Centenares de familias desplazadas de las comunidades y pueblos serranos de Chihuahua han perdido sus casas, ganado y tierras, a manos de narcotraficantes que con amenazas de muerte les impiden regresar.
La historia es la misma en las comunidades de La Lobera, Milpillas, El Huicochi, Las Chinacas, en el municipio de Chínipas; El Manzano, en Urique; Ocoyachi y Jicamorachi en Uruachi; Bocoyvo, en Batopilas; El Durazno en Guadalupe y Calvo: Grupos de sicarios irrumpen, ordenan a los pobladores dejar sus viviendas y propiedades; luego se asientan en la zona para sembrar amapola, de la que obtienen goma de opio, base de la heroína, cuya demanda desplazó el cultivo de mariguana en la región.
En los tres años recientes se incrementó la presión sobre los habitantes de la serranía. Los cabecillas de grupos criminales en la región han aniquilado familias completas en su ambición por el control de la producción y compraventa del enervante.
Los asesinatos vinculados al crimen organizado habían repuntado en los municipios serranos, pero desde abril pasado hubo un incremento en las principales urbes del estado, donde se había tenido una disminución de homicidios en el pasado.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge González Nicolás, reconoció la tendencia al alza en las cifra de crímenes y la atribuyó a una disputa entre bandas que se libra en calles de las ciudades de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral, donde los narcomenudistas se disputan el mercado de drogas sintéticas como el crystal, que es de reciente ingreso al mercado local.
En las zonas urbanas las víctimas de las diputas entre grupos de narcotraficantes se cuentan con facilidad, mientras los medios de comunicación hacen que la estadística oficial sea más realista, pero aun así no existe una cuenta exacta de las personas ultimadas en los pueblos de la sierra. El terror hace que las familias callen y se resignen a enterrar sus muertos.
No se atienden llamados de alerta
En marzo pasado, un grupo de senadores del PRI, PAN y PRD, pidió la intervención del presidente Enrique Peña Nieto ante la escalada de violencia en la sierra de Chihuahua, con base en reportes del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia.
Ese organismo ya apuntaba que en el primer trimestre de 2016, la entidad tenía una tasa anual de homicidios de 24.7 por cada 100 mil habitantes y en los municipios serranos el índice aumentaba exponencialmente más del ciento por ciento, principalmente en Guachohi y Guadalupe y Calvo.
Por esos días, la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara viajó a la Ciudad de México, donde se entrevistó con el grupo de senadores que ha seguido sus demandas, y denunció el desplazamiento de familias en las comunidades y el despojo de sus tierras para dedicarlas al cultivo de amapola.
De ahí derivó la presentación de una iniciativa de punto de acuerdo por parte de la senadora chihuahuense Silvia Martínez Elizondo, para hacer un exhorto a Peña Nieto, para que se tomaran acciones y atender los problemas de seguridad y violencia que viven los habitantes de la Sierra Tarahumara. Los meses pasaron y no hay respuesta.
Hace dos semanas llegó de nuevo una advertencia del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia, que detectó una tendencia al alza en el número de homicidios de abril a la fecha. Los datos fueron presentados por Sergio Ochoa Muñoz, coordinador de la comisión de indicadores de la mesa de seguridad.
De acuerdo con la FGE, mientras la tendencia en el número de homicidios dolosos era decreciente en las zona urbanas, en los últimos cuatro años, en tanto los municipios de la sierra tenían un comportamiento inverso. En 12 de los 22 municipios serranos se cometieron mil 442 asesinatos en el periodo 2005-2010; la cifra aumentó a mil 770 de 2011 a 2015.
Chínipas, botón de muestra
El asesinato de familias completas y el desplazamiento forzado que ocurre en Chínipas, ubicado en la parte baja de la sierra Tarahumara –en los límites con Sonora y Sinaloa– es un botón de muestra de la situación general que priva en la sierra.
Desde finales de 2012, la banda delictiva Los Salazares, comandanda actualmente por Crispín Salazar Zamorano, empredió una limpia de presuntos enemigos en la región que tiene bajo su control, desde los pueblos de San Rafael, Bachichivo, Guazaparez, Temoris, la cabecera municipal de Chínipas y los poblados de Milpillas, La Lobera, Las Chinacas y El Huicochi, en la zona límitrofe con Álamos, Sonora.
Moisés Velderrían Chávez y seis de sus hijos, fueron asesinados por presuntos sicarios de Crispín, después de que su sobrino Alfredo Salazar Ramírez y su hermano Adán Salazar Zamorano fueron aprehendidos en el último año del gobierno del ex presidente Felipe Calderón. Sólo tres hijas de Moisés sobrevivieron al venganza del capo.
El año pasado, presuntamente sicarios a su mando, expul- saron a las familias de los poblados limítrofes con Sonora e iniciaron una cacería contra quienes señalan como enemigos.
En La Lobera, de donde fueron expulsados unos cien habitantes, los hombres de Crispín Salazar saquearon y destruyeron la mayoría de las casas; uno de los sobrinos del narco se instaló en la única casa que dejaron en pie. Las tierras, las huertas de manzana y el ganado de la gente, cambiaron de propietario.
El Huicochi, un páramo
Lo mismo sucedió en El Huicochi. El año pasado un grupo de pistoleros llegó al cacerío de unas 40 familias y ordenó el desalojo; desde entonces, la comunidad está desolada. En la presente temporada de lluvias las tierras están sembradas con enervantes y el ganado sirve de alimento a los sicarios que patrullan los caminos.
Las dos localidades más grandes, Milpillas y Las Chinacas, donde vivían poco más de mil quinientas personas, se han vaciado a la mitad. Sólo regresaron quienes aceptaron las nuevas condiciones impuestas por la banda de Los Salazares.
Abandonados a su suerte, los habitantes de la serranía han optado por emigrar a las ciudades, entre más alejados de Chihuahua, es mejor, dicen algunos. Los desplazados se mantienen en contacto mediante las redes sociales y convocan a las familias para viajar en grupo a la Ciudad de México.
No pretenden hacer denuncias ni manifestaciones, buscan congregarse para acudir a la Basílica de Guadalupe a pedir protección a la Virgen y que les permita regresar a sus pueblos, sus casas y sus tierras.
Esperan un milagro divino de la Guadalupana, dicen, porque hasta ahora las autoridades gubernamentales los tienen olvidados, mientras los cabecillas del narcotráfico permanecen intocados e impunes.
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