Una legisladora de Islandia, Julian Assange y un hacker holandés, entre los mencionados en la resolución
Estocolmo, 8 de enero. Una corte estadunidense ordenó a la red social Twitter entregar detalles de las cuentas de la web de Wikileaks y de varios seguidores como parte de una investigación por la divulgación de 250 mil documentos confidenciales que comprometieron a la diplomacia estadunidense.
Wikileaks reveló el sábado que autoridades estadunidenses solicitaron detalles de la cuenta de Twitter, de noviembre pasado al día de hoy, de su fundador, Julian Assange, y de otras personas, entre ellas Bradley Manning, soldado a quien se culpa de haber filtrado los documentos; el hacker holandés Ron Gongrijp y la parlamentaria islandesa Birgitta Jonsdottir, así como de otras personas cercanas al sitio, "con lo que se demuestra la existencia de una investigación por espionaje en Estados Unidos".
Wikileaks manifestó que dichas personas nunca han trabajado para la página web y que “el Departamento de Estado reclamó los mensajes privados, los contactos, las direcciones IP (Internet) y los datos personales de la cuenta de Julian Assange y de dichas personas que son asociadas con Wikileaks”.
La información que busca conseguir el gobierno estadunidense incluye registros de conexión, sesiones iniciadas, correos electrónicos y direcciones residenciales, así como detalles de facturación, cuentas bancarias y tarjetas de crédito.
Un tribunal del distrito de Alexandria, Virginia, dirigió el 14 de diciembre de 2010 un mandato, firmado por la juez Theresa Buchanan, a la red social Twitter pidiéndole informaciones que los jueces calificaron de "pertinentes" en el marco de "una investigación criminal en curso", según documentos obtenidos por la agencia de prensa Afp.
Twitter, que el 5 de enero fue autorizado por el tribunal a hacer público el mandato, informó dos días más tarde a Jonsdottir.
El sitio de Internet comunicó que si en 10 días la interesada no le notificaba la apertura de un procedimiento judicial de impugnación a la demanda de Estados Unidos, tendría que entregar las informaciones solicitadas.
"Twitter realmente combatió (el mandato) en nombre de sus clientes, porque tales informaciones no deberían transmitirse", declaró Jonsdottir el sábado.
“El gobierno estadunidense quiere conocer todos mis tweets (comentarios en la red social) desde el primero de noviembre de 2009. ¿Estarán conscientes de que soy miembro del parlamento islandés?”, preguntó.
En Islandia, los ministros de Relaciones Exteriores, Oessur Skarphendisson, y de Interior, Oegmundur Jonasson, calificaron de "inaceptable" que las autoridades estadunidenses intenten obtener la información de Twitter de Jonsdottir.
Foto
Brigitta Jonsdottir, parlamentaria islandesa, denunció que Washington quiere conocer todos los tweets que ha enviado desde 2009Foto Ap
Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien comparecerá en Londres el 11 de enero próximo por delitos sexuales imputados por Suecia, señaló en su cuenta de Twitter que si Irán hubiera tratado de obtener información de periodistas o activistas de naciones extranjeras, "grupo de derechos humanos de todo el mundo se hubieran manifestado".
En tanto, el abogado de Assange, Mark Stephens, aseveró en un comunicado desde Londres que “Wikileaks condena fuertemente este hostigamiento de individuos por el gobierno de Estados Unidos”.
En un comunicado, Wikileaks dijo "tener motivos para creer que (la red social) Facebook y (buscador) Google, entre otros, recibieron pedidos similares de la justicia estadunidense".
La página de Wikileaks en Facebook tienen millón y medio de seguidores y en Twitter más de 600 mil a escala mundial.
Wikileaks ya se puso en contacto con "abogados estadunidenses". En su opinión, dicha solicitud confirma "la existencia de una investigación secreta llevada a cabo por un gran jurado estadunidense", lo cual significa que una inculpación (de Assange) es inminente.
Reubicarán a personas en riesgo
En tanto, el Departamento de Estado estadunidense anunció que el gobierno reubicará a algunas personas nombradas en los cables divulgados por Wikileaks.
P. J. Crowley, portavoz del Departamento de Estado, enfatizó que entre las personas en riesgo están activistas de la sociedad civil, periodistas y funcionarios de gobierno, cuyas discusiones con funcionarios estadunidenses podrían enfadar a gobiernos extranjeros y algunas fuerzas políticas.
"Estamos concentrados en las personas que han sido identificadas y evaluamos si hay riesgo de violencia para ellas, especialmente en sociedades represivas de todo el mundo", indicó Crowley sin citar a los involucrados o mencionar alguna amenaza específica. Agregó que Estados Unidos ha advertido a gobiernos extranjeros que no busquen represalias contra quienes aparecen nombrados en los documentos de Wikileaks.
“Hemos dejado claro a gobiernos que cualquier acción adversa contra individuos identificados por Wikileaks afectará las relaciones”, señaló.
No hay comentarios:
Publicar un comentario