La prevención de adicciones no se basa en dogmas religiosos, sino en justicia social, señalan
Alertan sobre peligro de que México sea conducido al maximalismo que rechaza el Estado laico
Roberto Garduño y Andrea Becerril
Con Felipe Calderón el ejercicio del poder presidencial se acerca al peligroso callejón sin salida del maximalismo que rechaza el Estado laico y atenta contra las libertades esenciales de los mexicanos, advirtieron legisladores perredistas, priístas y petistas, y deploraron que el Ejecutivo insista en criminalizar a los jóvenes farmacodependientes.
El jefe del Ejecutivo está desvariando; sería bueno que consultara a su siquiatra, para que ya no diga tantos disparates, como sostener que el cantante Michael Jackson murió por drogadicto, o que los jóvenes se refugian en las drogas porque no creen en Dios, advirtió el senador perredista Pablo Gómez.
La declaración de Calderón, el viernes pasado, durante la celebración del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas –donde dijo que los jóvenes y niños tienen pocos asideros trascendentes, ya que no creen en la familia, ni en la escuela, ni en la economía, ni en Dios–, fue rechazada también por los diputados Juan Guerra, Humberto Zazueta, Alfonso Suárez del Real, Samuel Aguilar y Silvano Garay, quienes coincidieron en que la prevención no se basa en dogmas religiosos, sino en justicia social.
Calderón se manifiesta como un presidente faccioso, que deja ver su vena intolerante ante todo aquel que, por derecho, no profesa la misma religión que él, la católica. Lo que nos demuestra es que a la par de su partido, vive en el oscurantismo más retrógrado, acusó el priísta Samuel Aguilar.
Mientras, el perredista Suárez del Real recordó al Ejecutivo la naturaleza del Estado laico y su deber de respetar la Constitución, y advirtió que para justificar la falta de resultados de la guerra antinarcotráfico –su bandera política– Calderón inició ayer una cruzada, un movimiento en busca de una reforma a la Carta Magna para imponer una educación confesional.
El también perredista Humberto Zazueta consideró las palabras del mandatario un lamentable rosario de argumentos sin sustento histórico ni político; manifiesta su profundo desprecio por el ser nacional, lo que conduce al peligroso callejón sin salida del maximalismo que rechaza el Estado laico y atenta contra las libertades esenciales de los mexicanos.
Juan Guerra, del sol azteca, recordó que la creencia y los dogmas de fe atañen estrictamente a las personas en lo individual, y ningún político, por más presidente que sea, tiene atribuciones para que en un acto público, organizado con recursos del pueblo, convoque a la ciudadanía a satanizar a aquellos que no profesan alguna religión, en este caso la católica. ¡Urge que los poderes Legislativo y Judicial convoquen a Calderón a que se asuma como representante de un Estado y no continúe ubicándose del lado de la reacción! ¡Esto a nadie le puede convenir!
El petista Silvano Garay instó al Presidente a que se conduzca por lo menos sobre los cauces institucionales, porque la situación del país pende de hilos muy delgados. Sabemos que no puede con el tema económico, que la seguridad, su gran bandera, se encuentra en su peor momento, pero eso no lo acredita para descalificar a los que no creen en Dios.
Lamentable espectáculo
Samuel Aguilar calificó de lamentable espectáculo el que dio un día antes Calderón. Como ya nos tiene acostumbrados, se equivoca de terrible forma, pues antes de que los especialistas forenses de Los Ángeles, California, emitieran un veredicto científico en torno al deceso del cantante y bailarín, ¡él ya sabía de qué falleció!, y aparte lo aprovechó para dar un pésimo ejemplo sobre los efectos de la drogadicción.
A su vez, Pablo Gómez comentó que en México todo mundo se ríe de los disparates del mandatario. Ahora hasta se cree médico legista y afirma que Jackson murió por su adicción a las drogas. ¡Si quienes le practicaron la autopsia no han definido la causa de su muerte! Es patético, sólo provoca hilaridad.
El Ejecutivo, abundó, se debería preocupar más por promulgar la legislación contra el narcomenudeo, aprobada desde hace dos meses por el Congreso y por crear programas sociales, si realmente quiere combatir la drogadicción juvenil.
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