Estos grupos armados eran supervisados por la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza de Acteal
El Archivo Nacional de Seguridad presentó los documentos
David Brooks
Corresponsal
Nueva York, 20 de agosto. La Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos informó sobre el “apoyo directo” del Ejército Mexicano a paramilitares en Chiapas, que se brindaba desde mediados de 1994, con autorización del entonces presidente Carlos Salinas, como parte de la estrategia contrainsurgente contra las bases zapatistas, y señala que estas agrupaciones armadas estaban bajo la supervisión de la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza en Acteal, ya con Ernesto Zedillo como titular del Ejecutivo. Lo anterior está plasmado en documentos oficiales estadunidenses recién desclasificados y presentados hoy por la organización denominada National Security Archive (Archivo Nacional de Seguridad).
Un cable enviado por la agregaduría de Defensa de Estados Unidos en México a la jefatura de la Agencia de Inteligencia de Defensa, (DIA, por sus siglas en inglés), instancia del Pentágono, fechado el 4 de mayo de 1999, informa que “para mediados de 1994, el Ejército Mexicano contaba con autorización presidencial para instituir equipos militares encargados de promover grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. El intento fue asistir a personal indígena local en resistir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Además, durante la masacre de Acteal de 1997, oficiales de inteligencia del Ejército estaban involucrados en supervisar a los grupos armados en los Altos de Chiapas”.
Al describir el “apoyo directo” del Ejército Mexicano a grupos indígenas armados en la zona de Chiapas donde se ubica Acteal, el cable informa sobre una red clandestina de “equipos de inteligencia humana” (agentes de inteligencia) formados por el Ejército a mediados de 1994, con la autorización del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Estos equipos tenían la tarea de infiltrar comunidades indígenas para lograr obtener información sobre “simpatizantes” zapatistas.
Fueron estos equipos, agrega, quienes promovieron grupos armados antizapatistas –esto es, paramilitares–, otorgando tanto “capacitación” como protección frente a las autoridades de seguridad pública y unidades castrenses en la región. El cable informa que estas actividades ya se realizaban desde diciembre de 1997, cuando ocurrió la matanza de Acteal.
“Lo más importante sobre los documentos de la DIA es que contradicen directamente la historia oficial sobre la matanza relatada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo”, afirma Kate Doyle, directora del Proyecto México del National Security Archive, en su presentación de los documentos que su organización obtuvo bajo las leyes de libertad de información y difundidos en su sitio de Internet. Doyle recuerda que el informe del procurador general de la República, Jorge Madrazo, en 1998, afirmaba que la PGR había documentado la existencia de grupos civiles armados en Chenalhó, “no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército Mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatista”.
El cable de la DIA también ofrece detalles nunca antes conocidos sobre el funcionamiento de los equipos de “inteligencia humana” del Ejército Mexicano en otorgar este apoyo. El cable describe que estos equipos eran compuestos “primordialmente por oficiales jóvenes con rango de capitán segundo y primero, así como por algunos sargentos selectos que hablaban los dialectos de la región”.
El informe enviado a la sede de la DIA agrega que los equipos de inteligencia humana “estaban compuestos por entre tres y cuatro personas, a quienes se les asignaba cubrir comunidades por un periodo de tres o cuatro meses. Después de tres meses, los oficiales pertenecientes a los equipos eran rotados a una comunidad diferente en Chiapas. La preocupación por la seguridad de los equipos era la razón más importante para la rotación de éstos cada tres meses”.
Para Doyle, estos documentos llevan a la conclusión de que la lógica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) era “una estrategia de contrainsurgencia cuidadosamente planeada que combinó programas de acción cívica –frecuentemente anunciados por la Secretaría de Defensa en declaraciones a la prensa– con operaciones de inteligencia secreta diseñadas para fortalecer a los paramilitares y provocar el conflicto en contra de los partidarios del EZLN”.
Doyle critica la falta de acceso y disposición del gobierno mexicano a toda la documentación sobre Acteal. “Hasta que la administración actual decida honrar su obligación de informar a sus ciudadanos sobre la verdad de la masacre de 1997, el clamor del pueblo por los hechos permanecerá perdido en los archivos improcedentes. Y a nosotros sólo nos queda recurrir a Estados Unidos en busca de información sobre el Ejército Mexicano y Acteal”.
Despliegue de tropas
En el segundo de los dos documentos desclasificados y presentados por el National Security Archive, se trasmite información sobre el despliegue de 5 mil elementos de tropa por parte del gobierno de Zedillo –para reforzar a los 30 mil desplegados permanentemente en Chiapas, o lo que es llamada “zona de conflicto”– inmediatamente después de la masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal, el 22 de diciembre de 1997.
Citando a “fuentes abiertas”, esto es, a medios de comunicación, como también secretas, la oficina del agregado de Defensa de Estados Unidos en México informa a la DIA en el cable fechado 31 diciembre de 1997, que unas 2 mil tropas, más otras fuerzas, fueron desplegadas en la zona de Chenalhó para ofrecer “ley y orden” en la región, así como también “tareas sociales” a comunidades indígenas, en particular a las comunidades desplazadas por el grupo MIRA. Indica que integrantes de esa agrupación paramilitar han gobernado la zona por “amenazas y violencia en la región de Chenalhó”. A la vez, se informa que otras unidades fueron “puestas en alerta para asistir en el evento de una sublevación”.
Entre las “fuentes abiertas” citadas por el documento, incluidas algunas publicaciones, se menciona a La Jornada, a la cual se refiere como “un periódico considerado como bien escrito, inclinado hacia la izquierda, con buena cobertura noticiosa”.
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