domingo, 9 de agosto de 2009
Unión monetaria de América del Norte
La Unión Monetaria Norteamericana es una medida económica prevista por una teoría conspirativa que afirma que existe un plan secreto para llevar a cabo la unión económica y, sobre todo, monetaria de los tres países soberanos de Norteamérica: Canadá, los Estados Unidos y México. La teórica unión iría acompañada de la implantación de una nueva supuesta moneda, en sustitución de las unidades monetarias actuales (el dólar canadiense, el dólar estadounidense, y el peso mexicano). Según esta teoría conspirativa la hipotética unidad monetaria sería el amero.
Buena parte de la teoría se documenta en un trabajo académico de Herbert G. Grubel (The case of Amero) y en la existencia de monedas acuñadas (ameros) por el Gobierno de los Estados Unidos y que habrían salido a la luz pública gracias a Hal Turner, un locutor de televisión relacionado con los círculos antisemitas y supremacistas arios de EE. UU. En realidad, tales monedas pertenecen a una colección de un diseñador de medallas. A esto se le sumaría lo expuesto en la tercera parte del documental Zeitgeist, según el cual el proceso esa unión sería una primera fase de concentración del poder planetario en un único y todopoderoso gobierno mundial, todo ello en el contexto de una fuerte crisis financiera internacional, lo que habría alimentado especulaciones sobre la debilidad del dolar estadounidense.
La Unión Económica y monetaria [editar]El diseño de esa unión estaría inspirado en la actual integración monetaria de la Unión Europea (el Euro), y se propondría a partir extensión natural del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).
Quienes creen en la existencia de estos planes afirman que los Estados Unidos, Canadá y México ya están dando pasos para implementar tal unidad monetaria[cita requerida]. Ningún miembro del gobierno de ninguno de estos países ha confirmado oficialmente un deseo de implementar una “Unión Norteamericana”.
Según esta teoría, el Amero sería una moneda común propuesta para América del Norte extensible a Centro y Sudamérica con el tiempo. Entre los proponentes de esta idea están el C.D. Howe Institute y el Fraser Institute de Canadá. La moneda sería de curso legal, inicialmente, en los países que integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que Groenlandia es un territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca, en Europa.
También según esta teoría, toda vez que el dólar dejara de ser moneda de curso legal, la Unión Monetaria de América del Norte empezaría a funcionar, y Canadá, Estados Unidos y México reemplazarían sus monedas nacionales por el Amero. Ese día, todos los billetes y monedas denominadas en dólares de los EE. UU. se cambiarían a razón de uno a uno por un Amero. Canadá y México cambiarían sus respectivas monedas, el dólar canadiense y el peso mexicano, a un tipo de conversión que dejara inalteradas la competitividad y riqueza de ambas economías. En los tres países los precios de los bienes y servicios, salarios, inversiones y pasivos, serían convertidos simultáneamente a Ameros al mismo tipo de conversión con el que se convirtieron las respectivas monedas nacionales
Buena parte de la teoría se documenta en un trabajo académico de Herbert G. Grubel (The case of Amero) y en la existencia de monedas acuñadas (ameros) por el Gobierno de los Estados Unidos y que habrían salido a la luz pública gracias a Hal Turner, un locutor de televisión relacionado con los círculos antisemitas y supremacistas arios de EE. UU. En realidad, tales monedas pertenecen a una colección de un diseñador de medallas. A esto se le sumaría lo expuesto en la tercera parte del documental Zeitgeist, según el cual el proceso esa unión sería una primera fase de concentración del poder planetario en un único y todopoderoso gobierno mundial, todo ello en el contexto de una fuerte crisis financiera internacional, lo que habría alimentado especulaciones sobre la debilidad del dolar estadounidense.
La Unión Económica y monetaria [editar]El diseño de esa unión estaría inspirado en la actual integración monetaria de la Unión Europea (el Euro), y se propondría a partir extensión natural del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).
Quienes creen en la existencia de estos planes afirman que los Estados Unidos, Canadá y México ya están dando pasos para implementar tal unidad monetaria[cita requerida]. Ningún miembro del gobierno de ninguno de estos países ha confirmado oficialmente un deseo de implementar una “Unión Norteamericana”.
Según esta teoría, el Amero sería una moneda común propuesta para América del Norte extensible a Centro y Sudamérica con el tiempo. Entre los proponentes de esta idea están el C.D. Howe Institute y el Fraser Institute de Canadá. La moneda sería de curso legal, inicialmente, en los países que integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que Groenlandia es un territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca, en Europa.
También según esta teoría, toda vez que el dólar dejara de ser moneda de curso legal, la Unión Monetaria de América del Norte empezaría a funcionar, y Canadá, Estados Unidos y México reemplazarían sus monedas nacionales por el Amero. Ese día, todos los billetes y monedas denominadas en dólares de los EE. UU. se cambiarían a razón de uno a uno por un Amero. Canadá y México cambiarían sus respectivas monedas, el dólar canadiense y el peso mexicano, a un tipo de conversión que dejara inalteradas la competitividad y riqueza de ambas economías. En los tres países los precios de los bienes y servicios, salarios, inversiones y pasivos, serían convertidos simultáneamente a Ameros al mismo tipo de conversión con el que se convirtieron las respectivas monedas nacionales
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte
La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) fue creada en Waco, Texas el 23 de marzo de 2005, por acuerdo de los dirigentes de Canadá, Estados Unidos y México, en Waco, Texas. Los contenidos de los temas abordados se mantiene en secreto desde marzo de 2005 y que alcanzará su clímax en la reunión programada para agosto de 2007, con la participación del presidente George W. Bush, el primer ministro Stephen Harper y el presidente Felipe Calderón.
la organización civil Judicial Watch, Inc.,en noviembre de 2006 logró obtener algunos de estos documentos confidenciales de la reunión realizada en la provincia de Alberta, Canadá, del 12 al 14 de septiembre de 2006, bajo el amparo de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos. Estos anuncian que en febrero de 2007 el Consejo de la Competitividad en América del Norte (CCAN), creado en marzo de 2006 por los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México e integrado por representantes de alto rango del sector privado de los tres países, formuló un total de 51 recomendaciones dirigidas al apuntalamiento de la competitividad en América del Norte.
la organización civil Judicial Watch, Inc.,en noviembre de 2006 logró obtener algunos de estos documentos confidenciales de la reunión realizada en la provincia de Alberta, Canadá, del 12 al 14 de septiembre de 2006, bajo el amparo de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos. Estos anuncian que en febrero de 2007 el Consejo de la Competitividad en América del Norte (CCAN), creado en marzo de 2006 por los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México e integrado por representantes de alto rango del sector privado de los tres países, formuló un total de 51 recomendaciones dirigidas al apuntalamiento de la competitividad en América del Norte.
Zedillo cometió en Acteal crímenes de lesa humanidad que se busca ocultar: Raúl Vera
La decisión que asumirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Acteal en los próximos días “no es sobre la veracidad de los hechos [de la masacre], sino por el debido proceso de quienes están acusados y plenamente identificados como culpables, pues en las pesquisas hubo un manejo deshonesto, que se hizo a propósito, para que no se concluya que son criminales”, afirmó Raúl Vera López, obispo de Saltillo y presidente honorario de la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
A casi 12 años de la matanza de 45 tzotziles –la mayoría mujeres y niños– perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas, Vera López, quien en esa época se desempeñaba como obispo adjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, al lado del obispo Samuel Ruiz García, afirmó que “políticamente se quiere sacar la verdad diciendo que el debido proceso no estuvo bien, pero lo que quieren es ocultar el crimen de lesa humanidad que cometieron el entonces presidente [Ernesto] Zedillo, su secretario de Defensa [Enrique Cervantes], y los jefes, tanto de la zona como de la región militar, en Chiapas”.
Sin embargo, subrayó que el “juicio de la historia ya lo tienen y la seguridad de que son criminales, pues el señor Zedillo es responsable de crímenes de lesa humanidad y eso nadie se lo quita”, pues reconoció que el riesgo de que se deje en libertad a los autores materiales es “la impunidad”.
Vera también alertó que en Chiapas “no han dejado de actuar los paramilitares y se siguen entregando armas, pues la guerra contrainsurgente no ha desaparecido. Y esto es su fortalecimiento, es un apoyo más a la estrategia contrainsurgente que el gobierno federal ha elegido en colaboración con la administración estatal para enfrentar el caso Chiapas”.
Tras advertir que se deja al país en la violencia cuando no se ejerce la justicia ni la persecución del delito, afirmó que “es evidente que se está cubriendo a los responsables de ese crimen de lesa humanidad”. Esto sucede, afirmó, no sólo en Acteal, “sino con todos los desaparecidos y asesinados por los paramilitares desde el Estado mexicano y por el Ejército, de donde fueron sostenidos y financiados”.
En entrevista, luego de participar en el segundo Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, enfatizó que “hay responsables del crimen, hay una acusación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero lo que está privando es la impunidad”.
Insistió en que el asunto de la veracidad de los hechos “está sin discusión, pues la actuación de los paramilitares está identificada perfectamente por los pobladores de la zona, y eso no está a discusión, y la SCJN sólo tiene que ver si está el debido proceso y que se rehaga el procedimiento”.
El obispo de Saltillo también subrayó que en las pesquisas del caso Acteal “nunca se aceptó que los responsables hubieran estado en asociación delictuosa. Por el contrario, siempre han dicho que actuaron de forma individual, lo que resulta muy curioso, pues es como decir que se encontraron de pronto para ver quién mataba a quién, y se olvida que la mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños”.
Estado, caricatura
En México, afirmó, “estamos viviendo una caricatura de Estado”, pues así como se corre el riesgo de dejar impune el caso Acteal, también hay otros ejemplos como el gobernador de Puebla, Mario Marín, que “sigue en plenas funciones, porque lo dejaron impune, y aunque la SCJN dice que sí encontró violaciones en su caso, no hay culpables, y esto sólo quiere decir que hay impunidad”.
Recordó que “también hubo violaciones en San Salvador Atenco, pero no hay culpables. ¿Qué quiere decir? Que hay impunidad. Esto es dejarle carta abierta a los criminales. Hay casos muy graves vinculados a las minas. Hay nuevos derrumbes y más muertos, pero a las viudas de Pasta de Conchos se les acaba de reprimir por tratar de impedir que un ex gobernador, Rogelio Montemayor, que es un defraudador de la nación a través de su papel en la dirección de Petróleos Mexicanos, se apodere de una planta minera, pero se le protege y se le manda toda la policía”.
A casi 12 años de la matanza de 45 tzotziles –la mayoría mujeres y niños– perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas, Vera López, quien en esa época se desempeñaba como obispo adjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, al lado del obispo Samuel Ruiz García, afirmó que “políticamente se quiere sacar la verdad diciendo que el debido proceso no estuvo bien, pero lo que quieren es ocultar el crimen de lesa humanidad que cometieron el entonces presidente [Ernesto] Zedillo, su secretario de Defensa [Enrique Cervantes], y los jefes, tanto de la zona como de la región militar, en Chiapas”.
Sin embargo, subrayó que el “juicio de la historia ya lo tienen y la seguridad de que son criminales, pues el señor Zedillo es responsable de crímenes de lesa humanidad y eso nadie se lo quita”, pues reconoció que el riesgo de que se deje en libertad a los autores materiales es “la impunidad”.
Vera también alertó que en Chiapas “no han dejado de actuar los paramilitares y se siguen entregando armas, pues la guerra contrainsurgente no ha desaparecido. Y esto es su fortalecimiento, es un apoyo más a la estrategia contrainsurgente que el gobierno federal ha elegido en colaboración con la administración estatal para enfrentar el caso Chiapas”.
Tras advertir que se deja al país en la violencia cuando no se ejerce la justicia ni la persecución del delito, afirmó que “es evidente que se está cubriendo a los responsables de ese crimen de lesa humanidad”. Esto sucede, afirmó, no sólo en Acteal, “sino con todos los desaparecidos y asesinados por los paramilitares desde el Estado mexicano y por el Ejército, de donde fueron sostenidos y financiados”.
En entrevista, luego de participar en el segundo Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, enfatizó que “hay responsables del crimen, hay una acusación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero lo que está privando es la impunidad”.
Insistió en que el asunto de la veracidad de los hechos “está sin discusión, pues la actuación de los paramilitares está identificada perfectamente por los pobladores de la zona, y eso no está a discusión, y la SCJN sólo tiene que ver si está el debido proceso y que se rehaga el procedimiento”.
El obispo de Saltillo también subrayó que en las pesquisas del caso Acteal “nunca se aceptó que los responsables hubieran estado en asociación delictuosa. Por el contrario, siempre han dicho que actuaron de forma individual, lo que resulta muy curioso, pues es como decir que se encontraron de pronto para ver quién mataba a quién, y se olvida que la mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños”.
Estado, caricatura
En México, afirmó, “estamos viviendo una caricatura de Estado”, pues así como se corre el riesgo de dejar impune el caso Acteal, también hay otros ejemplos como el gobernador de Puebla, Mario Marín, que “sigue en plenas funciones, porque lo dejaron impune, y aunque la SCJN dice que sí encontró violaciones en su caso, no hay culpables, y esto sólo quiere decir que hay impunidad”.
Recordó que “también hubo violaciones en San Salvador Atenco, pero no hay culpables. ¿Qué quiere decir? Que hay impunidad. Esto es dejarle carta abierta a los criminales. Hay casos muy graves vinculados a las minas. Hay nuevos derrumbes y más muertos, pero a las viudas de Pasta de Conchos se les acaba de reprimir por tratar de impedir que un ex gobernador, Rogelio Montemayor, que es un defraudador de la nación a través de su papel en la dirección de Petróleos Mexicanos, se apodere de una planta minera, pero se le protege y se le manda toda la policía”.
sábado, 8 de agosto de 2009
Si excarcelan a paramilitares “se encubrirá un crimen de Estado”
La SCJN no ha tocado el fondo del tema, indica el Centro Fray Bartolomé
San Cristóbal de las Casas, Chis., 7 de agosto. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sostuvo que el dictamen hasta ahora emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor de otorgar la libertad a quienes cometieron la masacre de los 45 indígenas de Acteal, sólo está juzgando las deficiencias que hubo en las averiguaciones previas y en el procedimiento jurídico, y no el fondo de un crimen de lesa humanidad que cometieron los actuales detenidos y las autoridades civiles y militares involucradas.
Diego Cadenas, presidente del organismo humanitario que ha acompañado en el proceso al grupo de sobrevivientes de la masacre, señaló que para estas personas, miembros de la sociedad civil Las Abejas, “no hay ninguna duda de que los que están sentenciados son culpables de participar en la masacre.
“Los detenidos fueron señalados una y otra vez por testigos presenciales. No puede haber habido un error de identificación, porque son gente que se conoce desde niños; algunos hasta son familiares. Si en dado caso se les libera es por deficiencias en las averiguaciones previas, pero no porque son inocentes”, dijo.
Añadió que la Corte se va a pronunciar por la forma y no por el fondo del asunto, “sólo va a juzgar si hubo un debido proceso, y no lo hubo porque desde el primer momento las autoridades movieron la escena del crimen; no hubo actitud diligente ni de la procuraduría del estado ni de la federal, y para nosotros esto fue premeditado, con vistas a facilitarles las cosas a los paramilitares la obtención de su libertad, como es probable que suceda”.
Ante la inminente liberación de los detenidos –añadió– queda en la impunidad la masacre, y la Procuraduría General de la República (PGR) quedará con las manos limpias al liberar a paramilitares presos que encubren un crimen de Estado.
“Si los liberan se encubre lo que fue la masacre: un crimen de Estado. Para nosotros este fue un crimen de Estado, una estrategia deliberada del gobierno para contrarrestar el avance, en este caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“Si los liberan, los sobrevientes y familiares de las víctimas estarán en peligro de ser agredidos, porque ellos siguen teniendo las armas. También existe el peligro de que se afecte el tejido social de toda la zona, el riesgo del reagrupamiento de las bandas paramilitares, porque sería una especie de mensaje de que el Estado les está dando una garantía de impunidad”, añadió Diego Cadenas.
La acción de los paramilitares de Acteal “fue debidamente orquestada desde las altas esferas del poder; fue una estrategia militar y el Ejército Mexicano es transexenal; es como si se estuviera enviando un mensaje de que se va a reprimir cualquier sentimiento de insurgencia o protesta social, más allá del EZLN, sino contra cualquiera que se oponga a los proyectos económicos y de desarrollo impuestos por el Estado”.
Refirió que los grupos paramilitares que hasta el momento se han mantenido con bajo perfil, “siguen latentes en las comunidades e intentan reactivarse”.
El representante de Las Abejas sostuvo que si la SCJN quisiera actuar apegada a derecho, ni siquiera le hubiera permitido actuar al ministro Sergio Valls, un chiapaneco que fue diputado federal del Partido Revolucionario Institucional y representante del Consejo de la Judicatura con el que fue presidente de la República durante la masacre, Ernesto Zedillo Ponce de León.
“Es claro que los ministros van a actuar de acuerdo con sus intereses económicos y políticos, y no a través de la justicia.” Diego Cadenas adelantó que, a fin de asegurar justicia, los sobrevivientes de la masacre ya solicitaron desde hace dos años que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asuma el caso, “porque creemos que en el sistema jurídico mexicano no se tiene asegurada la impartición de la justicia”.
San Cristóbal de las Casas, Chis., 7 de agosto. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sostuvo que el dictamen hasta ahora emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor de otorgar la libertad a quienes cometieron la masacre de los 45 indígenas de Acteal, sólo está juzgando las deficiencias que hubo en las averiguaciones previas y en el procedimiento jurídico, y no el fondo de un crimen de lesa humanidad que cometieron los actuales detenidos y las autoridades civiles y militares involucradas.
Diego Cadenas, presidente del organismo humanitario que ha acompañado en el proceso al grupo de sobrevivientes de la masacre, señaló que para estas personas, miembros de la sociedad civil Las Abejas, “no hay ninguna duda de que los que están sentenciados son culpables de participar en la masacre.
“Los detenidos fueron señalados una y otra vez por testigos presenciales. No puede haber habido un error de identificación, porque son gente que se conoce desde niños; algunos hasta son familiares. Si en dado caso se les libera es por deficiencias en las averiguaciones previas, pero no porque son inocentes”, dijo.
Añadió que la Corte se va a pronunciar por la forma y no por el fondo del asunto, “sólo va a juzgar si hubo un debido proceso, y no lo hubo porque desde el primer momento las autoridades movieron la escena del crimen; no hubo actitud diligente ni de la procuraduría del estado ni de la federal, y para nosotros esto fue premeditado, con vistas a facilitarles las cosas a los paramilitares la obtención de su libertad, como es probable que suceda”.
Ante la inminente liberación de los detenidos –añadió– queda en la impunidad la masacre, y la Procuraduría General de la República (PGR) quedará con las manos limpias al liberar a paramilitares presos que encubren un crimen de Estado.
“Si los liberan se encubre lo que fue la masacre: un crimen de Estado. Para nosotros este fue un crimen de Estado, una estrategia deliberada del gobierno para contrarrestar el avance, en este caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“Si los liberan, los sobrevientes y familiares de las víctimas estarán en peligro de ser agredidos, porque ellos siguen teniendo las armas. También existe el peligro de que se afecte el tejido social de toda la zona, el riesgo del reagrupamiento de las bandas paramilitares, porque sería una especie de mensaje de que el Estado les está dando una garantía de impunidad”, añadió Diego Cadenas.
La acción de los paramilitares de Acteal “fue debidamente orquestada desde las altas esferas del poder; fue una estrategia militar y el Ejército Mexicano es transexenal; es como si se estuviera enviando un mensaje de que se va a reprimir cualquier sentimiento de insurgencia o protesta social, más allá del EZLN, sino contra cualquiera que se oponga a los proyectos económicos y de desarrollo impuestos por el Estado”.
Refirió que los grupos paramilitares que hasta el momento se han mantenido con bajo perfil, “siguen latentes en las comunidades e intentan reactivarse”.
El representante de Las Abejas sostuvo que si la SCJN quisiera actuar apegada a derecho, ni siquiera le hubiera permitido actuar al ministro Sergio Valls, un chiapaneco que fue diputado federal del Partido Revolucionario Institucional y representante del Consejo de la Judicatura con el que fue presidente de la República durante la masacre, Ernesto Zedillo Ponce de León.
“Es claro que los ministros van a actuar de acuerdo con sus intereses económicos y políticos, y no a través de la justicia.” Diego Cadenas adelantó que, a fin de asegurar justicia, los sobrevivientes de la masacre ya solicitaron desde hace dos años que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asuma el caso, “porque creemos que en el sistema jurídico mexicano no se tiene asegurada la impartición de la justicia”.
jueves, 6 de agosto de 2009
La PGR aportó pruebas falsas en Acteal: Corte
Después de 11 años de prisión deberán liberar a 40 indígenas
Al menos 40 indígenas que han pasado los últimos 11 años de su vida en prisión, inculpados por la matanza en Acteal, Chiapas, son inocentes, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego de revisar los expedientes de 57 de los acusados, el máximo tribunal del país concluyó que la Procuraduría General de la República (PGR) fabricó pruebas, testigos y cometió un cúmulo de irregularidades en el caso.
A los indígenas, que cumplen sentencias de 20 y 40 años, se les responsabilizó de la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997.
En esa ocasión fueron asesinados 45 indígenas tzotziles cuando realizaban una jornada de oración en una ermita de madera en la comunidad de Acteal, en la zona conocida como Los Altos de Chiapas.
Meses después, la PGR consignó a más de 80 personas como responsables de la matanza. Las investigaciones se realizaron durante la gestión de Jorge Madrazo Cuéllar como procurador, y con Ernesto Zedillo en la Presidencia de la República.
A los capturados se les acusó de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Ahora, a más de una década de los hechos, la Corte concluye que al menos 40 indígenas fueron acusados de manera injusta por la PGR y sentenciados por jueces y magistrados federales.
De acuerdo con datos recabados por este diario, en la votación programada para el próximo miércoles 12 la mayoría de ministros de la Primera Sala votará por amparar a los indígenas, para que queden en libertad de inmediato.
Desde la perspectiva de los ministros, las anomalías encontradas son una muestra de los defectos que presenta el sistema de justicia.
A pesar de que la Corte casi nunca revisa la culpabilidad o inocencia de alguien en un juicio, el año pasado atrajo el asunto por su trascendencia y porque “reviste un interés superlativo, reflejado en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia o bienestar".
Con su decisión, la Suprema Corte pretende también establecer criterios que combatan en el futuro las irregularidades que se cometan relacionadas con la integración deficiente o amañada de las averiguaciones previas, la valoración de las pruebas obtenidas de manera ilegal, el respeto a las garantías procesales y al derecho a una adecuada defensa, así como a una justicia pronta y expedita.
DOLOR Y AFLICCIÓN
Jazmín no supera aún la muerte de su hija María Fernanda, de 3 años: duerme con la cobija que prefería la menor y recuerda cómo jugaba con su
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