Ya han transcurrido quince días desde la terrible desgracia perpetrada en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que distinguidos periodistas ya han tipificado como un crimen de lesa humanidad, es decir, universal.
Ante la ausencia total de voluntad política y celeridad en las investigaciones por parte de las procuradurías federal y estatal, contraria a sus actuaciones cuando de reprimir a luchadores sociales y a personas de escasos recursos económicos se trata, el clamor por la justicia de las familias afectadas y de ciudadanos de todo el mundo cada vez es más grande y más fuerte.
Llama la atención la presencia en Hermosillo de autoridades federales y connotados personajes, desde Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, seguidos por Daniel Karam, director general del IMSS, el secretario de gobernación Fernando Gómez Mont, y hasta políticos de dudosa reputación y gestión, sin resultados satisfactorios.
Aunque se empeñen en negarlo y traten de encubrir la realidad y a funcionarios, son más que evidentes el tráfico de influencias y las relaciones de los tres niveles de gobierno con empresarios privados, lo que cuestiona la validez del modelo de subrogación de guarderías que coloca el interés privado y la obtención de ganancias fáciles por encima de la obligación del Estado de proteger la vida y la integridad de nuestros niños y niñas.
Hay antecedentes de que las negligencias y las carencias en el sistema de salud no son un fenómeno aislado, otras experiencias recientes así lo han demostrado. Hoy por hoy no existe en Hermosillo ni en Sonora un servicio especializado y de calidad para la atención de personas quemadas de cualquier edad.
El incumplimiento de los reglamentos en todos los establecimientos públicos y privados, especialmente la aplicación de medidas de seguridad e higiene, es la regla y no la excepción. Si se practicara una inspección, el resultado sería, sin lugar a dudas, la violación de todas estas normas.
Por estas razones, no estamos de acuerdo en que el gobierno de Sonora siga metiendo las manos en las investigaciones, no se puede ser juez y parte en un caso en el que la sociedad ha perdido toda la confianza y la credibilidad en las autoridades estatales.
Proponemos, en cambio, la creación de un organismo independiente con la aprobación de las familias afectadas para que se realice una investigación imparcial, seria y creíble, en los cuales participen profesionales y peritos de reconocido prestigio y observadores externos sin ninguna relación con este caso. De igual manera, mantenemos informada a la Representante en México de la Alta Comisionada de la ONU en materia de Derechos Humanos, Liliana Valiña quien nos ha manifestado su interés y solidaridad.
Finalmente, exhortamos a los medios de comunicación, así como a las asociaciones y centros de investigación en comunicación para que realicen investigaciones por su cuenta, ya que es un hecho palpable que su presión es la que ha posibilitado en muchos otros casos que se abran las investigaciones y garantizar el seguimiento de los procesos jurídicos.
Que habrá 13 consignaciones, es la noticia de hoy en los medios de comunicación, que se anuncia con bombos y platillos después de 15 días de los hechos que nos tienen aquí reunidos. 13 consignados, así, sin decir nombres, sin aclarar si se trata de detenciones, si ya se giraron órdenes de aprehensión, lo que es igual que nada.
A quienes piensan que este movimiento es débil, que pueden manipularlo para llevar agua a su molino, que pueden acallarlo, desprestigiarlo y comprar las conciencias; a quienes le apuestan al paso del tiempo y al desgaste; a quienes subestiman la fuerza desatada del coraje y de la decisión inquebrantable que tenemos de luchar hasta las últimas consecuencias porque se haga justicia, les decimos: no se equivoquen.
Muchos grupos de la sociedad civil se han sumado a nuestro Movimiento con manifestaciones en el D.F. Navojoa, Obregón y Guaymas; así también la asociación de padres de familia de Pasta de Conchos y familiares de víctimas de atropellos como este en toda Latinoamérica. Todos pedimos ¡JUSTICIA! No cejaremos en esta lucha.
Tengan la plena seguridad de que este Movimiento Ciudadano por la Justicia que nació el pasado 5 de junio no bajará sus banderas, no descansará hasta hacer pagar a todas y a todos los culpables y sus cómplices, no importa que tan encumbradas sean sus posiciones, que tan intocables se crean, por todas y cada una de las 46 muertes de nuestras hijas e hijos, por las graves heridas y cicatrices que marcarán para siempre sus cuerpos y sus vidas, las nuestras.
EXIGENCIAS
Justicia completa e imparcial; que se abran procesos penales transparentes a los culpables de la masacre perpetrada contra las familias y reparación daños a través de indemnizaciones de acuerdo a la magnitud de la pérdida. No más hostigamientos, limosnas ni engaños.
Tratamiento médico especializado de la más alta calidad a los niños convalecientes y a familiares, financiado por quien corresponda tanto a nivel federal, como estatal y municipal.
Revisión de los modelos de todo sistema educativo, desde el infantil hasta el de posgrado. Cancelación inmediata del Decreto y los contratos de subrogación de todas las guarderías del IMSS en manos de particulares.
Realizadas las investigaciones, confiscación y demolición de las aberrantes instalaciones del sitio de la tragedia, la construcción de un hospital y elevación de un monumento en memoria de los niños asesinados y heridos.
MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO A 20 DE JUNIO DEL 2009.
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