Advierte el escritor mexicano que la solución para enfrentar el problema de la inseguridad y el narcotráfico en el país es elevar el nivel de vida de los mexicanos
La solución para enfrentar el problema de la inseguridad y el narcotráfico es elevar el nivel de vida de los mexicanos, consideró el escritor Carlos Fuentes Macías, quien criticó que el presidente Calderón se haya lanzado "contra todos" en su guerra contra el crimen.
"La solución es elevar la calidad de vida de los mexicanos, esa es la fórmula para evitar crímenes", destacó al ser entrevistado luego de iniciar la cátedra que lleva su nombre en la Universidad Veracruzana (UV).
Si bien aseguró que siempre han existido en México el narcotráfico y crimen organizado, "antes se escogían a los enemigos", mientras que hoy el gobierno se lanzó contra todos.
"Calderón decidió meterse con todos, a ver cómo le va", afirmó, tras lamentar que el gobierno federal se haya arrojado a una guerra "de todos contra todos, que no tiene rumbo".
Momentos antes, el escritor inició la cátedra que lleva su nombre, que servirá para reflexionar sobre la continuidad que se le ha dado a la tradición literaria que surgió en América Latina a mediados del siglo XIX.
Ante sus "amigos" Miguel Alemán Velasco y Sergio Pitol, el laureado escritor aprovechó para hablar lo mismo del orden nuevo, sistemas totalitarios y los democráticos y el papel de la novela y en general de la literatura en todo ese universo.
Con su característico estilo, Fuentes recordó que en los regímenes totalitarios los escritores son llevados a campos de concentración, mientras que "democráticos" son llevados a estudios de televisión.
En medio de las carcajadas de algunos de los cerca de 500 asistentes (entre ellos los escritores Santiago Gamboa, Ignacio Padilla, Arturo Fontaine, que serán parte de la cátedra), el escritor de inmediato se preguntó el porqué los gobiernos totalitarios persiguen a los escritores, a pesar de que en el discurso los consideran seres débiles y faltos de importancia.
"Quizá porque los escritores no hemos dicho nuestra última palabra", sentenció.
Y se congratuló por la creación e la nueva cátedra, pues afirmó que es necesario trabajar para el resurgimiento de la "Novela Fénix".
jueves, 30 de julio de 2009
Legisladores de PRI y PRD califican el proyecto de inútil, oneroso y poco confiable
Fabiola Martínez y Enrique Méndez
Los partidos políticos representados en la Comisión del Registro Federal de Electores exigieron conocer de inmediato la propuesta del gobierno federal para la elaboración de la cédula de identidad ciudadana, en especial sobre los millonarios recursos que pretende incluir en el presupuesto para ese proceso.
“El tema no es menor. Existe la posibilidad de que el gobierno solicite la base de datos (del padrón) para esa transferencia”, señaló el representante del Panal, José Antonio González Roldán, quien pidió no obviar el tema y empezar un estudio de inmediato.
Durante la sesión de esa comisión, los representantes partidistas advirtieron sobre los riesgos de que ante el proyecto gubernamental se pierdan los esfuerzos que durante 18 años ha realizado el Instituto Federal Electoral (IFE) para elaborar “el padrón más completo de datos ciudadanos”.
Señalaron que la credencial de elector ha servido, por orden del Congreso de la Unión, como medio para la identificación oficial de los ciudadanos mexicanos; 19 años después, el gobierno pretende cumplir con las responsabilidades que le impone la Ley General de Población en esa materia. El año pasado, la actualización del Registro Federal de Electores requirió casi de la mitad del presupuesto del IFE.
Una mica sin sustituto
“Sí hay inquietud en todos los partidos políticos de que los logros del padrón electoral y de la credencial para votar con fotografía no se pierdan, y que no se genere duplicidad de funciones”, señaló el consejero Francisco Guerrero, presidente de la comisión.
No vamos a modificar nuestra ruta crítica, agregó; la credencial de elector no tiene sustituto; fue diseñada para votar y ese propósito sigue, porque el año próximo tendremos 14 procesos comiciales y en 2012 la elección presidencial. Debemos continuar.
La elaboración de la base de datos para la cédula, con la inclusión de algunos elementos que controla el IFE, requeriría de una enmienda legal, porque la Secretaría de Gobernación tiene atribuciones en esta materia de acuerdo con la Ley General de Población, pero el IFE también tiene responsabilidades para la expedición de credenciales, según el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales.
Hasta la tarde de ayer, el gobierno federal no había informado a la comisión del IFE acerca del proyecto. Cuando esto ocurra, dijo Guerrero, deberá realizarse un estudio jurídico.
Los integrantes de la comisión afirmaron que de forma independiente al anuncio que hizo la víspera el presidente Felipe Calderón, el IFE continuará los trabajos de actualización del padrón, proceso que requiere de importante partida presupuestal.
El consejero Marco Baños aclaró que no es intención del instituto enfrentarse con el gobierno, pero es necesario elaborar un análisis amplio y un mecanismo de coordinación respecto del proyecto que presente el Ejecutivo.
Ya existe coordinación entre el IFE y Gobernación para intercambiar información y agregar la cédula única de registro de población (CURP) a las micas para votar; no obstante, consejeros y partidos políticos exigen dialogar para estudiar tiempos, formas y presupuesto para la expedición de la cédula de identidad.
Rechazo de legisladores
Diputados de PRI y PRD expresaron su rechazo al programa anunciado por Felipe Calderón de expedir la cédula de identidad ciudadana, no sólo por el gasto económico que implicará, en momentos en que el gobierno ha anunciado recortes presupuestales y existe un contexto de pobreza, sino porque no hay ninguna garantía de la confiabilidad en el manejo y la confidencialidad de los datos personales de los mexicanos.
El presidente del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Alfredo Ríos Camarena, calilficó de esfuerzo inútil el proyecto de Calderón cuando existe la credencial de elector, porque un sistema de identificación personal implicará la transferencia de recursos y un gasto innecesario en momentos en que la Secretaría de Hacienda ha hecho dos recortes al gasto público.
Ríos Camarena, diputado por el PRI, resaltó que el país ha hecho un esfuerzo económico importante en la elaboración de la credencial para votar con fotografía, que expide el IFE a los mayores de edad, y sirve para la identificación de los titulares. “Podría perfeccionarse la credencial de elector y otra cosa más implicaría un doble trabajo”.
Cuestionó la declaración del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de que la cédula de identidad no implicará un gasto importante para el gobierno federal. “En este momento me parece un gasto innecesario, inoportuno, y si ya tenemos la credencial para votar, ¿para qué gastamos más?”, resaltó.
El diputado por el PRD Humberto Zazueta evaluó que un sistema de registro de las personas, en el que el gobierno tenga acceso a características físicas, detalle de nombres y direcciones particulares, no otorga certidumbre sobre el uso político que podría darse a esos datos.
Hasta el momento, señaló, el padrón electoral se ha mantenido fuera del control del gobierno federal, con la autonomía del IFE, y aun así no ha estado exento de uso comercial. “Además, hemos visto cómo los gobiernos del PAN han utilizado electoralmente los padrones de los programas sociales, y así no hay ninguna certidumbre de que no lo hagan con otro tipo de datos”, expuso.
Planteó que se da por hecho que la instancia que manejaría el programa, integraría las listas y expediría las credenciales sería la Secretaría de Gobernación, que a su vez maneja el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, “que está inmerso en un escándalo de espionaje político”, y nada asegura que la dependencia utilice la base de datos para la persecución de adversarios.
Los partidos políticos representados en la Comisión del Registro Federal de Electores exigieron conocer de inmediato la propuesta del gobierno federal para la elaboración de la cédula de identidad ciudadana, en especial sobre los millonarios recursos que pretende incluir en el presupuesto para ese proceso.
“El tema no es menor. Existe la posibilidad de que el gobierno solicite la base de datos (del padrón) para esa transferencia”, señaló el representante del Panal, José Antonio González Roldán, quien pidió no obviar el tema y empezar un estudio de inmediato.
Durante la sesión de esa comisión, los representantes partidistas advirtieron sobre los riesgos de que ante el proyecto gubernamental se pierdan los esfuerzos que durante 18 años ha realizado el Instituto Federal Electoral (IFE) para elaborar “el padrón más completo de datos ciudadanos”.
Señalaron que la credencial de elector ha servido, por orden del Congreso de la Unión, como medio para la identificación oficial de los ciudadanos mexicanos; 19 años después, el gobierno pretende cumplir con las responsabilidades que le impone la Ley General de Población en esa materia. El año pasado, la actualización del Registro Federal de Electores requirió casi de la mitad del presupuesto del IFE.
Una mica sin sustituto
“Sí hay inquietud en todos los partidos políticos de que los logros del padrón electoral y de la credencial para votar con fotografía no se pierdan, y que no se genere duplicidad de funciones”, señaló el consejero Francisco Guerrero, presidente de la comisión.
No vamos a modificar nuestra ruta crítica, agregó; la credencial de elector no tiene sustituto; fue diseñada para votar y ese propósito sigue, porque el año próximo tendremos 14 procesos comiciales y en 2012 la elección presidencial. Debemos continuar.
La elaboración de la base de datos para la cédula, con la inclusión de algunos elementos que controla el IFE, requeriría de una enmienda legal, porque la Secretaría de Gobernación tiene atribuciones en esta materia de acuerdo con la Ley General de Población, pero el IFE también tiene responsabilidades para la expedición de credenciales, según el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales.
Hasta la tarde de ayer, el gobierno federal no había informado a la comisión del IFE acerca del proyecto. Cuando esto ocurra, dijo Guerrero, deberá realizarse un estudio jurídico.
Los integrantes de la comisión afirmaron que de forma independiente al anuncio que hizo la víspera el presidente Felipe Calderón, el IFE continuará los trabajos de actualización del padrón, proceso que requiere de importante partida presupuestal.
El consejero Marco Baños aclaró que no es intención del instituto enfrentarse con el gobierno, pero es necesario elaborar un análisis amplio y un mecanismo de coordinación respecto del proyecto que presente el Ejecutivo.
Ya existe coordinación entre el IFE y Gobernación para intercambiar información y agregar la cédula única de registro de población (CURP) a las micas para votar; no obstante, consejeros y partidos políticos exigen dialogar para estudiar tiempos, formas y presupuesto para la expedición de la cédula de identidad.
Rechazo de legisladores
Diputados de PRI y PRD expresaron su rechazo al programa anunciado por Felipe Calderón de expedir la cédula de identidad ciudadana, no sólo por el gasto económico que implicará, en momentos en que el gobierno ha anunciado recortes presupuestales y existe un contexto de pobreza, sino porque no hay ninguna garantía de la confiabilidad en el manejo y la confidencialidad de los datos personales de los mexicanos.
El presidente del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Alfredo Ríos Camarena, calilficó de esfuerzo inútil el proyecto de Calderón cuando existe la credencial de elector, porque un sistema de identificación personal implicará la transferencia de recursos y un gasto innecesario en momentos en que la Secretaría de Hacienda ha hecho dos recortes al gasto público.
Ríos Camarena, diputado por el PRI, resaltó que el país ha hecho un esfuerzo económico importante en la elaboración de la credencial para votar con fotografía, que expide el IFE a los mayores de edad, y sirve para la identificación de los titulares. “Podría perfeccionarse la credencial de elector y otra cosa más implicaría un doble trabajo”.
Cuestionó la declaración del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de que la cédula de identidad no implicará un gasto importante para el gobierno federal. “En este momento me parece un gasto innecesario, inoportuno, y si ya tenemos la credencial para votar, ¿para qué gastamos más?”, resaltó.
El diputado por el PRD Humberto Zazueta evaluó que un sistema de registro de las personas, en el que el gobierno tenga acceso a características físicas, detalle de nombres y direcciones particulares, no otorga certidumbre sobre el uso político que podría darse a esos datos.
Hasta el momento, señaló, el padrón electoral se ha mantenido fuera del control del gobierno federal, con la autonomía del IFE, y aun así no ha estado exento de uso comercial. “Además, hemos visto cómo los gobiernos del PAN han utilizado electoralmente los padrones de los programas sociales, y así no hay ninguna certidumbre de que no lo hagan con otro tipo de datos”, expuso.
Planteó que se da por hecho que la instancia que manejaría el programa, integraría las listas y expediría las credenciales sería la Secretaría de Gobernación, que a su vez maneja el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, “que está inmerso en un escándalo de espionaje político”, y nada asegura que la dependencia utilice la base de datos para la persecución de adversarios.
domingo, 26 de julio de 2009
La situación indígena mejorará cuando se transforme el sistema político: Samuel Ruiz
Carolina Gómez Mena
De no haber una “transformación radical” del sistema político, la situación de los pueblos indígenas no mejorará, advirtió el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, quien consideró que la deuda histórica con esos pueblos persiste, y ésta continuará mientras no se concreten los cambios necesarios que terminen con su marginación y no se reconozcan sus aportes a la nación.
Durante la conmemoración de los 50 años de su consagración episcopal, celebrada con un homenaje realizado por diversas organizaciones civiles en el Centro Cultural Universitario (CCU), Ruiz García, quien fue obispo de San Cristóbal de las Casas durante 40 años y tuvo un importante papel de mediador al surgir el movimiento zapatista, precisó que el hecho de que aún no se respeten cabalmente los derechos de los pueblos originarios radica en una “situación estructural”.
“Cuando hablamos de indígenas, no sólo en Chiapas, sino en México y en América Latina, hablamos de una situación estructural en donde no hay una automarginación ni la deliberada decisión de estar marginados, sino la consecuencia de un sistema. Para que eso cambie se necesita que haya un cambio de sistema”, consideró.
No obstante, destacó que han sido los propios indígenas los que han hecho valer sus derechos. “Cuando se conmemoraron los 500 años del inicio de la conquista, los indígenas en América del Sur dijeron que no eran objetos, sino sujetos de su historia y eso tuvo una repercusión muy importante”.
Acompañado por la senadora Rosario Ibarra, Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y Gonzalo Ituarte, provincial de los Dominicos, entre diversos defensores de los derechos humanos, resaltó que ha habido una “evolución” en los propios indígenas respecto a valorar en mayor medida su origen. “Antes era para ellos vergonzante decir soy indígena, ahora lo dicen con orgullo”.
En cuanto a la militarización de Chiapas, el obispo, reconocido en diversas ocasiones por su defensa de los derechos de los indígenas, refirió que esa “no es una cosa debida”. En cuanto a la utilización del Ejército en la lucha contra el narco, sólo señaló: “que viva la lucha contra el narcotráfico; los propios narcotraficantes tienen que tomar conciencia de que tienen que dar un aporte positivo y (entender) que estar en ese gremio deteriora la sociedad”.
En entrevista aparte, Miguel Concha resaltó que el homenaje a Ruiz García es “muy merecido, ya que ha tenido un episcopado fecundo, de fidelidad con los evangelios y con independencia frente a los poderes civiles y políticos”, lo que le permitió “predicarlo sin compromisos”.
Según Concha Malo, en la Iglesia suele darse la “tentación de ejercer la misión mirando a ver qué dicen” los poderes, “y no tanto qué es lo que exige el Evangelio, y don Samuel es de los pocos obispos que ha sabido ejercer su ministerio sin andar mirando qué dicen esos poderes”.
En lo que respecta a la garantía de respeto a los derechos de los indígenas, consideró que “la reforma de 2002 quedó muy corta; hay un reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, pero sólo en la parte de principios de la Constitución; en la política no están las estructuras políticas para que realmente los pueblos y comunidades indígenas puedan ejercer su autonomía”.
De no haber una “transformación radical” del sistema político, la situación de los pueblos indígenas no mejorará, advirtió el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, quien consideró que la deuda histórica con esos pueblos persiste, y ésta continuará mientras no se concreten los cambios necesarios que terminen con su marginación y no se reconozcan sus aportes a la nación.
Durante la conmemoración de los 50 años de su consagración episcopal, celebrada con un homenaje realizado por diversas organizaciones civiles en el Centro Cultural Universitario (CCU), Ruiz García, quien fue obispo de San Cristóbal de las Casas durante 40 años y tuvo un importante papel de mediador al surgir el movimiento zapatista, precisó que el hecho de que aún no se respeten cabalmente los derechos de los pueblos originarios radica en una “situación estructural”.
“Cuando hablamos de indígenas, no sólo en Chiapas, sino en México y en América Latina, hablamos de una situación estructural en donde no hay una automarginación ni la deliberada decisión de estar marginados, sino la consecuencia de un sistema. Para que eso cambie se necesita que haya un cambio de sistema”, consideró.
No obstante, destacó que han sido los propios indígenas los que han hecho valer sus derechos. “Cuando se conmemoraron los 500 años del inicio de la conquista, los indígenas en América del Sur dijeron que no eran objetos, sino sujetos de su historia y eso tuvo una repercusión muy importante”.
Acompañado por la senadora Rosario Ibarra, Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y Gonzalo Ituarte, provincial de los Dominicos, entre diversos defensores de los derechos humanos, resaltó que ha habido una “evolución” en los propios indígenas respecto a valorar en mayor medida su origen. “Antes era para ellos vergonzante decir soy indígena, ahora lo dicen con orgullo”.
En cuanto a la militarización de Chiapas, el obispo, reconocido en diversas ocasiones por su defensa de los derechos de los indígenas, refirió que esa “no es una cosa debida”. En cuanto a la utilización del Ejército en la lucha contra el narco, sólo señaló: “que viva la lucha contra el narcotráfico; los propios narcotraficantes tienen que tomar conciencia de que tienen que dar un aporte positivo y (entender) que estar en ese gremio deteriora la sociedad”.
En entrevista aparte, Miguel Concha resaltó que el homenaje a Ruiz García es “muy merecido, ya que ha tenido un episcopado fecundo, de fidelidad con los evangelios y con independencia frente a los poderes civiles y políticos”, lo que le permitió “predicarlo sin compromisos”.
Según Concha Malo, en la Iglesia suele darse la “tentación de ejercer la misión mirando a ver qué dicen” los poderes, “y no tanto qué es lo que exige el Evangelio, y don Samuel es de los pocos obispos que ha sabido ejercer su ministerio sin andar mirando qué dicen esos poderes”.
En lo que respecta a la garantía de respeto a los derechos de los indígenas, consideró que “la reforma de 2002 quedó muy corta; hay un reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, pero sólo en la parte de principios de la Constitución; en la política no están las estructuras políticas para que realmente los pueblos y comunidades indígenas puedan ejercer su autonomía”.
“Modernidad” atenta contra dunas de Chachalacas
XALAPA, Ver.— Las dunas de Chachalacas, las más grandes del golfo de México y un ecosistema costero que funciona como barrera física ante fenómenos meteorológicos como huracanes, serán convertidas en un complejo turístico.
En medio del silencio de las autoridades ambientales estatales y federales, ejidatarios propietarios de las 568 hectáreas de dunas, asentadas a 50 kilómetros del puerto de Veracruz, comenzaron a vender los terrenos y se espera que en unos meses comience la construcción de hoteles, restaurantes y tiendas, entre ellos, un Fiesta Inn.
El presidente municipal de Úrsulo Galván (donde se asientan las dunas), José Antonio Montero Domínguez, confirmó que los ejidatarios de la zona decidieron vender parte de los terrenos, los cuales son utilizados para deportes extremos y como atractivo para miles de turistas.
Remanso para deportes extremos
Las dunas de Chachalacas son sumamente visitadas por su belleza natural y porque son propicias para los deportes extremos en motocicletas y vehículos todoterreno e, incluso, se realizan ahí competencias nacionales.
Sin embargo, a 20 metros de la orilla del mar fueron instaladas cercas a todo lo largo de la zona y las partes altas de las dunas comenzaron a ser divididas con las llamadas mojoneras.
Su belleza es excepcional. Kilómetros y kilómetros de montañas de arena que constantemente se mueven con el paso del viento. Algunas miden sólo unos dos o tres metros, pero otras se levantan imponentes por arriba de los 80 metros.
Incluso, en septiembre del año pasado, el gobernador Fidel Herrera Beltrán inauguró ahí el Tercer Festival Rally Playero, con la participación de 300 pilotos de siete categorías y modalidades de motos.
“El rally es un evento de gran calidad, con competidores muy reconocidos y con todos los asuntos de seguridad cubiertos”, expresó y agregó que su administración seguiría respaldando la realización de competencias nacionales e internacionales de gran calidad.
La ruta del rally fue perfectamente señalada, con puntos de control montados estratégicamente para dar un registro acertado a los competidores —de Aguascalientes, Puebla, estado de México, Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz— en las categorías de novatos, intermedios, avanzados y expertos.
En ese evento participó el piloto francés Francois Deroux, quien fue un invitado para correr con la marca automotriz BMW, así como contendientes de cuatrimotos utilitarias 4x4, 4x2 y cuatrimotos sport.
Comuna pide donar parte de las dunas
El alcalde Montero informó que gestionan con los propietarios para que donen al ayuntamiento parte de los terrenos, a fin de que las competencias sigan siendo un atractivo de las famosas playas de Chachalacas, a donde anualmente acuden miles de visitantes.
“Sí hay un propietario, pero el convenio que estamos haciendo con ellos, es que la parte alta de las dunas, la parte de enfrente, quede como atractivo de Chachalacas, queremos que nos donen ese lugar”, precisó.
El delegado estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Manuel Molina Martínez, declaró que para poder dividir y fraccionar las dunas, era es necesario realizar un estudio de impacto ambiental y pedir un cambio de uso de suelo.
Ante ello, la organización ecologista Greenpeace México exigió frenar la destrucción de las dunas de Chachalacas, un ecosistema costero, advirtió, que funciona como barrera física ante fenómenos meteorológico como huracanes.
Greenpeace rechaza hoteles
El coordinador de la campaña de Océanos y Costas de Greenpeace, Alejandro Olivera, pidió a los gobiernos federal y de Veracruz impedir la construcción e hoteles en esa zona del golfo de México.
Ecosistema muy sensible
“Para instalar este complejo turístico se deben seguir procedimientos ambientales, se debe presentar una evaluación de impacto ambiental ante la Semarnat, por ser un desarrollo turístico costero”, agregó.
Explicó que la zona de dunas es muy sensible y es un tipo de ecosistema costero muy frágil, similar a los manglares con servicios ambientales, que deben tomarse en cuenta antes de dar autorización para construir.
“Esto es el reflejo de la tendencia actual del turismo en todo el país, cambio de uso de suelos, destrucción de ecosistemas y la falta de visión del sector turismo para enfrentar el cambio climático”, afirmó.
El coordinador de la campaña de Océanos y Costas de Greenpeace denunció que estas mismas acciones se repiten en destinos turísticos como Cancún, Quintana Roo; Puerto Vallarta, Jalisco; Los Cabos, Baja California Sur, y Puerto Peñasco, Sonora.
En medio del silencio de las autoridades ambientales estatales y federales, ejidatarios propietarios de las 568 hectáreas de dunas, asentadas a 50 kilómetros del puerto de Veracruz, comenzaron a vender los terrenos y se espera que en unos meses comience la construcción de hoteles, restaurantes y tiendas, entre ellos, un Fiesta Inn.
El presidente municipal de Úrsulo Galván (donde se asientan las dunas), José Antonio Montero Domínguez, confirmó que los ejidatarios de la zona decidieron vender parte de los terrenos, los cuales son utilizados para deportes extremos y como atractivo para miles de turistas.
Remanso para deportes extremos
Las dunas de Chachalacas son sumamente visitadas por su belleza natural y porque son propicias para los deportes extremos en motocicletas y vehículos todoterreno e, incluso, se realizan ahí competencias nacionales.
Sin embargo, a 20 metros de la orilla del mar fueron instaladas cercas a todo lo largo de la zona y las partes altas de las dunas comenzaron a ser divididas con las llamadas mojoneras.
Su belleza es excepcional. Kilómetros y kilómetros de montañas de arena que constantemente se mueven con el paso del viento. Algunas miden sólo unos dos o tres metros, pero otras se levantan imponentes por arriba de los 80 metros.
Incluso, en septiembre del año pasado, el gobernador Fidel Herrera Beltrán inauguró ahí el Tercer Festival Rally Playero, con la participación de 300 pilotos de siete categorías y modalidades de motos.
“El rally es un evento de gran calidad, con competidores muy reconocidos y con todos los asuntos de seguridad cubiertos”, expresó y agregó que su administración seguiría respaldando la realización de competencias nacionales e internacionales de gran calidad.
La ruta del rally fue perfectamente señalada, con puntos de control montados estratégicamente para dar un registro acertado a los competidores —de Aguascalientes, Puebla, estado de México, Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz— en las categorías de novatos, intermedios, avanzados y expertos.
En ese evento participó el piloto francés Francois Deroux, quien fue un invitado para correr con la marca automotriz BMW, así como contendientes de cuatrimotos utilitarias 4x4, 4x2 y cuatrimotos sport.
Comuna pide donar parte de las dunas
El alcalde Montero informó que gestionan con los propietarios para que donen al ayuntamiento parte de los terrenos, a fin de que las competencias sigan siendo un atractivo de las famosas playas de Chachalacas, a donde anualmente acuden miles de visitantes.
“Sí hay un propietario, pero el convenio que estamos haciendo con ellos, es que la parte alta de las dunas, la parte de enfrente, quede como atractivo de Chachalacas, queremos que nos donen ese lugar”, precisó.
El delegado estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Manuel Molina Martínez, declaró que para poder dividir y fraccionar las dunas, era es necesario realizar un estudio de impacto ambiental y pedir un cambio de uso de suelo.
Ante ello, la organización ecologista Greenpeace México exigió frenar la destrucción de las dunas de Chachalacas, un ecosistema costero, advirtió, que funciona como barrera física ante fenómenos meteorológico como huracanes.
Greenpeace rechaza hoteles
El coordinador de la campaña de Océanos y Costas de Greenpeace, Alejandro Olivera, pidió a los gobiernos federal y de Veracruz impedir la construcción e hoteles en esa zona del golfo de México.
Ecosistema muy sensible
“Para instalar este complejo turístico se deben seguir procedimientos ambientales, se debe presentar una evaluación de impacto ambiental ante la Semarnat, por ser un desarrollo turístico costero”, agregó.
Explicó que la zona de dunas es muy sensible y es un tipo de ecosistema costero muy frágil, similar a los manglares con servicios ambientales, que deben tomarse en cuenta antes de dar autorización para construir.
“Esto es el reflejo de la tendencia actual del turismo en todo el país, cambio de uso de suelos, destrucción de ecosistemas y la falta de visión del sector turismo para enfrentar el cambio climático”, afirmó.
El coordinador de la campaña de Océanos y Costas de Greenpeace denunció que estas mismas acciones se repiten en destinos turísticos como Cancún, Quintana Roo; Puerto Vallarta, Jalisco; Los Cabos, Baja California Sur, y Puerto Peñasco, Sonora.
“El narco no se combate con violencia, sino con empleo”
Rosa Martínez, habitante de Lázaro Cárdenas, confiesa estar fastidiada de las caravanas de policías federales que recorren la zona y reprocha: 'En lugar de que nos den trabajo, sólo nos están creando mala fama. Ni porque el Presidente es de Michoacán'
Samuel, un obrero de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa), afirma: “El narco no se combate con madrazos... lo que se necesita son empleos”.
Rosa Martínez, habitante de esa ciudad, confiesa estar fastidiada de las caravanas de policías federales que recorren la zona y reprocha: “En lugar de que nos den trabajo, sólo nos están creando mala fama. Ni porque el Presidente es de Michoacán”.
Los pobladores coinciden en que la falta de empleo abre una puerta para que el narcotráfico aumente en la región. Taxistas del lugar aseguran que los cárteles ofrecen 10 mil pesos por ingresar a la organización y un seguro de vida por 100 mil pesos, cantidades que seducen sobre todo a los jóvenes, quienes “caen porque obtienen dinero fácil”.
Samuel, un obrero de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa), afirma: “El narco no se combate con madrazos... lo que se necesita son empleos”.
Rosa Martínez, habitante de esa ciudad, confiesa estar fastidiada de las caravanas de policías federales que recorren la zona y reprocha: “En lugar de que nos den trabajo, sólo nos están creando mala fama. Ni porque el Presidente es de Michoacán”.
Los pobladores coinciden en que la falta de empleo abre una puerta para que el narcotráfico aumente en la región. Taxistas del lugar aseguran que los cárteles ofrecen 10 mil pesos por ingresar a la organización y un seguro de vida por 100 mil pesos, cantidades que seducen sobre todo a los jóvenes, quienes “caen porque obtienen dinero fácil”.
sábado, 25 de julio de 2009
Calderón viola la Carta Magna al ampliar el fuero militar: Pablo Gómez
Andrea Becerril
El presidente Felipe Calderón violó la Constitución al otorgar nuevas facultades al procurador general de Justicia Militar e invadió la esfera del Poder Legislativo, advirtió el senador del PRD Pablo Gómez Álvarez.
A su juicio, el Congreso debe interponer ante la Suprema Corte una controversia constitucional, dado que el Ejecutivo no puede crear ni modificar leyes, pero, al igual que sus antecesores del Partido Revolucionario Institucional, Calderón lo hizo mediante la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con miras a ampliar el ámbito de acción del procurador militar.
En general, dijo, lo referido a la participación del Ejército en el combate al narcotráfico y en especial la aplicación del fuero militar no respeta lo establecido en la Constitución y se hacen interpretaciones ilegales para impedir que se juzgue en tribunales civiles a elementos de las fuerzas armadas que han violado derechos humanos de ciudadanos.
El senador Gómez Álvarez expuso que las atribuciones que se dan al procurador general de Justicia Militar, de representar a la Federación en litigios ante la Suprema Corte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otras instancias, no están permitidas en la Carta Magna.
La Constitución señala con claridad que quien puede concurrir a los litigios y controversias en los que es parte la Federación, es la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. “El jefe del Ejecutivo no puede asignar funciones a las dependencias o autoridades”, insistió.
“El procurador general de Justicia Militar no puede comparecer ante la Suprema Corte –creo que la Corte misma lo rechazaría– ni tampoco ante la CNDH. Ahí tiene que ir, cuando haya un requerimiento, el comandante de tropas, que es el secretario de la Defensa Nacional.”
Recalcó que, de acuerdo con la Constitución, el procurador militar no tiene más función que la relacionada con la disciplina castrense y no puede pasarse por alto que ningún reglamento está por encima de la ley y menos de la Carta Magna.
El problema, agregó, es que “Calderón viola todo el tiempo la Constitución. Es de esos políticos que se suben a un tabique y se marean. Él llegó a los Pinos y se mareó, no quiere entender que hay un marco legal, un sistema de leyes que debe respetarse”.
El senador perredista expuso asimismo que se viola sistemáticamente el artículo 13 constitucional, donde se precisa que el fuero militar aplica para faltas a la disciplina castrense, no para delitos cometidos contra civiles.
En la administración de Calderón “se le ha dado la vuelta y desvirtuado” esa disposición y se pretende que los excesos y abusos de soldados y oficiales contra “paisanos”, es decir contra civiles, se diriman en tribunales militares.
Y ello, recalcó el perredista, va contra ese artículo 13, porque , “cuando el golpeado o muerto a manos de militares es un paisano”, no es un asunto de disciplina civil, sino de derechos humanos violentados por elementos castrenses”.
Gómez Álvarez consideró que el Congreso de la Unión debe acudir a la controversia constitucional, ya que el Ejecutivo no puede legislar, pero Calderón lo hizo bajo la cobertura falsa de cambiar el reglamento de la Sedena.
En la Constitución se establece que la única facultad legislativa del Ejecutivo es “proveer en la esfera de su competencia el estricto cumplimiento de las leyes del Congreso. Es claro que el Presidente no tiene facultad para crear leyes. ¡pero Calderón cree que sí puede”.
El presidente Felipe Calderón violó la Constitución al otorgar nuevas facultades al procurador general de Justicia Militar e invadió la esfera del Poder Legislativo, advirtió el senador del PRD Pablo Gómez Álvarez.
A su juicio, el Congreso debe interponer ante la Suprema Corte una controversia constitucional, dado que el Ejecutivo no puede crear ni modificar leyes, pero, al igual que sus antecesores del Partido Revolucionario Institucional, Calderón lo hizo mediante la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con miras a ampliar el ámbito de acción del procurador militar.
En general, dijo, lo referido a la participación del Ejército en el combate al narcotráfico y en especial la aplicación del fuero militar no respeta lo establecido en la Constitución y se hacen interpretaciones ilegales para impedir que se juzgue en tribunales civiles a elementos de las fuerzas armadas que han violado derechos humanos de ciudadanos.
El senador Gómez Álvarez expuso que las atribuciones que se dan al procurador general de Justicia Militar, de representar a la Federación en litigios ante la Suprema Corte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otras instancias, no están permitidas en la Carta Magna.
La Constitución señala con claridad que quien puede concurrir a los litigios y controversias en los que es parte la Federación, es la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. “El jefe del Ejecutivo no puede asignar funciones a las dependencias o autoridades”, insistió.
“El procurador general de Justicia Militar no puede comparecer ante la Suprema Corte –creo que la Corte misma lo rechazaría– ni tampoco ante la CNDH. Ahí tiene que ir, cuando haya un requerimiento, el comandante de tropas, que es el secretario de la Defensa Nacional.”
Recalcó que, de acuerdo con la Constitución, el procurador militar no tiene más función que la relacionada con la disciplina castrense y no puede pasarse por alto que ningún reglamento está por encima de la ley y menos de la Carta Magna.
El problema, agregó, es que “Calderón viola todo el tiempo la Constitución. Es de esos políticos que se suben a un tabique y se marean. Él llegó a los Pinos y se mareó, no quiere entender que hay un marco legal, un sistema de leyes que debe respetarse”.
El senador perredista expuso asimismo que se viola sistemáticamente el artículo 13 constitucional, donde se precisa que el fuero militar aplica para faltas a la disciplina castrense, no para delitos cometidos contra civiles.
En la administración de Calderón “se le ha dado la vuelta y desvirtuado” esa disposición y se pretende que los excesos y abusos de soldados y oficiales contra “paisanos”, es decir contra civiles, se diriman en tribunales militares.
Y ello, recalcó el perredista, va contra ese artículo 13, porque , “cuando el golpeado o muerto a manos de militares es un paisano”, no es un asunto de disciplina civil, sino de derechos humanos violentados por elementos castrenses”.
Gómez Álvarez consideró que el Congreso de la Unión debe acudir a la controversia constitucional, ya que el Ejecutivo no puede legislar, pero Calderón lo hizo bajo la cobertura falsa de cambiar el reglamento de la Sedena.
En la Constitución se establece que la única facultad legislativa del Ejecutivo es “proveer en la esfera de su competencia el estricto cumplimiento de las leyes del Congreso. Es claro que el Presidente no tiene facultad para crear leyes. ¡pero Calderón cree que sí puede”.
Desfiladero
Comenzó una nueva etapa de golpes de Estado?
Jaime Avilés
En los momentos en que estas palabras encuentran acomodo definitivo en este espacio, el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, deja Nicaragua y se interna apenas unos cuantos metros en el territorio de su país. La televisión transmite, en vivo desde el sitio donde ocurren los hechos, un episodio clásico del siglo XIX. En lugar de un carruaje como el de don Benito Juárez, o de un caballo como el de José Martí, Zelaya viaja en un jeep blanco y, en vez de un sable, empuña un teléfono celular. Más allá de la tecnología y de la parafernalia, la escena pertenece al mismo tiempo al pasado y al futuro.
A los mexicanos la perspectiva de regresar al pasado nos deja indiferentes porque vivimos en el siglo XIX hace ya muchos años: los últimos cuatro gobiernos sexenales destruyeron el pacto social que surgió de la Revolución de 1910 y nos hicieron retroceder a una época anterior al porfiriato, cuando, como ahora, no había ferrocarriles. Así que eso no nos preocupa. Somos la economía latinoamericana que ha registrado el menor crecimiento en 25 años. Intentemos atisbar, por lo mismo, qué nos reserva el futuro, al menos desde la perspectiva que anuncia el golpe de Estado en Honduras.
Zelaya pertenece a una acaudalada familia de latifundistas que, en muchas ocasiones, honró las tradiciones de crueldad e injusticia típicas de la oligarquía de su país. Una oscura leyenda habla de horrendos crímenes en la hacienda de su padre. Eso no está a discusión. Lo que interesa es que al llegar al poder emprendió reformas sociales en beneficio de los más pobres.
Aumentó los salarios mínimos, extendió la cobertura de la seguridad social y trató de reducir el analfabetismo, pero desarrolló una política exterior que molestó a los halcones de Washington y, por tanto, a las fuerzas armadas hondureñas. Específicamente, firmó con el gobierno de Hugo Chávez convenios para recibir petróleo venezolano a precios bajos y a pagar a largo plazo. Aunque los términos del pacto eran más que favorables, la oligarquía lo derrocó cuando propuso modificar la Constitución para que futuros gobernantes –no él– pudieran relegirse.
El golpe del 28 de junio, en realidad, no fue contra Zelaya sino contra Chávez y también contra Obama. Fue la respuesta de Cheney y los republicanos al discurso que el nuevo presidente demócrata leyó en Trinidad y Tobago, el 19 de abril de este año, cuando habló de su intención de establecer otro tipo de relaciones entre la Casa Blanca y América Latina. Sólo dos meses después, la caída de Zelaya lo puso a prueba: si usaba todo su poder para reinstalarlo en el cargo, en Washington lo acusarían de ser un peón a las órdenes de Chávez; si no metía las manos, quedaría en ridículo ante los votantes de habla hispana.
Obama ha reaccionado con extrema tibieza. Podía aplicar sanciones económicas que en menos de tres días habrían estrangulado al golpista Roberto Micheletti, pero prefirió que Hillary Clinton manejara la crisis por debajo del agua, concediendo a sus adversarios todas las ventajas. Estos ya preparan las elecciones de noviembre, de modo que sólo deben resistir algunos meses más para conformar un nuevo gobierno. A Zelaya, por lo contrario, el tiempo se le acaba. Su presencia en la frontera no produjo el efecto que esperaba, es decir, la salida del pueblo a las calles de todo el país para echar del poder a los usurpadores y acompañarlo en su retorno a Tegucigalpa.
Las reformas sociales de Zelaya –todo así parece indicarlo– fueron tan limitadas que el grueso de la población no se jugó la vida para defenderlas. Quienes se han manifestado exigiendo la restauración de la democracia son los sectores más lúcidos, que no confían en Zelaya pero lo ven como una posibilidad de llevar adelante cambios más profundos. En suma, las perspectivas no son lo que se llama optimistas y Felipe Calderón ya no es el único “gobernante” de facto de América Latina.
Después de robarse la Presidencia de la República en las elecciones de 2006, y de perder en forma patética las de 2009, reprobado por los especialistas en todas las materias, vapuleado por el narcotráfico, Calderón gobierna cada vez más con el apoyo del Ejército y observa los acontecimientos hondureños con sumo interés, tomando nota de los detalles y prendiéndole veladoras a Fujimori, el ex presidente peruano que gracias a un decreto disolvió el poder legislativo y se convirtió en dictador.
Objetivo: el petróleo
Envalentonados por su éxito y por la debilidad de Obama, los halcones de Washington avanzan rumbo al sur. Desde Colombia –que desempeña en Sudamérica el mismo papel que Israel en Medio Oriente– han lanzado una grave acusación contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa: afirman tener pruebas de que la guerrilla de las FARC financió su campaña a la presidencia.
Al mismo tiempo, Colombia da su beneplácito para que el Pentágono ponga bases militares cerca de la frontera venezolana. Ya que los halcones no pudieron acabar con Chávez mediante el golpe militar de abril de 2002, ahora hacen pública su intención de declararle la guerra. Entre tanto, continúan saboteando de todas las formas posibles al gobierno de Evo Morales. Les queda muy claro que Ecuador, Venezuela y Bolivia poseen, además de Brasil y México, las mayores reservas de petróleo y gas natural del subcontinente. Y Estados Unidos jamás renunciará a ellas.
México está destrozado; ningún adjetivo describe mejor lo que nos han hecho los “gobiernos” de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón tras el desastroso sexenio de De la Madrid. “Sobrevive la mitad de los mexicanos con mil 900 pesos al mes”, informó La Jornada, en su nota principal de primera plana, el domingo anterior y, al otro día, en el mismo espacio, desplegó la siguiente noticia: “Medio México, campo de batalla contra el narco”. No debemos extrañarnos: si la mitad de la población carece de lo más indispensable, es lógico que la mitad del territorio haya sucumbido a la violencia.
Pero falta lo peor. La crisis económica seguirá deteriorando las condiciones de vida de todos: aumentará el desempleo, la carestía, la falta de liquidez y la inseguridad, pero ni los dueños del país, ni los políticos a su servicio, ni los intelectuales que supuestamente deberían iluminarlos con sus reflexiones reconocen que este desastre fue causado por un modelo económico que debe ser sustituido. Lo más desesperante es que ni siquiera discuten el tema, no les pasa por la cabeza, no se les ocurre. Lo que más les preocupa, si acaso –en un plano muy secundario, además de sus continuas pérdidas económicas– es quién remplazará a Calderón en 2012.
¿Quién les administrará el rancho, quién mantendrá a raya a 80 millones de pobres? Ya lo verán en su momento. Ya decidirán, cuando llegue la hora, si el país queda en manos de Enrique Peña Nieto, el gobernador mexiquense que no oculta su admiración por Álvaro Uribe, es decir, por los ejércitos paramilitares que éste utiliza para combatir la guerrilla y el narcotráfico.
Por lo pronto, el martes próximo, Andrés Manuel López Obrador comenzará una gira por los más de 400 municipios de usos y costumbres de Oaxaca. Al final del año habrá concluido su visita a todos los ayuntamientos del país y habrá terminado de construir la red de comités del “gobierno legítimo”, cuyos afiliados suman ya más de 2 millones de personas.
En la ciudad de México y en otras regiones del país, entre tanto, el movimiento que encabeza espera propuestas para reanudar sus actividades. Las señales, en principio, llegarán cuando se defina la agenda legislativa del Congreso. ¿Nos impondrán ahora el IVA a alimentos y medicinas? ¿Lo permitiremos?
jamastu@gmail.com
Jaime Avilés
En los momentos en que estas palabras encuentran acomodo definitivo en este espacio, el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, deja Nicaragua y se interna apenas unos cuantos metros en el territorio de su país. La televisión transmite, en vivo desde el sitio donde ocurren los hechos, un episodio clásico del siglo XIX. En lugar de un carruaje como el de don Benito Juárez, o de un caballo como el de José Martí, Zelaya viaja en un jeep blanco y, en vez de un sable, empuña un teléfono celular. Más allá de la tecnología y de la parafernalia, la escena pertenece al mismo tiempo al pasado y al futuro.
A los mexicanos la perspectiva de regresar al pasado nos deja indiferentes porque vivimos en el siglo XIX hace ya muchos años: los últimos cuatro gobiernos sexenales destruyeron el pacto social que surgió de la Revolución de 1910 y nos hicieron retroceder a una época anterior al porfiriato, cuando, como ahora, no había ferrocarriles. Así que eso no nos preocupa. Somos la economía latinoamericana que ha registrado el menor crecimiento en 25 años. Intentemos atisbar, por lo mismo, qué nos reserva el futuro, al menos desde la perspectiva que anuncia el golpe de Estado en Honduras.
Zelaya pertenece a una acaudalada familia de latifundistas que, en muchas ocasiones, honró las tradiciones de crueldad e injusticia típicas de la oligarquía de su país. Una oscura leyenda habla de horrendos crímenes en la hacienda de su padre. Eso no está a discusión. Lo que interesa es que al llegar al poder emprendió reformas sociales en beneficio de los más pobres.
Aumentó los salarios mínimos, extendió la cobertura de la seguridad social y trató de reducir el analfabetismo, pero desarrolló una política exterior que molestó a los halcones de Washington y, por tanto, a las fuerzas armadas hondureñas. Específicamente, firmó con el gobierno de Hugo Chávez convenios para recibir petróleo venezolano a precios bajos y a pagar a largo plazo. Aunque los términos del pacto eran más que favorables, la oligarquía lo derrocó cuando propuso modificar la Constitución para que futuros gobernantes –no él– pudieran relegirse.
El golpe del 28 de junio, en realidad, no fue contra Zelaya sino contra Chávez y también contra Obama. Fue la respuesta de Cheney y los republicanos al discurso que el nuevo presidente demócrata leyó en Trinidad y Tobago, el 19 de abril de este año, cuando habló de su intención de establecer otro tipo de relaciones entre la Casa Blanca y América Latina. Sólo dos meses después, la caída de Zelaya lo puso a prueba: si usaba todo su poder para reinstalarlo en el cargo, en Washington lo acusarían de ser un peón a las órdenes de Chávez; si no metía las manos, quedaría en ridículo ante los votantes de habla hispana.
Obama ha reaccionado con extrema tibieza. Podía aplicar sanciones económicas que en menos de tres días habrían estrangulado al golpista Roberto Micheletti, pero prefirió que Hillary Clinton manejara la crisis por debajo del agua, concediendo a sus adversarios todas las ventajas. Estos ya preparan las elecciones de noviembre, de modo que sólo deben resistir algunos meses más para conformar un nuevo gobierno. A Zelaya, por lo contrario, el tiempo se le acaba. Su presencia en la frontera no produjo el efecto que esperaba, es decir, la salida del pueblo a las calles de todo el país para echar del poder a los usurpadores y acompañarlo en su retorno a Tegucigalpa.
Las reformas sociales de Zelaya –todo así parece indicarlo– fueron tan limitadas que el grueso de la población no se jugó la vida para defenderlas. Quienes se han manifestado exigiendo la restauración de la democracia son los sectores más lúcidos, que no confían en Zelaya pero lo ven como una posibilidad de llevar adelante cambios más profundos. En suma, las perspectivas no son lo que se llama optimistas y Felipe Calderón ya no es el único “gobernante” de facto de América Latina.
Después de robarse la Presidencia de la República en las elecciones de 2006, y de perder en forma patética las de 2009, reprobado por los especialistas en todas las materias, vapuleado por el narcotráfico, Calderón gobierna cada vez más con el apoyo del Ejército y observa los acontecimientos hondureños con sumo interés, tomando nota de los detalles y prendiéndole veladoras a Fujimori, el ex presidente peruano que gracias a un decreto disolvió el poder legislativo y se convirtió en dictador.
Objetivo: el petróleo
Envalentonados por su éxito y por la debilidad de Obama, los halcones de Washington avanzan rumbo al sur. Desde Colombia –que desempeña en Sudamérica el mismo papel que Israel en Medio Oriente– han lanzado una grave acusación contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa: afirman tener pruebas de que la guerrilla de las FARC financió su campaña a la presidencia.
Al mismo tiempo, Colombia da su beneplácito para que el Pentágono ponga bases militares cerca de la frontera venezolana. Ya que los halcones no pudieron acabar con Chávez mediante el golpe militar de abril de 2002, ahora hacen pública su intención de declararle la guerra. Entre tanto, continúan saboteando de todas las formas posibles al gobierno de Evo Morales. Les queda muy claro que Ecuador, Venezuela y Bolivia poseen, además de Brasil y México, las mayores reservas de petróleo y gas natural del subcontinente. Y Estados Unidos jamás renunciará a ellas.
México está destrozado; ningún adjetivo describe mejor lo que nos han hecho los “gobiernos” de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón tras el desastroso sexenio de De la Madrid. “Sobrevive la mitad de los mexicanos con mil 900 pesos al mes”, informó La Jornada, en su nota principal de primera plana, el domingo anterior y, al otro día, en el mismo espacio, desplegó la siguiente noticia: “Medio México, campo de batalla contra el narco”. No debemos extrañarnos: si la mitad de la población carece de lo más indispensable, es lógico que la mitad del territorio haya sucumbido a la violencia.
Pero falta lo peor. La crisis económica seguirá deteriorando las condiciones de vida de todos: aumentará el desempleo, la carestía, la falta de liquidez y la inseguridad, pero ni los dueños del país, ni los políticos a su servicio, ni los intelectuales que supuestamente deberían iluminarlos con sus reflexiones reconocen que este desastre fue causado por un modelo económico que debe ser sustituido. Lo más desesperante es que ni siquiera discuten el tema, no les pasa por la cabeza, no se les ocurre. Lo que más les preocupa, si acaso –en un plano muy secundario, además de sus continuas pérdidas económicas– es quién remplazará a Calderón en 2012.
¿Quién les administrará el rancho, quién mantendrá a raya a 80 millones de pobres? Ya lo verán en su momento. Ya decidirán, cuando llegue la hora, si el país queda en manos de Enrique Peña Nieto, el gobernador mexiquense que no oculta su admiración por Álvaro Uribe, es decir, por los ejércitos paramilitares que éste utiliza para combatir la guerrilla y el narcotráfico.
Por lo pronto, el martes próximo, Andrés Manuel López Obrador comenzará una gira por los más de 400 municipios de usos y costumbres de Oaxaca. Al final del año habrá concluido su visita a todos los ayuntamientos del país y habrá terminado de construir la red de comités del “gobierno legítimo”, cuyos afiliados suman ya más de 2 millones de personas.
En la ciudad de México y en otras regiones del país, entre tanto, el movimiento que encabeza espera propuestas para reanudar sus actividades. Las señales, en principio, llegarán cuando se defina la agenda legislativa del Congreso. ¿Nos impondrán ahora el IVA a alimentos y medicinas? ¿Lo permitiremos?
jamastu@gmail.com
Otorga corte sentencia absolutoria a Flavio Sosa
El dirigente de la APPO, acusado de delitos como sedición, quedó libre de toda imputación penal.
Octavio Vélez Ascencio, corresponsal
Publicado: 24/07/2009 15:15
Oaxaca, Oax. Ante un amparo del Poder Judicial Federal, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado confirmó la sentencia absolutoria otorgada por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlacolula de Matamoros a Flavio Sosa Villavicencio.
De esta forma, el líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) acusado de los delitos de sedición, asociación delictuosa y daños por incendio por su participación en el movimiento magisterial, quedó libre de toda imputación penal.
Ahora lo que sigue, "es luchar por el castigo a los culpables", dijo el appista.
Octavio Vélez Ascencio, corresponsal
Publicado: 24/07/2009 15:15
Oaxaca, Oax. Ante un amparo del Poder Judicial Federal, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado confirmó la sentencia absolutoria otorgada por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlacolula de Matamoros a Flavio Sosa Villavicencio.
De esta forma, el líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) acusado de los delitos de sedición, asociación delictuosa y daños por incendio por su participación en el movimiento magisterial, quedó libre de toda imputación penal.
Ahora lo que sigue, "es luchar por el castigo a los culpables", dijo el appista.
viernes, 24 de julio de 2009
Se ha ampliado de manera extraordinaria el fuero militar, señala Suárez del Real
Roberto Garduño
En la edición del Diario Oficial de la Federación del miércoles pasado se publicó un decreto firmado por Felipe Calderón con la reforma y adición al reglamento interior de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), con lo cual se atribuirán amplias facultades al procurador general de Justicia Militar para representar al Ejecutivo en las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en los juicios de amparo que provengan del Ejecutivo y de las autoridades superiores de la propia secretaría.
La publicación fue recibida con preocupación en la Cámara de Diputados, pues se otorga facultad extraordinaria al fuero militar, “e implica el deslinde de la responsabilidad institucional que tiene el titular del Ejecutivo como jefe de las fuerzas armadas para asumir los costos de la actuación de las mismas”, refirió el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Alfonso Suárez del Real.
A escasas dos semanas de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en representación del gobierno federal, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica, con objeto de abogar por el Ejército ante una denuncia de violación a los derechos humanos y la desaparición física del ex alcalde de Atoyac, Guerrero, Rosendo Radilla, hace 35 años, el titular del Ejecutivo determinó, mediante el decreto firmado hace tres días, que los militares, desde ahora, asumirán su propia defensa, lo cual implica prescindir de la participación de la autoridad civil.
Las reformas
El decreto suscrito fue reformado en su artículo 10, fracción novena, con objeto de otorgar nuevas facultades al procurador de Justicia Militar, a quien corresponderá “representar al presidente de la República en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere la Ley Reglamentaria del artículo 105” de la Carta Magna, “en los casos en que lo determine el titular del Ejecutivo federal, pudiendo ser suplido de conformidad con lo dispuesto al artículo 81 del presente reglamento”.
En el artículo 81, fracciones cuarta, quinta y sexta del mismo reglamento, se señala que el procurador militar va a “representar al presidente de la República en todos los trámites establecidos por la Ley de Amparo en aquellos asuntos que corresponda a la Secretaría de la Defensa Nacional representar al titular del Ejecutivo (…) intervenir en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad en las que el secretario de la Defensa Nacional represente al presidente de la República (…) representar al general secretario, al subsecretario de la Defensa Nacional, al oficial mayor y a cualquier otro servidor público de los órganos administrativos en los juicios de amparo en los que sean parte”.
La complejidad de la decisión presidencial fue analizada por el diputado perredista Suárez del Real, para quien el decreto implica “graves riesgos”, porque establece una extensión extraordinaria del fuero militar cuando se enmarca en los delitos de orden federal cometidos por soldados.
“Esto constituye una violación flagrante al artículo 13 de la Carta Magna, convirtiendo el fuero militar en instrumento de coacción política. Debemos establecer que la Procuraduría General de Justicia Militar únicamente tiene personalidad para actuar en las instancias del sistema de justicia militar; atribuirle otras funciones resulta, como en el caso presente, extender el ámbito jurisdiccional del fuero militar, vulnerando con esta acción el estado de derecho.”
El fuero militar sólo aplica para acciones disciplinarias, por lo que ahora el fiscal militar, con las facultades delegadas por Calderón, no sólo va intervenir en juicios civiles contra los integrantes de las fuerzas armadas, sino se involucrará directamente en actividades hasta ahora ajenas a su competencia, como la representación presidencial en las acciones mencionadas, abundó Suárez del Real.
“Rebasaría el ámbito militar y se adentraría en el derecho civil. Eso, precisamente, lo va a analizar Naciones Unidas para que se ubique el fuero de los militares en acciones de su entorno, y no en aquellas en que se reserva la actuación a la autoridad civil. Se está generando un halo de impunidad, porque no se aplicaría la legislación civil a los integrantes de las fuerzas armadas, quienes sólo serían objeto de la acción militar, aun cuando hubiesen trasgredido la norma civil”, reiteró.
De tal forma, el decreto implica el deslinde de la responsabilidad institucional de Calderón en su carácter de jefe supremo de las fuerzas armadas, para asumir los costos de la actuación de éstas.
Se da en “un contexto en el que nuestro Ejército se encuentra sumamente cuestionado por los señalamientos de Naciones Unidas, de organizaciones defensoras de derechos humanos estadunidenses y nacionales, y el análisis que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al dedicarse a funciones de seguridad pública y de la guerra abiertamente declarada contra el crimen organizado, por instrucciones de su jefe supremo, ejerciendo funciones evidentemente metaconstitucionales.
“Esta situación coloca en grave riesgo la gobernabilidad de nuestro país, al exponer a las fuerzas armadas nacionales a un desgaste aún mayor, al obligarlas a asumir directamente la responsabilidad por las consecuencias del acatamiento de órdenes de su jefe supremo”, señaló.
En la edición del Diario Oficial de la Federación del miércoles pasado se publicó un decreto firmado por Felipe Calderón con la reforma y adición al reglamento interior de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), con lo cual se atribuirán amplias facultades al procurador general de Justicia Militar para representar al Ejecutivo en las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en los juicios de amparo que provengan del Ejecutivo y de las autoridades superiores de la propia secretaría.
La publicación fue recibida con preocupación en la Cámara de Diputados, pues se otorga facultad extraordinaria al fuero militar, “e implica el deslinde de la responsabilidad institucional que tiene el titular del Ejecutivo como jefe de las fuerzas armadas para asumir los costos de la actuación de las mismas”, refirió el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Alfonso Suárez del Real.
A escasas dos semanas de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en representación del gobierno federal, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica, con objeto de abogar por el Ejército ante una denuncia de violación a los derechos humanos y la desaparición física del ex alcalde de Atoyac, Guerrero, Rosendo Radilla, hace 35 años, el titular del Ejecutivo determinó, mediante el decreto firmado hace tres días, que los militares, desde ahora, asumirán su propia defensa, lo cual implica prescindir de la participación de la autoridad civil.
Las reformas
El decreto suscrito fue reformado en su artículo 10, fracción novena, con objeto de otorgar nuevas facultades al procurador de Justicia Militar, a quien corresponderá “representar al presidente de la República en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere la Ley Reglamentaria del artículo 105” de la Carta Magna, “en los casos en que lo determine el titular del Ejecutivo federal, pudiendo ser suplido de conformidad con lo dispuesto al artículo 81 del presente reglamento”.
En el artículo 81, fracciones cuarta, quinta y sexta del mismo reglamento, se señala que el procurador militar va a “representar al presidente de la República en todos los trámites establecidos por la Ley de Amparo en aquellos asuntos que corresponda a la Secretaría de la Defensa Nacional representar al titular del Ejecutivo (…) intervenir en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad en las que el secretario de la Defensa Nacional represente al presidente de la República (…) representar al general secretario, al subsecretario de la Defensa Nacional, al oficial mayor y a cualquier otro servidor público de los órganos administrativos en los juicios de amparo en los que sean parte”.
La complejidad de la decisión presidencial fue analizada por el diputado perredista Suárez del Real, para quien el decreto implica “graves riesgos”, porque establece una extensión extraordinaria del fuero militar cuando se enmarca en los delitos de orden federal cometidos por soldados.
“Esto constituye una violación flagrante al artículo 13 de la Carta Magna, convirtiendo el fuero militar en instrumento de coacción política. Debemos establecer que la Procuraduría General de Justicia Militar únicamente tiene personalidad para actuar en las instancias del sistema de justicia militar; atribuirle otras funciones resulta, como en el caso presente, extender el ámbito jurisdiccional del fuero militar, vulnerando con esta acción el estado de derecho.”
El fuero militar sólo aplica para acciones disciplinarias, por lo que ahora el fiscal militar, con las facultades delegadas por Calderón, no sólo va intervenir en juicios civiles contra los integrantes de las fuerzas armadas, sino se involucrará directamente en actividades hasta ahora ajenas a su competencia, como la representación presidencial en las acciones mencionadas, abundó Suárez del Real.
“Rebasaría el ámbito militar y se adentraría en el derecho civil. Eso, precisamente, lo va a analizar Naciones Unidas para que se ubique el fuero de los militares en acciones de su entorno, y no en aquellas en que se reserva la actuación a la autoridad civil. Se está generando un halo de impunidad, porque no se aplicaría la legislación civil a los integrantes de las fuerzas armadas, quienes sólo serían objeto de la acción militar, aun cuando hubiesen trasgredido la norma civil”, reiteró.
De tal forma, el decreto implica el deslinde de la responsabilidad institucional de Calderón en su carácter de jefe supremo de las fuerzas armadas, para asumir los costos de la actuación de éstas.
Se da en “un contexto en el que nuestro Ejército se encuentra sumamente cuestionado por los señalamientos de Naciones Unidas, de organizaciones defensoras de derechos humanos estadunidenses y nacionales, y el análisis que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al dedicarse a funciones de seguridad pública y de la guerra abiertamente declarada contra el crimen organizado, por instrucciones de su jefe supremo, ejerciendo funciones evidentemente metaconstitucionales.
“Esta situación coloca en grave riesgo la gobernabilidad de nuestro país, al exponer a las fuerzas armadas nacionales a un desgaste aún mayor, al obligarlas a asumir directamente la responsabilidad por las consecuencias del acatamiento de órdenes de su jefe supremo”, señaló.
miércoles, 22 de julio de 2009
ALTO A LA MINERA SAN XAVIER
NEW GOLD INC. Es la fusión de Metallica Resources Inc, New Gold Inc. y Peak Gold Inc, resultando la creación de un nuevo productor de oro de nivel medio. Internacionalmente, New Gold Inc. cuenta con proyectos en EE.UU. (Alaska), Canadá, México, Chile, Brasil y Australia.
New Gold Inc. cotiza en la bolsa de valores de Toronto (TSX) y la American Stock and Change (AMEX) bajo el símbolo NGD
MINERA SAN XAVIER S.A. de C.V. En 1997 la empresa minera Cambior Inc. era socia de MSX al 50%, y el día 6 de mayo de 2000, un día después de haber “conseguido” los permisos de operación que corresponden al estado y al municipio, vende sus acciones a la empresa Glamis Gold. Inc. Esta a su vez declaraba constantemente que tenían todo para operar y que solo esperaban un repunte en el precio del oro; precisamente en febrero de 2003 se inició el repunte del metal y Glamis Gold Inc. vende en abonos a Metallica Resources Inc. sus acciones, 8 millones en dos pagos y otros 5 millones si la empresa llegara a trabajar.
El año 1996 la empresa Minera San Xavier S.A. de C.V. comienzan una serie de acciones ilegales de despojo, simulación y cooptación de funcionarios, con el objetivo de apoderarse de las tierras donde se encuentra el proyecto, en concreto, simulan asambleas de ejidatarios (dueños de la tierra) en las cuales de manera falsa se renta las tierras de la zona a la empresa minera. Posteriormente, de manera ilegal la empresa consigue cambio de uso de suelo (que fue anulado en el año 2004) en una zona declarada de conservación y restauración de la vida silvestre. Ulteriormente en el año 2006 la empresa intenta conseguir nuevamente el cambio de uso de suelo de la zona, sin embargo solo obtiene una validación ambiental y debido a la ejecutoria del amparo 120/2006 del Juez primero de Distrito en San Luís Potosí, que determina la vigencia del decreto que dio origen a la zona de preservación y conservación de la vida silvestre y en cumplimiento con las reformas al articulo 115 Constitucional del año 1999, es que esta impedida de obtener dicha autorización.
No obstante de lo anterior, la empresa destruye el símbolo que dio origen a la ciudad de San Luís Potosí, devasta la zona desapareciendo especies vegetales y animales endémicas, pone en peligro el acuífero que surte de agua a los habitantes de San Luís Potosí, alienta la corrupción y aterroriza a los pobladores alentando grupos de choque, todo esto bajo la omisión de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
De manera paralela, los grupos sociales inconformes, se organizaron hasta formar la Alianza Opositora a Minera San Xavier. Fue en el 2003 con la inclusión de organizaciones como el Sindicato de Telefonistas, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, el Colectivo TY, el sindicato de la General Tire entre otras de carácter internacional, se consolido el Frente Amplio Opositor
link
New Gold Inc. cotiza en la bolsa de valores de Toronto (TSX) y la American Stock and Change (AMEX) bajo el símbolo NGD
MINERA SAN XAVIER S.A. de C.V. En 1997 la empresa minera Cambior Inc. era socia de MSX al 50%, y el día 6 de mayo de 2000, un día después de haber “conseguido” los permisos de operación que corresponden al estado y al municipio, vende sus acciones a la empresa Glamis Gold. Inc. Esta a su vez declaraba constantemente que tenían todo para operar y que solo esperaban un repunte en el precio del oro; precisamente en febrero de 2003 se inició el repunte del metal y Glamis Gold Inc. vende en abonos a Metallica Resources Inc. sus acciones, 8 millones en dos pagos y otros 5 millones si la empresa llegara a trabajar.
El año 1996 la empresa Minera San Xavier S.A. de C.V. comienzan una serie de acciones ilegales de despojo, simulación y cooptación de funcionarios, con el objetivo de apoderarse de las tierras donde se encuentra el proyecto, en concreto, simulan asambleas de ejidatarios (dueños de la tierra) en las cuales de manera falsa se renta las tierras de la zona a la empresa minera. Posteriormente, de manera ilegal la empresa consigue cambio de uso de suelo (que fue anulado en el año 2004) en una zona declarada de conservación y restauración de la vida silvestre. Ulteriormente en el año 2006 la empresa intenta conseguir nuevamente el cambio de uso de suelo de la zona, sin embargo solo obtiene una validación ambiental y debido a la ejecutoria del amparo 120/2006 del Juez primero de Distrito en San Luís Potosí, que determina la vigencia del decreto que dio origen a la zona de preservación y conservación de la vida silvestre y en cumplimiento con las reformas al articulo 115 Constitucional del año 1999, es que esta impedida de obtener dicha autorización.
No obstante de lo anterior, la empresa destruye el símbolo que dio origen a la ciudad de San Luís Potosí, devasta la zona desapareciendo especies vegetales y animales endémicas, pone en peligro el acuífero que surte de agua a los habitantes de San Luís Potosí, alienta la corrupción y aterroriza a los pobladores alentando grupos de choque, todo esto bajo la omisión de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
De manera paralela, los grupos sociales inconformes, se organizaron hasta formar la Alianza Opositora a Minera San Xavier. Fue en el 2003 con la inclusión de organizaciones como el Sindicato de Telefonistas, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, el Colectivo TY, el sindicato de la General Tire entre otras de carácter internacional, se consolido el Frente Amplio Opositor
link
Enlace Zapatista
Un muerto y cinco heridos deja el ataque en contra de los compañeros de la comunidad de Mitzitón, que se niegan a permitir el despojo de sus tierras para que pase la carretera San Cristóbal-Palenque
Comunidad de Mitzitón, Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. A 21 de julio de 2009. Urgente A la junta de buen gobierno A todos nuestros compañeros adherentes a la otra campaña Compañeras y compañeros Nos comunicamos urgentemente para denunciar que el día de hoy nuevamente hemos sufrido agresiones por parte de no cooperantes, quienes son apoyados por el mal gobierno...
enlacezapatista.ezln.org.mx
Comunidad de Mitzitón, Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. A 21 de julio de 2009. Urgente A la junta de buen gobierno A todos nuestros compañeros adherentes a la otra campaña Compañeras y compañeros Nos comunicamos urgentemente para denunciar que el día de hoy nuevamente hemos sufrido agresiones por parte de no cooperantes, quienes son apoyados por el mal gobierno...
enlacezapatista.ezln.org.mx
martes, 21 de julio de 2009
Son 80 millones los pobres que hay en el país, afirma especialista
Lamentable, que resultados de encuesta sobre ingresos se dieran a conocer después de comicios
Juan Antonio Zúñiga e Israel Rodríguez
El incremento en el precio de los alimentos fue el factor central del aumento de la pobreza en México en los dos primeros años de gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, afirmó Julio Boltvinik, investigador de El Colegio de México, quien estimó en 80 millones el número de habitantes en pobreza, de acuerdo con su método de medición de este fenómeno.
El especialista en temas de desigualdad precisó que la expansión de la pobreza entre 2006 y 2008 no abarcó la recesión económica de México, la cual comenzó a finales del año pasado, mientras que la Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares se levantó entre el 21 de agosto y el 17 de noviembre, por lo que difícilmente pudo captar cabalmente el impacto de la crisis en las diferentes variables económicas y sociales del país.
El informe bianual sobre la distribución de los ingresos y los gastos de la población reveló que, en términos de dólares, en el país los hogares más pobres vieron reducir su ingreso real en casi 14 por ciento en los dos primeros dos años de esta administración. La percepción corriente de 10 por ciento de la población más pobre disminuyó en promedio de 6.75 a 5.83 dólares por día.
La mayor pérdida del ingreso se debió a la caída en las remesas y las transferencias gubernamentales de las cuales vive prácticamente la mitad de los hogares en México, explicó Guillermina Rodríguez, especialista de la división de Estudios Económicos y Sociopolíticos del Grupo Financiero Banamex-Citigroup, al analizar las causas por las cuales 50.6 millones de personas en el país, 47.4 por ciento de la población, se encuentran actualmente en condiciones de pobreza de patrimonio.
En 2008 la mitad de los hogares en México recibió algún tipo de transferencia, cifra que se eleva a 67 por ciento en el decil más pobre. Sin el rubro de transferencias los ingresos promedio de los hogares hubieran sido 10 por ciento menores a los observados (23 por ciento en el decil más pobre).
Guillermina Rodríguez afirmó que aun con la caída de los apoyos gubernamentales y las remesas, sin esas transferencias, apuntó, “estos ingresos contribuyeron a que la situación no haya empeorado todavía más”.
La disminución en los ingresos de los hogares y los recientes incrementos en precios de los commodities o materias primas afectaron los patrones de consumo, coincidió en esto con Boltvinik Guillermina Rodríguez.
En 2008, puntualizó, el gasto monetario promedio de los hogares mostró una disminución de 12.7 por ciento con respecto a 2006. Los rubros más castigados fueron los de salud y educación y esparcimiento, mientras los gastos con menores retrocesos se localizaron en alimentos (-0.1por ciento) y vivienda y combustibles (-1.7 por ciento). Los gastos en estos dos últimos rubros, además, incrementaron su participación en el total: en el caso de alimentos, la proporción pasa de 29.4 por ciento en 2006 a 33.6 por ciento en 2008, mientras que el de vivienda y combustibles lo hace de 8.9 a 10.0 por ciento, respectivamente.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza patrimonial se define como la “insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios”.
Esto quiere decir que a casi la mitad de la población mexicana no le alcanzan los ingresos para cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, vestido, vivienda y educación. En este sentido, el incremento en la emisión de tarjetas de crédito por parte de la banca en los pasados dos años puede haberse convertido en un instrumento para completar el ingreso y el gasto.
Según los reportes del Banco de México, entre julio y septiembre de 2006 y el tercer trimestre de 2008, la emisión de tarjetas bancarias de crédito aumentó en 6 millones 117 mil 719, lo cual representó un incremento de 30.55 por ciento en esos instrumentos de uso generalizado para el consumo.
Sin embargo, de esas tarjetas nuevas sólo se utilizaron 3 millones 153 mil 283 para realizar compras de mercancías y pagos de servicios. La encuesta sobre ingresos 2008 indicó que el gasto de los hogares en alimentos fue de 33.6 por ciento en promedio para todos. Pero esa proporción se elevó a 46.1 por ciento en el 20 por ciento de los hogares más pobres.
Por su parte, Julio Boltvinik señaló en entrevista que los resultados de la encuesta “corroboraron las previsiones de que con el alza de los alimentos básicos se iba a ir al cielo la pobreza, como calculaba el comité técnico del Coneval”.
Boltvinik, colaborador de este diario, reconoció el mérito del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al informar del agravamiento de las condiciones de pobreza de la población en los dos años recientes. Añadió: “en principio es correcto y sólo hay que saludar positivamente el hecho de que tanto el Inegi como el Coneval reconozcan esta verdad y la den a conocer, porque en el pasado, cuando eran desfavorables las cifras, las ocultaban, y ahora son desfavorables para el gobierno y sin embargo las publicaron”.
El ex diputado perredista criticó que esos resultados se dieran a conocer después de las elecciones del 5 de julio pasado. En este sentido, expresó: “una cosa que quisiera comentar es que se esperaron a que pasaran las elecciones. Eso no fue lo que hicieron en 2003; ese año la encuesta de 2002, que resultó favorable y que bajaba la pobreza de 2000 a 2002, hicieron un gran escándalo por ahí de mayo de 2003 para favorecer, obviamente, al PAN en las elecciones intermedias de aquel año”.
–¿De qué número de pobres estamos hablando en México?
–El número de pobres abarca algo así como 75 por ciento de la población nacional, es decir, 80 millones de habitantes.
lunes, 20 de julio de 2009
Guanajuatización...
MARGINACIÓN En Guanajuato, 52% de la población es pobre y 20% vive en pobreza alimentaria
Murió el último abad de la Basílica
Schulenburg cuestionó en 1996 existencia de la Virgen
A los 93 años de edad murió ayer Guillermo Schulenburg Prado, abad emérito de la Basílica de Guadalupe, quien el 24 de mayo de 1996 declaró a la revista italiana 30 Giorni que la existencia de Juan Diego era “un símbolo y no una realidad”; además, aseguró que la imagen de la Virgen de Guadalupe era “producto de una mano indígena y no de un milagro”.
Al conocerse el fallecimiento, el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, lamentó lo ocurrido y pidió a los fieles católicos “elevar una plegaria al Señor y a la Santísima Virgen de Guadalupe por el eterno descanso de su alma”.
A unas horas de que se supo del deceso ocurrido en un hospital del Distrito Federal, la Arquidiócesis de México dio a conocer que hoy se realizará un par de misas. Una a las 9 de la mañana y la segunda a las 5 de la tarde, una vez que el cuerpo de Schulenburg haya sido cremado.
Será precisamente en la Basílica de Guadalupe, que Schulenburg dirigió durante más de 33 años, donde sus restos descansarán en una cripta.
En mayo de 1996 se había iniciado el proceso para suplir al abad de su cargo debido a que había cumplido 75 años, pero él se negaba a dejar ese nombramiento, bajo el argumento de que había sido concedido por el papa Juan XXIII. En ese contexto fue que Schulenburg hizo las declaraciones en torno a la existencia de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego.
Norberto Rivera ofreció días después una homilía en la Basílica y ahí aseguró que el pueblo de México se había “inquietado” por la versión del abad. “Gracias, porque estos acontecimientos han desenmascarado a aquellos que quisieran vernos divididos, sin fe y sin esperanza; sin símbolos patrios y en camino de absorción por otras culturas y otros poderes”.
Además, se sucedieron fuertes cuestionamientos para Schulenburg por el manejo de donativos y limosnas que se recibían en ese recinto mariano.
El 6 de septiembre de 1996, Schulenburg anunció que abandonaría su cargo el 31 de octubre. Ese 6 de septiembre se convirtió en el último hombre que ocupó ese puesto desde 1751. Cuando se retiró, recibió el cargo de abad emérito del principal santuario mariano de América.
A los 93 años de edad murió ayer Guillermo Schulenburg Prado, abad emérito de la Basílica de Guadalupe, quien el 24 de mayo de 1996 declaró a la revista italiana 30 Giorni que la existencia de Juan Diego era “un símbolo y no una realidad”; además, aseguró que la imagen de la Virgen de Guadalupe era “producto de una mano indígena y no de un milagro”.
Al conocerse el fallecimiento, el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, lamentó lo ocurrido y pidió a los fieles católicos “elevar una plegaria al Señor y a la Santísima Virgen de Guadalupe por el eterno descanso de su alma”.
A unas horas de que se supo del deceso ocurrido en un hospital del Distrito Federal, la Arquidiócesis de México dio a conocer que hoy se realizará un par de misas. Una a las 9 de la mañana y la segunda a las 5 de la tarde, una vez que el cuerpo de Schulenburg haya sido cremado.
Será precisamente en la Basílica de Guadalupe, que Schulenburg dirigió durante más de 33 años, donde sus restos descansarán en una cripta.
En mayo de 1996 se había iniciado el proceso para suplir al abad de su cargo debido a que había cumplido 75 años, pero él se negaba a dejar ese nombramiento, bajo el argumento de que había sido concedido por el papa Juan XXIII. En ese contexto fue que Schulenburg hizo las declaraciones en torno a la existencia de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego.
Norberto Rivera ofreció días después una homilía en la Basílica y ahí aseguró que el pueblo de México se había “inquietado” por la versión del abad. “Gracias, porque estos acontecimientos han desenmascarado a aquellos que quisieran vernos divididos, sin fe y sin esperanza; sin símbolos patrios y en camino de absorción por otras culturas y otros poderes”.
Además, se sucedieron fuertes cuestionamientos para Schulenburg por el manejo de donativos y limosnas que se recibían en ese recinto mariano.
El 6 de septiembre de 1996, Schulenburg anunció que abandonaría su cargo el 31 de octubre. Ese 6 de septiembre se convirtió en el último hombre que ocupó ese puesto desde 1751. Cuando se retiró, recibió el cargo de abad emérito del principal santuario mariano de América.
domingo, 19 de julio de 2009
Sobrevive la mitad de los mexicanos con mil 900 pesos al mes
Ángeles Cruz Martínez
La pobreza en el país ha aumentado en lo que va del sexenio. Con un ingreso mensual de mil 900 pesos en el área urbana y de mil 282 pesos en la rural, la mitad de la población estuvo el año pasado imposibilitada para cubrir sus necesidades básicas (educación, salud, alimentación, transporte). El número de mexicanos en pobreza patrimonial pasó de 46.1 millones a 50.6 millones entre 2006 y 2008, reveló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).
Un análisis del Coneval, realizado con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008, presentados el pasado 16 de julio, destaca que si bien la pobreza tuvo una tendencia decreciente entre 1992 y 2006, al pasar de 53.1 a 42.6 por ciento de personas en pobreza patrimonial, para 2008 el porcentaje subió a 47.4 puntos.
Aunque los programas sociales han sido un paliativo y servido para mejorar el acceso a algunos servicios, resultan insuficientes para aumentar los ingresos de los mexicanos y dotarlos de los satisfactores mínimos.
Destaca la situación en las zonas rurales (poblaciones con menos de 15 mil habitantes), donde 60.8 por ciento de los individuos se encontraba en pobreza patrimonial. En las áreas urbanas, el problema afectaba a 39.8 por ciento.
Como explicación de estos indicadores, el Coneval planteó que “reflejan el inicio de la situación económica adversa a nivel internacional y nacional”, aunque también admite que la superación de la pobreza pasa por “dirigir la atención a los aspectos estructurales que la originan, a la vez que se otorga prioridad a las condiciones de vida de los grupos de población más vulnerables ante el impacto negativo de los cambios en el entorno económico”.
El reporte, difundido ayer, señala que en 2008 19.5 millones de los mexicanos (18.2 por ciento) estaban en pobreza alimentaria. Sus ingresos mensuales per cápita, menores a 949 pesos en el área urbana y de 707 en la rural, les impidieron adquirir una mínima canasta alimentaria, aún si destinaran todas sus entradas a ese fin.
De esos mexicanos, 7.2 millones estaban en zonas urbanas y 12.2 millones en las rurales. En estas últimas la pobreza alimentaria afectaba a 31.8 por ciento de los habitantes.
La desigualdad en el salario también aumentó en los pasados dos años. Mientras en 2006 10 por ciento de los mexicanos más marginados concentraron 1.6 por ciento de los ingresos corrientes totales, para 2008 el porcentaje de esas percepciones se ubicó en 1.4 puntos.
En tanto, 10 por ciento de las personas con mayores ingresos del país se mantuvo con 39.3 por ciento de las percepciones totales corrientes.
Al analizar la situación de la pobreza de patrimonio en el periodo de 1992 a 2008, el reporte de Coneval indica que si bien el porcentaje disminuyó de 53.1 a 47.4, por el crecimiento poblacional el número de personas se incrementó de 46.1 a 50.6 millones. Algo similar ocurrió con la pobreza alimentaria, que en el mismo lapso pasó de 18.6 millones a 19.5 millones de personas.
Sin seguridad social, 65%
Otro indicador que da cuenta del rezago es la falta de acceso a la seguridad social, el cual se ha mantenido en el mismo nivel durante los pasados 16 años.
En 1992, 64.1 por ciento de los trabajadores no eran derechohabientes de alguna institución de seguridad social, es decir, carecían de un empleo formal. En 2008, 65.2 por ciento de la población económicamente activa estaba en la misma situación.
No obstante, en el sector de la sociedad más pobre, más de 90 por ciento no pertenece a ninguna de las instituciones de seguridad social.
En cuanto al impacto de los programas sociales, el Coneval resalta el aumento de la cobertura de servicios básicos de educación, salud y vivienda, principalmente, entre los menos favorecidos. También subraya la disminución de hogares con piso de tierra, que pasó de 22.3 a 18.9 por ciento entre 2006 y 2008.
Afirma, respecto a la cobertura de los programas sociales, que mientras 69.3 por ciento de los hogares nada tenían en 1992, el porcentaje disminuyó a 50.1 en 2006 y a 44.1 en 2008.
El mayor beneficio ha sido para 20 por ciento de los más pobres, 70 por ciento de los cuales eran beneficiarios en 2008 de alguna de las acciones sociales del gobierno federal.
Como ejemplo de la mejoría en las condiciones de salud de los mexicanos, el Coneval señala el incremento en la esperanza de vida, de 71.7 años en 1992 a 75.1 en 2008, y la reducción de la mortalidad infantil, de 31.5 a 15.2 decesos por mil nacidos vivos en el mismo periodo.
En contraste, el análisis reconoce rezagos, ya que a pesar de que la tasa bajó de 89 a 55 muertes maternas por cien mil nacidos vivos entre 1990 y 2007, todavía “está lejana la meta del milenio de 22 muertes por cada cien mil nacidos vivos que se debería cumplir para 2015”.
La pobreza en el país ha aumentado en lo que va del sexenio. Con un ingreso mensual de mil 900 pesos en el área urbana y de mil 282 pesos en la rural, la mitad de la población estuvo el año pasado imposibilitada para cubrir sus necesidades básicas (educación, salud, alimentación, transporte). El número de mexicanos en pobreza patrimonial pasó de 46.1 millones a 50.6 millones entre 2006 y 2008, reveló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).
Un análisis del Coneval, realizado con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008, presentados el pasado 16 de julio, destaca que si bien la pobreza tuvo una tendencia decreciente entre 1992 y 2006, al pasar de 53.1 a 42.6 por ciento de personas en pobreza patrimonial, para 2008 el porcentaje subió a 47.4 puntos.
Aunque los programas sociales han sido un paliativo y servido para mejorar el acceso a algunos servicios, resultan insuficientes para aumentar los ingresos de los mexicanos y dotarlos de los satisfactores mínimos.
Destaca la situación en las zonas rurales (poblaciones con menos de 15 mil habitantes), donde 60.8 por ciento de los individuos se encontraba en pobreza patrimonial. En las áreas urbanas, el problema afectaba a 39.8 por ciento.
Como explicación de estos indicadores, el Coneval planteó que “reflejan el inicio de la situación económica adversa a nivel internacional y nacional”, aunque también admite que la superación de la pobreza pasa por “dirigir la atención a los aspectos estructurales que la originan, a la vez que se otorga prioridad a las condiciones de vida de los grupos de población más vulnerables ante el impacto negativo de los cambios en el entorno económico”.
El reporte, difundido ayer, señala que en 2008 19.5 millones de los mexicanos (18.2 por ciento) estaban en pobreza alimentaria. Sus ingresos mensuales per cápita, menores a 949 pesos en el área urbana y de 707 en la rural, les impidieron adquirir una mínima canasta alimentaria, aún si destinaran todas sus entradas a ese fin.
De esos mexicanos, 7.2 millones estaban en zonas urbanas y 12.2 millones en las rurales. En estas últimas la pobreza alimentaria afectaba a 31.8 por ciento de los habitantes.
La desigualdad en el salario también aumentó en los pasados dos años. Mientras en 2006 10 por ciento de los mexicanos más marginados concentraron 1.6 por ciento de los ingresos corrientes totales, para 2008 el porcentaje de esas percepciones se ubicó en 1.4 puntos.
En tanto, 10 por ciento de las personas con mayores ingresos del país se mantuvo con 39.3 por ciento de las percepciones totales corrientes.
Al analizar la situación de la pobreza de patrimonio en el periodo de 1992 a 2008, el reporte de Coneval indica que si bien el porcentaje disminuyó de 53.1 a 47.4, por el crecimiento poblacional el número de personas se incrementó de 46.1 a 50.6 millones. Algo similar ocurrió con la pobreza alimentaria, que en el mismo lapso pasó de 18.6 millones a 19.5 millones de personas.
Sin seguridad social, 65%
Otro indicador que da cuenta del rezago es la falta de acceso a la seguridad social, el cual se ha mantenido en el mismo nivel durante los pasados 16 años.
En 1992, 64.1 por ciento de los trabajadores no eran derechohabientes de alguna institución de seguridad social, es decir, carecían de un empleo formal. En 2008, 65.2 por ciento de la población económicamente activa estaba en la misma situación.
No obstante, en el sector de la sociedad más pobre, más de 90 por ciento no pertenece a ninguna de las instituciones de seguridad social.
En cuanto al impacto de los programas sociales, el Coneval resalta el aumento de la cobertura de servicios básicos de educación, salud y vivienda, principalmente, entre los menos favorecidos. También subraya la disminución de hogares con piso de tierra, que pasó de 22.3 a 18.9 por ciento entre 2006 y 2008.
Afirma, respecto a la cobertura de los programas sociales, que mientras 69.3 por ciento de los hogares nada tenían en 1992, el porcentaje disminuyó a 50.1 en 2006 y a 44.1 en 2008.
El mayor beneficio ha sido para 20 por ciento de los más pobres, 70 por ciento de los cuales eran beneficiarios en 2008 de alguna de las acciones sociales del gobierno federal.
Como ejemplo de la mejoría en las condiciones de salud de los mexicanos, el Coneval señala el incremento en la esperanza de vida, de 71.7 años en 1992 a 75.1 en 2008, y la reducción de la mortalidad infantil, de 31.5 a 15.2 decesos por mil nacidos vivos en el mismo periodo.
En contraste, el análisis reconoce rezagos, ya que a pesar de que la tasa bajó de 89 a 55 muertes maternas por cien mil nacidos vivos entre 1990 y 2007, todavía “está lejana la meta del milenio de 22 muertes por cada cien mil nacidos vivos que se debería cumplir para 2015”.
Rebasados, programas antipobreza
La cifra de pobres en México aumentó seis millones en los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón, pese a los programas sociales impulsados para combatir la marginación y auxiliar a los que menos tienen
La cifra de pobres en México aumentó seis millones en los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón, pese a los programas sociales impulsados para combatir la marginación y auxiliar a los que menos tienen, reporta la medición más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De acuerdo con el reporte, durante el gobierno de Vicente Fox, la pobreza de patrimonio disminuyó de 53.6% a 42.6%, mientras que la alimentaria pasó de 24.1% a 13.8%.
Sin embargo, en los dos primeros años de administración calderonista las cifras se dispararon: los pobres de patrimonio aumentaron de 42.6% a 47.4% y los que no tenían ni para comer, de 13.8% a 18.2%.
Es decir, los 44.7 millones de mexicanos que no tenían los ingresos suficientes para satisfacer necesidades básicas como salud, alimentación, vivienda, vestido, transporte y educación en 2006, se convirtieron en 50.5 millones en 2008.
Esto a pesar de que Felipe Calderón ha conservado el mismo programa social estrella de los gobiernos panistas, Oportunidades, el cual atiende a cinco millones de familias, pero no tiene planeado aumentar su padrón de beneficiarios.
El Coneval alertó que aunque se reconoce el avance de los programas sociales, “la pobreza por ingresos sigue siendo elevada y aumentó debido al entorno económico adverso a nivel internacional y nacional”.
La medición de ese organismo público descentralizado especifica que cada uno de los 50.5 millones de pobres de patrimonio que había el año pasado tenía un ingreso mensual inferior a mil 905 pesos en áreas urbanas y menor a mil 282 pesos en zonas rurales.
De los pobres alimentarios, la mayor parte, 12.2 millones, vive en zonas rurales con un ingreso mensual per cápita menor a 707 pesos, y el resto —7.2 millones— vive en ciudades con ingresos de 949 pesos. “Cualquier ingreso inferior a esa cantidad se considera insuficiente para adquirir una mínima canasta alimentaria, aun si se destinaran todos los ingresos nada más a ese propósito”, consideró el Coneval.
Al conocerse las mediciones de pobreza, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reconoció el aumento en número de pobres, pero resaltó sus programas sociales como Oportunidades, 70 y más, Empleo Temporal, así como el de estancias infantiles, que fue calificado por especialistas y legisladores como “guarderías changarro” debido a las mínimas medidas de seguridad.
Incluso, señaló que de no existir los programas sociales habría 2.6 millones más en pobreza alimentaria.
La cifra de pobres en México aumentó seis millones en los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón, pese a los programas sociales impulsados para combatir la marginación y auxiliar a los que menos tienen, reporta la medición más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De acuerdo con el reporte, durante el gobierno de Vicente Fox, la pobreza de patrimonio disminuyó de 53.6% a 42.6%, mientras que la alimentaria pasó de 24.1% a 13.8%.
Sin embargo, en los dos primeros años de administración calderonista las cifras se dispararon: los pobres de patrimonio aumentaron de 42.6% a 47.4% y los que no tenían ni para comer, de 13.8% a 18.2%.
Es decir, los 44.7 millones de mexicanos que no tenían los ingresos suficientes para satisfacer necesidades básicas como salud, alimentación, vivienda, vestido, transporte y educación en 2006, se convirtieron en 50.5 millones en 2008.
Esto a pesar de que Felipe Calderón ha conservado el mismo programa social estrella de los gobiernos panistas, Oportunidades, el cual atiende a cinco millones de familias, pero no tiene planeado aumentar su padrón de beneficiarios.
El Coneval alertó que aunque se reconoce el avance de los programas sociales, “la pobreza por ingresos sigue siendo elevada y aumentó debido al entorno económico adverso a nivel internacional y nacional”.
La medición de ese organismo público descentralizado especifica que cada uno de los 50.5 millones de pobres de patrimonio que había el año pasado tenía un ingreso mensual inferior a mil 905 pesos en áreas urbanas y menor a mil 282 pesos en zonas rurales.
De los pobres alimentarios, la mayor parte, 12.2 millones, vive en zonas rurales con un ingreso mensual per cápita menor a 707 pesos, y el resto —7.2 millones— vive en ciudades con ingresos de 949 pesos. “Cualquier ingreso inferior a esa cantidad se considera insuficiente para adquirir una mínima canasta alimentaria, aun si se destinaran todos los ingresos nada más a ese propósito”, consideró el Coneval.
Al conocerse las mediciones de pobreza, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reconoció el aumento en número de pobres, pero resaltó sus programas sociales como Oportunidades, 70 y más, Empleo Temporal, así como el de estancias infantiles, que fue calificado por especialistas y legisladores como “guarderías changarro” debido a las mínimas medidas de seguridad.
Incluso, señaló que de no existir los programas sociales habría 2.6 millones más en pobreza alimentaria.
sábado, 18 de julio de 2009
Niegan apoyos a atleta indígena destacada
Es muy pobre y corre descalza; en riesgo, su participación en las olimpiadas infantiles de Grecia
Carlos Camacho
Corresponsal
Huejutla, Hgo., 17 de julio. Es una niña nahua de la Huasteca. Desde los nueve años practica atletismo; en cinco años de actividad ha cosechado siete medallas en competencias atléticas, lo que le ha valido su pase a las olimpiadas infantiles de Grecia, pero su participación está en duda, pues no cuenta con apoyos; su familia es pobre y apenas tiene para sobrevivir.
Viviana Yuridia Esteban Hernández corre descalza desde que comenzó a competir. Las carencias en el hogar no han sido obstáculo para sus deseos de trascender en el deporte.
Vive en Hueynali, comunidad de Panacaxtlán, localidad fundada en 1645. Apenas hace pocos años sus habitantes conocieron una carretera y supieron lo que es el servicio de drenaje. El agua la toman de los arroyos, pues no hay sistema de líquido potable.
La vivienda de Viviana es de ramas de árbol de otate cubiertas con lodo. Tiene una sola pieza, que hace las veces de sala, comedor, cocina y recámara. Afuera, la letrina. Eso sí, ya cuenta con piso firme.
Santos Julián Esteban y María Mónica Hernández son padres de cuatro hijos. Viviana es la más pequeña. Orgullo de la comunidad.
El padre de familia recuerda que hace 14 años, precisamente cuando nació Viviana Yuridia, 45 familias fueron desalojadas violentamente de sus predios, “sólo –asegura– por militar en la UNORCA (Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas)”, lo que lo orilló a “vivir” durante 55 días afuera de la catedral de Huejutla.
El entonces gobernador, Jesús Murillo Karam, ayudó a resolver el problema y ordenó que quienes los expulsaron les regresaran sus predios y les construyeran sus casas.
Esa situación provocó que Viviana tuviera problemas de aprendizaje, que con el tiempo ha superado; ahora cursa de manera “normal” la secundaria.
El gusto por el atletismo lo heredó de su padre, quien en 1975 fue medallista estatal en la prueba de caminata.
El progenitor sostiene: “mi hija tiene y puede ser una buena atleta”. Pero se desanima cuando habla de la falta de apoyos. “Nos han dicho que busquemos patrocinio, pero no lo encontramos.”
Lamenta que en el país escasee el respaldo para deportistas de alto rendimiento, como ocurre con Viviana Yuridia, quien tiene facultades y posibilidades de ser una brillante atleta, pero los recursos son mínimos en una zona considerada entre las más pobres del país, la Huasteca hidalguense, con 75 por ciento de su población indígena, hablante de la lengua náhuatl y con severos problemas de marginación y extrema pobreza.
Viviana se emociona cuando habla sobre haber sido seleccionada para ir a las olimpiadas infantiles de Grecia en 2010, pero luego se entristece, cuando reconoce que no hay ayuda, por más que la han buscado. Alberga una leve esperanza de que quienes promueven el deporte en Hidalgo volteen a mirarla y la apoyen. A cambio, ofrece “dar lo mejor de mí, para poner en alto a México”.
Carlos Camacho
Corresponsal
Huejutla, Hgo., 17 de julio. Es una niña nahua de la Huasteca. Desde los nueve años practica atletismo; en cinco años de actividad ha cosechado siete medallas en competencias atléticas, lo que le ha valido su pase a las olimpiadas infantiles de Grecia, pero su participación está en duda, pues no cuenta con apoyos; su familia es pobre y apenas tiene para sobrevivir.
Viviana Yuridia Esteban Hernández corre descalza desde que comenzó a competir. Las carencias en el hogar no han sido obstáculo para sus deseos de trascender en el deporte.
Vive en Hueynali, comunidad de Panacaxtlán, localidad fundada en 1645. Apenas hace pocos años sus habitantes conocieron una carretera y supieron lo que es el servicio de drenaje. El agua la toman de los arroyos, pues no hay sistema de líquido potable.
La vivienda de Viviana es de ramas de árbol de otate cubiertas con lodo. Tiene una sola pieza, que hace las veces de sala, comedor, cocina y recámara. Afuera, la letrina. Eso sí, ya cuenta con piso firme.
Santos Julián Esteban y María Mónica Hernández son padres de cuatro hijos. Viviana es la más pequeña. Orgullo de la comunidad.
El padre de familia recuerda que hace 14 años, precisamente cuando nació Viviana Yuridia, 45 familias fueron desalojadas violentamente de sus predios, “sólo –asegura– por militar en la UNORCA (Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas)”, lo que lo orilló a “vivir” durante 55 días afuera de la catedral de Huejutla.
El entonces gobernador, Jesús Murillo Karam, ayudó a resolver el problema y ordenó que quienes los expulsaron les regresaran sus predios y les construyeran sus casas.
Esa situación provocó que Viviana tuviera problemas de aprendizaje, que con el tiempo ha superado; ahora cursa de manera “normal” la secundaria.
El gusto por el atletismo lo heredó de su padre, quien en 1975 fue medallista estatal en la prueba de caminata.
El progenitor sostiene: “mi hija tiene y puede ser una buena atleta”. Pero se desanima cuando habla de la falta de apoyos. “Nos han dicho que busquemos patrocinio, pero no lo encontramos.”
Lamenta que en el país escasee el respaldo para deportistas de alto rendimiento, como ocurre con Viviana Yuridia, quien tiene facultades y posibilidades de ser una brillante atleta, pero los recursos son mínimos en una zona considerada entre las más pobres del país, la Huasteca hidalguense, con 75 por ciento de su población indígena, hablante de la lengua náhuatl y con severos problemas de marginación y extrema pobreza.
Viviana se emociona cuando habla sobre haber sido seleccionada para ir a las olimpiadas infantiles de Grecia en 2010, pero luego se entristece, cuando reconoce que no hay ayuda, por más que la han buscado. Alberga una leve esperanza de que quienes promueven el deporte en Hidalgo volteen a mirarla y la apoyen. A cambio, ofrece “dar lo mejor de mí, para poner en alto a México”.
Mineras de Canadá en México: poca inversión, grandes utilidades
Una sola empresa concentra un tercio de la producción total de oro, según la Camimex
Los beneficios para las compañías crecen mientras la pobreza en las comunidades se extiende
Israel Rodríguez J.
Aunque Canadá se ubicó en el cuarto lugar en cuanto al monto de inversión en el sector minero durante el presente sexenio, las compañías canadienses han obtenido las mayores utilidades del negocio debido a que poseen los proyectos más rentables en la exploración, desarrollo y producción de minas de oro y plata, entre otros minerales. Solamente una empresa minera canadiense Goldcorp Inc concentra una tercera parte de la producción total de oro en México.
Según la Cámara Minera de México (Camimex) la mina de oro Los Filos, en el estado de Guerrero, produjo 213 mil 600 onzas de oro (más de seis toneladas); en tanto, El Sauzal, en Chihuahua, alcanzó las 274 mil 100 onzas (8.5 toneladas). Sumando las 86 mil 700 onzas de oro producidas en la unidad Tayoltita y las 20 mil onzas del proyecto Peñasquito, que en mayo de 2008 inició en etapa pre-operativa la lixiviación de mineral oxidado, Goldcorp Inc, propietaria de estas cuatro unidades, se convierte en la mayor productora de oro en México, representando 36 por ciento de la producción minera nacional, que tuvo un valor total en 2008 de cerca de 92 mil millones de pesos.
En lo que va del sexenio, las firmas mineras canadienses en México han invertido 258.3 millones de dólares en proyectos de explotación de oro y plata, lo que representa apenas 4.7 por ciento del total de las inversiones realizadas por empresas extranjeras en ese sector, que se calculan en 5 mil 403 millones de dólares, según informes de la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía (SE).
Los informes oficiales precisan que entre el cuarto trimestre de 2006, cuando inició la gestión del presidente Felipe Calderón y el segundo trimestre de 2009, las compañías de Canadá se ubicaron por debajo de las inversiones de Estados Unidos (610.7 millones de dólares), Reino Unido (753.4) e Islas Vírgenes (2 mil 143 millones), seguidas por Canadá con 258.3 millones de dólares, entre otros países.
En México el sector de la minería presenta contradicciones abismales, dado que una gran parte de los principales proyectos de exploración, desarrollo y producción se lleva a cabo en los estados más pobres del país.
Las ganancias siempre han sido enormes mientras que la pobreza en aquellas comunidades sigue extendiéndose. En enero de 2008, la mina de oro Los Filos, de la empresa canadiense Goldcorp Inc, inició operaciones en el estado de Guerrero, habiendo producido 213 mil 600 onzas de oro (más de seis toneladas). En este mismo mes, el proyecto Peñasquito de la misma firma en Zacatecas, vertió la primera barra de oro, proveniente de la lixiviación de mineral oxidado.
En noviembre, la mina de oro y plata Dolores, en el estado de Chihuahua, propiedad de la canadiense Minefinders Corporation, obtuvo su primera barra doré y durante todo 2008 produjo las primeras 3 mil onzas de oro y 57 mil 400 onzas de plata.
De acuerdo a los informes pormenorizados sobre la situación de la minería mexicana el año pasado, elaborados por la Cámara Minera de México, existen diversos ejemplos de la participación de las empresas de Canadá en México, como es el caso de la compañía Great Panther, la cual produjo 1.2 millones de onzas de plata, 6 mil 300 onzas de oro, 876 toneladas de plomo y mil 74 toneladas de zinc, provenientes de sus minas en Durango y Guanajuato.
Otros son la mina de oro El Chanate en Sonora, de Capital Gold; la mina El Castillo, propiedad de Castle Gold, localizada en el estado de Durango y también productora de oro; las minas polimetálicas Cozamín, en Zacatecas, propiedad de Capstone Mining Corp y Zacualpan, en el estado de México, de Impact Silver Corp Endeavour Silver Corporation obtuvo una producción de 485 mil onzas de plata y 4 mil 300 onzas de oro de su unidad minera Bolañitos, en Guanajuato, y 1.8 millones de onzas de plata de su mina Guanaceví, en Durango.
Scorpio Mining Corp, propietaria de la mina Nuestra Señora, en Sinaloa, inició pruebas operativas a finales de 2008 y producirá concentrados de cobre, plomo y zinc con contenidos de plata. Tara Gold anunció el inicio de operaciones en las minas Lluvia de Oro, en Sonora, Don Ramón y Lourdes, en Sinaloa, productoras de oro, plata, plomo y zinc.
Durante el año pasado, la producción mundial de oro experimentó un ligero descenso de 3.6 por ciento para sumar un total de 2 mil 356 toneladas (76 millones de onzas). Por segundo año consecutivo China fue el mayor productor con un total de 288 toneladas, seguido por Estados Unidos con 234 toneladas y Sudáfrica con 232.
En el caso de México, el grupo de metales preciosos se ubicó en el renglón con el mejor comportamiento dentro de la industria minera durante 2008. Por primera vez, el valor de la producción de oro fue superior al valor de la producción de plata, al alcanzar 16 por ciento del valor total de la producción minero-metalúrgica del país.
La producción minera de oro ascendió a 49.6 toneladas (un millón 595 mil onzas), lo que representó un crecimiento de 13.6 por ciento respecto de 2007 y con ello, se alcanzó un máximo histórico en la producción nacional de este metal, con lo cual México quedó en la decimotercera posición como productor mundial de oro
Los beneficios para las compañías crecen mientras la pobreza en las comunidades se extiende
Israel Rodríguez J.
Aunque Canadá se ubicó en el cuarto lugar en cuanto al monto de inversión en el sector minero durante el presente sexenio, las compañías canadienses han obtenido las mayores utilidades del negocio debido a que poseen los proyectos más rentables en la exploración, desarrollo y producción de minas de oro y plata, entre otros minerales. Solamente una empresa minera canadiense Goldcorp Inc concentra una tercera parte de la producción total de oro en México.
Según la Cámara Minera de México (Camimex) la mina de oro Los Filos, en el estado de Guerrero, produjo 213 mil 600 onzas de oro (más de seis toneladas); en tanto, El Sauzal, en Chihuahua, alcanzó las 274 mil 100 onzas (8.5 toneladas). Sumando las 86 mil 700 onzas de oro producidas en la unidad Tayoltita y las 20 mil onzas del proyecto Peñasquito, que en mayo de 2008 inició en etapa pre-operativa la lixiviación de mineral oxidado, Goldcorp Inc, propietaria de estas cuatro unidades, se convierte en la mayor productora de oro en México, representando 36 por ciento de la producción minera nacional, que tuvo un valor total en 2008 de cerca de 92 mil millones de pesos.
En lo que va del sexenio, las firmas mineras canadienses en México han invertido 258.3 millones de dólares en proyectos de explotación de oro y plata, lo que representa apenas 4.7 por ciento del total de las inversiones realizadas por empresas extranjeras en ese sector, que se calculan en 5 mil 403 millones de dólares, según informes de la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía (SE).
Los informes oficiales precisan que entre el cuarto trimestre de 2006, cuando inició la gestión del presidente Felipe Calderón y el segundo trimestre de 2009, las compañías de Canadá se ubicaron por debajo de las inversiones de Estados Unidos (610.7 millones de dólares), Reino Unido (753.4) e Islas Vírgenes (2 mil 143 millones), seguidas por Canadá con 258.3 millones de dólares, entre otros países.
En México el sector de la minería presenta contradicciones abismales, dado que una gran parte de los principales proyectos de exploración, desarrollo y producción se lleva a cabo en los estados más pobres del país.
Las ganancias siempre han sido enormes mientras que la pobreza en aquellas comunidades sigue extendiéndose. En enero de 2008, la mina de oro Los Filos, de la empresa canadiense Goldcorp Inc, inició operaciones en el estado de Guerrero, habiendo producido 213 mil 600 onzas de oro (más de seis toneladas). En este mismo mes, el proyecto Peñasquito de la misma firma en Zacatecas, vertió la primera barra de oro, proveniente de la lixiviación de mineral oxidado.
En noviembre, la mina de oro y plata Dolores, en el estado de Chihuahua, propiedad de la canadiense Minefinders Corporation, obtuvo su primera barra doré y durante todo 2008 produjo las primeras 3 mil onzas de oro y 57 mil 400 onzas de plata.
De acuerdo a los informes pormenorizados sobre la situación de la minería mexicana el año pasado, elaborados por la Cámara Minera de México, existen diversos ejemplos de la participación de las empresas de Canadá en México, como es el caso de la compañía Great Panther, la cual produjo 1.2 millones de onzas de plata, 6 mil 300 onzas de oro, 876 toneladas de plomo y mil 74 toneladas de zinc, provenientes de sus minas en Durango y Guanajuato.
Otros son la mina de oro El Chanate en Sonora, de Capital Gold; la mina El Castillo, propiedad de Castle Gold, localizada en el estado de Durango y también productora de oro; las minas polimetálicas Cozamín, en Zacatecas, propiedad de Capstone Mining Corp y Zacualpan, en el estado de México, de Impact Silver Corp Endeavour Silver Corporation obtuvo una producción de 485 mil onzas de plata y 4 mil 300 onzas de oro de su unidad minera Bolañitos, en Guanajuato, y 1.8 millones de onzas de plata de su mina Guanaceví, en Durango.
Scorpio Mining Corp, propietaria de la mina Nuestra Señora, en Sinaloa, inició pruebas operativas a finales de 2008 y producirá concentrados de cobre, plomo y zinc con contenidos de plata. Tara Gold anunció el inicio de operaciones en las minas Lluvia de Oro, en Sonora, Don Ramón y Lourdes, en Sinaloa, productoras de oro, plata, plomo y zinc.
Durante el año pasado, la producción mundial de oro experimentó un ligero descenso de 3.6 por ciento para sumar un total de 2 mil 356 toneladas (76 millones de onzas). Por segundo año consecutivo China fue el mayor productor con un total de 288 toneladas, seguido por Estados Unidos con 234 toneladas y Sudáfrica con 232.
En el caso de México, el grupo de metales preciosos se ubicó en el renglón con el mejor comportamiento dentro de la industria minera durante 2008. Por primera vez, el valor de la producción de oro fue superior al valor de la producción de plata, al alcanzar 16 por ciento del valor total de la producción minero-metalúrgica del país.
La producción minera de oro ascendió a 49.6 toneladas (un millón 595 mil onzas), lo que representó un crecimiento de 13.6 por ciento respecto de 2007 y con ello, se alcanzó un máximo histórico en la producción nacional de este metal, con lo cual México quedó en la decimotercera posición como productor mundial de oro
viernes, 17 de julio de 2009
Canadienses, con 70% de minas de oro y plata en México
En otros países las concesiones tardan en entregarse hasta 10 años y aquí ocho meses
Más de 70% de proyectos mineros en el país son de firmas canadienses
La presencia de esas empresas se debe a la flexibilización de la ley de inversión extranjera
Habitantes de comunidades se quejan de daños ecológicos y a la salud de los pobladores
Las empresas mineras de Canadá (con una larga lista de consecuencias sobre el medio ambiente y las comunidades donde operan), poseen más de 70 por ciento de los proyectos de exploración, desarrollo y producción de metales preciosos como oro y plata del total de las empresas con capital extranjero que operan en México, según revelan informes de la Secretaría de Economía (SE).
Pese a los efectos devastadores donde operan las empresas canadienses, como en el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí, las autoridades esperan que la producción anual global de oro en el país alcance las 70 toneladas, gracias a proyectos como Peñasquito, Zacatecas; Dolores, Pinos Altos y Palmarejo, en Chihuahua, entre otros, los cuales en su mayoría son realizados por empresas del país de la hoja de maple.
La gran presencia de las empresas mineras canadienses en México se debe a la apertura y a la flexibilización de las diversas normas de inversión extranjera después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio durante la gestión del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En 1993 se cambió la Ley Minera que databa de 1961 y empezó la apertura del sector minero al capital extranjero, al eliminar la normatividad que exigía que se asociara con capital nacional en una proporción de 49-51 por ciento.
Diversos estudios han concluido que en otros países las concesiones mineras se otorgan luego de un largo proceso que puede tardar entre ocho y 10 años, que incluye la realización de audiencias públicas y foros en los que diversos grupos involucrados con el tema exponen sus puntos de vista con respecto al proyecto. En cambio, en México el proceso de concesión es cerrado y centralizado, con la competencia del gobierno federal, y se puede resolver en un plazo de solamente ocho meses.
La devastación ambiental y las violaciones de las empresas mineras canadienses han sido ampliamente documentadas en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, la República Democrática del Congo, Papua Nueva Guinea, Tanzania, India, Indonesia, Zambia y Sudán.
Desde 2001, la investigadora Adriana Estrada, con la colaboración de Helena Hofbauer, documentaron para FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, algunos de los daños ambientales ocasionados en México por las mineras canadienses, consideradas líderes en este sector. En octubre de 1996 se registró el derrame de mil litros de cianuro en el arroyo El Venero, municipio de Moris, en Chihuahua. La empresa responsable de este derrame fue Manhattan Mining.
Otro caso fue el ocurrido en febrero de 2000 en el ejido de Piedras Verdes, también en Chihuahua, donde se acusó a la empresa Glamis Ltd de verter altas concentraciones de cianuro en el cauce del río Urique. Glamis Ltd opera conjuntamente con Metallica, la emblemática Minera San Xavier.
En Sonora, para la explotación de la mina La Colorada, de la empresa canadiense El Dorado Gold Corporation, se encontró que las negociaciones con las comunidades afectadas se habían llevado a cabo de manera irregular, con una clara falta de información. Gold Corp Inc también tiene actualmente otros proyectos de producción de oro y plata en El Sauzal, Chihuahua; San Dimas, en Durango, y Los Filos Bermejal y Nukay, ambos en Guerrero.
Alianza ciudadana
Uno de los proyectos más controvertidos es el de la mina San Xavier, en Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, propiedad de las empresas canadienses Metallica Resources Inc y Glamis Gold Ltd, cuyos procedimientos de explotación agresivos, como explosiones con dinamita o uso de cianuro para destilados, con la consecuente contaminación de los mantos freáticos del subsuelo y la depredación del medio y del paisaje natural, originaron la coalición de 16 grupos, organizaciones y partidos políticos en una alianza ciudadana opositora.
Para minimizar las protestas de la población de San Pedro por la explotación depredadora, que incluso cambiara la fisonomía del cerro que da nombre a la localidad y que está en el escudo del estado, la empresa canadiense ofreció dotar de casa a los 400 trabajadores que participan en las tareas de mejoramiento de los caminos; se han electrificado 10 comunidades cercanas, y en algunos casos se les ha dotado de agua potable y se les ofrece consulta médica gratuita, entre otros beneficios.
Además de las mineras, operan en México corporaciones como Scotiabank, TransAlta, Transcontinental, Magna Internacional, Palliser, Presion Drilling, Fairmount y hoteles Four Seasons.
Según los datos de la Dirección General de Promoción Minera y de la Dirección de Promoción de Proyectos de la Secretaría de Economía, existen, al primer semestre de 2009, 263 empresas mineras con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolios de 677 proyectos en total.
Del total de esas empresas, 198 (75 por ciento) son de Canadá, 39 de Estados Unidos (15 por ciento); siete de Reino Unido (3 por ciento); cinco de Australia (2 por ciento); tres (uno por ciento) de Japón; China y Corea, dos empresas cada una (cerca de uno por ciento), y Suiza, Luxemburgo, Chile, India, Italia, Holanda y Perú con una empresa cada uno.
Son 26 los estados de la república mexicana en los que hay presencia de empresas con capital extranjero, en su mayoría canadienses, realizando trabajos de minería. El mayor número de proyectos se concentra en Sonora, con 163, Chihuahua con 101, Durango con 73, Sinaloa igualmente con 73, Zacatecas con 50, Jalisco 41, Oaxaca 32, Baja California, Nayarit y Guerrero con 15 cada uno, Guanajuato 11, Michoacán y San Luis Potosí con 12, Chiapas nueve, Coahuila ocho, estado de México siete, Puebla con seis, Nuevo León y Querétaro con cinco, Baja California Sur y Colima con siete e Hidalgo con tres; finalmente, con dos para cada uno de los estados de Morelos, Tamaulipas y Veracruz.
Más de 70% de proyectos mineros en el país son de firmas canadienses
La presencia de esas empresas se debe a la flexibilización de la ley de inversión extranjera
Habitantes de comunidades se quejan de daños ecológicos y a la salud de los pobladores
Las empresas mineras de Canadá (con una larga lista de consecuencias sobre el medio ambiente y las comunidades donde operan), poseen más de 70 por ciento de los proyectos de exploración, desarrollo y producción de metales preciosos como oro y plata del total de las empresas con capital extranjero que operan en México, según revelan informes de la Secretaría de Economía (SE).
Pese a los efectos devastadores donde operan las empresas canadienses, como en el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí, las autoridades esperan que la producción anual global de oro en el país alcance las 70 toneladas, gracias a proyectos como Peñasquito, Zacatecas; Dolores, Pinos Altos y Palmarejo, en Chihuahua, entre otros, los cuales en su mayoría son realizados por empresas del país de la hoja de maple.
La gran presencia de las empresas mineras canadienses en México se debe a la apertura y a la flexibilización de las diversas normas de inversión extranjera después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio durante la gestión del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En 1993 se cambió la Ley Minera que databa de 1961 y empezó la apertura del sector minero al capital extranjero, al eliminar la normatividad que exigía que se asociara con capital nacional en una proporción de 49-51 por ciento.
Diversos estudios han concluido que en otros países las concesiones mineras se otorgan luego de un largo proceso que puede tardar entre ocho y 10 años, que incluye la realización de audiencias públicas y foros en los que diversos grupos involucrados con el tema exponen sus puntos de vista con respecto al proyecto. En cambio, en México el proceso de concesión es cerrado y centralizado, con la competencia del gobierno federal, y se puede resolver en un plazo de solamente ocho meses.
La devastación ambiental y las violaciones de las empresas mineras canadienses han sido ampliamente documentadas en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, la República Democrática del Congo, Papua Nueva Guinea, Tanzania, India, Indonesia, Zambia y Sudán.
Desde 2001, la investigadora Adriana Estrada, con la colaboración de Helena Hofbauer, documentaron para FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, algunos de los daños ambientales ocasionados en México por las mineras canadienses, consideradas líderes en este sector. En octubre de 1996 se registró el derrame de mil litros de cianuro en el arroyo El Venero, municipio de Moris, en Chihuahua. La empresa responsable de este derrame fue Manhattan Mining.
Otro caso fue el ocurrido en febrero de 2000 en el ejido de Piedras Verdes, también en Chihuahua, donde se acusó a la empresa Glamis Ltd de verter altas concentraciones de cianuro en el cauce del río Urique. Glamis Ltd opera conjuntamente con Metallica, la emblemática Minera San Xavier.
En Sonora, para la explotación de la mina La Colorada, de la empresa canadiense El Dorado Gold Corporation, se encontró que las negociaciones con las comunidades afectadas se habían llevado a cabo de manera irregular, con una clara falta de información. Gold Corp Inc también tiene actualmente otros proyectos de producción de oro y plata en El Sauzal, Chihuahua; San Dimas, en Durango, y Los Filos Bermejal y Nukay, ambos en Guerrero.
Alianza ciudadana
Uno de los proyectos más controvertidos es el de la mina San Xavier, en Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, propiedad de las empresas canadienses Metallica Resources Inc y Glamis Gold Ltd, cuyos procedimientos de explotación agresivos, como explosiones con dinamita o uso de cianuro para destilados, con la consecuente contaminación de los mantos freáticos del subsuelo y la depredación del medio y del paisaje natural, originaron la coalición de 16 grupos, organizaciones y partidos políticos en una alianza ciudadana opositora.
Para minimizar las protestas de la población de San Pedro por la explotación depredadora, que incluso cambiara la fisonomía del cerro que da nombre a la localidad y que está en el escudo del estado, la empresa canadiense ofreció dotar de casa a los 400 trabajadores que participan en las tareas de mejoramiento de los caminos; se han electrificado 10 comunidades cercanas, y en algunos casos se les ha dotado de agua potable y se les ofrece consulta médica gratuita, entre otros beneficios.
Además de las mineras, operan en México corporaciones como Scotiabank, TransAlta, Transcontinental, Magna Internacional, Palliser, Presion Drilling, Fairmount y hoteles Four Seasons.
Según los datos de la Dirección General de Promoción Minera y de la Dirección de Promoción de Proyectos de la Secretaría de Economía, existen, al primer semestre de 2009, 263 empresas mineras con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolios de 677 proyectos en total.
Del total de esas empresas, 198 (75 por ciento) son de Canadá, 39 de Estados Unidos (15 por ciento); siete de Reino Unido (3 por ciento); cinco de Australia (2 por ciento); tres (uno por ciento) de Japón; China y Corea, dos empresas cada una (cerca de uno por ciento), y Suiza, Luxemburgo, Chile, India, Italia, Holanda y Perú con una empresa cada uno.
Son 26 los estados de la república mexicana en los que hay presencia de empresas con capital extranjero, en su mayoría canadienses, realizando trabajos de minería. El mayor número de proyectos se concentra en Sonora, con 163, Chihuahua con 101, Durango con 73, Sinaloa igualmente con 73, Zacatecas con 50, Jalisco 41, Oaxaca 32, Baja California, Nayarit y Guerrero con 15 cada uno, Guanajuato 11, Michoacán y San Luis Potosí con 12, Chiapas nueve, Coahuila ocho, estado de México siete, Puebla con seis, Nuevo León y Querétaro con cinco, Baja California Sur y Colima con siete e Hidalgo con tres; finalmente, con dos para cada uno de los estados de Morelos, Tamaulipas y Veracruz.
Verde de México un partido “camaleón”
¿Qué tan verde es el Partido Verde? Analistas aseguran que es todo menos un partido político comprometido con la ecología. Somos 100% ambientalistas, responde el PVEM
El “Partido Verde” en México es todo menos un instituto político ecologista vinculado con la sociedad que defiende las causas ambientales, como sus contrapartes de Europa o de América Latina
Expertos y ambientalistas coinciden que el Verde es una “franquicia familiar” supeditada a intereses políticos de sus aliados electorales. “Es negocio familiar” que se ha aprovechado de sus alianzas y la ingenuidad de la sociedad por medio de propaganda ilegal para ganar posiciones en el Congreso, indican el analista Alfonso Zárate y el politólogo Sergio Aguayo.
Desde su fundación en 1986 bajo el mando del ex priísta Jorge González Torres, ese instituto político ha tenido un comportamiento basado en el pragmatismo de aprovechar a sus aliados, subraya Zárate Flores.
“En el 2000 fueron con el presidente Vicente Fox (PAN); de 2003 a la fecha han ido acompañando al PRI. Es decir, ha sido oportunista en cada elección”, añade.
Desde antes de los comicios del pasado 5 de julio, el partido que encabeza Jorge Emilio González Martínez (desde el año 2001), ha sido criticado por organismos de derechos humanos y civiles e incluso por otros partidos políticos en su pretensión de reinstaurar la pena capital contra asesinos y secuestradores.
La propuesta le costó, el 10 de febrero, el desconocimiento del Partido Verde Europeo —que agrupa a 36 institutos políticos ecologistas de ese continente— y un serio cuestionamiento a su identidad ideológica.
El senador del PVEM Jorge Legorreta defiende a su partido al señalar que “somos tan verdes” como cualquier partido de Europa.
Insiste en que el Verde es un partido 100% ambientalista. “No hemos descuidado el tema ambiental, 95% de la legislación ambiental ha sido a propuesta en las dos cámaras del Verde”, afirma.
Pero para Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México, el partido es un “camaleón” que retoma iniciativas ambientales, aunque cuando las impulsa en la Cámara de Diputados se pierden por falta de seguimiento.
“No tenemos un partido verde en el Congreso. Tenemos un partido que se mueve con un discurso verde, que se apropia de iniciativas de las ONG, pero no lleva hasta las últimas consecuencias la pelea ambiental porque está muy comprometido con alianzas políticas”, dice.
Ideología fascista
Raúl Trejo Delarbre, experto del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, advierte que contrario a la ideología liberal y progresista de los partidos verdes en todo el mundo, el mexicano tiene una doctrina conservadora e incluso aplica prácticas “fascistas”.
El catedrático de El Colegio de México Sergio Aguayo, quien interpuso una queja ante el Instituto Federal Electoral (IFE) por la propaganda engañosa del Partido Verde, abunda que de “verde” sólo tiene el color.
Incluso, refiere, ya fue expulsado de la Global Verde de partidos europeos, por impulsar la pena capital para secuestradores y asesinos abolida en la Constitución mexicana y prohibida en tratados internacionales que México ha suscrito.
La historia
El partido, propiedad de la familia González, nació en 1986 y su origen fue la organización no gubernamental Alianza Ecologista Nacional en pro del Ambiente. “Si no era posible concientizar a las autoridades sobre aspectos ecológicos, entonces buscaríamos ser gobierno para actuar en consecuencia”, señaló en ese entonces el fundador de este partido, Jorge González Torres.
De acuerdo con su biografía, González Torres es un ecologista formado en el PRI, dueño de la cadena de farmacias El Fénix y hermano de Víctor González Torres, empresario farmacéutico mejor conocido como el Doctor Simi.
En 1987 fundó el Partido Verde de México (PVM) para participar en los comicios de 1988; al no alcanzar su registro como partido, se integró con el Frente Democrático Nacional que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato presidencial.
En 1991 cambió su denominación por la de Partido Ecologista de México, pero perdió su registro al no alcanzar 1.5% de la votación requerida en ese momento.
En la elección federal de 1994, ya como Partido Verde Ecologista de México (PVEM) postuló a Jorge González Torres como su candidato presidencial.
Luego de una década en la presidencia del partido (1991-2001) el empresario ecologista heredó la estafeta a su hijo Jorge Emilio González Martínez, señala el politólogo de la UNAM Ulises Corona, quien agrega que al interior se han manejado como un grupo de amigos.
González Martínez, el Niño Verde, es nieto del ex gobernador de Tamaulipas Emilio Martínez Manautou. Es aficionado al deporte, los zapatos Gucci, los trajes Armani y la comida “exótica”. Sus primeros pasos en política los dio a lado de su padre, quien lo impulsó como diputado local, senador y diputado federal.
El Niño Verde
Para los ambientalistas, Jorge Emilio ha mostrado su desconocimiento del tema en varias ocasiones. En 1998, en una entrevista con Katia D’Artigues confundió la composta con la separación de basura y aseguró que sí llevaba una vida ecológica, pues siempre que veía un grillo en su casa, lo sacaba al jardín.
También ha enfrentado acusaciones de corrupción en supuestos actos ilícitos. En 2004, fue exhibido “negociando” el trámite de permisos para un complejo turístico en Cancún, Quintana Roo, por un valor de 2 millones de dólares.
“Yo quería ver qué tan lejos podían llegar estas personas... Quería saber cuál era la capacidad de estos cuates para influir en la autoridad, para conseguir los permisos”, dijo en entrevista con Carlos Loret en el programa de radio Hoy por hoy.
Otra de sus aficiones es pedir encuestas para conocer la intención de voto y negociar con otros partidos. En 2000, se aliaron al PAN de la mano de Vicente Fox; en 2003 suscribieron una coalición parcial con el PRI, que repitieron en 2006, con Roberto Madrazo, y este año en una alianza parcial otra vez con el PRI.
Incluso a nivel estatal se ha aliado con el Partido Nueva Alianza (Panal), que dirige su ex compañero de partido Jorge Kahwagi.
Sus números y camisetas
De 1997 a 2009 el Partido Verde ha recibido 2 mil 717 millones 151 mil 708 pesos de financiamiento público.
En 2006, el Verde se alió al PRI; eso le representó seis senadores, 17 diputados, dos legisladores locales y ocho diputados en el Congreso del estado de México.
Para este año obtuvo del IFE financiamiento público por 304 millones 87 mil 737 pesos divididos en 228 millones 637 mil 396 pesos para actividades ordinarias; 64 millones 954 mil 218 pesos para campaña y 6 millones 859 mil 12 pesos en actividades específicas.
Destaca que en 2007, cuando no hubo elección, el Verde pagó 30 millones de pesos por 2 millones de camisetas.
De acuerdo con una investigación de EL UNIVERSAL, ese año el partido destinó más dinero a ropa con su propaganda que a la publicidad televisiva: 13% de los 223 millones de pesos de financiamiento público que recibió del Instituto Federal Electoral.
Sobre este dispendio, González Martínez explicó: “El dinero que reciben los partidos es para participar en las campañas electorales para que los ciudadanos tengan acceso a los poderes públicos” y en su partido dijo: “Las camisetas son parte importante de las campañas, porque no contaminan, no son plásticos en las calles que generan basura”.
Sin vinculación
En la pasada elección, el PVEM eludió propuestas ecológicas y basó su estrategia de comunicación en pena de muerte, vales de medicinas y educación.
“Estructuralmente hablando son propuestas demagógicas. Si el Estado no tiene para darte educación o salud, entonces que te lo pague. Pero eso la sociedad no lo sabe”, afirma Ulises Corona.
Para Alfonso Zárate, el PV logró reconocer el hartazgo social ante la inseguridad y recuperó el ánimo de venganza de muchos mexicanos que enarbolan la pena de muerte, aunque no tiene viabilidad.
Con él coincide Trejo Delarbre: “Ya tenemos un partido berlusconiano, de una formación fascista y que utiliza la manipulación de la propaganda y de la sociedad como lo hacía Mussolini en la Italia de hace medio siglo. Eso debería preocupar a sus jubilosos aliados del PRI”.
Patricia Arendar dice que otros partidos verdes se vinculan a la gente por su trabajo ambiental, pero el PVEM lo hace con promesas electorales, no ambientales.
Jorge Legorreta insiste: “Nosotros defendemos la vida. Lo que no podemos defender, sobre todo en las circunstancias de inseguridad en la que está el país, es la vida de estos inhumanos que cometen los delitos más crueles”.
Comparó a plagiarios y asesinos con una plaga que daña el tejido social. “Cuando hay una plaga en un bosque, nosotros estamos de acuerdo en que se acabe. Para nosotros este tipo de secuestradores u homicidas son una plaga”, acota.
Al preguntarle si los humanos son plaga, respondió: “Para nosotros, alguien que se atreve a mutilar y matar a niños, yo no lo puedo catalogar como humanos y sí lo son, es una raza muy deteriorada”.
El “Partido Verde” en México es todo menos un instituto político ecologista vinculado con la sociedad que defiende las causas ambientales, como sus contrapartes de Europa o de América Latina
Expertos y ambientalistas coinciden que el Verde es una “franquicia familiar” supeditada a intereses políticos de sus aliados electorales. “Es negocio familiar” que se ha aprovechado de sus alianzas y la ingenuidad de la sociedad por medio de propaganda ilegal para ganar posiciones en el Congreso, indican el analista Alfonso Zárate y el politólogo Sergio Aguayo.
Desde su fundación en 1986 bajo el mando del ex priísta Jorge González Torres, ese instituto político ha tenido un comportamiento basado en el pragmatismo de aprovechar a sus aliados, subraya Zárate Flores.
“En el 2000 fueron con el presidente Vicente Fox (PAN); de 2003 a la fecha han ido acompañando al PRI. Es decir, ha sido oportunista en cada elección”, añade.
Desde antes de los comicios del pasado 5 de julio, el partido que encabeza Jorge Emilio González Martínez (desde el año 2001), ha sido criticado por organismos de derechos humanos y civiles e incluso por otros partidos políticos en su pretensión de reinstaurar la pena capital contra asesinos y secuestradores.
La propuesta le costó, el 10 de febrero, el desconocimiento del Partido Verde Europeo —que agrupa a 36 institutos políticos ecologistas de ese continente— y un serio cuestionamiento a su identidad ideológica.
El senador del PVEM Jorge Legorreta defiende a su partido al señalar que “somos tan verdes” como cualquier partido de Europa.
Insiste en que el Verde es un partido 100% ambientalista. “No hemos descuidado el tema ambiental, 95% de la legislación ambiental ha sido a propuesta en las dos cámaras del Verde”, afirma.
Pero para Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México, el partido es un “camaleón” que retoma iniciativas ambientales, aunque cuando las impulsa en la Cámara de Diputados se pierden por falta de seguimiento.
“No tenemos un partido verde en el Congreso. Tenemos un partido que se mueve con un discurso verde, que se apropia de iniciativas de las ONG, pero no lleva hasta las últimas consecuencias la pelea ambiental porque está muy comprometido con alianzas políticas”, dice.
Ideología fascista
Raúl Trejo Delarbre, experto del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, advierte que contrario a la ideología liberal y progresista de los partidos verdes en todo el mundo, el mexicano tiene una doctrina conservadora e incluso aplica prácticas “fascistas”.
El catedrático de El Colegio de México Sergio Aguayo, quien interpuso una queja ante el Instituto Federal Electoral (IFE) por la propaganda engañosa del Partido Verde, abunda que de “verde” sólo tiene el color.
Incluso, refiere, ya fue expulsado de la Global Verde de partidos europeos, por impulsar la pena capital para secuestradores y asesinos abolida en la Constitución mexicana y prohibida en tratados internacionales que México ha suscrito.
La historia
El partido, propiedad de la familia González, nació en 1986 y su origen fue la organización no gubernamental Alianza Ecologista Nacional en pro del Ambiente. “Si no era posible concientizar a las autoridades sobre aspectos ecológicos, entonces buscaríamos ser gobierno para actuar en consecuencia”, señaló en ese entonces el fundador de este partido, Jorge González Torres.
De acuerdo con su biografía, González Torres es un ecologista formado en el PRI, dueño de la cadena de farmacias El Fénix y hermano de Víctor González Torres, empresario farmacéutico mejor conocido como el Doctor Simi.
En 1987 fundó el Partido Verde de México (PVM) para participar en los comicios de 1988; al no alcanzar su registro como partido, se integró con el Frente Democrático Nacional que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato presidencial.
En 1991 cambió su denominación por la de Partido Ecologista de México, pero perdió su registro al no alcanzar 1.5% de la votación requerida en ese momento.
En la elección federal de 1994, ya como Partido Verde Ecologista de México (PVEM) postuló a Jorge González Torres como su candidato presidencial.
Luego de una década en la presidencia del partido (1991-2001) el empresario ecologista heredó la estafeta a su hijo Jorge Emilio González Martínez, señala el politólogo de la UNAM Ulises Corona, quien agrega que al interior se han manejado como un grupo de amigos.
González Martínez, el Niño Verde, es nieto del ex gobernador de Tamaulipas Emilio Martínez Manautou. Es aficionado al deporte, los zapatos Gucci, los trajes Armani y la comida “exótica”. Sus primeros pasos en política los dio a lado de su padre, quien lo impulsó como diputado local, senador y diputado federal.
El Niño Verde
Para los ambientalistas, Jorge Emilio ha mostrado su desconocimiento del tema en varias ocasiones. En 1998, en una entrevista con Katia D’Artigues confundió la composta con la separación de basura y aseguró que sí llevaba una vida ecológica, pues siempre que veía un grillo en su casa, lo sacaba al jardín.
También ha enfrentado acusaciones de corrupción en supuestos actos ilícitos. En 2004, fue exhibido “negociando” el trámite de permisos para un complejo turístico en Cancún, Quintana Roo, por un valor de 2 millones de dólares.
“Yo quería ver qué tan lejos podían llegar estas personas... Quería saber cuál era la capacidad de estos cuates para influir en la autoridad, para conseguir los permisos”, dijo en entrevista con Carlos Loret en el programa de radio Hoy por hoy.
Otra de sus aficiones es pedir encuestas para conocer la intención de voto y negociar con otros partidos. En 2000, se aliaron al PAN de la mano de Vicente Fox; en 2003 suscribieron una coalición parcial con el PRI, que repitieron en 2006, con Roberto Madrazo, y este año en una alianza parcial otra vez con el PRI.
Incluso a nivel estatal se ha aliado con el Partido Nueva Alianza (Panal), que dirige su ex compañero de partido Jorge Kahwagi.
Sus números y camisetas
De 1997 a 2009 el Partido Verde ha recibido 2 mil 717 millones 151 mil 708 pesos de financiamiento público.
En 2006, el Verde se alió al PRI; eso le representó seis senadores, 17 diputados, dos legisladores locales y ocho diputados en el Congreso del estado de México.
Para este año obtuvo del IFE financiamiento público por 304 millones 87 mil 737 pesos divididos en 228 millones 637 mil 396 pesos para actividades ordinarias; 64 millones 954 mil 218 pesos para campaña y 6 millones 859 mil 12 pesos en actividades específicas.
Destaca que en 2007, cuando no hubo elección, el Verde pagó 30 millones de pesos por 2 millones de camisetas.
De acuerdo con una investigación de EL UNIVERSAL, ese año el partido destinó más dinero a ropa con su propaganda que a la publicidad televisiva: 13% de los 223 millones de pesos de financiamiento público que recibió del Instituto Federal Electoral.
Sobre este dispendio, González Martínez explicó: “El dinero que reciben los partidos es para participar en las campañas electorales para que los ciudadanos tengan acceso a los poderes públicos” y en su partido dijo: “Las camisetas son parte importante de las campañas, porque no contaminan, no son plásticos en las calles que generan basura”.
Sin vinculación
En la pasada elección, el PVEM eludió propuestas ecológicas y basó su estrategia de comunicación en pena de muerte, vales de medicinas y educación.
“Estructuralmente hablando son propuestas demagógicas. Si el Estado no tiene para darte educación o salud, entonces que te lo pague. Pero eso la sociedad no lo sabe”, afirma Ulises Corona.
Para Alfonso Zárate, el PV logró reconocer el hartazgo social ante la inseguridad y recuperó el ánimo de venganza de muchos mexicanos que enarbolan la pena de muerte, aunque no tiene viabilidad.
Con él coincide Trejo Delarbre: “Ya tenemos un partido berlusconiano, de una formación fascista y que utiliza la manipulación de la propaganda y de la sociedad como lo hacía Mussolini en la Italia de hace medio siglo. Eso debería preocupar a sus jubilosos aliados del PRI”.
Patricia Arendar dice que otros partidos verdes se vinculan a la gente por su trabajo ambiental, pero el PVEM lo hace con promesas electorales, no ambientales.
Jorge Legorreta insiste: “Nosotros defendemos la vida. Lo que no podemos defender, sobre todo en las circunstancias de inseguridad en la que está el país, es la vida de estos inhumanos que cometen los delitos más crueles”.
Comparó a plagiarios y asesinos con una plaga que daña el tejido social. “Cuando hay una plaga en un bosque, nosotros estamos de acuerdo en que se acabe. Para nosotros este tipo de secuestradores u homicidas son una plaga”, acota.
Al preguntarle si los humanos son plaga, respondió: “Para nosotros, alguien que se atreve a mutilar y matar a niños, yo no lo puedo catalogar como humanos y sí lo son, es una raza muy deteriorada”.
jueves, 16 de julio de 2009
Fidel Castro: EU debe cesar intervención en Honduras
Demanda el líder cubano a Estados Unidos retirarse de la base de Soto Cano en ese país centroamericano y dejar de apoyar a quienes orquestaron el golpe de Estado
El ex presidente Fidel Castro afirmó que Estados Unidos debe cesar su ''intervención'' en Honduras, retirarse de la base de Soto Cano en ese país centroamericano y dejar de apoyar a quienes orquestaron el golpe de Estado.
''Lo único correcto en este momento es demandar del gobierno de Estados Unidos que cese su intervención, deje de prestar apoyo militar a los golpistas y retire de Honduras su Fuerza de Tarea'', dijo Castro en una de sus habituales Reflexiones, publicada el jueves en el sitio cubano Cubadebate.
Castro aseguró además que el golpe que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya ''fue concebido y organizado por personajes inescrupulosos de la extrema derecha, que eran funcionarios de confianza de George W. Bush y habían sido promovidos por él''.
Además según el convaleciente ex mandatario tanto el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens, como los asesores militares norteamericanos ''conocían'' del golpe y ''no cesaron un minuto de entrenar a las tropas hondureñas''.
Para Castro, la base de Soto Cano en Honduras, que es la sede de la ''Fuerza de Tarea Conjunta Bravo... perteneciente a las fuerzas armadas de Estados Unidos, es el punto de apoyo principal del golpe de Estado en Honduras''.
Castro criticó el nombramiento del mandatario de Costa Rica, Oscar Arias, como mediador en el caso de Honduras y aseguró que la idea ''fue transmitida al presidente de ese país desde el Departamento de Estado cuando Obama estaba en Moscú y declaraba, en una universidad rusa, que el único Presidente de Honduras era Manuel Zelaya''.
''Con la reunión de Costa Rica se cuestiona la autoridad de la ONU, la OEA y demás instituciones que comprometieron su apoyo al pueblo de Honduras'' opinó Castro.
''Es obvio que cada día de retraso tiene un costo para el Presidente Constitucional y tiende a diluir el extraordinario apoyo internacional que ha recibido. La maniobra yanqui no incrementa las posibilidades de paz, sino todo lo contrario, las disminuye, y el peligro de violencia crece'', agregó el ex mandatario cubano.
Castro recibió a Zelaya cuando visitó la isla en meses pasados y después de reunirse con él lo caracterizó como un líder honesto.
El líder cubano no mencionó en su escrito el anuncio que hizo en Bolivia la canciller del gobierno de Zelaya, Patricia Rodas, quien afirmó que el mandatario depuesto estaba en camino a Honduras donde pretende instalar ''una sede alternativa'' de gobierno.
El ex presidente Fidel Castro afirmó que Estados Unidos debe cesar su ''intervención'' en Honduras, retirarse de la base de Soto Cano en ese país centroamericano y dejar de apoyar a quienes orquestaron el golpe de Estado.
''Lo único correcto en este momento es demandar del gobierno de Estados Unidos que cese su intervención, deje de prestar apoyo militar a los golpistas y retire de Honduras su Fuerza de Tarea'', dijo Castro en una de sus habituales Reflexiones, publicada el jueves en el sitio cubano Cubadebate.
Castro aseguró además que el golpe que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya ''fue concebido y organizado por personajes inescrupulosos de la extrema derecha, que eran funcionarios de confianza de George W. Bush y habían sido promovidos por él''.
Además según el convaleciente ex mandatario tanto el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens, como los asesores militares norteamericanos ''conocían'' del golpe y ''no cesaron un minuto de entrenar a las tropas hondureñas''.
Para Castro, la base de Soto Cano en Honduras, que es la sede de la ''Fuerza de Tarea Conjunta Bravo... perteneciente a las fuerzas armadas de Estados Unidos, es el punto de apoyo principal del golpe de Estado en Honduras''.
Castro criticó el nombramiento del mandatario de Costa Rica, Oscar Arias, como mediador en el caso de Honduras y aseguró que la idea ''fue transmitida al presidente de ese país desde el Departamento de Estado cuando Obama estaba en Moscú y declaraba, en una universidad rusa, que el único Presidente de Honduras era Manuel Zelaya''.
''Con la reunión de Costa Rica se cuestiona la autoridad de la ONU, la OEA y demás instituciones que comprometieron su apoyo al pueblo de Honduras'' opinó Castro.
''Es obvio que cada día de retraso tiene un costo para el Presidente Constitucional y tiende a diluir el extraordinario apoyo internacional que ha recibido. La maniobra yanqui no incrementa las posibilidades de paz, sino todo lo contrario, las disminuye, y el peligro de violencia crece'', agregó el ex mandatario cubano.
Castro recibió a Zelaya cuando visitó la isla en meses pasados y después de reunirse con él lo caracterizó como un líder honesto.
El líder cubano no mencionó en su escrito el anuncio que hizo en Bolivia la canciller del gobierno de Zelaya, Patricia Rodas, quien afirmó que el mandatario depuesto estaba en camino a Honduras donde pretende instalar ''una sede alternativa'' de gobierno.
miércoles, 15 de julio de 2009
Protestarán padres de menores fallecidos ante el IMSS el viernes
Notimex
Publicado: 15/07/2009 13:06
México, DF. Padres de los niños fallecidos en la Guardería ABC en Sonora confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercerá la facultad de investigación para esclarecer los hechos y se castigará a los responsables.
En rueda de prensa, Patricia Duarte Franco, Celia Lara Méndez y Catalina Soto, del Movimiento Ciudadano 5 de Junio, indicaron que el máximo tribunal debe intervenir en el caso para impartir justicia.
Indicaron que esperan que en cuanto inicie su periodo de sesiones, la SCJN decidirá ejercer su facultad de investigación y presentará buenos resultados.
Catalina Soto, quien funge como vocera de la organización, subrayó que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó su solidaridad con el movimiento que encabezan y demandó se investigue a fondo para esclarecer las causas de la tragedia.
Respecto a la intervención de la CNDH, indicó que durante la sesión de trabajo que José Luis Soberanes sostuvo con integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se abrió una queja de oficio que se continúa investigando debido a presuntas irregularidades.
"La Comisión Permanente aprobó crear un grupo de trabajo que investigue y dé seguimiento al incendio ocurrido en la Guardería ABC para analizar la legalidad, seguridad y calidad de atención en las guarderías subrogadas del IMSS", comentó.
Adelantó que el próximo viernes padres de familia realizarán un plantón frente a las oficinas administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora, a fin de exigir castigo para los presuntos responsables.
En tanto, Ismene Figueroa López, la abogada de los padres de familia, indicó que sus representados no han sido buscados para integrarlos al proceso jurídico pero sí han sufrido presiones para que se desistan de sus reclamos.
"Tenemos plena confianza en que la SCJN tome cartas en el asunto y además se acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar de las irregularidades que se han presentado en las investigaciones", subrayó.
A su vez, los padres de familia Patricia Duarte y José Francisco García, así como Celia Lara y Abraham Fraijo, exigieron a las autoridades agilizar las investigaciones, integrar debidamente las investigaciones previas y deslindar responsabilidades "pues la muerte de 48 infantes no puede quedar impune".
Publicado: 15/07/2009 13:06
México, DF. Padres de los niños fallecidos en la Guardería ABC en Sonora confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercerá la facultad de investigación para esclarecer los hechos y se castigará a los responsables.
En rueda de prensa, Patricia Duarte Franco, Celia Lara Méndez y Catalina Soto, del Movimiento Ciudadano 5 de Junio, indicaron que el máximo tribunal debe intervenir en el caso para impartir justicia.
Indicaron que esperan que en cuanto inicie su periodo de sesiones, la SCJN decidirá ejercer su facultad de investigación y presentará buenos resultados.
Catalina Soto, quien funge como vocera de la organización, subrayó que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó su solidaridad con el movimiento que encabezan y demandó se investigue a fondo para esclarecer las causas de la tragedia.
Respecto a la intervención de la CNDH, indicó que durante la sesión de trabajo que José Luis Soberanes sostuvo con integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se abrió una queja de oficio que se continúa investigando debido a presuntas irregularidades.
"La Comisión Permanente aprobó crear un grupo de trabajo que investigue y dé seguimiento al incendio ocurrido en la Guardería ABC para analizar la legalidad, seguridad y calidad de atención en las guarderías subrogadas del IMSS", comentó.
Adelantó que el próximo viernes padres de familia realizarán un plantón frente a las oficinas administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora, a fin de exigir castigo para los presuntos responsables.
En tanto, Ismene Figueroa López, la abogada de los padres de familia, indicó que sus representados no han sido buscados para integrarlos al proceso jurídico pero sí han sufrido presiones para que se desistan de sus reclamos.
"Tenemos plena confianza en que la SCJN tome cartas en el asunto y además se acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar de las irregularidades que se han presentado en las investigaciones", subrayó.
A su vez, los padres de familia Patricia Duarte y José Francisco García, así como Celia Lara y Abraham Fraijo, exigieron a las autoridades agilizar las investigaciones, integrar debidamente las investigaciones previas y deslindar responsabilidades "pues la muerte de 48 infantes no puede quedar impune".
República Checa impone visa a canadienses tras restricciones migratorias de Ottawa
El primer ministro checo, Jan Fischer, calificó de unilateral la decisión adoptada por Canadá de exigirles visas a ciudadanos mexicanos y de la República Checa, para ingresar a territorio canadiense.
PL
Publicado: 15/07/2009 13:44
Praga. Desde hoy todos los canadienses con pasaporte diplomático y de servicio que viajen a la República Checa necesitarán un visado especial, se anunció aquí.
Las restricciones impuestas por las autoridades checas responden a las medidas tomadas este lunes por Ottawa ante el súbito incremento de residentes de esa nación europea que han llegado a Canadá en el primer semestre de 2009.
Jan Fischer, primer ministro de la República Checa, calificó de unilateral la decisión adoptada por Canadá de exigirles visas a mexicanos y checos para ingresar a ese país.
El ministro de Asuntos Exteriores de la nación centroeuropea, Jan Kohout, anunció que apelará al Pacto de Solidaridad con el propósito de lograr que la Unión Europea (UE) entable conversaciones con las autoridades canadienses y anule dicha restricción.
Asimismo Jiří Dienstbier, presidente del Comité para Asuntos Exteriores del Senado checo, calificó de precipitada e inútil la decisión de Canadá de reintroducir la obligación de visados para entrar a ese territorio.
Jason Kenney, ministro canadiense de Inmigración, señaló que más de la mitad de las solicitudes de ingreso de mexicanos y checos son retiradas antes de que se tome una decisión final sobre su estatus, indicio de que las causas expuestas por ellos para tales peticiones podrían ser falsas.
La Comisión Europea lamentó la disposición de las autoridades canadienses e informó que no impondrá visado especial a los residentes de esta nación americana en el resto de los países miembros de la UE.
"Se trata de una medida temporal y consideramos que la libertad de circulación entre la UE y Canadá se retomará muy rápidamente", afirmó Michele Cercone, portavoz del comisario europeo de Inmigración, Jacques Barrot.
Canadá levantó el requerimiento de visa a la República Checa en octubre del 2007. Desde entonces casi tres mil ciudadanos de ese país han solicitado refugio en territorio canadiense.
La mayor parte de los checos que solicitan asilo en Canadá son gitanos que huyen de la xenofobia y el racismo de la sociedad checa, según reportes de medio de prensa de ese país.
PL
Publicado: 15/07/2009 13:44
Praga. Desde hoy todos los canadienses con pasaporte diplomático y de servicio que viajen a la República Checa necesitarán un visado especial, se anunció aquí.
Las restricciones impuestas por las autoridades checas responden a las medidas tomadas este lunes por Ottawa ante el súbito incremento de residentes de esa nación europea que han llegado a Canadá en el primer semestre de 2009.
Jan Fischer, primer ministro de la República Checa, calificó de unilateral la decisión adoptada por Canadá de exigirles visas a mexicanos y checos para ingresar a ese país.
El ministro de Asuntos Exteriores de la nación centroeuropea, Jan Kohout, anunció que apelará al Pacto de Solidaridad con el propósito de lograr que la Unión Europea (UE) entable conversaciones con las autoridades canadienses y anule dicha restricción.
Asimismo Jiří Dienstbier, presidente del Comité para Asuntos Exteriores del Senado checo, calificó de precipitada e inútil la decisión de Canadá de reintroducir la obligación de visados para entrar a ese territorio.
Jason Kenney, ministro canadiense de Inmigración, señaló que más de la mitad de las solicitudes de ingreso de mexicanos y checos son retiradas antes de que se tome una decisión final sobre su estatus, indicio de que las causas expuestas por ellos para tales peticiones podrían ser falsas.
La Comisión Europea lamentó la disposición de las autoridades canadienses e informó que no impondrá visado especial a los residentes de esta nación americana en el resto de los países miembros de la UE.
"Se trata de una medida temporal y consideramos que la libertad de circulación entre la UE y Canadá se retomará muy rápidamente", afirmó Michele Cercone, portavoz del comisario europeo de Inmigración, Jacques Barrot.
Canadá levantó el requerimiento de visa a la República Checa en octubre del 2007. Desde entonces casi tres mil ciudadanos de ese país han solicitado refugio en territorio canadiense.
La mayor parte de los checos que solicitan asilo en Canadá son gitanos que huyen de la xenofobia y el racismo de la sociedad checa, según reportes de medio de prensa de ese país.
Irritación de viajeros
En Ottawa, autoridades locales deploran la decisión, pues afectará el sector turismo
Caos en la embajada de Canadá por la imposición de visa a los mexicanos
Diplomáticos aceptan que carecen de la estructura para procesar las solicitudes
Luego que el gobierno de Canadá impuso el visado a ciudadanos mexicanos que pretendan viajar a ese país, cientos de personas realizaron ayer largas filas en la embajada canadiense en busca de cumplir el trámite.
Molestos por la falta de información clara sobre el procedimiento, los solicitantes hicieron fila requiriendo orientación en torno al trámite, y luego para obtener la solicitud y entregar la documentación correspondiente. Más tarde, en otra puerta de la legación diplomática se arremolinaron a la espera de que sus nombres fueran voceados, hecho que no aseguraba que tendrían la visa, pues varios de los llamados salieron con una carta en la que se les refiere que no cumplen con los requisitos para el visado.
Con boletos de viaje en mano y estados de cuentas bancarias, estudiantes, empresarios o simples ciudadanos que desean conocer Canadá vieron pasar toda la mañana y parte de la tarde afueras del consulado canadiense, con la esperanza de obtener el documento, en muchos casos sin éxito.
El gobierno canadiense reconoció que la imposición de la visa significará demoras a corto plazo en los viajes, mientras el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración aumenta su capacidad de trámite en la ciudad de México. Por ello, instó a los mexicanos a enviar sus solicitudes por mensajería o por correo certificado y no ir a la embajada, a menos que se les invite específicamente para una entrevista.
Entre los requisitos que deben cumplir los interesados en viajar a Canadá se encuentra el de comprobar que su estancia será temporal, que no se quedarán más del tiempo permitido, que gozan suficiente dinero para cubrir sus gastos de estadía, que tienen buena salud y no constituyen un riesgo para la seguridad de los canadienses. Además deben hacer un pago de 835 pesos.
El ministro de Ciudadanía, Inmigración y Multiculturalismo de Canadá, Jason Kenney, dijo que el trámite de visas permitirá evaluar quién va a su país como visitante legitimo y quién puede estar intentando usar el sistema de refugio para pasar por alto la lista de espera de inmigración.
Mientras, en Ottawa, la industria turística canadiense deploró la decisión del gobierno de imponer visado a mexicanos y checos, y consideró que la medida tendrá un impacto catastrófico. El sector aseguró que jamás escucho hablar de turistas mexicanos que hayan pedido estatuto de refugiados en Canadá y resaltó que todos regresan a su país.
Con información de agencias
Caos en la embajada de Canadá por la imposición de visa a los mexicanos
Diplomáticos aceptan que carecen de la estructura para procesar las solicitudes
Luego que el gobierno de Canadá impuso el visado a ciudadanos mexicanos que pretendan viajar a ese país, cientos de personas realizaron ayer largas filas en la embajada canadiense en busca de cumplir el trámite.
Molestos por la falta de información clara sobre el procedimiento, los solicitantes hicieron fila requiriendo orientación en torno al trámite, y luego para obtener la solicitud y entregar la documentación correspondiente. Más tarde, en otra puerta de la legación diplomática se arremolinaron a la espera de que sus nombres fueran voceados, hecho que no aseguraba que tendrían la visa, pues varios de los llamados salieron con una carta en la que se les refiere que no cumplen con los requisitos para el visado.
Con boletos de viaje en mano y estados de cuentas bancarias, estudiantes, empresarios o simples ciudadanos que desean conocer Canadá vieron pasar toda la mañana y parte de la tarde afueras del consulado canadiense, con la esperanza de obtener el documento, en muchos casos sin éxito.
El gobierno canadiense reconoció que la imposición de la visa significará demoras a corto plazo en los viajes, mientras el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración aumenta su capacidad de trámite en la ciudad de México. Por ello, instó a los mexicanos a enviar sus solicitudes por mensajería o por correo certificado y no ir a la embajada, a menos que se les invite específicamente para una entrevista.
Entre los requisitos que deben cumplir los interesados en viajar a Canadá se encuentra el de comprobar que su estancia será temporal, que no se quedarán más del tiempo permitido, que gozan suficiente dinero para cubrir sus gastos de estadía, que tienen buena salud y no constituyen un riesgo para la seguridad de los canadienses. Además deben hacer un pago de 835 pesos.
El ministro de Ciudadanía, Inmigración y Multiculturalismo de Canadá, Jason Kenney, dijo que el trámite de visas permitirá evaluar quién va a su país como visitante legitimo y quién puede estar intentando usar el sistema de refugio para pasar por alto la lista de espera de inmigración.
Mientras, en Ottawa, la industria turística canadiense deploró la decisión del gobierno de imponer visado a mexicanos y checos, y consideró que la medida tendrá un impacto catastrófico. El sector aseguró que jamás escucho hablar de turistas mexicanos que hayan pedido estatuto de refugiados en Canadá y resaltó que todos regresan a su país.
Con información de agencias
lunes, 13 de julio de 2009
Dan 8 años de cárcel a mexicano en España
Alejandro Ordaz Moreno, quien reside en Sevilla becado por el Conacyt, es acusado de intentar asesinar a dos policías que lo detuvieron en marzo de 2008, al confundirlo supuestamente con un delincuente
Alejandro Ordaz Moreno, el estudiante mexicano detenido en marzo del 2008 acusado de intentar matar a dos policías, fue condenado a 8 años y 4 meses de cárcel por la Audiencia Provincial de Sevilla.
El juez lo consideró culpable de intentar asesinar a dos policías por lo que le condena a 3 años y 3 meses por cada uno de los intentos de homicidio; y a un año y 10 meses por atentado a la autoridad. A partir de ahora su abogado dispone de cinco días para interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Madrid.
Ordaz Moreno fue detenido a las tres de la madrugada del ocho del marzo del año pasado en Sevilla, donde reside becado por el Conacyt, por dos policías nacionales vestidos de paisano, quienes supuestamente lo confundieron con un delincuente. Alejandro pensó que lo querían secuestrar y los golpeó, y después de una brutal pelea entre los tres, fue detenido y acusado de intento de homicidio.
Tras tres días de sesiones, el juicio concluyó el pasado mes de junio y esta mañana el propio Alejandro; su padre Esteban Ordaz; su abogado; y un representante de la embajada de México en Madrid han acudieron a la Audiencia de Sevilla a recoger la sentencia.
Ahora lo más probable es que Alejandro, que se encuentra en libertad condicional sin fianza desde el pasado mes de febrero, tenga que regresar la prisión de Sevilla donde ya ha pasado once meses.
Alejandro Ordaz Moreno, el estudiante mexicano detenido en marzo del 2008 acusado de intentar matar a dos policías, fue condenado a 8 años y 4 meses de cárcel por la Audiencia Provincial de Sevilla.
El juez lo consideró culpable de intentar asesinar a dos policías por lo que le condena a 3 años y 3 meses por cada uno de los intentos de homicidio; y a un año y 10 meses por atentado a la autoridad. A partir de ahora su abogado dispone de cinco días para interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Madrid.
Ordaz Moreno fue detenido a las tres de la madrugada del ocho del marzo del año pasado en Sevilla, donde reside becado por el Conacyt, por dos policías nacionales vestidos de paisano, quienes supuestamente lo confundieron con un delincuente. Alejandro pensó que lo querían secuestrar y los golpeó, y después de una brutal pelea entre los tres, fue detenido y acusado de intento de homicidio.
Tras tres días de sesiones, el juicio concluyó el pasado mes de junio y esta mañana el propio Alejandro; su padre Esteban Ordaz; su abogado; y un representante de la embajada de México en Madrid han acudieron a la Audiencia de Sevilla a recoger la sentencia.
Ahora lo más probable es que Alejandro, que se encuentra en libertad condicional sin fianza desde el pasado mes de febrero, tenga que regresar la prisión de Sevilla donde ya ha pasado once meses.
SOLIDARIDAD
SOLIDARIDAD En el marco de la Semana Negra de Literatura, en España, donde participa Paco Ignacio Taibo II, se recolectaron firmas para la "Carta de Atenco", donde solicitan la liberación de los presos y juicio a los represores
domingo, 12 de julio de 2009
Exigen dimisión de Calderón, Karam y Bours por el incendio en la estancia
Protegen a culpables, acusan familiares durante marcha en Sonora
Ulises Gutiérrez
Corresponsal
Hermosillo, Son., 11 de julio. El Paseo Río Sonora, una avenida deshabitada, a un costado del Centro de Gobierno, se iluminó la no-che del sábado con miles de velas y lámparas portadas por los participantes de la sexta marcha por la justicia, que en esta ocasión inició desde lo que fueron las instalaciones de la guardería ABC, cuyo incendio ocurrido el 5 de junio dejó un saldo de 48 niños muertos y decenas de heridos.
Abraham Fraijo, padre de uno de los niños fallecidos y orador del mitin con que concluyó la protesta, exigió la renuncia y el encarcelamiento de Daniel Karam, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como las dimisiones del presidente Felipe Calderón y del gobernador Eduardo Bours Castelo, por la evidente protección que dan a los responsables, ya que a 37 días de la tragedia no hay ningún “verdadero culpable” detenido.
Criticaron las declaraciones de Bours Castelo de que “duerme como bebito”, pues insulta la inteligencia y la dignidad de los padres de las víctimas. Por eso, anunciaron que la próxima marcha finalizará en la casa de gobierno, donde habitan el mandatario estatal y su familia.
Muchos de los 20 mil asistentes llevaron mantas. El sonido de los tambores acompañó la caravana, mientras la mayoría de los participantes vestían de blanco y cientos llevaban camisetas con la leyenda: “Exigimos justicia”.
Con una temperatura superior a los 40 grados centígrados, la marcha comenzó a las 18:30 horas (20:30 de la ciudad de México), 60 minutos más tarde de lo acostumbrado, lo que dio mejor marco para el encendido de las velas y la iluminación al llegar el punto final, ya de noche.
Padres y familiares de las víctimas, que portaban fotografías y mantas con la imagen de los infantes fallecidos, encabezaron la movilización.
A 36 días de la conflagración de la guardería subrogada por el IMSS, 27 personas han sido consignadas por el siniestro, pero solamente una de ellas se encuentra presa en un penal de esta capital.
Transgénicos ponen en riesgo 59 variedades de maíz criollo
Mariana Norandi
La sala con capacidad para 200 personas que la Cineteca Nacional prestó para proyectar el documental El mundo según Monsanto, de la periodista y cineasta francesa Marie-Monique Robin quedó rebasada. Una hora antes de su proyección los espectadores formaban una larga fila para entrar, por lo que la proyección tuvo que trasladarse a una sala de 450 personas. A pesar del cambio se agotaron los lugares.
El documental, en el cual la cineasta desmenuza el entramado que esta compañía estadunidense ha desplegado en todas las geografías para “controlar la alimentación del mundo”, ha despertado conciencias en los lugares donde se ha exhibido, incluso ha modificado la orientación de algunos tomadores de decisiones en contra de la siembra de transgénicos.
El documental comienza explicando el origen de Monsanto, principal empresa semillera del mundo, que concentra 90 por ciento de los cultivos transgénicos y lidera el mercado mundial de plaguicidas. Poco a poco, la periodista va descubriendo cómo el poder desmesurado de esta transnacional crece, soslayando el conocimiento científico y posponiendo la salud humana y ambiental, al interés del capital.
Viaja a Estados Unidos, Paraguay, India, México y Gran Bretaña para entrevistar a personas intoxicadas con productos químicos de Monsanto; a científicos cuyas voces fueron calladas por instituciones gubernamentales y a los actores que transitan de Monsanto a la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) o a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos para, desde el poder, corromper a altos funcionarios e impulsar leyes en favor de la agroindustria.
La sala con capacidad para 200 personas que la Cineteca Nacional prestó para proyectar el documental El mundo según Monsanto, de la periodista y cineasta francesa Marie-Monique Robin quedó rebasada. Una hora antes de su proyección los espectadores formaban una larga fila para entrar, por lo que la proyección tuvo que trasladarse a una sala de 450 personas. A pesar del cambio se agotaron los lugares.
El documental, en el cual la cineasta desmenuza el entramado que esta compañía estadunidense ha desplegado en todas las geografías para “controlar la alimentación del mundo”, ha despertado conciencias en los lugares donde se ha exhibido, incluso ha modificado la orientación de algunos tomadores de decisiones en contra de la siembra de transgénicos.
El documental comienza explicando el origen de Monsanto, principal empresa semillera del mundo, que concentra 90 por ciento de los cultivos transgénicos y lidera el mercado mundial de plaguicidas. Poco a poco, la periodista va descubriendo cómo el poder desmesurado de esta transnacional crece, soslayando el conocimiento científico y posponiendo la salud humana y ambiental, al interés del capital.
Viaja a Estados Unidos, Paraguay, India, México y Gran Bretaña para entrevistar a personas intoxicadas con productos químicos de Monsanto; a científicos cuyas voces fueron calladas por instituciones gubernamentales y a los actores que transitan de Monsanto a la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) o a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos para, desde el poder, corromper a altos funcionarios e impulsar leyes en favor de la agroindustria.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)