayba– ocurrió 34 horas antes de la diligencia de reconstrucción de hechos por el allanamiento de su domicilio, a realizarse a las 3:30 de la madrugada de hoy, en Comitán, como parte de las pruebas que integran la averiguación previa. En la diligencia habrán de participar la Policía Estatal Preventiva, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Policía Especializada Ministerial, así como fiscales del Ministerio Público y peritos en criminalística.
A pesar de las denuncias y la situación de riesgo de esta familia, "el gobierno mexicano no ha realizado investigación ni ha aplicado medidas eficaces y prontas para la detención de los agresores, permitiendo que continúe el hostigamiento contra la defensora y su familia, con lo que incumple la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas", concluye el Centro Frayba.
Por su parte, la Voz del Amate, organización de presos de la otra campaña en el penal número 5 de Chiapas, en San Cristóbal de Las Casas, denunció la represión y el traslado injustificado del reo Enrique Gómez Hernández a la cárcel de Copainalá (con reputación de ser la "peor" del estado), quien se habría negado a "pagar" los derechos de piso que cobra la mafia de presos del penal. Según la Voz del Amate, el castigo a Gómez Hernández, artesano que vende el producto de "sus trabajos honestos", es "por negarse a la corrupción", permitida y protegida por las autoridades.
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jueves, 25 de febrero de 2010
lunes, 22 de febrero de 2010
jueves, 18 de febrero de 2010
El ejército federal ataca una comunidad en Guerrero
El día de hoy, 16 de febrero, recibimos la información de Javier Torres Cruz que a las 13:30 horas soldados acompañados de civiles armadas dirigidos por Misael Orozco Cerna (sicario de Rogaciano Alba),
entraron a la comunidad de La Morena, disparando con armas y amenazando a los habitantes. Los soldados acamparon entre Rancho Nuevo y La Prodigia y actualmente siguen allí.
El tío de Javier Torres Cruz, Isaias Torres Cruz, quien junto con Javier denunció la participación de Rogaciano Alba Alvarez en el asesinato de Digna Ochoa, recibió tres balazos, uno en la espalda que salió por el pecho, otro en el cuello y uno más en la pierna y su vida corre peligro.
Los otros tres hombres que se había dicho habían sido detenidos Anselmo Torres Quiroz, Adolfo Torres Rosas y otro compañero, lograron huir al monte y se encuentran libres pero perseguidos.
Seguiremos informando en la medida que nos llegue información confirmada.
entraron a la comunidad de La Morena, disparando con armas y amenazando a los habitantes. Los soldados acamparon entre Rancho Nuevo y La Prodigia y actualmente siguen allí.
El tío de Javier Torres Cruz, Isaias Torres Cruz, quien junto con Javier denunció la participación de Rogaciano Alba Alvarez en el asesinato de Digna Ochoa, recibió tres balazos, uno en la espalda que salió por el pecho, otro en el cuello y uno más en la pierna y su vida corre peligro.
Los otros tres hombres que se había dicho habían sido detenidos Anselmo Torres Quiroz, Adolfo Torres Rosas y otro compañero, lograron huir al monte y se encuentran libres pero perseguidos.
Seguiremos informando en la medida que nos llegue información confirmada.
martes, 16 de febrero de 2010
domingo, 14 de febrero de 2010
sábado, 13 de febrero de 2010
TENEMOS CONFIRMADO QUE VAN 500 FEDERALES A CANANEA
“1.- SE REQUIEREN CARAVANAS A CANANEA COMO CINTURONES CIUDADANOS… AUNQUE VAYAN UN DÍA PARA VOLVER AL OTRO… AI ALGUIEN PUEDE… COMUNÍQUESE POR FAVOR. si alguien no puede ir, pero puede prestar carro o poner gas …olina… también.
“2.-HAY 500 CARTELES PARA EMPEZAR A PEGAR EN EL CENTRO DE HILLO. LA CITA ES HOY SÁBADO A LAS 9 AM EN EL ANDADOR DEL MERCADO MUNICIPAL. SI TIENEN… LLEVEN CINTAS PARA PEGAR.
“3.- EL MSLSS ESTÁ DECLARADO EN SESIÓN PERMANENTE… A LAS18 HORAS EN EL STAUS”
“2.-HAY 500 CARTELES PARA EMPEZAR A PEGAR EN EL CENTRO DE HILLO. LA CITA ES HOY SÁBADO A LAS 9 AM EN EL ANDADOR DEL MERCADO MUNICIPAL. SI TIENEN… LLEVEN CINTAS PARA PEGAR.
“3.- EL MSLSS ESTÁ DECLARADO EN SESIÓN PERMANENTE… A LAS18 HORAS EN EL STAUS”
viernes, 12 de febrero de 2010
jueves, 11 de febrero de 2010
domingo, 7 de febrero de 2010
viernes, 5 de febrero de 2010
miércoles, 3 de febrero de 2010
“El gobierno federal encubre paramilitares y escuadrones de la muerte”
Exigen ONG juarenses la renuncia de Calderón
"Lo que vivimos en esta frontera es un terrorismo de Estado", dicen
Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de febrero de 2010, p. 3
Ciudad Juárez, Chih., 2 de febrero. La Asamblea Ciudadana Juarense, integrada por diversas organizaciones no gubernamentales, y el Frente Nacional contra la Represión, consideraron que "lo que se vive en la frontera no es una lucha contra el crimen organizado, y tampoco enfrentamientos entre bandas rivales, sino un terrorismo de Estado", por lo que exigieron la renuncia del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Además, acusaron al gobierno federal de "encubrir a grupos paramilitares" y de enviar a la frontera "escuadrones de la muerte para operar contra el pueblo, al que además desarman al catear casa por casa sin orden de un juez".
En nombre de la Asamblea Ciudadana y del Frente Nacional contra la Represión, Julián Contreras dijo en conferencia de prensa, que "la violencia que se está promoviendo y tolerando por el gobierno, le ha servido a Felipe Calderón de pretexto para seguir militarizando al país sin resultados contrarios al crimen, pero sí restringiendo derechos a la población".
Afirmó que “en Juárez se confirma una tendencia general que ya conocimos durante las ilegales guerras de contrainsurgencia en Centroamérica. Existe una relación íntima entre la militarización de las ciudades y los pueblos y la actuación de escuadrones de la muerte que tienen como fin último amedrentar a la población; así sucedió en El Salvador con estos grupos, en Nicaragua con los contras, en Guatemala con los kaibiles y en México con un grupo dentro del Ejército Mexicano que a la postre se convertiría en Los Zetas, que ha trabajado tanto con las policías federales como con los cárteles de la droga, dentro y fuera del Ejército”.
Añadió que “90 por ciento de los asesinatos violentos en Ciudad Juárez no son investigados y resulta obvio, después de dos años, que el operativo conjunto o coordinado no ha funcionado, y que las fuerzas militares no están para combatir el crimen ni para detener los hechos de sangre, sino para atemorizar a la población para que no se manifieste contundentemente por lo que ha venido ocurriendo”.
De igual manera, imputó a Calderón Hinojosa "guiarse por una política criminal y aprovechar los hechos violentos para mantener una guerra irresponsable contra el narcotráfico".
Por ello, en el contexto de la reciente matanza de jóvenes, la Asamblea Ciudadana y el Frente Nacional contra la Represión demandaron a Felipe Calderón que renuncie, lo llamaron "un peligro para México" y le atribuyeron "operar en Juárez a través de escuadrones de la muerte".
Asimismo, responsabilizaron de la ejecución múltiple "a los tres niveles de gobierno" y pidieron al alcalde juarense, José Reyes Ferriz, así como al gobernador José Reyes Baeza, que "si no pueden con el problema" también dejen sus cargos, "para que el pueblo se organice y salga adelante, ya que al pueblo nada más lo puede defender el pueblo".
Contreras también criticó el trabajo del Ejército Mexicano que, a su ver, "está para cumplir órdenes y si no detiene criminales es precisamente porque no se le ha girado esa instrucción".
En este sentido afirmó que "existe sin duda una complicidad de las fuerzas federales y los criminales (...) hay un encubrimiento a grupos paramilitares, por lo que mientras Felipe Calderón esté en la Presidencia, todos los juarenses corremos peligro".
"Lo que vivimos en esta frontera es un terrorismo de Estado", dicen
Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de febrero de 2010, p. 3
Ciudad Juárez, Chih., 2 de febrero. La Asamblea Ciudadana Juarense, integrada por diversas organizaciones no gubernamentales, y el Frente Nacional contra la Represión, consideraron que "lo que se vive en la frontera no es una lucha contra el crimen organizado, y tampoco enfrentamientos entre bandas rivales, sino un terrorismo de Estado", por lo que exigieron la renuncia del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Además, acusaron al gobierno federal de "encubrir a grupos paramilitares" y de enviar a la frontera "escuadrones de la muerte para operar contra el pueblo, al que además desarman al catear casa por casa sin orden de un juez".
En nombre de la Asamblea Ciudadana y del Frente Nacional contra la Represión, Julián Contreras dijo en conferencia de prensa, que "la violencia que se está promoviendo y tolerando por el gobierno, le ha servido a Felipe Calderón de pretexto para seguir militarizando al país sin resultados contrarios al crimen, pero sí restringiendo derechos a la población".
Afirmó que “en Juárez se confirma una tendencia general que ya conocimos durante las ilegales guerras de contrainsurgencia en Centroamérica. Existe una relación íntima entre la militarización de las ciudades y los pueblos y la actuación de escuadrones de la muerte que tienen como fin último amedrentar a la población; así sucedió en El Salvador con estos grupos, en Nicaragua con los contras, en Guatemala con los kaibiles y en México con un grupo dentro del Ejército Mexicano que a la postre se convertiría en Los Zetas, que ha trabajado tanto con las policías federales como con los cárteles de la droga, dentro y fuera del Ejército”.
Añadió que “90 por ciento de los asesinatos violentos en Ciudad Juárez no son investigados y resulta obvio, después de dos años, que el operativo conjunto o coordinado no ha funcionado, y que las fuerzas militares no están para combatir el crimen ni para detener los hechos de sangre, sino para atemorizar a la población para que no se manifieste contundentemente por lo que ha venido ocurriendo”.
De igual manera, imputó a Calderón Hinojosa "guiarse por una política criminal y aprovechar los hechos violentos para mantener una guerra irresponsable contra el narcotráfico".
Por ello, en el contexto de la reciente matanza de jóvenes, la Asamblea Ciudadana y el Frente Nacional contra la Represión demandaron a Felipe Calderón que renuncie, lo llamaron "un peligro para México" y le atribuyeron "operar en Juárez a través de escuadrones de la muerte".
Asimismo, responsabilizaron de la ejecución múltiple "a los tres niveles de gobierno" y pidieron al alcalde juarense, José Reyes Ferriz, así como al gobernador José Reyes Baeza, que "si no pueden con el problema" también dejen sus cargos, "para que el pueblo se organice y salga adelante, ya que al pueblo nada más lo puede defender el pueblo".
Contreras también criticó el trabajo del Ejército Mexicano que, a su ver, "está para cumplir órdenes y si no detiene criminales es precisamente porque no se le ha girado esa instrucción".
En este sentido afirmó que "existe sin duda una complicidad de las fuerzas federales y los criminales (...) hay un encubrimiento a grupos paramilitares, por lo que mientras Felipe Calderón esté en la Presidencia, todos los juarenses corremos peligro".
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