La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió este jueves la pronta excarcelación de las indígenas otomí Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, recluidas en un penal del estado de Querétaro, y que puedan demandar la reparación por las violaciones a sus derechos humanos.
Las tres están presas desde agosto de 2006 en el Centro de Readaptación Sicoal (Cereso) Femenil de San José el Alto, por su presunta participación en la retención ilegal de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en su modalidad de secuestro.
El Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, visitó este jueves a Jacinta Francisco Marcial y, posteriormente, el organismo emitió un comunicado en el que pide la pronta excarcelación y la eventual reparación del daño por las irregularidades del proceso que enfrentaron.
La OACNUDH recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció recientemente su decisión de presentar conclusiones no acusatorias en el caso de Jacinta, lo que, de concretarse, podría permitir su pronta excarcelación.
Expresó su confianza en que se agilizará el desahogo de las diligencias pendientes en el proceso penal con el fin de que concluya en el menor plazo posible.
También manifestó su confianza en que esta decisión implique la revisión de los casos de Alberta Alcántara y Teresa González.
"La Oficina (de la ONU) espera que habiendo recuperado su libertad, las señoras Jacinta, y en su caso, las señoras Alberta y Teresa puedan acceder a mecanismos legales para demandar la reparación por las violaciones a sus derechos humanos", indicó el organismo.
También se pronunció porque las autoridades mexicanas puedan tomar las medidas necesarias para evitar que estos hechos se repitan.
El caso de Jacinta -agregó- evidencia las dificultades que representa para las mujeres indígenas acceder a un sistema de justicia que garantice su derecho al debido proceso, como el derecho a contar con un perito traductor, así como a que se respete su presunción de inocencia, y a no ser sometido a una indebida dilación en el proceso, entre otros.
"Asimismo, muestra los efectos negativos que implica utilizar el sistema penal como instrumento para resolver conflictos sociales".
La OACNUDH hizo un reconocimiento a la labor que las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos han desempeñado en este caso y aseguró que sin el acompañamiento jurídico y la red de solidaridad generada, "es posible pensar que este caso hubiera pasado inadvertido como otros muchos casos que existen en el país".
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