Para que no hubiera vuelta atrás hacia el autoritarismo creamos instituciones y dispositivos que impidieran la concentración del poder en pocas manos. La construcción de un sistema electoral que diera pluralidad al espacio político fue sólo una de las decisiones que tomamos. La otra fue la constitución de órganos autónomos de Estado encargados de hacer contrapeso a los poderes tradicionales. El principio fue que ahí donde existiera un poder se le opusiera siempre un contrapoder
Con esta visión fue que surgieron el nuevo Banco de México, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI, el IFAI, entre otros. A poco más de 10 años, este esfuerzo podría estar en riesgo ya que los intereses más retrógrados van tras la cooptación y neutralización de tales instituciones.
Destacados son los casos de la gran mayoría de las comisiones Estatales de Derechos Humanos, cuya existencia no podría ser hoy más gris y anodina.
Un caso ejemplar es el de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro que, según reclama el esposo de Jacinta Francisco Marcial, ha brillado por su ausencia, pese a la acumulación de pruebas que deslindan a la mujer otomí de la acusación que la PGR sostiene en su contra: la de “secuestrar” a seis agentes de la AFI.
Esta comisión no sólo ha hecho oídos sordos respecto de lo dicho por la acusada, también se ha desentendido de las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre este caso.
Si en nuestro país renunciamos a proteger los órganos autónomos cuya misión constitucional es hacerle contrapeso al poder, más pronto que tarde regresaremos a un pasado que quisimos ver enterrado; volveremos a nuestras raíces autoritarias.
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