Dos muertos y tres desaparecidos en el saldo que familiares de esas víctimas le achacan a marinos, mientras en México se discute una Ley de Seguridad Interior criticada por ONG dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos.
Una familia de Oaxaca, en México, acusó a la Secretaría de Marina (Semar) por el asesinato de dos de sus parientes y la desaparición forzada de tres más en Veracruz.
El hecho, señala La Jornada, ocurrió a principios de enero. El abogado de las víctimas, Homero Pérez Aquino, detalló al citado diario mexicano que los 15 integrantes de la familia Ramírez Bravo se encontraban en Veracruz para pasar vacaciones de fin de año, pero el 4 de enero no pudieron regresar a sus casas en Oaxaca por las protestas del "gasolinazo" desatadas a inicios de 2017.
La familia decidió quedarse un día más en Veracruz y emprender el retorno por una ruta alternativa. Según el abogado, los hermanos Jaciel y Levy Rodríguez, junto a Rafael Ramírez Bravo, su primo Hugo Ramírez Bravo y Luis Ortega, amigo de la familia, salieron a surtir de gasolina su camioneta. Pero no regresaron.
El defensor de las víctimas denunció que los videos de seguridad en la gasolinera donde ocurrieron los hechos fueron "editados" por la propia marina y se le ha impedido el acceso a ellos. Un juzgado admitió una causa interpuesta por los familiares por desaparición forzada, por lo que exigió a la marina la inmediata liberación de los presuntos detenidos.
Datos de la Procuraduría General de la República (PGR) señalan a Veracruz como la segunda localidad mexicana donde se registra mayor cantidad de casos similares: 195 en total, sólo superada por Guerrero, con 280 denuncias. El año pasado, organizaciones sociales descubrieron 90 fosas clandestinas, mientras que el Estado ha detectado apenas seis.
Tan solo hasta agosto del año pasado, la PGR mantenía abiertas 19 investigaciones contra funcionarios de la Semar por delitos contra civiles, refiere El Universal, entre los que destacan violación, abuso de autoridad, desaparición forzada y homicidio.
En noviembre de 2016, antes que se registrara el caso de la familia de Oaxaca, siete de las investigaciones abiertas por la PGR por desaparición forzada, que presuntamente involucran a fuerzas de seguridad del Estado, se abrieron en Veracruz, detalla el portal Sipse.com.
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