Podría salir de Los Pinos con muchos discursos y buenos deseos, pero con las manos vacías.
Blanche Petrich
Preocupado por el estancamiento del proceso de negociación para su retorno a la casa presidencial de Honduras y por la “camisa de fuerza” que le impondría el Plan Arias para ejercer el mando durante los pocos meses que le quedan al frente del gobierno de su país, Manuel Zelaya ha intentado abrir otros canales alternativos. Uno de ellos, mencionado hace días, fue pedirle a México que convoque al Grupo de Río para que juegue un rol más activo en el proceso. Con esta inquietud llega el presidente desterrado.
Pero si esas son sus expectativas para el encuentro que sostendrá este martes con el presidente Felipe Calderón, lo más probable es que salga de Los Pinos con muchos discursos y buenos deseos, pero básicamente con las manos vacías.
En el entorno de Calderón priva la visión de que la prioridad es “contener el injerencismo” de la Alternativa Bolivariana (Alba) y del chavismo en Centroamérica. Claro, además de “convencer” al presidente de facto Roberto Micheletti de algo que hasta ahora se aferra en negar: el acatamiento de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, que ordena la restitución de Manuel Zelaya a la presidencia hondureña.
La invitación de México al mandatario hondureño, emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 31 de julio, establece que los dos presidentes analizarán juntos “la evolución de la situación que prevalece en Honduras a raíz del golpe de Estado del pasado 28 de junio”, y la mediación encabezada por el costarricense Óscar Arias.
Este gesto de acercar a Zelaya y Calderón ocurre también pocos días después de que la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, instara a los gobiernos de la región a esforzarse por “mantener lejos del vecindario” a Hugo Chávez, presidente de Venezuela y fuerte aliado del mandatario derrocado.
Falta ver si este martes Manuel Zelaya, considerado como un “populista” por los sectores más conservadores, es recibido en Los Pinos con todos los atributos a una visita de Estado “en forma y fondo”, según apunta el diplomático retirado Jorge Eduardo Navarrete. Esto debería incluir un comunicado conjunto que informe debidamente a la opinión pública cómo transcurrió el encuentro entre los dos mandatarios.
Ex subsecretario de Relaciones Exteriores y embajador en China, Brasil, Alemania y Venezuela, entre otros países, Navarrete comenta que “será un reto para la diplomacia mexicana contribuir en la búsqueda de una vía para restaurar al presidente Zelaya en la posición que le corresponde”. Pero este objetivo incluye la posibilidad de revisar y discutir la hoja de ruta establecida por el presidente de Costa Rica “para propiciar nuevas situaciones” que permitan sacar la negociación de su estancamiento actual.
El presidente venezolano, lo mismo que el líder cubano Fidel Castro, han sido críticos implacables contra la iniciativa de Arias. Y algunas voces cercanas al presidente mexicano interpretan estas críticas como pruebas del intervencionismo de lo que llaman el “Grupo Alba”.
Honduras, bajo el gobierno de Zelaya, fue el último país en incorporarse a la Alianza Bolivariana, integrada por Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y por tres pequeños países del Caribe anglófono. La Alba no es más que un mecanismo de cooperación e integración regional, como lo es el Proyecto Mesoamérica –antiguo Plan Puebla Panamá y proyecto diplomático estelar de Felipe Calderón–, sólo que con un enfoque ideológico de izquierda. Honduras, el segundo país más pobre del continente, precedido sólo por Haití, encontró en ese espacio fuentes de financiamiento y cooperación mucho más flexibles y solidarias que las proporcionadas por los organismos tradicionales.
En este contexto, Tegucigalpa pudo suscribir un convenio petrolero que le permitiría importar crudo venezolano y pagar la mitad de su factura, no a plazos de 60 días, como se acostumbra, sino a 90 días. El resto de la deuda la pagaría a 20 años, con una tasa del uno por ciento anual. Accedió también a convenios para la cooperación solidaria de médicos y educadores cubanos; créditos frescos para proyectos productivos agrícolas y de mujeres.
Aceptando este tipo de “injerencias” es como el populista Zelaya “se buscó” que lo derrocaran.
A cuatro semanas de trabajo, hay evidencias de que la mediación de Óscar Arias, fuertemente avalada por el Departamento de Estado de Washington, ha encallado. El 21 de julio fue presentado el “Acuerdo de San José para la reconciliación nacional”.
El equipo de Zelaya aceptó en principio sus 12 puntos, a pesar de que contiene más elementos favorables para el gobierno de facto que para el depuesto. Ciertamente, algunos de sus 12 puntos atan de manos al presidente constitucional una vez restituido en su cargo. Uno es el que, con vistas a formar un “gobierno de unidad y reconciliación nacional”, lo compromete a integrar su gabinete con representantes de los partidos políticos que conspiraron contra él y contribuyeron al golpe de Estado.
Otro, más complejo por sus repercusiones a largo plazo, lo obliga a abstenerse y renunciar a promover o apoyar cualquier consulta con el fin de reformar la Constitución para permitir la relección presidencial. Este punto preocupa particularmente a los ciudadanos hondureños organizados en el Frente Nacional de Resistencia, pues condena al país al inmovilismo, con una Constitución heredada de los años de la guerra sucia y los golpes militares, sin posibilidades de modernizarla.
“Sienta un antecedente muy grave de doble rasero, según la orientación ideológica de los liderazgos”, alerta Navarrete. “¿Por qué se le permite a Brasil, en tiempos de Fernando Henrique Cardoso (fines de los noventa) reformar su Constitución para poder relegirse? ¿Por qué se le permite hacer lo mismo, dos veces, al presidente colombiano Álvaro Uribe?”
Estas serán algunas de las tensiones que este martes correrán por detrás del escenario en el encuentro entre Calderón y Zelaya, en Los Pinos.
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