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Destierra el narco a centenares de familias de la sierra de Chihuahua

Centenares de familias desplazadas de las comunidades y pueblos serranos de Chihuahua han perdido sus casas, ganado y tierras, a manos de narcotraficantes que con amenazas de muerte les impiden regresar.

La historia es la misma en las comunidades de La Lobera, Milpillas, El Huicochi, Las Chinacas, en el municipio de Chínipas; El Manzano, en Urique; Ocoyachi y Jicamorachi en Uruachi; Bocoyvo, en Batopilas; El Durazno en Guadalupe y Calvo: Grupos de sicarios irrumpen, ordenan a los pobladores dejar sus viviendas y propiedades; luego se asientan en la zona para sembrar amapola, de la que obtienen goma de opio, base de la heroína, cuya demanda desplazó el cultivo de mariguana en la región.

En los tres años recientes se incrementó la presión sobre los habitantes de la serranía. Los cabecillas de grupos criminales en la región han aniquilado familias completas en su ambición por el control de la producción y compraventa del enervante.

Los asesinatos vinculados al crimen organizado habían repuntado en los municipios serranos, pero desde abril pasado hubo un incremento en las principales urbes del estado, donde se había tenido una disminución de homicidios en el pasado.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge González Nicolás, reconoció la tendencia al alza en las cifra de crímenes y la atribuyó a una disputa entre bandas que se libra en calles de las ciudades de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral, donde los narcomenudistas se disputan el mercado de drogas sintéticas como el crystal, que es de reciente ingreso al mercado local.

En las zonas urbanas las víctimas de las diputas entre grupos de narcotraficantes se cuentan con facilidad, mientras los medios de comunicación hacen que la estadística oficial sea más realista, pero aun así no existe una cuenta exacta de las personas ultimadas en los pueblos de la sierra. El terror hace que las familias callen y se resignen a enterrar sus muertos.

No se atienden llamados de alerta

En marzo pasado, un grupo de senadores del PRI, PAN y PRD, pidió la intervención del presidente Enrique Peña Nieto ante la escalada de violencia en la sierra de Chihuahua, con base en reportes del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia.

Ese organismo ya apuntaba que en el primer trimestre de 2016, la entidad tenía una tasa anual de homicidios de 24.7 por cada 100 mil habitantes y en los municipios serranos el índice aumentaba exponencialmente más del ciento por ciento, principalmente en Guachohi y Guadalupe y Calvo.

Por esos días, la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara viajó a la Ciudad de México, donde se entrevistó con el grupo de senadores que ha seguido sus demandas, y denunció el desplazamiento de familias en las comunidades y el despojo de sus tierras para dedicarlas al cultivo de amapola.

De ahí derivó la presentación de una iniciativa de punto de acuerdo por parte de la senadora chihuahuense Silvia Martínez Elizondo, para hacer un exhorto a Peña Nieto, para que se tomaran acciones y atender los problemas de seguridad y violencia que viven los habitantes de la Sierra Tarahumara. Los meses pasaron y no hay respuesta.

Hace dos semanas llegó de nuevo una advertencia del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia, que detectó una tendencia al alza en el número de homicidios de abril a la fecha. Los datos fueron presentados por Sergio Ochoa Muñoz, coordinador de la comisión de indicadores de la mesa de seguridad.

De acuerdo con la FGE, mientras la tendencia en el número de homicidios dolosos era decreciente en las zona urbanas, en los últimos cuatro años, en tanto los municipios de la sierra tenían un comportamiento inverso. En 12 de los 22 municipios serranos se cometieron mil 442 asesinatos en el periodo 2005-2010; la cifra aumentó a mil 770 de 2011 a 2015.

Chínipas, botón de muestra

El asesinato de familias completas y el desplazamiento forzado que ocurre en Chínipas, ubicado en la parte baja de la sierra Tarahumara –en los límites con Sonora y Sinaloa– es un botón de muestra de la situación general que priva en la sierra.

Desde finales de 2012, la banda delictiva Los Salazares, comandanda actualmente por Crispín Salazar Zamorano, empredió una limpia de presuntos enemigos en la región que tiene bajo su control, desde los pueblos de San Rafael, Bachichivo, Guazaparez, Temoris, la cabecera municipal de Chínipas y los poblados de Milpillas, La Lobera, Las Chinacas y El Huicochi, en la zona límitrofe con Álamos, Sonora.

Moisés Velderrían Chávez y seis de sus hijos, fueron asesinados por presuntos sicarios de Crispín, después de que su sobrino Alfredo Salazar Ramírez y su hermano Adán Salazar Zamorano fueron aprehendidos en el último año del gobierno del ex presidente Felipe Calderón. Sólo tres hijas de Moisés sobrevivieron al venganza del capo.

El año pasado, presuntamente sicarios a su mando, expul- saron a las familias de los poblados limítrofes con Sonora e iniciaron una cacería contra quienes señalan como enemigos.

En La Lobera, de donde fueron expulsados unos cien habitantes, los hombres de Crispín Salazar saquearon y destruyeron la mayoría de las casas; uno de los sobrinos del narco se instaló en la única casa que dejaron en pie. Las tierras, las huertas de manzana y el ganado de la gente, cambiaron de propietario.

El Huicochi, un páramo

Lo mismo sucedió en El Huicochi. El año pasado un grupo de pistoleros llegó al cacerío de unas 40 familias y ordenó el desalojo; desde entonces, la comunidad está desolada. En la presente temporada de lluvias las tierras están sembradas con enervantes y el ganado sirve de alimento a los sicarios que patrullan los caminos.

Las dos localidades más grandes, Milpillas y Las Chinacas, donde vivían poco más de mil quinientas personas, se han vaciado a la mitad. Sólo regresaron quienes aceptaron las nuevas condiciones impuestas por la banda de Los Salazares.

Abandonados a su suerte, los habitantes de la serranía han optado por emigrar a las ciudades, entre más alejados de Chihuahua, es mejor, dicen algunos. Los desplazados se mantienen en contacto mediante las redes sociales y convocan a las familias para viajar en grupo a la Ciudad de México.

No pretenden hacer denuncias ni manifestaciones, buscan congregarse para acudir a la Basílica de Guadalupe a pedir protección a la Virgen y que les permita regresar a sus pueblos, sus casas y sus tierras.

Esperan un milagro divino de la Guadalupana, dicen, porque hasta ahora las autoridades gubernamentales los tienen olvidados, mientras los cabecillas del narcotráfico permanecen intocados e impunes.

El Ejército Mexicano es el crimen organizado.

Detienen en Tamaulipas a dos militares que llevaban armas para Los Zetas

Según las declaraciones de los tenientes, les pagarían 100 mil pesos por las armas que iban a entregar a un contacto fuera de su destacamento.

De acuerdo con la información del blog, las primeras investigaciones indican que las armas iban a ser entregadas a Pancho Carreón, líder de una célula de Los Zetas Vieja Escuela que opera en el municipio de Xicoténcatl.

Los militares viajaban a bordo de un automóvil Chevrolet tipo Chevy con placas del estado de Nuevo León y fueron interceptados en el puesto de inspección de la Sedena localizado en Oyama, municipio de Hidalgo, Tamaulipas.

Los militares iban del destacamento de Monterrey, Nuevo León con destino a Ciudad Victoria, donde entregarían el arsenal a una persona que los contactaría vía telefónica.

Los detenidos, vehículos y armas fueron entregados a la Agencia del Ministerio Público de la Federación, dándose vista a la Fiscalía Militar y a la Policía Federal.

En total, los militares traían 14 armas largas (3 tipo AR-15 y 11 tipo AK-47); dos armas cortas calibre 9 mm; cuatro cargadores para 7.62 x 51; 61 cargadores AK-47; cuatro cargadores 9mm; 106 cargadores AR-15; 710 cartuchos 5.56mm, y 59 cartuchos 9mm.

Hasta el momento la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido información oficial respecto al caso.

PRIbasura

Marinos mexicanos estarían detrás del asesinato y desaparición de víctimas en Veracruz

Dos muertos y tres desaparecidos en el saldo que familiares de esas víctimas le achacan a marinos, mientras en México se discute una Ley de Seguridad Interior criticada por ONG dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos.

Una familia de Oaxaca, en México, acusó a la Secretaría de Marina (Semar) por el asesinato de dos de sus parientes y la desaparición forzada de tres más en Veracruz.

El hecho, señala La Jornada, ocurrió a principios de enero. El abogado de las víctimas, Homero Pérez Aquino, detalló al citado diario mexicano que los 15 integrantes de la familia Ramírez Bravo se encontraban en Veracruz para pasar vacaciones de fin de año, pero el 4 de enero no pudieron regresar a sus casas en Oaxaca por las protestas del "gasolinazo" desatadas a inicios de 2017.

La familia decidió quedarse un día más en Veracruz y emprender el retorno por una ruta alternativa. Según el abogado, los hermanos Jaciel y Levy Rodríguez, junto a Rafael Ramírez Bravo, su primo Hugo Ramírez Bravo y Luis Ortega, amigo de la familia, salieron a surtir de gasolina su camioneta. Pero no regresaron.

El defensor de las víctimas denunció que los videos de seguridad en la gasolinera donde ocurrieron los hechos fueron "editados" por la propia marina y se le ha impedido el acceso a ellos. Un juzgado admitió una causa interpuesta por los familiares por desaparición forzada, por lo que exigió a la marina la inmediata liberación de los presuntos detenidos.

Datos de la Procuraduría General de la República (PGR) señalan a Veracruz como la segunda localidad mexicana donde se registra mayor cantidad de casos similares: 195 en total, sólo superada por Guerrero, con 280 denuncias. El año pasado, organizaciones sociales descubrieron 90 fosas clandestinas, mientras que el Estado ha detectado apenas seis.

Tan solo hasta agosto del año pasado, la PGR mantenía abiertas 19 investigaciones contra funcionarios de la Semar por delitos contra civiles, refiere El Universal, entre los que destacan violación, abuso de autoridad, desaparición forzada y homicidio.

En noviembre de 2016, antes que se registrara el caso de la familia de Oaxaca, siete de las investigaciones abiertas por la PGR por desaparición forzada, que presuntamente involucran a fuerzas de seguridad del Estado, se abrieron en Veracruz, detalla el portal Sipse.com.