lunes, 29 de junio de 2009
Aún con la ropa con la que fue sacado de su residencia, Manuel Zelaya expresó:
“si Washington no está detrás, estos golpistas no podrán mantenerse ni 48 horas en el poder” Foto Reuters
El mundo condena golpe en Honduras
El mandatario derrocado negocia asilo en México para su canciller
TEGUCIGALPA.— El Ejército hondureño derrocó al presidente Manuel Zelaya con el apoyo de sectores políticos que rechazan los planes del mandatario de buscar su reelección y lo expulsó a Costa Rica, en un golpe de Estado que desató una fuerte condena mundial.
En una incursión a la casa presidencial, a primera hora de la mañana, las tropas detuvieron a Zelaya para ponerlo en un avión que lo condujo a la capital costarricense.
Después del golpe, los diputados aceptaron una supuesta “renuncia” de Zelaya a su cargo.
En sesión extraordinaria los legisladores designaron al líder del parlamento, Roberto Micheletti, presidente interino. En una decisión posterior, el Congreso destituyó a Zelaya “por violaciones a la Constitución”.
“Llego a la Presidencia como producto de un proceso absolutamente legal”, dijo Micheletti, del Partido Liberal, en su toma de posesión. Aseguró que el Ejército sólo cumplió con la función que le ordenó la Corte.
El primer anuncio de Micheletti fue un toque de queda por las noches y durante dos días a partir de ayer.
Desde la capital costarricense, Zelaya rechazó que haya dimitido y descartó abandonar la Presidencia. Dio a conocer que gestiona el traslado a México de la canciller Patricia Rodas, quien se encuentra detenida.
El secretario privado de Zelaya, Eduardo Enrique Reina, dijo que la renuncia es falsa y acusó a Roberto Micheletti de maniobrar para sacar al mandatario del poder.
El derrocamiento de Zelaya se dio luego de que éste despidiera la semana pasada al jefe del Estado Mayor porque se negó a ayudarle a organizar una consulta sobre la posibilidad de extender el mandato presidencial.
La sublevación militar fue repudiada por Estados Unidos, la Unión Europea, América Latina y la OEA.
El gobierno estadounidense pidió respeto a las normas democráticas y precisó que no reconoce a otro mandatario que Zelaya. El presidente Barack Obama se declaró “consternado”.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que sus tropas están en alerta y prometió derrocar al interino.
TEGUCIGALPA.— El Ejército hondureño derrocó al presidente Manuel Zelaya con el apoyo de sectores políticos que rechazan los planes del mandatario de buscar su reelección y lo expulsó a Costa Rica, en un golpe de Estado que desató una fuerte condena mundial.
En una incursión a la casa presidencial, a primera hora de la mañana, las tropas detuvieron a Zelaya para ponerlo en un avión que lo condujo a la capital costarricense.
Después del golpe, los diputados aceptaron una supuesta “renuncia” de Zelaya a su cargo.
En sesión extraordinaria los legisladores designaron al líder del parlamento, Roberto Micheletti, presidente interino. En una decisión posterior, el Congreso destituyó a Zelaya “por violaciones a la Constitución”.
“Llego a la Presidencia como producto de un proceso absolutamente legal”, dijo Micheletti, del Partido Liberal, en su toma de posesión. Aseguró que el Ejército sólo cumplió con la función que le ordenó la Corte.
El primer anuncio de Micheletti fue un toque de queda por las noches y durante dos días a partir de ayer.
Desde la capital costarricense, Zelaya rechazó que haya dimitido y descartó abandonar la Presidencia. Dio a conocer que gestiona el traslado a México de la canciller Patricia Rodas, quien se encuentra detenida.
El secretario privado de Zelaya, Eduardo Enrique Reina, dijo que la renuncia es falsa y acusó a Roberto Micheletti de maniobrar para sacar al mandatario del poder.
El derrocamiento de Zelaya se dio luego de que éste despidiera la semana pasada al jefe del Estado Mayor porque se negó a ayudarle a organizar una consulta sobre la posibilidad de extender el mandato presidencial.
La sublevación militar fue repudiada por Estados Unidos, la Unión Europea, América Latina y la OEA.
El gobierno estadounidense pidió respeto a las normas democráticas y precisó que no reconoce a otro mandatario que Zelaya. El presidente Barack Obama se declaró “consternado”.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que sus tropas están en alerta y prometió derrocar al interino.
domingo, 28 de junio de 2009
Reprueban expresiones del Ejecutivo de que los jóvenes se drogan por no creer en Dios
La prevención de adicciones no se basa en dogmas religiosos, sino en justicia social, señalan
Alertan sobre peligro de que México sea conducido al maximalismo que rechaza el Estado laico
Roberto Garduño y Andrea Becerril
Con Felipe Calderón el ejercicio del poder presidencial se acerca al peligroso callejón sin salida del maximalismo que rechaza el Estado laico y atenta contra las libertades esenciales de los mexicanos, advirtieron legisladores perredistas, priístas y petistas, y deploraron que el Ejecutivo insista en criminalizar a los jóvenes farmacodependientes.
El jefe del Ejecutivo está desvariando; sería bueno que consultara a su siquiatra, para que ya no diga tantos disparates, como sostener que el cantante Michael Jackson murió por drogadicto, o que los jóvenes se refugian en las drogas porque no creen en Dios, advirtió el senador perredista Pablo Gómez.
La declaración de Calderón, el viernes pasado, durante la celebración del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas –donde dijo que los jóvenes y niños tienen pocos asideros trascendentes, ya que no creen en la familia, ni en la escuela, ni en la economía, ni en Dios–, fue rechazada también por los diputados Juan Guerra, Humberto Zazueta, Alfonso Suárez del Real, Samuel Aguilar y Silvano Garay, quienes coincidieron en que la prevención no se basa en dogmas religiosos, sino en justicia social.
Calderón se manifiesta como un presidente faccioso, que deja ver su vena intolerante ante todo aquel que, por derecho, no profesa la misma religión que él, la católica. Lo que nos demuestra es que a la par de su partido, vive en el oscurantismo más retrógrado, acusó el priísta Samuel Aguilar.
Mientras, el perredista Suárez del Real recordó al Ejecutivo la naturaleza del Estado laico y su deber de respetar la Constitución, y advirtió que para justificar la falta de resultados de la guerra antinarcotráfico –su bandera política– Calderón inició ayer una cruzada, un movimiento en busca de una reforma a la Carta Magna para imponer una educación confesional.
El también perredista Humberto Zazueta consideró las palabras del mandatario un lamentable rosario de argumentos sin sustento histórico ni político; manifiesta su profundo desprecio por el ser nacional, lo que conduce al peligroso callejón sin salida del maximalismo que rechaza el Estado laico y atenta contra las libertades esenciales de los mexicanos.
Juan Guerra, del sol azteca, recordó que la creencia y los dogmas de fe atañen estrictamente a las personas en lo individual, y ningún político, por más presidente que sea, tiene atribuciones para que en un acto público, organizado con recursos del pueblo, convoque a la ciudadanía a satanizar a aquellos que no profesan alguna religión, en este caso la católica. ¡Urge que los poderes Legislativo y Judicial convoquen a Calderón a que se asuma como representante de un Estado y no continúe ubicándose del lado de la reacción! ¡Esto a nadie le puede convenir!
El petista Silvano Garay instó al Presidente a que se conduzca por lo menos sobre los cauces institucionales, porque la situación del país pende de hilos muy delgados. Sabemos que no puede con el tema económico, que la seguridad, su gran bandera, se encuentra en su peor momento, pero eso no lo acredita para descalificar a los que no creen en Dios.
Lamentable espectáculo
Samuel Aguilar calificó de lamentable espectáculo el que dio un día antes Calderón. Como ya nos tiene acostumbrados, se equivoca de terrible forma, pues antes de que los especialistas forenses de Los Ángeles, California, emitieran un veredicto científico en torno al deceso del cantante y bailarín, ¡él ya sabía de qué falleció!, y aparte lo aprovechó para dar un pésimo ejemplo sobre los efectos de la drogadicción.
A su vez, Pablo Gómez comentó que en México todo mundo se ríe de los disparates del mandatario. Ahora hasta se cree médico legista y afirma que Jackson murió por su adicción a las drogas. ¡Si quienes le practicaron la autopsia no han definido la causa de su muerte! Es patético, sólo provoca hilaridad.
El Ejecutivo, abundó, se debería preocupar más por promulgar la legislación contra el narcomenudeo, aprobada desde hace dos meses por el Congreso y por crear programas sociales, si realmente quiere combatir la drogadicción juvenil.
Alertan sobre peligro de que México sea conducido al maximalismo que rechaza el Estado laico
Roberto Garduño y Andrea Becerril
Con Felipe Calderón el ejercicio del poder presidencial se acerca al peligroso callejón sin salida del maximalismo que rechaza el Estado laico y atenta contra las libertades esenciales de los mexicanos, advirtieron legisladores perredistas, priístas y petistas, y deploraron que el Ejecutivo insista en criminalizar a los jóvenes farmacodependientes.
El jefe del Ejecutivo está desvariando; sería bueno que consultara a su siquiatra, para que ya no diga tantos disparates, como sostener que el cantante Michael Jackson murió por drogadicto, o que los jóvenes se refugian en las drogas porque no creen en Dios, advirtió el senador perredista Pablo Gómez.
La declaración de Calderón, el viernes pasado, durante la celebración del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas –donde dijo que los jóvenes y niños tienen pocos asideros trascendentes, ya que no creen en la familia, ni en la escuela, ni en la economía, ni en Dios–, fue rechazada también por los diputados Juan Guerra, Humberto Zazueta, Alfonso Suárez del Real, Samuel Aguilar y Silvano Garay, quienes coincidieron en que la prevención no se basa en dogmas religiosos, sino en justicia social.
Calderón se manifiesta como un presidente faccioso, que deja ver su vena intolerante ante todo aquel que, por derecho, no profesa la misma religión que él, la católica. Lo que nos demuestra es que a la par de su partido, vive en el oscurantismo más retrógrado, acusó el priísta Samuel Aguilar.
Mientras, el perredista Suárez del Real recordó al Ejecutivo la naturaleza del Estado laico y su deber de respetar la Constitución, y advirtió que para justificar la falta de resultados de la guerra antinarcotráfico –su bandera política– Calderón inició ayer una cruzada, un movimiento en busca de una reforma a la Carta Magna para imponer una educación confesional.
El también perredista Humberto Zazueta consideró las palabras del mandatario un lamentable rosario de argumentos sin sustento histórico ni político; manifiesta su profundo desprecio por el ser nacional, lo que conduce al peligroso callejón sin salida del maximalismo que rechaza el Estado laico y atenta contra las libertades esenciales de los mexicanos.
Juan Guerra, del sol azteca, recordó que la creencia y los dogmas de fe atañen estrictamente a las personas en lo individual, y ningún político, por más presidente que sea, tiene atribuciones para que en un acto público, organizado con recursos del pueblo, convoque a la ciudadanía a satanizar a aquellos que no profesan alguna religión, en este caso la católica. ¡Urge que los poderes Legislativo y Judicial convoquen a Calderón a que se asuma como representante de un Estado y no continúe ubicándose del lado de la reacción! ¡Esto a nadie le puede convenir!
El petista Silvano Garay instó al Presidente a que se conduzca por lo menos sobre los cauces institucionales, porque la situación del país pende de hilos muy delgados. Sabemos que no puede con el tema económico, que la seguridad, su gran bandera, se encuentra en su peor momento, pero eso no lo acredita para descalificar a los que no creen en Dios.
Lamentable espectáculo
Samuel Aguilar calificó de lamentable espectáculo el que dio un día antes Calderón. Como ya nos tiene acostumbrados, se equivoca de terrible forma, pues antes de que los especialistas forenses de Los Ángeles, California, emitieran un veredicto científico en torno al deceso del cantante y bailarín, ¡él ya sabía de qué falleció!, y aparte lo aprovechó para dar un pésimo ejemplo sobre los efectos de la drogadicción.
A su vez, Pablo Gómez comentó que en México todo mundo se ríe de los disparates del mandatario. Ahora hasta se cree médico legista y afirma que Jackson murió por su adicción a las drogas. ¡Si quienes le practicaron la autopsia no han definido la causa de su muerte! Es patético, sólo provoca hilaridad.
El Ejecutivo, abundó, se debería preocupar más por promulgar la legislación contra el narcomenudeo, aprobada desde hace dos meses por el Congreso y por crear programas sociales, si realmente quiere combatir la drogadicción juvenil.
Aumenta en jóvenes visión crítica de comicios
En las últimas tres semanas, abstencionistas, defensores del voto, detractores de él, analistas políticos y ciudadanos se han enfrascado en un debate sobre sufragar o no
En las últimas tres semanas, abstencionistas, defensores del voto, detractores de él, analistas políticos y ciudadanos se han enfrascado en un debate sobre sufragar o no.
La polémica surgió a raíz de la campaña impulsada por colectivos, organizaciones sociales e individuos que, hartos de la forma como se hace política en México, decidieron enarbolar la bandera del voto en blanco o el voto nulo.
Se trata de un movimiento que nació y creció utilizando las herramientas de internet: blogs, Facebook, Twitter. Es una corriente que ha logrado lo que muchos partidos políticos anhelan: captar la atención de los jóvenes votantes.
La operación en favor del voto nulo se impulsa desde mayo en cientos de sitios electrónicos y sus promotores se disputan con los partidos la última decisión de los electores, sobre todo de los jóvenes que representan 30% del padrón electoral.
Y precisamente fueron los jóvenes de Jalisco quienes comenzaron el movimiento del voto nulo.
Etienne Von Bertrab, Carlos Páez Agras y Jorge Sul de la Cueva son parte de la Plataforma 39, organización que nació con una causa ecologista al denunciar la contaminación de los ríos de la zona conurbada de Guadalajara. Ahora, en tiempos electorales añadió una causa más: la promoción del voto nulo.
Su tarea, aseguran, despertó el interés de miles de jóvenes que en otras épocas se mostraban desinteresados en la política, no solían emitir sus opiniones y participar.
Carlos Páez señala: “Nuestra apuesta es refundar el régimen, no hacerle más parches, no depositar nuestra confianza en los individuos de los partidos. Para eso, antes de las elecciones vamos a reforzar nuestra campaña, utilizando los mensajes de texto por celular, repartiendo propaganda e informando a la gente en las calles sobre las razones de anular el voto”.
Al respecto, Ravi Singh, colaborador en la campaña de Barack Obama, y a quien se le conoce como el “gurú” estadounidense de la mercadotecnia, señaló en fecha reciente que los políticos mexicanos ven la web como algo de los jóvenes, como una moda, no han entendido que “todo gira en torno a dar poder a la gente, a escucharlos, en lugar de hablarles. Los políticos no tendrán otra opción que usar esta tecnología”.
José Woldenberg, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, defiende la idea de votar por “el menos malo”. Otros más radicales, como el grupo Acción Revolucionaria de la UNAM, proponen no acudir a las urnas y quemar en el Zócalo la propaganda electoral de los partidos políticos. También hay quienes, como el empresario Alejandro Martí que encabeza la organización México SOS, condicionan su voto al compromiso, ante notario, de los candidatos a cumplir con sus promesas de campaña.
En opinión de Martí, el ejercicio del 5 de julio representará “el voto del repudio, del asco, del hartazgo y del gran dolor de ver que con nuestro dinero se separan del pueblo. Esto ya no puede seguir así, tenemos que regresarle el empoderamiento a la ciudadanía y equilibrar las fuerzas para que este país prospere”.
Estas posiciones tan diversas coinciden en un punto en común: los partidos y sus actores se han alejado de la agenda social, al tiempo de que ignoran a los electores al día siguiente de los comicios. Hasta ahora, el voto nulo es el nuevo protagonista de una elección en México. Dentro de una semana se sabrá si tendrá efectos en la escena política.
En las últimas tres semanas, abstencionistas, defensores del voto, detractores de él, analistas políticos y ciudadanos se han enfrascado en un debate sobre sufragar o no.
La polémica surgió a raíz de la campaña impulsada por colectivos, organizaciones sociales e individuos que, hartos de la forma como se hace política en México, decidieron enarbolar la bandera del voto en blanco o el voto nulo.
Se trata de un movimiento que nació y creció utilizando las herramientas de internet: blogs, Facebook, Twitter. Es una corriente que ha logrado lo que muchos partidos políticos anhelan: captar la atención de los jóvenes votantes.
La operación en favor del voto nulo se impulsa desde mayo en cientos de sitios electrónicos y sus promotores se disputan con los partidos la última decisión de los electores, sobre todo de los jóvenes que representan 30% del padrón electoral.
Y precisamente fueron los jóvenes de Jalisco quienes comenzaron el movimiento del voto nulo.
Etienne Von Bertrab, Carlos Páez Agras y Jorge Sul de la Cueva son parte de la Plataforma 39, organización que nació con una causa ecologista al denunciar la contaminación de los ríos de la zona conurbada de Guadalajara. Ahora, en tiempos electorales añadió una causa más: la promoción del voto nulo.
Su tarea, aseguran, despertó el interés de miles de jóvenes que en otras épocas se mostraban desinteresados en la política, no solían emitir sus opiniones y participar.
Carlos Páez señala: “Nuestra apuesta es refundar el régimen, no hacerle más parches, no depositar nuestra confianza en los individuos de los partidos. Para eso, antes de las elecciones vamos a reforzar nuestra campaña, utilizando los mensajes de texto por celular, repartiendo propaganda e informando a la gente en las calles sobre las razones de anular el voto”.
Al respecto, Ravi Singh, colaborador en la campaña de Barack Obama, y a quien se le conoce como el “gurú” estadounidense de la mercadotecnia, señaló en fecha reciente que los políticos mexicanos ven la web como algo de los jóvenes, como una moda, no han entendido que “todo gira en torno a dar poder a la gente, a escucharlos, en lugar de hablarles. Los políticos no tendrán otra opción que usar esta tecnología”.
José Woldenberg, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, defiende la idea de votar por “el menos malo”. Otros más radicales, como el grupo Acción Revolucionaria de la UNAM, proponen no acudir a las urnas y quemar en el Zócalo la propaganda electoral de los partidos políticos. También hay quienes, como el empresario Alejandro Martí que encabeza la organización México SOS, condicionan su voto al compromiso, ante notario, de los candidatos a cumplir con sus promesas de campaña.
En opinión de Martí, el ejercicio del 5 de julio representará “el voto del repudio, del asco, del hartazgo y del gran dolor de ver que con nuestro dinero se separan del pueblo. Esto ya no puede seguir así, tenemos que regresarle el empoderamiento a la ciudadanía y equilibrar las fuerzas para que este país prospere”.
Estas posiciones tan diversas coinciden en un punto en común: los partidos y sus actores se han alejado de la agenda social, al tiempo de que ignoran a los electores al día siguiente de los comicios. Hasta ahora, el voto nulo es el nuevo protagonista de una elección en México. Dentro de una semana se sabrá si tendrá efectos en la escena política.
Honduras: llaman a ignorar consulta
El Universal
Domingo 28 de junio de 2009
TEGUCIGALPA (Agencias).— Líderes de diferentes sectores instaron ayer a los hondureños a quedarse en casa y no participar en la consulta que el presidente Manuel Zelaya tiene previsto realizar hoy para impulsar reformas constitucionales en Honduras, por considerarla ilegal.
“No apoyamos eso porque es ilegal”, dijo Elvin Santos, candidato presidencial del oficialista Partido Liberal, de Zelaya, a la cadena local de radio HRN. “¿Quién distribuyó los materiales y quién contará los votos? Sencillamente lo hará la gente del gobierno”.
“Entonces, no hay ninguna credibilidad ni trasparencia. Se dice que debemos votar por miedo al gobierno, pero ¡por Dios Santo! Los liberales no tenemos miedo, sólo queremos que no se atente contra nuestros principios democráticos”, añadió.
Advirtió que “él (Zelaya) se está quedando huérfano del apoyo popular y del apoyo de los liberales... y eso es peligrosísimo para un presidente”.
Santos participará en las elecciones generales de noviembre.
Ayer se repitió en cadena nacional de radio y televisión un mensaje del viernes, del ministro de Educación, Marlon Brevé, en el que pidió a los hondureños que acudan hoy a los 15 mil puestos disponibles en el país a votar a favor de la consulta popular.
El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, sostuvo que “aquí hay un circo político en el cual podemos escoger entre ser espectadores, payasos o fieras. Por eso, recomiendo a la gente sensata ser simples espectadores... y el único responsable de cualquier cosa que suceda es Zelaya”.
La iglesia también se opone
El obispo auxiliar de Tegucigalpa, monseñor Darwin Andino, dijo a Radio América que “la Iglesia católica y todo cristiano no respaldan la ilegítima consulta del gobierno por ser inaceptable y en la que está la mano del presidente (venezolano Hugo) Chávez”.
Subrayó que “el país no se puede entregar al chavismo ni a nadie porque queremos seguir siendo libres e independientes... el poder es para servir y ofende a Dios el que quiere el poder para servirse”.
De acuerdo con Andino “el panorama nacional no se ve claro, pero se compara con lo que se ha presentado en otros países como Venezuela, Bolivia y Ecuador”.
La Unión Cívica Democrática, que aglutina a empresarios, políticos de oposición, iglesias y otros sectores, dijo a través de una portavoz que la consulta que promueve Zelaya “es una farsa” y pidió a los hondureños que “no sean parte de lo ilegal”.
Clima polarizado
La consulta popular que promueve Zelaya se celebrará en un clima de polarización e incertidumbre por la crisis política vivida el miércoles y jueves, luego de que el presidente anunció la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vásquez.
El mismo miércoles, Zelaya aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Ángel Edmundo Orellana. Vásquez sigue al frente del Estado Mayor porque, según dijo Zelaya el viernes, aún no ha nombrado a su sustituto. Lo cierto es que la Corte Suprema y el Congreso restituyeron al oficial por considerar su destitución “ilegal”.
La iniciativa de Zelaya es rechazada por organismos gubernamentales como el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que la empresa privada, iglesias, partidos de oposición y otros grupos que afirman que es ilegal. La consulta, dirigida exclusivamente por el gobierno, según Zelaya, se enmarca en una “ley de participación ciudadana”, que él sancionó el 27 de enero de 2006, al asumir el poder.
Los hondureños podrán responder hoy si están de acuerdo con que en las elecciones generales del 29 de noviembre de este año se instale una urna adicional a favor de una Asamblea Constituyente y se reforme la actual Carta Magna, a partir de 2010.
Domingo 28 de junio de 2009
TEGUCIGALPA (Agencias).— Líderes de diferentes sectores instaron ayer a los hondureños a quedarse en casa y no participar en la consulta que el presidente Manuel Zelaya tiene previsto realizar hoy para impulsar reformas constitucionales en Honduras, por considerarla ilegal.
“No apoyamos eso porque es ilegal”, dijo Elvin Santos, candidato presidencial del oficialista Partido Liberal, de Zelaya, a la cadena local de radio HRN. “¿Quién distribuyó los materiales y quién contará los votos? Sencillamente lo hará la gente del gobierno”.
“Entonces, no hay ninguna credibilidad ni trasparencia. Se dice que debemos votar por miedo al gobierno, pero ¡por Dios Santo! Los liberales no tenemos miedo, sólo queremos que no se atente contra nuestros principios democráticos”, añadió.
Advirtió que “él (Zelaya) se está quedando huérfano del apoyo popular y del apoyo de los liberales... y eso es peligrosísimo para un presidente”.
Santos participará en las elecciones generales de noviembre.
Ayer se repitió en cadena nacional de radio y televisión un mensaje del viernes, del ministro de Educación, Marlon Brevé, en el que pidió a los hondureños que acudan hoy a los 15 mil puestos disponibles en el país a votar a favor de la consulta popular.
El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, sostuvo que “aquí hay un circo político en el cual podemos escoger entre ser espectadores, payasos o fieras. Por eso, recomiendo a la gente sensata ser simples espectadores... y el único responsable de cualquier cosa que suceda es Zelaya”.
La iglesia también se opone
El obispo auxiliar de Tegucigalpa, monseñor Darwin Andino, dijo a Radio América que “la Iglesia católica y todo cristiano no respaldan la ilegítima consulta del gobierno por ser inaceptable y en la que está la mano del presidente (venezolano Hugo) Chávez”.
Subrayó que “el país no se puede entregar al chavismo ni a nadie porque queremos seguir siendo libres e independientes... el poder es para servir y ofende a Dios el que quiere el poder para servirse”.
De acuerdo con Andino “el panorama nacional no se ve claro, pero se compara con lo que se ha presentado en otros países como Venezuela, Bolivia y Ecuador”.
La Unión Cívica Democrática, que aglutina a empresarios, políticos de oposición, iglesias y otros sectores, dijo a través de una portavoz que la consulta que promueve Zelaya “es una farsa” y pidió a los hondureños que “no sean parte de lo ilegal”.
Clima polarizado
La consulta popular que promueve Zelaya se celebrará en un clima de polarización e incertidumbre por la crisis política vivida el miércoles y jueves, luego de que el presidente anunció la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vásquez.
El mismo miércoles, Zelaya aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Ángel Edmundo Orellana. Vásquez sigue al frente del Estado Mayor porque, según dijo Zelaya el viernes, aún no ha nombrado a su sustituto. Lo cierto es que la Corte Suprema y el Congreso restituyeron al oficial por considerar su destitución “ilegal”.
La iniciativa de Zelaya es rechazada por organismos gubernamentales como el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que la empresa privada, iglesias, partidos de oposición y otros grupos que afirman que es ilegal. La consulta, dirigida exclusivamente por el gobierno, según Zelaya, se enmarca en una “ley de participación ciudadana”, que él sancionó el 27 de enero de 2006, al asumir el poder.
Los hondureños podrán responder hoy si están de acuerdo con que en las elecciones generales del 29 de noviembre de este año se instale una urna adicional a favor de una Asamblea Constituyente y se reforme la actual Carta Magna, a partir de 2010.
sábado, 27 de junio de 2009
Van 48 decesos por incendio en guardería
La Secretaría de Salud Pública de Sonora informa de la muerte de una niña de tres años, que se encontraba internada en el hospital Shriners de Cincinnati, Ohio
Luego de 21 días de luchar por su vida, la niña Daniela Guadalupe Reyes Carreta murió la tarde de este viernes en el hospital para infantes quemados, Shriners, de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos y se convirtió en la víctima número 48 de la tragedia de la guardería ABC.
La menor, de tres años, había sido trasladada la noche del jueves del Hospital de Especialidades de Guadalajara, Jalisco, del Instituto Mexicano del Seguro Social a ese nosocomio en la Unión Americana.
El Secretario de Salud Pública, Raymundo López Vucovich, dijo que la niña falleció a las 16:00 horas y presentó el 60 por ciento de daño corporal y presentó problema pulmonar severo, insuficiencia renal en recuperación y septicemia.
Mencionó que actualmente se encuentran hospitalizados cuatro niños y un adulto en Sonora; dos menores en la ciudad de Guadalajara, ocho en Sacramento, California y dos en Cincinnati. Hasta el momento 18 se han dado de alta.
A tres semanas de la más grande tragedia infantil del país, solo dos personas se encuentran detenidas. Son Irma Díaz Gómez y Delia Irene Botello, coordinadoras de zona del área de guarderías del Imss.
Un total de siete trabajadores de la Secretaría de Hacienda del estado fueron detenidos el lunes pasado por tener responsabilidad en el incendio del pasado 5 de junio, pero el miércoles salieron libres tras depositar una fianza.
La Procuraduría General de la República es desde el jueves la única estancia encargada de investigar el caso.
Luego de 21 días de luchar por su vida, la niña Daniela Guadalupe Reyes Carreta murió la tarde de este viernes en el hospital para infantes quemados, Shriners, de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos y se convirtió en la víctima número 48 de la tragedia de la guardería ABC.
La menor, de tres años, había sido trasladada la noche del jueves del Hospital de Especialidades de Guadalajara, Jalisco, del Instituto Mexicano del Seguro Social a ese nosocomio en la Unión Americana.
El Secretario de Salud Pública, Raymundo López Vucovich, dijo que la niña falleció a las 16:00 horas y presentó el 60 por ciento de daño corporal y presentó problema pulmonar severo, insuficiencia renal en recuperación y septicemia.
Mencionó que actualmente se encuentran hospitalizados cuatro niños y un adulto en Sonora; dos menores en la ciudad de Guadalajara, ocho en Sacramento, California y dos en Cincinnati. Hasta el momento 18 se han dado de alta.
A tres semanas de la más grande tragedia infantil del país, solo dos personas se encuentran detenidas. Son Irma Díaz Gómez y Delia Irene Botello, coordinadoras de zona del área de guarderías del Imss.
Un total de siete trabajadores de la Secretaría de Hacienda del estado fueron detenidos el lunes pasado por tener responsabilidad en el incendio del pasado 5 de junio, pero el miércoles salieron libres tras depositar una fianza.
La Procuraduría General de la República es desde el jueves la única estancia encargada de investigar el caso.
viernes, 26 de junio de 2009
ESTO ES ILEGAL!!!
Soldados y federales catean casas en el Distrito Federal
Detienen al menos a cuatro personas; tres son mujeres
Elementos del Ejército mexicano y la de Policía Federal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a cuatro personas, entre ellas tres mujeres, aparentemente vinculadas con el tráfico de drogas, durante el operativo que se implementó ayer en la colonia Obrera de la ciudad de México.
El despliegue de alrededor de 50 elementos encapuchados y con armas largas, así como unidades artilladas, inició a las 15:00 horas, mientras los militares entraban y salían del domicilio marcado con el número 75 de la calle de Lucas Lassaga, entre Bolívar e Isabel la Católica.
De acuerdo con los primeros informes de los soldados a sus superiores, se aseguró gran cantidad de droga, pero no se especificó la cifra exacta ni el tipo de sustancia incautada.
Policías con perros adiestrados para localizar enervantes también revisaron algunos autos estacionados frente al inmueble donde se realizó la búsqueda.
Vecinos de la zona comentaron que los policías federales les indicaron únicamente que cerrarían la calle para “una revisión” sin proporcionar mayores detalles.
Policías negaron las versiones en el sentido de que hubo disparos en la intervención, ya que se realizó sin tiros de por medio.
Tlachinollan denuncia el atentado contra Margarita Martín de las Nieves y Santiago Ponce, viuda y hermano de Manuel Ponce Rosas.
Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos de la Montaña
1. Contexto
El 9 de abril de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte) otorgó medidas provisionales a 107 defensores de derechos humanos del estado de Guerrero, en su mayoría indígenas, por considerar que se encuentra en grave riesgo su integridad física.
El día 22 de junio de 2009, miembros del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan” sostuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en Chilpancingo, Guerrero, para solicitar una vez más la implementación de medidas de seguridad y protección concretas a favor de las y los beneficiarios de medidas otorgadas por la Corte. En la misma se solicitó especialmente implementar medidas de protección para las indígenas Margarita Martín de las Nieves y Guadalupe Castro Morales, viudas de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía —quienes fueron ejecutados extra-judicialmente en febrero de 2009 y cuyo crimen permanece impune—.
En la reunión del 22 de junio, participaron además funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Tal como se puede corroborar en la minuta correspondiente —firmada por todos los funcionarios presentes— la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero se comprometió a realizar dos rondines diarios, uno por la mañana y uno por la noche, en los domicilios de Margarita y Guadalupe, a partir del día 24 de junio, así como acompañamientos policíacos en sus traslados. Para concretar tales medidas de protección, las indígenas beneficiarias, las y los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan e integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública acordaron confluir a las once de la mañana del día 24 en las oficinas de Tlachinollan ubicadas en la calle Álvarez número 20, barrio de la Villa, de la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero.
2. Hechos.
El 24 de junio de 2009, Urbano Palacios García comandante del primer sector de la región Costa Chica de la policía preventiva estatal se presentó a las 11:30 en las oficinas de Tlachinollan de Ayutla para acordar con Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves el inicio de rondines en los domicilios de las mujeres indígenas.
Abel Barrera, director de Tlachinollan, solicitó expresamente al Comandante Urbano Palacios y a las autoridades policíacas del estado que hicieran el acompañamiento de Margarita a su comunidad llamada La Cortina, una vez que terminaran las reuniones que tenían planeadas, a fin de garantizar la seguridad de Margarita en el traslado a su domicilio y poder conocer además la ubicación del mismo para comenzar con los rondines que entrarían en vigor el 24 de junio. El comandante Palacios acordó realizar el acompañamiento y le pidió a los beneficiarios que llamaran a su celular a la hora en que la Señora Margarita se fuera a trasladar de Ayutla a La Cortina.
Es importante señalar que ese día, Guadalupe y Margarita se reunieron en Ayutla durante la mañana y la tarde con el Fondo Para la No Violencia, y con funcionarios de las embajadas de Estados Unidos y de Canadá para testificar sobre la situación de riesgo y amenazas que viven, así como sobre el caso de sus esposos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, ejecutados extra-judicialmente en febrero de 2009, y cuyo casos permanecen impunes.
A partir de las 13 horas hasta aproximadamente las 19 horas, miembros de Tlachinollan llamaron reiteradamente a los teléfonos proporcionados por el comandante Palacios pero todos se encontraban fuera del área de servicio. El Comandante Palacios tampoco se presentó nuevamente en la oficina de Tlachinollan como se había acordado y como los teléfonos que proporcionó no servían, Margarita tuvo que emprender el regreso a su comunidad antes de que anocheciera, sin acompañamiento policíaco y sin que se realizara el rondín nocturno en su casa, al que se habían comprometido, según consta en la minuta de reunión entre los beneficiarios y el Estado mexicano de fecha 23 de junio de 2009.
A las 16:30 horas, MARGARITA MARTIN DE LAS NIEVES salió de la oficina de Tlachinollan y se dirigió en compañía de su cuñado de nombre SANTIAGO PONCE LOLA y su cuñada MODESTA LAUREANO PETRA, todos ellos miembros de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OPFM), hacia la comunidad de la Cortina, donde habita con sus hijos.
Cuando se trasladaban a bordo de una camioneta Ford tipo pick up, siendo aproximadamente las 17:30 horas al pasar por la comunidad de la Fátima, precisamente en el crucero de Ocotlán, Margarita y Santiago vieron del lado izquierdo a una distancia de aproximadamente 3 metros, a un hombre agachado sobre el bordo de un cerro a orilla de la carretera donde ellos transitaban. El hombre estaba apuntándoles con un arma larga, al parecer escopeta 12 o 16, y éste jaló el gatillo una vez sin darles.
La persona vestía playera negra, sombrero negro y un pañuelo negro que le cubría la cara. Cuando Margarita, Santiago y Modesta se percataron de la presencia de este hombre, Santiago, que conducía la camioneta, aceleró y el individuo les tiró dos disparos más en dirección de Santiago y de Margarita. Cuando la persona que disparó se percató que había fallado en su disparo porque al parecer la pistola se encasquilló, se levantó y los siguió con la intención de poderlos alcanzar y dispararles más de cerca. Por fortuna, aceleraron y lograron escapar y salieron ilesos del atentado.
Es importante mencionar que como parte de las medidas provisionales, el Estado Mexicano había provisto de un teléfono satelital a Margarita el 1º de junio de 2009, que sin embargo no funciona actualmente por lo que no pudo ser utilizado para comunicar esta emergencia.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” condena este intento de asesinato en contra de los defensores indígenas y solicita al Estado Mexicano implementar sin dilación medidas de seguridad y protección, de acuerdo con lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña
1. Contexto
El 9 de abril de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte) otorgó medidas provisionales a 107 defensores de derechos humanos del estado de Guerrero, en su mayoría indígenas, por considerar que se encuentra en grave riesgo su integridad física.
El día 22 de junio de 2009, miembros del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan” sostuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en Chilpancingo, Guerrero, para solicitar una vez más la implementación de medidas de seguridad y protección concretas a favor de las y los beneficiarios de medidas otorgadas por la Corte. En la misma se solicitó especialmente implementar medidas de protección para las indígenas Margarita Martín de las Nieves y Guadalupe Castro Morales, viudas de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía —quienes fueron ejecutados extra-judicialmente en febrero de 2009 y cuyo crimen permanece impune—.
En la reunión del 22 de junio, participaron además funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Tal como se puede corroborar en la minuta correspondiente —firmada por todos los funcionarios presentes— la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero se comprometió a realizar dos rondines diarios, uno por la mañana y uno por la noche, en los domicilios de Margarita y Guadalupe, a partir del día 24 de junio, así como acompañamientos policíacos en sus traslados. Para concretar tales medidas de protección, las indígenas beneficiarias, las y los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan e integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública acordaron confluir a las once de la mañana del día 24 en las oficinas de Tlachinollan ubicadas en la calle Álvarez número 20, barrio de la Villa, de la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero.
2. Hechos.
El 24 de junio de 2009, Urbano Palacios García comandante del primer sector de la región Costa Chica de la policía preventiva estatal se presentó a las 11:30 en las oficinas de Tlachinollan de Ayutla para acordar con Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves el inicio de rondines en los domicilios de las mujeres indígenas.
Abel Barrera, director de Tlachinollan, solicitó expresamente al Comandante Urbano Palacios y a las autoridades policíacas del estado que hicieran el acompañamiento de Margarita a su comunidad llamada La Cortina, una vez que terminaran las reuniones que tenían planeadas, a fin de garantizar la seguridad de Margarita en el traslado a su domicilio y poder conocer además la ubicación del mismo para comenzar con los rondines que entrarían en vigor el 24 de junio. El comandante Palacios acordó realizar el acompañamiento y le pidió a los beneficiarios que llamaran a su celular a la hora en que la Señora Margarita se fuera a trasladar de Ayutla a La Cortina.
Es importante señalar que ese día, Guadalupe y Margarita se reunieron en Ayutla durante la mañana y la tarde con el Fondo Para la No Violencia, y con funcionarios de las embajadas de Estados Unidos y de Canadá para testificar sobre la situación de riesgo y amenazas que viven, así como sobre el caso de sus esposos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, ejecutados extra-judicialmente en febrero de 2009, y cuyo casos permanecen impunes.
A partir de las 13 horas hasta aproximadamente las 19 horas, miembros de Tlachinollan llamaron reiteradamente a los teléfonos proporcionados por el comandante Palacios pero todos se encontraban fuera del área de servicio. El Comandante Palacios tampoco se presentó nuevamente en la oficina de Tlachinollan como se había acordado y como los teléfonos que proporcionó no servían, Margarita tuvo que emprender el regreso a su comunidad antes de que anocheciera, sin acompañamiento policíaco y sin que se realizara el rondín nocturno en su casa, al que se habían comprometido, según consta en la minuta de reunión entre los beneficiarios y el Estado mexicano de fecha 23 de junio de 2009.
A las 16:30 horas, MARGARITA MARTIN DE LAS NIEVES salió de la oficina de Tlachinollan y se dirigió en compañía de su cuñado de nombre SANTIAGO PONCE LOLA y su cuñada MODESTA LAUREANO PETRA, todos ellos miembros de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OPFM), hacia la comunidad de la Cortina, donde habita con sus hijos.
Cuando se trasladaban a bordo de una camioneta Ford tipo pick up, siendo aproximadamente las 17:30 horas al pasar por la comunidad de la Fátima, precisamente en el crucero de Ocotlán, Margarita y Santiago vieron del lado izquierdo a una distancia de aproximadamente 3 metros, a un hombre agachado sobre el bordo de un cerro a orilla de la carretera donde ellos transitaban. El hombre estaba apuntándoles con un arma larga, al parecer escopeta 12 o 16, y éste jaló el gatillo una vez sin darles.
La persona vestía playera negra, sombrero negro y un pañuelo negro que le cubría la cara. Cuando Margarita, Santiago y Modesta se percataron de la presencia de este hombre, Santiago, que conducía la camioneta, aceleró y el individuo les tiró dos disparos más en dirección de Santiago y de Margarita. Cuando la persona que disparó se percató que había fallado en su disparo porque al parecer la pistola se encasquilló, se levantó y los siguió con la intención de poderlos alcanzar y dispararles más de cerca. Por fortuna, aceleraron y lograron escapar y salieron ilesos del atentado.
Es importante mencionar que como parte de las medidas provisionales, el Estado Mexicano había provisto de un teléfono satelital a Margarita el 1º de junio de 2009, que sin embargo no funciona actualmente por lo que no pudo ser utilizado para comunicar esta emergencia.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” condena este intento de asesinato en contra de los defensores indígenas y solicita al Estado Mexicano implementar sin dilación medidas de seguridad y protección, de acuerdo con lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
jueves, 25 de junio de 2009
CIDH demanda a México por caso de indígena guerrerense
Debió investigar las acusaciones contra soldados de violar y torturar a Me'phaa Fernández en 2002.
AFP
Publicado: 25/06/2009 15:02
Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el jueves que demandó ante la Corte Interamericana a México por la violación y tortura de una mujer indígena en 2002.
La CIDH, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), introdujo la demanda contra México por la violación y tortura por parte de soldados de la indígena Me'phaa Inés Fernández Ortega en marzo de 2002 en el Estado de Guerrero, sin que se haya establecido una investigación que resultara en la sanción de los responsables, y la reparación de la víctima.
Por otra parte, la CIDH también demandó a Bolivia por la desaparición forzada de Rainer Ibsen Cárdenas y de su padre José Luís Ibsen, en 1971 y 1973, respectivamente, indicó un comunicado.
La comisión acusó al Estado de Bolivia de no investigar debidamente el hecho, sancionar a los responsables, encontrar a una de las víctimas y reparar adecuadamente a los familiares.
La CIDH, con sede en Washington, actúa habitualmente como antesala de los casos de violación de derechos humanos en la región, antes de que lleguen a la Corte, ubicada en San José.
AFP
Publicado: 25/06/2009 15:02
Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el jueves que demandó ante la Corte Interamericana a México por la violación y tortura de una mujer indígena en 2002.
La CIDH, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), introdujo la demanda contra México por la violación y tortura por parte de soldados de la indígena Me'phaa Inés Fernández Ortega en marzo de 2002 en el Estado de Guerrero, sin que se haya establecido una investigación que resultara en la sanción de los responsables, y la reparación de la víctima.
Por otra parte, la CIDH también demandó a Bolivia por la desaparición forzada de Rainer Ibsen Cárdenas y de su padre José Luís Ibsen, en 1971 y 1973, respectivamente, indicó un comunicado.
La comisión acusó al Estado de Bolivia de no investigar debidamente el hecho, sancionar a los responsables, encontrar a una de las víctimas y reparar adecuadamente a los familiares.
La CIDH, con sede en Washington, actúa habitualmente como antesala de los casos de violación de derechos humanos en la región, antes de que lleguen a la Corte, ubicada en San José.
miércoles, 24 de junio de 2009
La PGR protege a responsables del Seguro Social, entre ellos el director y su antecesor
Calderón está atrás de la demanda del IMSS contra el gobierno de Sonora: Bours
Ulises Gutiérrez, Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Corresponsal y reporteros
Hermosillo, Son., 23 de junio. Atrás de la demanda civil que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) interpuso contra el gobierno de Sonora se encuentra el presidente Felipe Calderón. Además, la Procuraduría General de la República (PGR) protege a altos funcionarios de la dependencia, incluidos el director general y su antecesor, Daniel Karam Toumeh y Juan Molinar Horcasitas, respectivamente, sostuvo hoy el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.
Acusó que el gobierno federal ha tomado la determinación de entrar en un toma y daca con el gobierno de Sonora, ya que las investigaciones sobre la tragedia del 5 de junio –cuando el incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal se propagó a la guardería ABC, lo que dejó un saldo de 47 niños muertos y 30 heridos– tocaron algunos intereses de funcionarios federales.
No creo bajo ninguna circunstancia que el señor Karam haya convocado a una conferencia y hablado de que va a interponer una demanda contra el gobierno del estado sin la autorización de Calderón. No hay manera. Hubo autorización para que le diera adelante a esto, expresó, y admitió que hay un enfrentamiento con las autoridades federales.
Indicó que el gobierno federal actúa en favor de los intereses de los candidatos del Partido Acción Nacional rumbo a las elecciones del 5 de junio, al hacer ruido contra las autoridades del estado.
No hemos sido notificados todavía (de la demanda del IMSS), aseguró Bours.
Expuso que la Procuraduría General de Justicia del estado, que abrió un proceso judicial para encontrar a los culpables de la tragedia, no tiene atribuciones para citar a declarar a Karam Toumeh o a Molinar Horcasitas –actual secretario de Comunicaciones y Transportes–, y la PGR no está interesada en hacerlo, a pesar de que tiene las atribuciones.
Fondo para indemnización
El gobierno estatal anunció la creación de un fondo para pagar indemnizaciones a los deudos de las víctimas. El dinero sería entregado también a los heridos.
Bours Castelo indicó que, debido a la molestia de los padres de familia porque es muy poco el dinero que recibirán del IMSS, se emitirá un decreto para que el gobierno de Sonora pague hasta un millón 400 mil pesos a cada familia, pero dijo que el monto final lo decidirá un juez. Con ello, advirtió, las autoridades estatales no tratan de comprar la vida de los niños, sino cumplir una obligación.
Estoy firmando un decreto que autoriza un fondo para las familias de los niños que perdieron la vida y los niños que resultaron heridos. Estamos hablando de una cantidad (global) de 67 millones 100 mil pesos, que puede llegar a un millón 400 mil, de acuerdo con lo que marca el Código Civil, declaró.
El instituto debe asumir su responsabilidad
Mientras tanto, en la ciudad de México el procurador general de Justicia de Sonora, Abel Murrieta, advirtió que el IMSS debe asumir la responsabilidad que le corresponde por el incendio en la guardería, ya que el expediente es muy claro. Aseguró que habrá más consignaciones, aunque no precisó si se trata de altos funcionarios, de los dueños de la estancia infantil o ambos.
Entrevistado en el Senado, donde se reunió con el presidente de la primera comisión de la Permanente, el priísta César Duarte, el procurador sonorense se sumó a las críticas que un día antes hizo Eduardo Bours contra las autoridades del Instituto Mexicano Seguro Social por haber interpuesto una demanda contra el gobierno estatal.
Como dijo el mandatario de mi estado, es una cortina de humo para desviar la atención, respondió Murrieta, e hizo notar que desde el primer día el gobierno de Sonora expresó que el incendio comenzó en una bodega de su propiedad, y de ahí le sale la responsabilidad que pudiera tener, pero desde luego hay que ver en qué condiciones y qué reglamentos no cumplía la guardería, que era responsabilidad del IMSS.
Agregó: el expediente está muy claro y en su momento tendrá que asumirse la responsabilidad por el mal manejo.
Interrogado en torno a las declaraciones del senador del PAN Javier Castelo Parada, de que Bours tiene el respaldo de la Procuraduría General de la República, Murrieta comentó que el legislador sólo hizo afirmaciones pero no aportó datos que prueben sus dichos.
Al preguntarle por qué los consignados sólo son funcionarios menores, respondió: es el inicio.
–¿Habrá consignaciones de altos funcionarios y de los dueños de la guardería?
–En la medida en que vayamos teniendo la acreditación de cada quien. Es un proceso complejo, sobre todo en el manejo del IMSS para determinar quiénes son los responsables. De hecho, la mayoría de los funcionarios que ya han declarado, a pesar de que existen algunas normatividades claras, han negado su responsabilidad.
Ulises Gutiérrez, Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Corresponsal y reporteros
Hermosillo, Son., 23 de junio. Atrás de la demanda civil que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) interpuso contra el gobierno de Sonora se encuentra el presidente Felipe Calderón. Además, la Procuraduría General de la República (PGR) protege a altos funcionarios de la dependencia, incluidos el director general y su antecesor, Daniel Karam Toumeh y Juan Molinar Horcasitas, respectivamente, sostuvo hoy el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.
Acusó que el gobierno federal ha tomado la determinación de entrar en un toma y daca con el gobierno de Sonora, ya que las investigaciones sobre la tragedia del 5 de junio –cuando el incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal se propagó a la guardería ABC, lo que dejó un saldo de 47 niños muertos y 30 heridos– tocaron algunos intereses de funcionarios federales.
No creo bajo ninguna circunstancia que el señor Karam haya convocado a una conferencia y hablado de que va a interponer una demanda contra el gobierno del estado sin la autorización de Calderón. No hay manera. Hubo autorización para que le diera adelante a esto, expresó, y admitió que hay un enfrentamiento con las autoridades federales.
Indicó que el gobierno federal actúa en favor de los intereses de los candidatos del Partido Acción Nacional rumbo a las elecciones del 5 de junio, al hacer ruido contra las autoridades del estado.
No hemos sido notificados todavía (de la demanda del IMSS), aseguró Bours.
Expuso que la Procuraduría General de Justicia del estado, que abrió un proceso judicial para encontrar a los culpables de la tragedia, no tiene atribuciones para citar a declarar a Karam Toumeh o a Molinar Horcasitas –actual secretario de Comunicaciones y Transportes–, y la PGR no está interesada en hacerlo, a pesar de que tiene las atribuciones.
Fondo para indemnización
El gobierno estatal anunció la creación de un fondo para pagar indemnizaciones a los deudos de las víctimas. El dinero sería entregado también a los heridos.
Bours Castelo indicó que, debido a la molestia de los padres de familia porque es muy poco el dinero que recibirán del IMSS, se emitirá un decreto para que el gobierno de Sonora pague hasta un millón 400 mil pesos a cada familia, pero dijo que el monto final lo decidirá un juez. Con ello, advirtió, las autoridades estatales no tratan de comprar la vida de los niños, sino cumplir una obligación.
Estoy firmando un decreto que autoriza un fondo para las familias de los niños que perdieron la vida y los niños que resultaron heridos. Estamos hablando de una cantidad (global) de 67 millones 100 mil pesos, que puede llegar a un millón 400 mil, de acuerdo con lo que marca el Código Civil, declaró.
El instituto debe asumir su responsabilidad
Mientras tanto, en la ciudad de México el procurador general de Justicia de Sonora, Abel Murrieta, advirtió que el IMSS debe asumir la responsabilidad que le corresponde por el incendio en la guardería, ya que el expediente es muy claro. Aseguró que habrá más consignaciones, aunque no precisó si se trata de altos funcionarios, de los dueños de la estancia infantil o ambos.
Entrevistado en el Senado, donde se reunió con el presidente de la primera comisión de la Permanente, el priísta César Duarte, el procurador sonorense se sumó a las críticas que un día antes hizo Eduardo Bours contra las autoridades del Instituto Mexicano Seguro Social por haber interpuesto una demanda contra el gobierno estatal.
Como dijo el mandatario de mi estado, es una cortina de humo para desviar la atención, respondió Murrieta, e hizo notar que desde el primer día el gobierno de Sonora expresó que el incendio comenzó en una bodega de su propiedad, y de ahí le sale la responsabilidad que pudiera tener, pero desde luego hay que ver en qué condiciones y qué reglamentos no cumplía la guardería, que era responsabilidad del IMSS.
Agregó: el expediente está muy claro y en su momento tendrá que asumirse la responsabilidad por el mal manejo.
Interrogado en torno a las declaraciones del senador del PAN Javier Castelo Parada, de que Bours tiene el respaldo de la Procuraduría General de la República, Murrieta comentó que el legislador sólo hizo afirmaciones pero no aportó datos que prueben sus dichos.
Al preguntarle por qué los consignados sólo son funcionarios menores, respondió: es el inicio.
–¿Habrá consignaciones de altos funcionarios y de los dueños de la guardería?
–En la medida en que vayamos teniendo la acreditación de cada quien. Es un proceso complejo, sobre todo en el manejo del IMSS para determinar quiénes son los responsables. De hecho, la mayoría de los funcionarios que ya han declarado, a pesar de que existen algunas normatividades claras, han negado su responsabilidad.
martes, 23 de junio de 2009
A LA OPINION PÚBLICA DE SONORA, MEXICO Y EL MUNDO:
Ya han transcurrido quince días desde la terrible desgracia perpetrada en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que distinguidos periodistas ya han tipificado como un crimen de lesa humanidad, es decir, universal.
Ante la ausencia total de voluntad política y celeridad en las investigaciones por parte de las procuradurías federal y estatal, contraria a sus actuaciones cuando de reprimir a luchadores sociales y a personas de escasos recursos económicos se trata, el clamor por la justicia de las familias afectadas y de ciudadanos de todo el mundo cada vez es más grande y más fuerte.
Llama la atención la presencia en Hermosillo de autoridades federales y connotados personajes, desde Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, seguidos por Daniel Karam, director general del IMSS, el secretario de gobernación Fernando Gómez Mont, y hasta políticos de dudosa reputación y gestión, sin resultados satisfactorios.
Aunque se empeñen en negarlo y traten de encubrir la realidad y a funcionarios, son más que evidentes el tráfico de influencias y las relaciones de los tres niveles de gobierno con empresarios privados, lo que cuestiona la validez del modelo de subrogación de guarderías que coloca el interés privado y la obtención de ganancias fáciles por encima de la obligación del Estado de proteger la vida y la integridad de nuestros niños y niñas.
Hay antecedentes de que las negligencias y las carencias en el sistema de salud no son un fenómeno aislado, otras experiencias recientes así lo han demostrado. Hoy por hoy no existe en Hermosillo ni en Sonora un servicio especializado y de calidad para la atención de personas quemadas de cualquier edad.
El incumplimiento de los reglamentos en todos los establecimientos públicos y privados, especialmente la aplicación de medidas de seguridad e higiene, es la regla y no la excepción. Si se practicara una inspección, el resultado sería, sin lugar a dudas, la violación de todas estas normas.
Por estas razones, no estamos de acuerdo en que el gobierno de Sonora siga metiendo las manos en las investigaciones, no se puede ser juez y parte en un caso en el que la sociedad ha perdido toda la confianza y la credibilidad en las autoridades estatales.
Proponemos, en cambio, la creación de un organismo independiente con la aprobación de las familias afectadas para que se realice una investigación imparcial, seria y creíble, en los cuales participen profesionales y peritos de reconocido prestigio y observadores externos sin ninguna relación con este caso. De igual manera, mantenemos informada a la Representante en México de la Alta Comisionada de la ONU en materia de Derechos Humanos, Liliana Valiña quien nos ha manifestado su interés y solidaridad.
Finalmente, exhortamos a los medios de comunicación, así como a las asociaciones y centros de investigación en comunicación para que realicen investigaciones por su cuenta, ya que es un hecho palpable que su presión es la que ha posibilitado en muchos otros casos que se abran las investigaciones y garantizar el seguimiento de los procesos jurídicos.
Que habrá 13 consignaciones, es la noticia de hoy en los medios de comunicación, que se anuncia con bombos y platillos después de 15 días de los hechos que nos tienen aquí reunidos. 13 consignados, así, sin decir nombres, sin aclarar si se trata de detenciones, si ya se giraron órdenes de aprehensión, lo que es igual que nada.
A quienes piensan que este movimiento es débil, que pueden manipularlo para llevar agua a su molino, que pueden acallarlo, desprestigiarlo y comprar las conciencias; a quienes le apuestan al paso del tiempo y al desgaste; a quienes subestiman la fuerza desatada del coraje y de la decisión inquebrantable que tenemos de luchar hasta las últimas consecuencias porque se haga justicia, les decimos: no se equivoquen.
Muchos grupos de la sociedad civil se han sumado a nuestro Movimiento con manifestaciones en el D.F. Navojoa, Obregón y Guaymas; así también la asociación de padres de familia de Pasta de Conchos y familiares de víctimas de atropellos como este en toda Latinoamérica. Todos pedimos ¡JUSTICIA! No cejaremos en esta lucha.
Tengan la plena seguridad de que este Movimiento Ciudadano por la Justicia que nació el pasado 5 de junio no bajará sus banderas, no descansará hasta hacer pagar a todas y a todos los culpables y sus cómplices, no importa que tan encumbradas sean sus posiciones, que tan intocables se crean, por todas y cada una de las 46 muertes de nuestras hijas e hijos, por las graves heridas y cicatrices que marcarán para siempre sus cuerpos y sus vidas, las nuestras.
EXIGENCIAS
Justicia completa e imparcial; que se abran procesos penales transparentes a los culpables de la masacre perpetrada contra las familias y reparación daños a través de indemnizaciones de acuerdo a la magnitud de la pérdida. No más hostigamientos, limosnas ni engaños.
Tratamiento médico especializado de la más alta calidad a los niños convalecientes y a familiares, financiado por quien corresponda tanto a nivel federal, como estatal y municipal.
Revisión de los modelos de todo sistema educativo, desde el infantil hasta el de posgrado. Cancelación inmediata del Decreto y los contratos de subrogación de todas las guarderías del IMSS en manos de particulares.
Realizadas las investigaciones, confiscación y demolición de las aberrantes instalaciones del sitio de la tragedia, la construcción de un hospital y elevación de un monumento en memoria de los niños asesinados y heridos.
MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO A 20 DE JUNIO DEL 2009.
Ante la ausencia total de voluntad política y celeridad en las investigaciones por parte de las procuradurías federal y estatal, contraria a sus actuaciones cuando de reprimir a luchadores sociales y a personas de escasos recursos económicos se trata, el clamor por la justicia de las familias afectadas y de ciudadanos de todo el mundo cada vez es más grande y más fuerte.
Llama la atención la presencia en Hermosillo de autoridades federales y connotados personajes, desde Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, seguidos por Daniel Karam, director general del IMSS, el secretario de gobernación Fernando Gómez Mont, y hasta políticos de dudosa reputación y gestión, sin resultados satisfactorios.
Aunque se empeñen en negarlo y traten de encubrir la realidad y a funcionarios, son más que evidentes el tráfico de influencias y las relaciones de los tres niveles de gobierno con empresarios privados, lo que cuestiona la validez del modelo de subrogación de guarderías que coloca el interés privado y la obtención de ganancias fáciles por encima de la obligación del Estado de proteger la vida y la integridad de nuestros niños y niñas.
Hay antecedentes de que las negligencias y las carencias en el sistema de salud no son un fenómeno aislado, otras experiencias recientes así lo han demostrado. Hoy por hoy no existe en Hermosillo ni en Sonora un servicio especializado y de calidad para la atención de personas quemadas de cualquier edad.
El incumplimiento de los reglamentos en todos los establecimientos públicos y privados, especialmente la aplicación de medidas de seguridad e higiene, es la regla y no la excepción. Si se practicara una inspección, el resultado sería, sin lugar a dudas, la violación de todas estas normas.
Por estas razones, no estamos de acuerdo en que el gobierno de Sonora siga metiendo las manos en las investigaciones, no se puede ser juez y parte en un caso en el que la sociedad ha perdido toda la confianza y la credibilidad en las autoridades estatales.
Proponemos, en cambio, la creación de un organismo independiente con la aprobación de las familias afectadas para que se realice una investigación imparcial, seria y creíble, en los cuales participen profesionales y peritos de reconocido prestigio y observadores externos sin ninguna relación con este caso. De igual manera, mantenemos informada a la Representante en México de la Alta Comisionada de la ONU en materia de Derechos Humanos, Liliana Valiña quien nos ha manifestado su interés y solidaridad.
Finalmente, exhortamos a los medios de comunicación, así como a las asociaciones y centros de investigación en comunicación para que realicen investigaciones por su cuenta, ya que es un hecho palpable que su presión es la que ha posibilitado en muchos otros casos que se abran las investigaciones y garantizar el seguimiento de los procesos jurídicos.
Que habrá 13 consignaciones, es la noticia de hoy en los medios de comunicación, que se anuncia con bombos y platillos después de 15 días de los hechos que nos tienen aquí reunidos. 13 consignados, así, sin decir nombres, sin aclarar si se trata de detenciones, si ya se giraron órdenes de aprehensión, lo que es igual que nada.
A quienes piensan que este movimiento es débil, que pueden manipularlo para llevar agua a su molino, que pueden acallarlo, desprestigiarlo y comprar las conciencias; a quienes le apuestan al paso del tiempo y al desgaste; a quienes subestiman la fuerza desatada del coraje y de la decisión inquebrantable que tenemos de luchar hasta las últimas consecuencias porque se haga justicia, les decimos: no se equivoquen.
Muchos grupos de la sociedad civil se han sumado a nuestro Movimiento con manifestaciones en el D.F. Navojoa, Obregón y Guaymas; así también la asociación de padres de familia de Pasta de Conchos y familiares de víctimas de atropellos como este en toda Latinoamérica. Todos pedimos ¡JUSTICIA! No cejaremos en esta lucha.
Tengan la plena seguridad de que este Movimiento Ciudadano por la Justicia que nació el pasado 5 de junio no bajará sus banderas, no descansará hasta hacer pagar a todas y a todos los culpables y sus cómplices, no importa que tan encumbradas sean sus posiciones, que tan intocables se crean, por todas y cada una de las 46 muertes de nuestras hijas e hijos, por las graves heridas y cicatrices que marcarán para siempre sus cuerpos y sus vidas, las nuestras.
EXIGENCIAS
Justicia completa e imparcial; que se abran procesos penales transparentes a los culpables de la masacre perpetrada contra las familias y reparación daños a través de indemnizaciones de acuerdo a la magnitud de la pérdida. No más hostigamientos, limosnas ni engaños.
Tratamiento médico especializado de la más alta calidad a los niños convalecientes y a familiares, financiado por quien corresponda tanto a nivel federal, como estatal y municipal.
Revisión de los modelos de todo sistema educativo, desde el infantil hasta el de posgrado. Cancelación inmediata del Decreto y los contratos de subrogación de todas las guarderías del IMSS en manos de particulares.
Realizadas las investigaciones, confiscación y demolición de las aberrantes instalaciones del sitio de la tragedia, la construcción de un hospital y elevación de un monumento en memoria de los niños asesinados y heridos.
MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO A 20 DE JUNIO DEL 2009.
Ninguno de los dueños de la guardería ABC ha sido consignado
Detienen a 2 empleados del IMSS y a 7 de Sonora por el incendio
Ulises Gutiérrez y Alfredo Méndez
Corresponsal y reportero
Autoridades de Sonora y federales dieron a conocer ayer que dos empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y siete de la Secretaría de Hacienda estatal han sido detendidos por su presunta responsabilidad en la tragedia de la guardería ABC que dejó un saldo de 47 niños muertos.
En Hermosillo, el procurador de Justicia de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez –en una atropellada rueda de prensa en la que prometió su renuncia si los periodistas demuestran que dice mentiras en la investigación por la tragedia de la guardería ABC–, señaló que fueron detenidos los siete primeros presuntos responsables por la tragedia en la estancia infantil. Ninguno de los dueños está bajo proceso.
Informó que las siete personas detenidas ayer, por los delitos de homicidio culposo y lesiones, son integrantes de la Secretaría de Hacienda estatal, empleados y funcionarios, encargados del establecimiento y operación de la bodega donde se inició el fuego el pasado 5 de junio, pero se negó a detallar la función de cada uno de los aprehendidos.
El Poder Judicial se pronunció y nos otorgó 13 órdenes de aprehensión y declaró su incompetencia, por considerar que es materia federal, en una de ellas (con lo que habrían sido 14 las órdenes solicitadas), de las cuales siete han sido ejecutadas y serán puestas a disposición del juez de la causa, detalló el procurador estatal.
Abel Murrieta Gutiérrez indicó que las personas detenidas este lunes son: Manuel Gaxiola Santacruz, Francisco Arturo Bracamontes Córdova, Juan Parra Valenzuela, Ignacio Aduendas Salazar, Álvaro Pacheco Ferral, Jorge Antonio Lavandera Peñúñuri y Arturo Torres Escalante.
En relación con los dueños de la guardería, el procurador general de Justicia de Sonora reveló que, de acuerdo con la investigación, hay alguna probable responsabilidad en algunos de ellos, incluso se pidió una orden de aprehensión, pero el juez se las negó por ser de competencia federal su procesamiento. Por su parte, el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora, Martín Godoy Castro, admitió que no ha pedido la detención de ninguno de los propietarios.
A las autoridades locales les negaron la orden de aprehensión contra uno de los dueños porque la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que los servicios públicos subrogados, todo lo que suceda en función de eso, tendrá que ser competencia federal, precisó Murrieta Gutiérrez, al asegurar que la Procuraduría estatal sí intentó detener a uno de los propietarios de ABC, aunque no precisó su nombre
En la conferencia de prensa, Abel Murrieta Gutiérrez se molestó cuando un reportero le preguntó por qué el domigno se negaba que hubiera detenidos, cuando familiares de personas presuntamente aprehendidas señalaban lo contrario. El funcionario estatal retó a que le demostraran que el domingo la procuraduría a su cargo realizó detenciones, y en tal caso renunciaría a su cargo.
Por la tarde de ayer un grupo de cerca de 20 familiares de las personas detenidas protestó frente a las oficinas de la policía investigadora de Sonora, para pedir la liberación de los empleados y funcionarios de la Secretaría de Hacienda local, ya que consideran que los han convertido en chivos expiatorios.
Los detenidos del Seguro Social
La PGR, por su parte, informó que consignó y obtuvo del juzgado primero de distrito de procedimientos penales federales, con sede en Sonora, cinco órdenes de aprehensión contra igual número de servidores públicos de la delegación del IMSS en esa entidad, por ser presuntos responsables de delitos culposos.
Hasta ayer se habían cumplimentado dos de las cinco órdenes de captura libradas por delitos federales, informó anoche la PGR mediante un comunicado.
La dependencia precisó que la Policía Federal Ministerial capturó y puso a disposición del juez federal a Irma Crescencia Díaz Gómez y a Delia Botello Amante, ambas coordinadoras zonales de guarderías de la delegación del IMSS en Sonora.
La PGR precisó que los servidores públicos fueron consignados por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y ejercicio indebido del servicio público, los cuales, al no ser considerados graves por las leyes penales federales permitirán a los indiciados obtener la libertad provisional bajo caución.
En su comunicado, la dependencia no mencionó los cargos ni los nombres de los tres funcionarios del IMSS que no han sido detenidos y quienes hasta el cierre de esta edición permanecían en calidad de prófugos de la justicia.
Los inculpados conocieron de las irregularidades y deficiencias de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y no tomaron las acciones que correspondían a su deber como servidores públicos, destacó la PGR.
En tanto, fuentes judiciales consultadas por este diario revelaron que las consignaciones por delitos federales se realizaron desde el pasado viernes.
Hasta el momento la PGR no ha realizado el ejercicio de la acción penal contra alguno de los poseedores de la subrogación de la guardería siniestrada.
Se habla extraoficialmente de que otros de los presuntos responsables sobre quienes pesa alguna órden de captura son Emigdio Martínez, jefe delegacional de Prestaciones del Seguro Social, y la coordinadora regional de guarderías, Noemí López.
Ulises Gutiérrez y Alfredo Méndez
Corresponsal y reportero
Autoridades de Sonora y federales dieron a conocer ayer que dos empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y siete de la Secretaría de Hacienda estatal han sido detendidos por su presunta responsabilidad en la tragedia de la guardería ABC que dejó un saldo de 47 niños muertos.
En Hermosillo, el procurador de Justicia de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez –en una atropellada rueda de prensa en la que prometió su renuncia si los periodistas demuestran que dice mentiras en la investigación por la tragedia de la guardería ABC–, señaló que fueron detenidos los siete primeros presuntos responsables por la tragedia en la estancia infantil. Ninguno de los dueños está bajo proceso.
Informó que las siete personas detenidas ayer, por los delitos de homicidio culposo y lesiones, son integrantes de la Secretaría de Hacienda estatal, empleados y funcionarios, encargados del establecimiento y operación de la bodega donde se inició el fuego el pasado 5 de junio, pero se negó a detallar la función de cada uno de los aprehendidos.
El Poder Judicial se pronunció y nos otorgó 13 órdenes de aprehensión y declaró su incompetencia, por considerar que es materia federal, en una de ellas (con lo que habrían sido 14 las órdenes solicitadas), de las cuales siete han sido ejecutadas y serán puestas a disposición del juez de la causa, detalló el procurador estatal.
Abel Murrieta Gutiérrez indicó que las personas detenidas este lunes son: Manuel Gaxiola Santacruz, Francisco Arturo Bracamontes Córdova, Juan Parra Valenzuela, Ignacio Aduendas Salazar, Álvaro Pacheco Ferral, Jorge Antonio Lavandera Peñúñuri y Arturo Torres Escalante.
En relación con los dueños de la guardería, el procurador general de Justicia de Sonora reveló que, de acuerdo con la investigación, hay alguna probable responsabilidad en algunos de ellos, incluso se pidió una orden de aprehensión, pero el juez se las negó por ser de competencia federal su procesamiento. Por su parte, el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora, Martín Godoy Castro, admitió que no ha pedido la detención de ninguno de los propietarios.
A las autoridades locales les negaron la orden de aprehensión contra uno de los dueños porque la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que los servicios públicos subrogados, todo lo que suceda en función de eso, tendrá que ser competencia federal, precisó Murrieta Gutiérrez, al asegurar que la Procuraduría estatal sí intentó detener a uno de los propietarios de ABC, aunque no precisó su nombre
En la conferencia de prensa, Abel Murrieta Gutiérrez se molestó cuando un reportero le preguntó por qué el domigno se negaba que hubiera detenidos, cuando familiares de personas presuntamente aprehendidas señalaban lo contrario. El funcionario estatal retó a que le demostraran que el domingo la procuraduría a su cargo realizó detenciones, y en tal caso renunciaría a su cargo.
Por la tarde de ayer un grupo de cerca de 20 familiares de las personas detenidas protestó frente a las oficinas de la policía investigadora de Sonora, para pedir la liberación de los empleados y funcionarios de la Secretaría de Hacienda local, ya que consideran que los han convertido en chivos expiatorios.
Los detenidos del Seguro Social
La PGR, por su parte, informó que consignó y obtuvo del juzgado primero de distrito de procedimientos penales federales, con sede en Sonora, cinco órdenes de aprehensión contra igual número de servidores públicos de la delegación del IMSS en esa entidad, por ser presuntos responsables de delitos culposos.
Hasta ayer se habían cumplimentado dos de las cinco órdenes de captura libradas por delitos federales, informó anoche la PGR mediante un comunicado.
La dependencia precisó que la Policía Federal Ministerial capturó y puso a disposición del juez federal a Irma Crescencia Díaz Gómez y a Delia Botello Amante, ambas coordinadoras zonales de guarderías de la delegación del IMSS en Sonora.
La PGR precisó que los servidores públicos fueron consignados por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y ejercicio indebido del servicio público, los cuales, al no ser considerados graves por las leyes penales federales permitirán a los indiciados obtener la libertad provisional bajo caución.
En su comunicado, la dependencia no mencionó los cargos ni los nombres de los tres funcionarios del IMSS que no han sido detenidos y quienes hasta el cierre de esta edición permanecían en calidad de prófugos de la justicia.
Los inculpados conocieron de las irregularidades y deficiencias de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y no tomaron las acciones que correspondían a su deber como servidores públicos, destacó la PGR.
En tanto, fuentes judiciales consultadas por este diario revelaron que las consignaciones por delitos federales se realizaron desde el pasado viernes.
Hasta el momento la PGR no ha realizado el ejercicio de la acción penal contra alguno de los poseedores de la subrogación de la guardería siniestrada.
Se habla extraoficialmente de que otros de los presuntos responsables sobre quienes pesa alguna órden de captura son Emigdio Martínez, jefe delegacional de Prestaciones del Seguro Social, y la coordinadora regional de guarderías, Noemí López.
En la indefensión, usuarios de LFC sufren alzas hasta de 17 mil 800%
No hay legislación que proteja a los consumidores
Se detecta arbitrariedad para fijar montos y para realizar descuentos
La compañía pierde una tercera parte de la energía que distribuye
Roberto González Amador e Israel Rodríguez
Disparo en el monto de los cobros y continua interrupción en el servicio. Dos de las características con que Luz y Fuerza del Centro (LFC), la empresa que suministra electricidad a la zona centro del país, presta el servicio en los últimos años trascienden el ámbito de la atención a los consumidores y muestran carencias en la política social del gobierno federal y en el cumplimiento de obligaciones esenciales de un Estado. Incluso, las deficiencias en el funcionamiento de esa compañía empezaron a ser analizadas desde el ámbito de la protección de los derechos humanos.
En un momento en que la crisis económica mina día con día el ingreso disponible de los hogares en México, usuarios de LFC llegan a padecer alzas en su factura bimestral hasta de 17 mil 800 por ciento. La magnitud de los incrementos varía, pero la constante es que el consumidor debe pagar.
Una empresa que “pierde” una tercera parte de la electricidad que distribuye, Luz y Fuerza del Centro no se hace responsable por sus ineficiencias. Decenas de usuarios que entregaron documentos a este diario en los que se muestra el exceso en los cobros coincidieron en que cuando acuden a reclamar a las sucursales, los responsables del área de “relaciones públicas”, donde son atendidos, proponen: “pague este recibo y luego investigamos el alza”.
El director general de la empresa, Jorge Gutiérrez Vera, y Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que representa a los trabajadores de la compañía, negaron entrevistas a La Jornada, solicitadas hace dos semanas, para que expusieran sus puntos de vista sobre la forma en que opera Luz y Fuerza y las quejas de los usuarios.
Según datos de la empresa, en el primer cuatrimestre de este año las “pérdidas” de energía en distribución fueron equivalentes a 33.3 por ciento, es decir, un tercio, del total de energía que tuvo para distribuir.
Empresa que privilegia a sus empleados de base y confianza con sueldos y prestaciones arriba del promedio para compañías eléctricas con mayor eficiencia en el mundo, Luz y Fuerza es la única entidad autorizada para prestar el servicio para 6 millones de usuarios que viven o tienen sus empresas en la capital del país, Hidalgo, Morelos, estado de México y Puebla. Según LFC, la población que atiende es de 20 millones de personas.
La constante interrupción en el suministro y el alza arbitraria en los costos que cobra a los consumidores afectan directamente derechos básicos, como menciona Consumers International (CI), una de las mayores organizaciones de defensa de los consumidores, con sede en Londres.
“Los gobiernos deben poner en marcha iniciativas para alcanzar el objetivo de acceso universal a los servicios de energía, bajo los principios de tarifas asequibles y sostenibilidad”, menciona CI. “La continuidad es un aspecto vital de la accesibilidad de los servicios; los consumidores tienen derecho a la regularidad del servicio, sin desconexiones arbitrarias o interrupciones”, añade.
Fallas en el suministro y cobros arbitrarios, como ocurre en México con frecuencia a usuarios de LFC, muestran carencias de la política social y de la política de energía de los países, dijo a este diario Marcela Ortiz, portavoz de CI para América Latina. “Lo que se ve es poca inversión de las empresas, falta de política social eléctrica de los gobiernos y una legislación insuficiente para proteger a los usuarios”, comentó.
Los padecimientos de millones de usuarios de LFC han sido abordados también desde una óptica de la responsabilidad del gobierno y la protección de los derechos humanos.
“El monto de los cobros que hace Luz y Fuerza está afectando de manera muy significativa a las clases medias”, expuso Jorge Maya Gómez, administrador de la Unidad John F. Kennedy, uno de los mayores conjuntos habitacionales en la capital del país, quien día con día tiene casos de cobros que los usuarios consideran excesivos. “El gobierno subsidia al gran consumidor, pero a costa de los pequeños usuarios”. Propone lo que considera una manera muy sencilla de acabar con la controversia sobre el costo del servicio: que la lectura del consumo en domicilios se haga por medio de dispositivos automáticos, que existen en el mercado a bajo costo, y ya no por personal de a pie que va casa por casa tomando la lectura de manera manual.
Sin alternativa
Un usuario de Luz y Fuerza del Centro que se considere afectado por cobros excesivos o por fallas en el suministro no tiene alternativa de protección por parte de los órganos del Estado encargados de tutelar derechos de los consumidores, o de la instancia de protección contra abusos de entidades y servidores públicos. Ésa es una de las principales conclusiones de un amplio estudio realizado el año pasado por un grupo de expertos que siguió el comportamiento de la propia LFC, la Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal del Consumidor.
Este grupo de expertos analizó 33 quejas interpuestas contra LFC ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fundamentalmente por cobros excesivos o indebidos por el consumo de energía eléctrica. El argumento de los usuarios afectados por esta situación fue que los montos reclamados por la paraestatal no correspondían con los promedios históricos de consumo, ni con el uso efectivo de energía. Algunos reclamaron que les fueron requeridos pagos muy elevados, a pesar de que su domicilio está deshabitado, tienen pocos aparatos eléctricos o su vivienda está desocupada la mayor parte del día.
El estudio, de 239 páginas, fue realizado por el Proyecto Atalaya, entidad no gubernamental que da seguimiento al trabajo de la CNDH, y fue auspiciado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Las quejas, ampliamente documentadas por los autores del estudio, muestran que los incrementos en la factura eléctrica son sostenidos y llegan a alcanzar cantidades aparentemente inaccesibles para los usuarios. Quienes las presentaron también pusieron de manifiesto que la inconformidad por lo elevado de los montos está íntimamente ligada con irregularidades en el funcionamiento de los instrumentos de medición del consumo.
La mayor parte de las quejas por cobros excesivos concluyeron con la confirmación de los montos a pagar. Esto se debe a que la intervención tanto de la CNDH como de la Profeco se limita a servir de intermediaria entre los consumidores y la empresa eléctrica a fin de consultar a ésta respecto a la justificación de los montos impugnados, indica el informe.
Invariablemente, cuando la paraestatal respondió que los montos estaban justificados, la CNDH se limitó a dar a conocer esta respuesta al quejoso, orientándolo para promover un convenio de pagos parciales, menciona. La Profeco se limitó a hacer lo mismo en los casos de cobros excesivos imputables a Luz y Fuerza.
“Esto significa que, en esta materia, el consumidor promedio no tiene en realidad una alternativa para que una institución independiente a la empresa proveedora revise y, en su caso, redefina los montos por consumo de energía. La paraestatal detenta la potestad de definir las cantidades a pagar y, en los hechos, monopoliza la facultad de establecer si éstos deben ser o no modificados por carecer de sustento”.
En los pocos casos comprendidos en la muestra en los que se modificó a favor del usuario el monto de consumo, fue porque la paraestatal reconoció algún error en la facturación, el cual, por lo demás, no explicó suficientemente, lo que refuerza la percepción de que la arbitrariedad para fijar los montos la ejerce también para realizar los descuentos y ajustes a la baja, según ese estudio.
Se detecta arbitrariedad para fijar montos y para realizar descuentos
La compañía pierde una tercera parte de la energía que distribuye
Roberto González Amador e Israel Rodríguez
Disparo en el monto de los cobros y continua interrupción en el servicio. Dos de las características con que Luz y Fuerza del Centro (LFC), la empresa que suministra electricidad a la zona centro del país, presta el servicio en los últimos años trascienden el ámbito de la atención a los consumidores y muestran carencias en la política social del gobierno federal y en el cumplimiento de obligaciones esenciales de un Estado. Incluso, las deficiencias en el funcionamiento de esa compañía empezaron a ser analizadas desde el ámbito de la protección de los derechos humanos.
En un momento en que la crisis económica mina día con día el ingreso disponible de los hogares en México, usuarios de LFC llegan a padecer alzas en su factura bimestral hasta de 17 mil 800 por ciento. La magnitud de los incrementos varía, pero la constante es que el consumidor debe pagar.
Una empresa que “pierde” una tercera parte de la electricidad que distribuye, Luz y Fuerza del Centro no se hace responsable por sus ineficiencias. Decenas de usuarios que entregaron documentos a este diario en los que se muestra el exceso en los cobros coincidieron en que cuando acuden a reclamar a las sucursales, los responsables del área de “relaciones públicas”, donde son atendidos, proponen: “pague este recibo y luego investigamos el alza”.
El director general de la empresa, Jorge Gutiérrez Vera, y Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que representa a los trabajadores de la compañía, negaron entrevistas a La Jornada, solicitadas hace dos semanas, para que expusieran sus puntos de vista sobre la forma en que opera Luz y Fuerza y las quejas de los usuarios.
Según datos de la empresa, en el primer cuatrimestre de este año las “pérdidas” de energía en distribución fueron equivalentes a 33.3 por ciento, es decir, un tercio, del total de energía que tuvo para distribuir.
Empresa que privilegia a sus empleados de base y confianza con sueldos y prestaciones arriba del promedio para compañías eléctricas con mayor eficiencia en el mundo, Luz y Fuerza es la única entidad autorizada para prestar el servicio para 6 millones de usuarios que viven o tienen sus empresas en la capital del país, Hidalgo, Morelos, estado de México y Puebla. Según LFC, la población que atiende es de 20 millones de personas.
La constante interrupción en el suministro y el alza arbitraria en los costos que cobra a los consumidores afectan directamente derechos básicos, como menciona Consumers International (CI), una de las mayores organizaciones de defensa de los consumidores, con sede en Londres.
“Los gobiernos deben poner en marcha iniciativas para alcanzar el objetivo de acceso universal a los servicios de energía, bajo los principios de tarifas asequibles y sostenibilidad”, menciona CI. “La continuidad es un aspecto vital de la accesibilidad de los servicios; los consumidores tienen derecho a la regularidad del servicio, sin desconexiones arbitrarias o interrupciones”, añade.
Fallas en el suministro y cobros arbitrarios, como ocurre en México con frecuencia a usuarios de LFC, muestran carencias de la política social y de la política de energía de los países, dijo a este diario Marcela Ortiz, portavoz de CI para América Latina. “Lo que se ve es poca inversión de las empresas, falta de política social eléctrica de los gobiernos y una legislación insuficiente para proteger a los usuarios”, comentó.
Los padecimientos de millones de usuarios de LFC han sido abordados también desde una óptica de la responsabilidad del gobierno y la protección de los derechos humanos.
“El monto de los cobros que hace Luz y Fuerza está afectando de manera muy significativa a las clases medias”, expuso Jorge Maya Gómez, administrador de la Unidad John F. Kennedy, uno de los mayores conjuntos habitacionales en la capital del país, quien día con día tiene casos de cobros que los usuarios consideran excesivos. “El gobierno subsidia al gran consumidor, pero a costa de los pequeños usuarios”. Propone lo que considera una manera muy sencilla de acabar con la controversia sobre el costo del servicio: que la lectura del consumo en domicilios se haga por medio de dispositivos automáticos, que existen en el mercado a bajo costo, y ya no por personal de a pie que va casa por casa tomando la lectura de manera manual.
Sin alternativa
Un usuario de Luz y Fuerza del Centro que se considere afectado por cobros excesivos o por fallas en el suministro no tiene alternativa de protección por parte de los órganos del Estado encargados de tutelar derechos de los consumidores, o de la instancia de protección contra abusos de entidades y servidores públicos. Ésa es una de las principales conclusiones de un amplio estudio realizado el año pasado por un grupo de expertos que siguió el comportamiento de la propia LFC, la Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal del Consumidor.
Este grupo de expertos analizó 33 quejas interpuestas contra LFC ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fundamentalmente por cobros excesivos o indebidos por el consumo de energía eléctrica. El argumento de los usuarios afectados por esta situación fue que los montos reclamados por la paraestatal no correspondían con los promedios históricos de consumo, ni con el uso efectivo de energía. Algunos reclamaron que les fueron requeridos pagos muy elevados, a pesar de que su domicilio está deshabitado, tienen pocos aparatos eléctricos o su vivienda está desocupada la mayor parte del día.
El estudio, de 239 páginas, fue realizado por el Proyecto Atalaya, entidad no gubernamental que da seguimiento al trabajo de la CNDH, y fue auspiciado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Las quejas, ampliamente documentadas por los autores del estudio, muestran que los incrementos en la factura eléctrica son sostenidos y llegan a alcanzar cantidades aparentemente inaccesibles para los usuarios. Quienes las presentaron también pusieron de manifiesto que la inconformidad por lo elevado de los montos está íntimamente ligada con irregularidades en el funcionamiento de los instrumentos de medición del consumo.
La mayor parte de las quejas por cobros excesivos concluyeron con la confirmación de los montos a pagar. Esto se debe a que la intervención tanto de la CNDH como de la Profeco se limita a servir de intermediaria entre los consumidores y la empresa eléctrica a fin de consultar a ésta respecto a la justificación de los montos impugnados, indica el informe.
Invariablemente, cuando la paraestatal respondió que los montos estaban justificados, la CNDH se limitó a dar a conocer esta respuesta al quejoso, orientándolo para promover un convenio de pagos parciales, menciona. La Profeco se limitó a hacer lo mismo en los casos de cobros excesivos imputables a Luz y Fuerza.
“Esto significa que, en esta materia, el consumidor promedio no tiene en realidad una alternativa para que una institución independiente a la empresa proveedora revise y, en su caso, redefina los montos por consumo de energía. La paraestatal detenta la potestad de definir las cantidades a pagar y, en los hechos, monopoliza la facultad de establecer si éstos deben ser o no modificados por carecer de sustento”.
En los pocos casos comprendidos en la muestra en los que se modificó a favor del usuario el monto de consumo, fue porque la paraestatal reconoció algún error en la facturación, el cual, por lo demás, no explicó suficientemente, lo que refuerza la percepción de que la arbitrariedad para fijar los montos la ejerce también para realizar los descuentos y ajustes a la baja, según ese estudio.
lunes, 22 de junio de 2009
Yo no soy Santa Claus... Carlos Slim Helú
Carlos Slim Helú (Arabic:كارلوس سليم حلو) (Spanish pronunciation: [ˈkaɾlos slim eˈlu]), simply known as Carlos Slim (born January 28, 1940) is a Mexican businessman with Syriac ethnic and philanthropist largely focused on the telecommunications industry. He is currently the third wealthiest person in the world with a net worth of around US$35 billion through his holdings.[2]
Slim has a substantial influence over the telecommunications industry in Mexico and much of Latin America. He controls Teléfonos de México (Telmex), Telcel and América Móvil companies. Though he maintains an active involvement in his companies, his three sons — Carlos, Marco Antonio and Patrick Slim Domit — head them on a day-to-day basis
The Mexican magnate's rising fortune has caused a good deal of controversy because it has been amassed in a Developing nation where per capita income does not surpass $14,500 a year and nearly 17% of the population lives in poverty.[15] Critics claim he is a monopolist, pointing to Telmex’s control of 90% of the Mexican landline telephone market. Slim's wealth is the equivalent of roughly 2% of Mexico's annual economic output.[16] Telmex, which is 49.1% owned by Slim and his family, charges among the highest fees in the world, says the Organisation for Economic Co-operation and Development.[17]
According to Professor Celso Garrido, an economist at the Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Slim's domination of his country's conglomerates chokes off growth of smaller companies, resulting in a shortage of good jobs and driving many Mexicans to seek better lives north of the Rio Grande.[18]
Slim says he is unfazed by the criticism: "When you live for others' opinions, you are dead. I don't want to live thinking about how I'll be remembered." He also claims indifference about his ranking and says he has no interest in becoming the world's richest person. When asked to explain his sudden increase in wealth at a press conference soon after Forbes annual billionaire rankings were published, he reportedly said, "The stock market goes up ... and down," and noted that his fortune could quickly drop.[16]
Slim has a substantial influence over the telecommunications industry in Mexico and much of Latin America. He controls Teléfonos de México (Telmex), Telcel and América Móvil companies. Though he maintains an active involvement in his companies, his three sons — Carlos, Marco Antonio and Patrick Slim Domit — head them on a day-to-day basis
The Mexican magnate's rising fortune has caused a good deal of controversy because it has been amassed in a Developing nation where per capita income does not surpass $14,500 a year and nearly 17% of the population lives in poverty.[15] Critics claim he is a monopolist, pointing to Telmex’s control of 90% of the Mexican landline telephone market. Slim's wealth is the equivalent of roughly 2% of Mexico's annual economic output.[16] Telmex, which is 49.1% owned by Slim and his family, charges among the highest fees in the world, says the Organisation for Economic Co-operation and Development.[17]
According to Professor Celso Garrido, an economist at the Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Slim's domination of his country's conglomerates chokes off growth of smaller companies, resulting in a shortage of good jobs and driving many Mexicans to seek better lives north of the Rio Grande.[18]
Slim says he is unfazed by the criticism: "When you live for others' opinions, you are dead. I don't want to live thinking about how I'll be remembered." He also claims indifference about his ranking and says he has no interest in becoming the world's richest person. When asked to explain his sudden increase in wealth at a press conference soon after Forbes annual billionaire rankings were published, he reportedly said, "The stock market goes up ... and down," and noted that his fortune could quickly drop.[16]
domingo, 21 de junio de 2009
Nueva protesta en Hermosillo; no bastan consignaciones, advierten
El gobernador Bours y sus funcionarios “no se cansan de decir estupideces”, aseveran deudos
“Nuestros niños fueron asesinados por una gavilla de inversionistas criminales”, denuncian
Arturo Cano
Enviado
Hermosillo, Son., 20 de junio. Los padres que perdieron a sus hijos avanzan al frente de la marcha de las carriolas, con las fotos de sus bebés pegadas en cartulinas y en letras grandes y coloridas los nombres con los que no volverán a llamarlos a la puerta de la guardería. Ahí está la ABC, frente a la gasolinera, rodeada de vallas que impiden el paso y con los tres boquetes que a defensa limpia abrió el “héroe de la camioneta”.
El anuncio de que 13 personas serán consignadas, hecho el día anterior por la Procuraduría General de Justicia del Estado, no impide que los padres salgan de nuevo a las calles, acompañados de miles de hermosillenses vestidos de blanco, para hacer el recorrido desde la guardería en el sur, a la plaza central. “No basta con los 13, tienen que seguir investigando y castigar a todos los culpables”, dicen los padres que encabezan la caminata.
“No se veían marchas así desde los setenta”
La asistencia mengua en relación con la primera movilización, pero de cualquier modo se trata de una manifestación inusual en esta ciudad. “No se veían marchas así desde los setenta, cuando se formaron los sindicatos universitarios”, afirma Francisca Duarte, de la Red Fronteriza de Salud.
Sin embargo, no todos vienen.
Martha Lemas, la madre de Santiago Zavala, no tiene la fuerza para regresar a la guardería donde murió su hijo. Vienen sus familiares y su esposo, Roberto, quien camina portando una cartulina con la foto de su hijo publicada en este diario y una frase: “Exigimos cárcel para los culpables”.
–¿Quiénes? –se pregunta a Roberto.
–Los socios de la guardería y los responsables de los tres niveles de gobierno.
Esta semana que termina los padres de los niños muertos han recibido la visita de representantes del gobierno de Eduardo Bours, tal como él prometió.
–¿Qué les dijeron?
–Que Santiago debe estar muy triste en el cielo de vernos enojados, de ver que estamos peleando.
–¿De verdad eso les dijeron?
–Le digo que Bours y sus funcionarios no se cansan de decir estupideces.
La voz cantante en la visita la llevó el ex alcalde de Hermosillo, Guatimoc Iberri, quien a pesar de haber sido inhabilitado por nueve años para desempeñar cargos públicos, por irregularidades en su gestión, fue incorporado al gobierno de su amigo Eduardo Bours. “Es un hombre de a deveras”, ha dicho de él Bours, según la prensa local.
Iberri y los otros funcionarios ofrecieron a los Zavala Lemas “toda la ayuda que quieran”. “Sabemos que su esposa ya no quiere regresar a trabajar, lo que se les ofrezca... si necesitan despensas”.
Roberto cuenta que le entregó a Iberri la foto de su hijo y le pidió: “Véalo un minuto”. El funcionario lo hizo.
“Ahora que me quitaron lo que más quería, ¿usted cree que me puede dar algo?”
Otro de los funcionarios (“fueron tres, porque siempre tienen que ser mayoría”) les dijo a los Zavala Lemas que “cuando quisieran” pueden tener una entrevista con el gobernador Bours. Iberri dudó: “No sé si se pueda”.
Roberto sigue caminando al lado de los padres de los otros 45 niños muertos cuando dice: “Me gustaría ver al gobernador”.
–¿Por qué?
–Pues para decirle que se olvide de su relección.
–Querrá decir que se olvide de sus aspiraciones de buscar la Presidencia de la República.
–No, de su relección, porque Alfredo Elías (candidato priísta a la gubernatura) es su segura relección, ¿a poco no sabe? Aquí todos lo sabemos.
“El principal responsable es el Seguro Social”
Pasa una camioneta cargada de niños vestidos de beisbolistas: “¡Justicia, justicia!”, gritan, aunque nadie les contesta porque la marcha es silenciosa.
Una manta hecha por rotulistas profesionales se incorpora a la marcha. Tiene el logotipo del Instituto Mexicano del Seguro Social muy bien pintado y la leyenda: “IMSS, ¿por qué no cuidaste a nuestros hijos?”
La cargan unos niños que son enviados por dos hombres a quienes los reporteros locales identifican como “gente de la Confederación de Trabajadores de México”. Uno de ellos es Óscar Ortiz Arvayo, padre de una de las niñas de la guardería. “Mi hija Andrea sobrevivió, está en tratamiento por la inhalación de humo, pero está bien, gracias a la maestra Adriana, que la sacó”, afirma.
“Para mí, el principal responsable es el Seguro Social, porque yo no les pagaba a los señores socios de la guardería, sino mis cuotas al Seguro, como trabajador”, expresa Ortiz, pero no se queda ahí: “Los quiero ver en la cárcel a todos, de los tres gobiernos”.
El compañero a su lado recibe un pegote que se distribuye en la marcha. La imagen de un bebé y una frase que demanda justicia, con colores que al reportero le parecen fiusha y morado. “Oiga, ¿esto no le parece azul? ¿Ya ve? Están politizando”, expone.
Ángeles en el cielo y demonios en el gobierno
La marcha llega a la plaza Zaragoza ya entrada la noche. Hablan los padres. Es difícil elegir el testimonio más desgarrador. ¿El del hombre que cuenta entre lágrimas la última vez que su hijo se despidió de él ya desde el interior de la guardería? ¿El de la madre soltera que grita que extrañará a su Jonathan el domingo que es Día del Padre, porque ella también lo era? ¿El de los padres de Ximena que piden oraciones por su hija, con quemaduras en 65 por ciento de su cuerpo y muerte cerebral? ¿Las palabras del padre de Emanuel, que le desea “de todo corazón” al gobernador que pase un feliz Día del Padre? ¿Las del padre que advierte que tengan cuidado si no hacen justicia?
“Los ángeles están en el cielo y aquí en la tierra exigimos justicia”, dice un cartel y se esparcen al pie del kiosco decenas de frases en cartulinas, sostenidas por marchistas que escuchan azorados el dolor de los padres.
“Justicia sin color”, dice aquí. “Nuestros niños fueron asesinados por una gavilla de inversionistas criminales amparados en el influyentismo”, más allá.
Encima del kiosco, un niño sostiene el cartel con la foto de Víctor, quien soñaba ser futbolista y resultó “víctima de este sexenio rojo”, en referencia al afán del gobernador Bours de pintar de ese color hasta las piedras, según le recomendó su publicista Donald Walter.
Aquí y allá se sueltan frases sobre lo que ocurrirá el 5 de julio, fecha de elección y día en que el incendio cumplirá un mes. “Sí voy a votar. Esto a lo mejor influyó en por quién lo voy a hacer”, afirma Guadalupe Romo.
Un joven carga un letrero en el que advierte: “Yo anularé mi voto”. Otro, uno que recuerda el corrido de la Delgadina: “Los ángeles en el cielo y los demonios en el gobierno”.
“¡Libertad al cooler!”
Las primeras versiones oficiales señalaron que el incendio comenzó por el sobrecalentamiento de un cooler (aparato de aire acondicionado), que el empleado de la bodega dejó encendido al irse a comer. En Hermosillo, donde “todo lo hacemos en coche por el canijo calor”, hay decenas de miles de aparatos similares.
En el parque Emiliana de Zubeldía, frente a la Universidad de Sonora, hay cruces, flores, veladoras, juguetes. Se colocaron también rollos de cartón donde la gente ha escrito sus mensajes de dolor e indignación. Es el altar colectivo que los hermosillenses han levantado en memoria de los niños. Un letrero pende de un árbol: “¡Libertad para el cooler! ¡Cárcel a los cooleros!”
Los grandes empresarios y el gobierno están dispuestos a quitarnos todo, señala una asistente
Hermann Bellinghausen
Enviado
Caracol de Morelia, Chis. 20 de junio. El filósofo Luis Villoro es breve y tajante: “México es un país donde rige la injusticia. Ese es un hecho”. Como uno de los participantes inaugurales del Encuentro Americano contra la Impunidad, subraya la división abismal que caracteriza al país, entre “un grupo exiguo de ricos muy ricos, y una multitud de pobres”. De tal desigualdad brota la esencia de toda impunidad.
Para debatir y buscar estrategias contra este flagelo recurrente en la vida de los pueblos de América se reúnen este fin de semana cerca de 350 participantes de algunas de las naciones más heridas por la desigualdad, la represión y el olvido. Tristemente, México ofrece muchísimos ejemplos.
Al recibir a los participantes, la junta de buen gobierno (JBG) Corazón del arcoiris de la esperanza manifiesta su deseo de que el encuentro eleve “el ánimo de seguir” y que, “por los dolores y miseria que sufre México, propongan cosas bonitas para dignificar la vida de los trabajadores del campo y la ciudad”.
A nombre de la JBG, la compañera Victoria adelanta la esencia de esta reunión: “son incontables las injusticias que venimos sufriendo desde hace años y los malos gobiernos están empeñados cada día en alejar el futuro de nuestros hijos. Cada día somos más y cada día más pobres y los grandes empresarios y sus servidores, llamados gobierno, están dispuestos a matarnos de hambre, quitarnos todo y dejarlo en manos privadas”.
El intelectual y activista peruano Hugo Blanco trae en la punta de la lengua el episodio más reciente de esta cadena de crímenes, ocurrido hace apenas dos semanas en la selva amazónica de su país: el ataque por aire y tierra ordenado por el “gobernante terrorista” Alan García, en Bagua, contra la protesta de los indígenas del área, “los más primitivos desde el punto de vista occidental, pero también los menos contaminados por los males del mundo moderno”.
Estos pueblos, que ocupan una parte importante del territorio peruano, “no fueron conquistados por los incas ni por los conquistadores españoles”, sufrieron y evadieron la esclavitud de los caucheros y madereros, y “son los que están dando ejemplo al Perú y una lección a los demás países”.
La principal lucha en Perú “es la defensa del medio ambiente”, en el sentido más amplio y paradigmático: “No sólo usurpan nuestra riqueza, están destruyendo la naturaleza”. Blanco reseñó brevemente la masacre que ha recorrido el mundo estos días, y que dista de ser una derrota para los pueblos. “La lucha no ha cesado”. Haciendo eco a lo expresado por la JBG, concluye: “Como los pueblos amazónicos no tienen la mentalidad capitalista, ellos piensan en el futuro de sus hijos y de todo el mundo”.
Camilo dos Santos, del Movimiento de los Sin Tierra, de Brasil, destaca que la lucha contra la impunidad “se inserta en la lucha mayor de clases”, en una situación donde el Estado es sólo “un comité de la burguesía”.
Para “abrir con broche de oro” la sesión plenaria (como dijo en su presentación la pintora chileno-mexicana Beatriz Aurora), la cantante María Inés Ochoa interpretó, a capella y con su voz extraordinaria, Para ti compañera, inspirada por las mujeres zapatistas.
Carlos Fazio habla sobre la violencia, la memoria y la impunidad en el contexto general de las experiencias latinoamericanas, y es seguido por Martín Almada, profesor y activista paraguayo que jugó un papel importante en la develación de la infausta Operación Cóndor, de criminales consecuencias en su país, y que se extendió a toda el área sur en los años setenta. Almada recordó los orígenes de la represión en Paraguay experimentados en carne propia.
La impunidad atraviesa fronteras, no sólo en la redes establecidas por las dictaduras del sur, sino también por la constante participación del imperio estadunidense. Eso lo deja claro el cubano Humberto Miranda al señalar cómo las acciones terroristas contra su país han sido propiciadas y protegidas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
Por parte del Congreso Nacional Indígena, Juan Chávez da lectura a la declaración de Santa María Ostula, emitida hace una semana desde la costa de Michoacán, en evidente sincronía con lo que se discute aquí: “En el contexto de los tratados de libre comercio, las reformas constitucionales y legales promovidas por los malos gobiernos a través de legisladores de todos los partidos, han aprobado la modificación de leyes y de nuestra Constitución de 1917, poniendo en el mercado nuestras tierras, recursos naturales, conocimientos y saberes. Desconocemos, como pueblos indígenas, este conjunto de reformas que ponen en riesgo la integridad de nuestros pueblos y la vida misma de los seres humanos”.
Luis Villoro, al reflexionar sobre las insuficiencias del viejo indigenismo, ofrece una clave para combatir la impunidad y la injusticia: “La aceptación de una realidad, que México es un país plural de pueblos diferentes”. Y de ahí, una “no represión” del Estado.
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Caracol de Morelia, Chis. 20 de junio. El filósofo Luis Villoro es breve y tajante: “México es un país donde rige la injusticia. Ese es un hecho”. Como uno de los participantes inaugurales del Encuentro Americano contra la Impunidad, subraya la división abismal que caracteriza al país, entre “un grupo exiguo de ricos muy ricos, y una multitud de pobres”. De tal desigualdad brota la esencia de toda impunidad.
Para debatir y buscar estrategias contra este flagelo recurrente en la vida de los pueblos de América se reúnen este fin de semana cerca de 350 participantes de algunas de las naciones más heridas por la desigualdad, la represión y el olvido. Tristemente, México ofrece muchísimos ejemplos.
Al recibir a los participantes, la junta de buen gobierno (JBG) Corazón del arcoiris de la esperanza manifiesta su deseo de que el encuentro eleve “el ánimo de seguir” y que, “por los dolores y miseria que sufre México, propongan cosas bonitas para dignificar la vida de los trabajadores del campo y la ciudad”.
A nombre de la JBG, la compañera Victoria adelanta la esencia de esta reunión: “son incontables las injusticias que venimos sufriendo desde hace años y los malos gobiernos están empeñados cada día en alejar el futuro de nuestros hijos. Cada día somos más y cada día más pobres y los grandes empresarios y sus servidores, llamados gobierno, están dispuestos a matarnos de hambre, quitarnos todo y dejarlo en manos privadas”.
El intelectual y activista peruano Hugo Blanco trae en la punta de la lengua el episodio más reciente de esta cadena de crímenes, ocurrido hace apenas dos semanas en la selva amazónica de su país: el ataque por aire y tierra ordenado por el “gobernante terrorista” Alan García, en Bagua, contra la protesta de los indígenas del área, “los más primitivos desde el punto de vista occidental, pero también los menos contaminados por los males del mundo moderno”.
Estos pueblos, que ocupan una parte importante del territorio peruano, “no fueron conquistados por los incas ni por los conquistadores españoles”, sufrieron y evadieron la esclavitud de los caucheros y madereros, y “son los que están dando ejemplo al Perú y una lección a los demás países”.
La principal lucha en Perú “es la defensa del medio ambiente”, en el sentido más amplio y paradigmático: “No sólo usurpan nuestra riqueza, están destruyendo la naturaleza”. Blanco reseñó brevemente la masacre que ha recorrido el mundo estos días, y que dista de ser una derrota para los pueblos. “La lucha no ha cesado”. Haciendo eco a lo expresado por la JBG, concluye: “Como los pueblos amazónicos no tienen la mentalidad capitalista, ellos piensan en el futuro de sus hijos y de todo el mundo”.
Camilo dos Santos, del Movimiento de los Sin Tierra, de Brasil, destaca que la lucha contra la impunidad “se inserta en la lucha mayor de clases”, en una situación donde el Estado es sólo “un comité de la burguesía”.
Para “abrir con broche de oro” la sesión plenaria (como dijo en su presentación la pintora chileno-mexicana Beatriz Aurora), la cantante María Inés Ochoa interpretó, a capella y con su voz extraordinaria, Para ti compañera, inspirada por las mujeres zapatistas.
Carlos Fazio habla sobre la violencia, la memoria y la impunidad en el contexto general de las experiencias latinoamericanas, y es seguido por Martín Almada, profesor y activista paraguayo que jugó un papel importante en la develación de la infausta Operación Cóndor, de criminales consecuencias en su país, y que se extendió a toda el área sur en los años setenta. Almada recordó los orígenes de la represión en Paraguay experimentados en carne propia.
La impunidad atraviesa fronteras, no sólo en la redes establecidas por las dictaduras del sur, sino también por la constante participación del imperio estadunidense. Eso lo deja claro el cubano Humberto Miranda al señalar cómo las acciones terroristas contra su país han sido propiciadas y protegidas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
Por parte del Congreso Nacional Indígena, Juan Chávez da lectura a la declaración de Santa María Ostula, emitida hace una semana desde la costa de Michoacán, en evidente sincronía con lo que se discute aquí: “En el contexto de los tratados de libre comercio, las reformas constitucionales y legales promovidas por los malos gobiernos a través de legisladores de todos los partidos, han aprobado la modificación de leyes y de nuestra Constitución de 1917, poniendo en el mercado nuestras tierras, recursos naturales, conocimientos y saberes. Desconocemos, como pueblos indígenas, este conjunto de reformas que ponen en riesgo la integridad de nuestros pueblos y la vida misma de los seres humanos”.
Luis Villoro, al reflexionar sobre las insuficiencias del viejo indigenismo, ofrece una clave para combatir la impunidad y la injusticia: “La aceptación de una realidad, que México es un país plural de pueblos diferentes”. Y de ahí, una “no represión” del Estado.
viernes, 19 de junio de 2009
Acusa López Obrador a la mafia política y financiera de buscar que el PRD lo expulse
">Refrenda que realizará la defensa de Iztapalapa tras el “atraco” que el TEPJF infligió a Brugada
Andrea Becerril
Enviada
Tecuala, Nay., 18 de junio. Ante las críticas de la dirección nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y “la nueva embestida” mediática, Andrés Manuel López Obrador advirtió que si deciden expulsarlo del sol azteca será “por órdenes” del grupo político y financiero que domina en el país; en ese caso, “nos vamos a ver las caras”.
Durante un mítin en este municipio, recalcó: “soy todavía militante del PRD, hasta que la mafia del poder y el dinero lo disponga”. Agregó que ese grupo, conformado por unos 30 potentados, entre ellos Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Roberto Hernández y Diego Fernández de Cevallos, “quisieran una división total del partido y que me expulsen, ¡pero no les voy a franquear el paso!”
En entrevista, el tabasqueño recalcó que no responderá a las descalificaciones de Jesús Ortega y demás miembros de la cúpula perredista, y mantendrá la decisión que tomó en el caso de Iztapalapa y su respaldo a los candidatos del Partido del Trabajo (PT) y de Convergencia a escala nacional.
También sostuvo que se equivocan quienes “se frotan las manos” y lo quieren ver enemistado y peleando con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard: “hay una muy buena relación con él, lo respeto y lo considero buen gobernante”.
Y para las elecciones de 2012, “porque eso también les preocupa a los de la mafia, les reitero que está definido, con mucha claridad, que el candidato presidencial de la izquierda para la transformación del país será el mejor posicionado y tendrá todo nuestro apoyo”.
Tanto en Tecoala como en el otro municipio nayarita de Santiago Ixcuintla y en Mazatlán y Culiacán, Sinaloa, que ayer visitó, hizo un llamado a todos los simpatizantes de su movimiento, especialmente a los residentes en la ciudad de México, para que participen junto con él en “la defensa de Iztapalapa”.
Anunció que la intención es repartir volantes e ir casa por casa –a partir de este viernes– y hablar con los 2 millones de residentes de esa demarcación, con el fin de que estén bien informados de la decisión “arbitraria” que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y revertirla antes del 5 de julio.
No es sencillo hacerlo, reconoció ante partidarios reunidos en la plaza central de Tecoala, donde se mezclaron ayer banderas amarillas, rojas y naranjas, pero “no nos queda otra opción que echarnos para adelante.
“¡Imagínense ustedes, si nos quedamos callados, nunca habrá un gobierno del pueblo para el pueblo, porque el tribunal electoral, que sigue las consignas del grupo en el poder, va a decir quién puede ser candidato y quién no, como es el caso de Clara Brugada, a quién los magistrados quitaron la candidatura del PRD a la delegación de Iztapalapa.”
“Ya aparecí en el canal de las estrellas”
También en Mazatlán y en Culiacán, ya por la noche, reiteró ese llamado, porque, explicó, es necesario que los habitantes de Iztapalapa sepan del riesgo de sufragar, sin saberlo, “por la candidata impuesta (Silvia Oliva) por ese tribunal”, ya que en las boletas que recibirán estarán la imagen y el nombre de Brugada y el logotipo del sol azteca, “pero el voto será para otra”.
Añadió que la decisión de impedir “ese atraco”, mediante el llamado a votar por el candidato del PT, Rafael Acosta, y que al final éste renuncie en favor de Brugada, le ha acarreado infinidad de críticas y cuestionamientos: “están protestando todos los achichincles de la mafia y ya hasta aparecí en el canal de las estrellas, pero no había otra opción”.
En entrevista, no quiso especificar si ese grupo de poder económico y político que pretende que salga del sol azteca manda también en ese partido.
–No lo sé. Sé que manda en el PRI y en el PAN. Manda en Los Pinos, por eso pusieron ahí a un pelele como Felipe Calderón, que es un empleado de ellos. Ahora que se da esta situación en Iztapalapa, le ordenaron al tribunal electoral que quitara la candidatura a Clara Brugada, y como ven que no nos vamos a dejar, me lanzaron encima a todos los de los medios de comunicación.
Más allá de la confrontación con la directiva nacional del PRD, advirtió que los militantes de ese instituto político son “hombres y mujeres libres, conscientes, aunque estos de la mafia y sus achichincles creen que el pueblo es tonto y creen que con la manipulación en los medios electrónicos de comunicación van a lograr todo. Pero, insisto, no me voy a salir del PRD. ¡Que quede claro!”
–¿Vislumbra un escenario de expulsión?
–Claro, si la mafia lo ordena.
–¿Es una embestida similar a la que se lanzó durante el desafuero?
–No. Antes me han querido destruir políticamente, con los videos de Carlos Ahumada, con el desafuero, luego me robaron la Presidencia de la República. Pero como no han podido destruirme, cada vez que se presenta una situación como ésta, mandan a toda la caballada a cuestionarme.
Andrea Becerril
Enviada
Tecuala, Nay., 18 de junio. Ante las críticas de la dirección nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y “la nueva embestida” mediática, Andrés Manuel López Obrador advirtió que si deciden expulsarlo del sol azteca será “por órdenes” del grupo político y financiero que domina en el país; en ese caso, “nos vamos a ver las caras”.
Durante un mítin en este municipio, recalcó: “soy todavía militante del PRD, hasta que la mafia del poder y el dinero lo disponga”. Agregó que ese grupo, conformado por unos 30 potentados, entre ellos Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Roberto Hernández y Diego Fernández de Cevallos, “quisieran una división total del partido y que me expulsen, ¡pero no les voy a franquear el paso!”
En entrevista, el tabasqueño recalcó que no responderá a las descalificaciones de Jesús Ortega y demás miembros de la cúpula perredista, y mantendrá la decisión que tomó en el caso de Iztapalapa y su respaldo a los candidatos del Partido del Trabajo (PT) y de Convergencia a escala nacional.
También sostuvo que se equivocan quienes “se frotan las manos” y lo quieren ver enemistado y peleando con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard: “hay una muy buena relación con él, lo respeto y lo considero buen gobernante”.
Y para las elecciones de 2012, “porque eso también les preocupa a los de la mafia, les reitero que está definido, con mucha claridad, que el candidato presidencial de la izquierda para la transformación del país será el mejor posicionado y tendrá todo nuestro apoyo”.
Tanto en Tecoala como en el otro municipio nayarita de Santiago Ixcuintla y en Mazatlán y Culiacán, Sinaloa, que ayer visitó, hizo un llamado a todos los simpatizantes de su movimiento, especialmente a los residentes en la ciudad de México, para que participen junto con él en “la defensa de Iztapalapa”.
Anunció que la intención es repartir volantes e ir casa por casa –a partir de este viernes– y hablar con los 2 millones de residentes de esa demarcación, con el fin de que estén bien informados de la decisión “arbitraria” que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y revertirla antes del 5 de julio.
No es sencillo hacerlo, reconoció ante partidarios reunidos en la plaza central de Tecoala, donde se mezclaron ayer banderas amarillas, rojas y naranjas, pero “no nos queda otra opción que echarnos para adelante.
“¡Imagínense ustedes, si nos quedamos callados, nunca habrá un gobierno del pueblo para el pueblo, porque el tribunal electoral, que sigue las consignas del grupo en el poder, va a decir quién puede ser candidato y quién no, como es el caso de Clara Brugada, a quién los magistrados quitaron la candidatura del PRD a la delegación de Iztapalapa.”
“Ya aparecí en el canal de las estrellas”
También en Mazatlán y en Culiacán, ya por la noche, reiteró ese llamado, porque, explicó, es necesario que los habitantes de Iztapalapa sepan del riesgo de sufragar, sin saberlo, “por la candidata impuesta (Silvia Oliva) por ese tribunal”, ya que en las boletas que recibirán estarán la imagen y el nombre de Brugada y el logotipo del sol azteca, “pero el voto será para otra”.
Añadió que la decisión de impedir “ese atraco”, mediante el llamado a votar por el candidato del PT, Rafael Acosta, y que al final éste renuncie en favor de Brugada, le ha acarreado infinidad de críticas y cuestionamientos: “están protestando todos los achichincles de la mafia y ya hasta aparecí en el canal de las estrellas, pero no había otra opción”.
En entrevista, no quiso especificar si ese grupo de poder económico y político que pretende que salga del sol azteca manda también en ese partido.
–No lo sé. Sé que manda en el PRI y en el PAN. Manda en Los Pinos, por eso pusieron ahí a un pelele como Felipe Calderón, que es un empleado de ellos. Ahora que se da esta situación en Iztapalapa, le ordenaron al tribunal electoral que quitara la candidatura a Clara Brugada, y como ven que no nos vamos a dejar, me lanzaron encima a todos los de los medios de comunicación.
Más allá de la confrontación con la directiva nacional del PRD, advirtió que los militantes de ese instituto político son “hombres y mujeres libres, conscientes, aunque estos de la mafia y sus achichincles creen que el pueblo es tonto y creen que con la manipulación en los medios electrónicos de comunicación van a lograr todo. Pero, insisto, no me voy a salir del PRD. ¡Que quede claro!”
–¿Vislumbra un escenario de expulsión?
–Claro, si la mafia lo ordena.
–¿Es una embestida similar a la que se lanzó durante el desafuero?
–No. Antes me han querido destruir políticamente, con los videos de Carlos Ahumada, con el desafuero, luego me robaron la Presidencia de la República. Pero como no han podido destruirme, cada vez que se presenta una situación como ésta, mandan a toda la caballada a cuestionarme.
RAYUELA...
Hoy se cumplen dos semanas de la tragedia de Hermosillo. ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde?
jueves, 18 de junio de 2009
No hay mas ciego que el que no quiere ver.
Habrá responsables: PGR
El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, señaló que en el caso de la guardería ABC, la dependencia que encabeza trabaja intensamente para definir responsabilidades y deslindarlas. El funcionario habló al término del concurso Iniciativas de Prevención de la Violencia de Género.
El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, señaló que en el caso de la guardería ABC, la dependencia que encabeza trabaja intensamente para definir responsabilidades y deslindarlas. El funcionario habló al término del concurso Iniciativas de Prevención de la Violencia de Género.
miércoles, 17 de junio de 2009
“Para el gobierno, nuestros niños son solamente números”
Martha y Roberto narran su tragedia, demandan justicia y no votarán
Hermosillo, Son., 16 de junio. Martha Lemas Campuzano entrega la foto de su hijo y dice: “Quiero darle rostro a Santiago, que quede claro que son niños, no un número como lo son para el gobierno, no mercancías como lo son para los dueños de la guardería”.
Martha y su esposo, Roberto Zavala Trujillo, vieron morir a su primer hijo, de una semana de nacido, en octubre de 2005. Luego de esa pérdida pusieron todo su empeño en el nacimiento de Santiago. “Ahorramos para una clínica particular, fue un niño muy deseado, todo con él era una fiesta.”
En octubre del año pasado, Martha entró a trabajar y una de sus compañeras la convenció de visitar la guardería ABC, aunque al principio ella no confiaba en las estancias del IMSS. Le pareció maravillosa. No estaba para saber el riesgo que significaba la bodega adjunta, ni el que representaban el poliuretano espreado y la lona en el techo. “La vi maquilladísima y las maestras eran muy buenas. Qué me iba a imaginar.”
El sábado pasado Roberto cimbró a los asistentes a la marcha por los niños muertos: “Yo tengo la culpa por confiar, yo tengo la culpa por pagar mis impuestos, yo tengo la culpa por ir a votar, yo soy el responsable de la muerte de mi hijo”.
Los marchistas no fueron los únicos impactados: “Yo, que soy su esposa, no lo conocía hablando así”, dice Martha. Roberto tampoco se la cree, porque se asume tímido para expresarse en público. No lo parece cuando narra, paso a paso, su parte en la tragedia del 5 de junio.
Ese día le correspondió a él ir por Santiago a la guardería. Salió de su trabajo en la planta Ford (“la mejor del mundo”, según el Instituto Tecnológico de Massachussetts) a eso de las 14:15. Desde ahí, a unos cinco kilómetros se veía la humareda. Cuando se acercó en su carro y vio que el humo procedía de la zona de la guardería brincó el camellón y se fue en sentido contrario. Bajó y echó a correr: “¿Y los niños?”, preguntaba en su carrera.
Alguien le gritó que los tenían en una casa cercana. No reconoció a su hijo entre ninguno de los rescatados. Aunque afuera ya había muchos policías, Roberto no vio ningún uniformado dentro de la guardería, a la que entró sin pensarlo. El lugar estaba lleno de humo y él se quitó la camiseta para cubrirse la cara. A tientas buscó a su hijo en el área donde suponía que estaba, un espacio pegado a la bodega de la Secretaría de Hacienda. Agachadas o a gatas, varias personas revolvían mochilas y colchonetas en busca de los niños.
“Éramos como 15 personas y solamente teníamos una lámpara, todos gritaban pidiéndola”. Roberto alcanzó a ver cómo sacaban a cinco menores de la sala y varias personas comenzaron a gritar: “Ya no queda ningún niño”. Roberto salió y vio a varios pequeños en la banqueta, donde les daban los primeros auxilios. Ninguno era Santiago.
Imposibilitado de comunicarse con su esposa, pues en su trabajo tiene prohibido usar el teléfono celular, salió a buscarla. Martha, por su lado, ya se había enterado del incendio. A ella no la dejaron acercarse. “Los policías me empujaban con sus metralletas.” Comenzó así un penoso ir y venir por los hospitales y la morgue. Roberto y Martha tuvieron que ver a varios niños muertos y heridos en busca de su hijo. Cuando al fin identificaron a Santiago, a eso de las 23:30, Martha estaba acompañada del procurador del estado y del arzobispo de Hermosillo. De ese episodio recuerda apenas una bendición del prelado, una seña.
Roberto y Martha supieron entonces que Santiago había muerto dentro de la guardería. “No se dieron cuenta, estaban dormidos”, les dijo una maestra. “Mi niño fue de los primeros en morir, por intoxicación. Tenía una quemadura en un lado de su cara. Quise agarrar sus manos, pero no pude… estaban quemadas”, dice Martha, quien a estas alturas parece ya no tener más lágrimas.
“Él también era la mamá”
Roberto trabaja en la planta Ford, aunque no para la automotriz, sino para una compañía subsidiaria de pinturas. Antes, y por muchos años, fue repartidor de pizzas. Martha atiende a clientes que realizan compras por teléfono en Estados Unidos. Sus vidas se han trastornado al punto de que ni siquiera están en su casa, “porque no soportamos la ausencia”, sino en la de un familiar. El hueco les puede por igual porque, dice la mujer, “él también era la mamá de Santiago”.
El pequeño Santiago Zavala Lemas y su madre
Debido a la ventaja de sus horarios discontinuos, Roberto se encargaba muchas veces de atender al pequeño. Fue él, por ejemplo, quien lo vio dar sus primeros pasos y solía pedir permiso en su trabajo para atenderlo. Sabía todo de Santiago y todavía se asombra de que compañeros suyos no tuvieran idea de datos tan elementales como la primera gateada o la primera palabra de sus hijos.
Martha y Roberto, que depositaron las cenizas del pequeño junto a las de su hermanito, responden al unísono, encimadas las voces, cuando se les pregunta la edad de Santiago: “Tenía dos años, un mes y un día”.
“No me importan los socios de Bours”
Como una trabajadora de la guardería que ha dado testimonio público, y como muchos en esta ciudad, la pareja asegura que el 5 de junio no hubo sólo un incendio. “Hubo una explosión y hay vecinos de la guardería que nos aseguran que al iniciar el fuego vieron salir corriendo a dos personas de la bodega de Hacienda” (contigua a la estancia).
Los padres de Santiago le dan vueltas y vueltas a las versiones que corren en Hermosillo a la velocidad de la Internet. Versiones como la que dice que en la bodega de Hacienda eran ordeñados vehículos del gobierno estatal y por tanto almacenaban gasolina. O la que asegura que en el lugar se guardaban expedientes comprometedores que “alguien” quería desaparecer. “Nuestro punto es que no fue un accidente”.
Versiones todas rechazadas por las autoridades que este día ofrecen, en voz del procurador estatal, Abel Murrieta, la confirmación de lo que se sabía unas horas después del incendio: la trampa mortal que era la salida de emergencia y la “lluvia de fuego” en que se convirtieron los materiales en el techo. “Voy por todos”, amenazó el procurador, para luego reconocer que no encuentran al representante de la guardería que en 2005 recibió el dictamen que señalaba los riesgos para los niños. Mientras el procurador hablaba, se conocía que los socios de la ABC están solicitando el amparo de la justicia federal.
Mientras, Martha y Roberto siguen en los medios locales los llamados a “no convertir el dolor en odio” y a la resignación cristiana. No es lo suyo, aunque son religiosos: “Yo no me voy a poner a rezar un Padre Nuestro, sino a exigir que se haga justicia”, dice Martha.
También han conocido el llamado de una madre a “no destruir más familias”, en referencia a los socios de la guardería: “No creo que a los socios les importen las familias que destrozaron, de modo que a mí no me importan las familias de los socios de Bours (el gobernador). Y si a algunos padres les importan los socios, pues qué pendejos”.
Martha calla un instante su coraje. Habla Roberto: “¿Qué hubiera pasado si esto hubiese ocurrido en una estancia infantil de la socialité o en un colegio? Vamos a demandar, hasta que se resuelva y los responsables vayan a la cárcel”.
Martha se toma la molestia de sacar una foto de su marco, y la sostiene en sus manos antes de entregarla: “Quiero darle rostro a Santiago, que sepan que le gustaba mucho dibujar, que podía pasarse una hora viendo los detalles de un tren que nos pedía dibujarle”.
Por ahora, la pareja está en la otra punta de Hermosillo, lejos de la casa que paga con un crédito del Infonavit, lejos de su sección electoral.
–¿Van a ir a votar?
–¡Noooo! Ni nuestra familia, que es muy grande –dice Martha.
–Los de PRI y PAN son los mismos, nomás se cambian de playera –completa Roberto.
Luego, la mujer obliga al hombre a “confesar” que era priísta desde la preparatoria, aunque hace tres años votó por Felipe Calderón, porque le pareció “el menos malo”.
Este 5 de julio, Roberto tampoco irá a votar.
Martha y su esposo, Roberto Zavala Trujillo, vieron morir a su primer hijo, de una semana de nacido, en octubre de 2005. Luego de esa pérdida pusieron todo su empeño en el nacimiento de Santiago. “Ahorramos para una clínica particular, fue un niño muy deseado, todo con él era una fiesta.”
En octubre del año pasado, Martha entró a trabajar y una de sus compañeras la convenció de visitar la guardería ABC, aunque al principio ella no confiaba en las estancias del IMSS. Le pareció maravillosa. No estaba para saber el riesgo que significaba la bodega adjunta, ni el que representaban el poliuretano espreado y la lona en el techo. “La vi maquilladísima y las maestras eran muy buenas. Qué me iba a imaginar.”
El sábado pasado Roberto cimbró a los asistentes a la marcha por los niños muertos: “Yo tengo la culpa por confiar, yo tengo la culpa por pagar mis impuestos, yo tengo la culpa por ir a votar, yo soy el responsable de la muerte de mi hijo”.
Los marchistas no fueron los únicos impactados: “Yo, que soy su esposa, no lo conocía hablando así”, dice Martha. Roberto tampoco se la cree, porque se asume tímido para expresarse en público. No lo parece cuando narra, paso a paso, su parte en la tragedia del 5 de junio.
Ese día le correspondió a él ir por Santiago a la guardería. Salió de su trabajo en la planta Ford (“la mejor del mundo”, según el Instituto Tecnológico de Massachussetts) a eso de las 14:15. Desde ahí, a unos cinco kilómetros se veía la humareda. Cuando se acercó en su carro y vio que el humo procedía de la zona de la guardería brincó el camellón y se fue en sentido contrario. Bajó y echó a correr: “¿Y los niños?”, preguntaba en su carrera.
Alguien le gritó que los tenían en una casa cercana. No reconoció a su hijo entre ninguno de los rescatados. Aunque afuera ya había muchos policías, Roberto no vio ningún uniformado dentro de la guardería, a la que entró sin pensarlo. El lugar estaba lleno de humo y él se quitó la camiseta para cubrirse la cara. A tientas buscó a su hijo en el área donde suponía que estaba, un espacio pegado a la bodega de la Secretaría de Hacienda. Agachadas o a gatas, varias personas revolvían mochilas y colchonetas en busca de los niños.
“Éramos como 15 personas y solamente teníamos una lámpara, todos gritaban pidiéndola”. Roberto alcanzó a ver cómo sacaban a cinco menores de la sala y varias personas comenzaron a gritar: “Ya no queda ningún niño”. Roberto salió y vio a varios pequeños en la banqueta, donde les daban los primeros auxilios. Ninguno era Santiago.
Imposibilitado de comunicarse con su esposa, pues en su trabajo tiene prohibido usar el teléfono celular, salió a buscarla. Martha, por su lado, ya se había enterado del incendio. A ella no la dejaron acercarse. “Los policías me empujaban con sus metralletas.” Comenzó así un penoso ir y venir por los hospitales y la morgue. Roberto y Martha tuvieron que ver a varios niños muertos y heridos en busca de su hijo. Cuando al fin identificaron a Santiago, a eso de las 23:30, Martha estaba acompañada del procurador del estado y del arzobispo de Hermosillo. De ese episodio recuerda apenas una bendición del prelado, una seña.
Roberto y Martha supieron entonces que Santiago había muerto dentro de la guardería. “No se dieron cuenta, estaban dormidos”, les dijo una maestra. “Mi niño fue de los primeros en morir, por intoxicación. Tenía una quemadura en un lado de su cara. Quise agarrar sus manos, pero no pude… estaban quemadas”, dice Martha, quien a estas alturas parece ya no tener más lágrimas.
“Él también era la mamá”
Roberto trabaja en la planta Ford, aunque no para la automotriz, sino para una compañía subsidiaria de pinturas. Antes, y por muchos años, fue repartidor de pizzas. Martha atiende a clientes que realizan compras por teléfono en Estados Unidos. Sus vidas se han trastornado al punto de que ni siquiera están en su casa, “porque no soportamos la ausencia”, sino en la de un familiar. El hueco les puede por igual porque, dice la mujer, “él también era la mamá de Santiago”.
El pequeño Santiago Zavala Lemas y su madre
Debido a la ventaja de sus horarios discontinuos, Roberto se encargaba muchas veces de atender al pequeño. Fue él, por ejemplo, quien lo vio dar sus primeros pasos y solía pedir permiso en su trabajo para atenderlo. Sabía todo de Santiago y todavía se asombra de que compañeros suyos no tuvieran idea de datos tan elementales como la primera gateada o la primera palabra de sus hijos.
Martha y Roberto, que depositaron las cenizas del pequeño junto a las de su hermanito, responden al unísono, encimadas las voces, cuando se les pregunta la edad de Santiago: “Tenía dos años, un mes y un día”.
“No me importan los socios de Bours”
Como una trabajadora de la guardería que ha dado testimonio público, y como muchos en esta ciudad, la pareja asegura que el 5 de junio no hubo sólo un incendio. “Hubo una explosión y hay vecinos de la guardería que nos aseguran que al iniciar el fuego vieron salir corriendo a dos personas de la bodega de Hacienda” (contigua a la estancia).
Los padres de Santiago le dan vueltas y vueltas a las versiones que corren en Hermosillo a la velocidad de la Internet. Versiones como la que dice que en la bodega de Hacienda eran ordeñados vehículos del gobierno estatal y por tanto almacenaban gasolina. O la que asegura que en el lugar se guardaban expedientes comprometedores que “alguien” quería desaparecer. “Nuestro punto es que no fue un accidente”.
Versiones todas rechazadas por las autoridades que este día ofrecen, en voz del procurador estatal, Abel Murrieta, la confirmación de lo que se sabía unas horas después del incendio: la trampa mortal que era la salida de emergencia y la “lluvia de fuego” en que se convirtieron los materiales en el techo. “Voy por todos”, amenazó el procurador, para luego reconocer que no encuentran al representante de la guardería que en 2005 recibió el dictamen que señalaba los riesgos para los niños. Mientras el procurador hablaba, se conocía que los socios de la ABC están solicitando el amparo de la justicia federal.
Mientras, Martha y Roberto siguen en los medios locales los llamados a “no convertir el dolor en odio” y a la resignación cristiana. No es lo suyo, aunque son religiosos: “Yo no me voy a poner a rezar un Padre Nuestro, sino a exigir que se haga justicia”, dice Martha.
También han conocido el llamado de una madre a “no destruir más familias”, en referencia a los socios de la guardería: “No creo que a los socios les importen las familias que destrozaron, de modo que a mí no me importan las familias de los socios de Bours (el gobernador). Y si a algunos padres les importan los socios, pues qué pendejos”.
Martha calla un instante su coraje. Habla Roberto: “¿Qué hubiera pasado si esto hubiese ocurrido en una estancia infantil de la socialité o en un colegio? Vamos a demandar, hasta que se resuelva y los responsables vayan a la cárcel”.
Martha se toma la molestia de sacar una foto de su marco, y la sostiene en sus manos antes de entregarla: “Quiero darle rostro a Santiago, que sepan que le gustaba mucho dibujar, que podía pasarse una hora viendo los detalles de un tren que nos pedía dibujarle”.
Por ahora, la pareja está en la otra punta de Hermosillo, lejos de la casa que paga con un crédito del Infonavit, lejos de su sección electoral.
–¿Van a ir a votar?
–¡Noooo! Ni nuestra familia, que es muy grande –dice Martha.
–Los de PRI y PAN son los mismos, nomás se cambian de playera –completa Roberto.
Luego, la mujer obliga al hombre a “confesar” que era priísta desde la preparatoria, aunque hace tres años votó por Felipe Calderón, porque le pareció “el menos malo”.
Este 5 de julio, Roberto tampoco irá a votar.
Corrupción alienta turismo sexual en México, señala EU
México es una gran fuente, tránsito y destino de la explotación sexual de personas, alentada por la corrupción de funcionarios, señala un informe del gobierno estadounidense
México es una gran fuente, tránsito y destino de la explotación sexual de personas, alentada por la corrupción de funcionarios, señala un informe del gobierno estadounidense, que además destaca un aumento del turismo sexual en el país.
El documento menciona en el apartado dedicado a México que los grupos más vulnerables son las mujeres, los niños, los indígenas y los migrantes indocumentados.
Cada año, según el reporte, unos 20 mil menores de edad son “reclutados” por redes de prostitución que los engañan con ofertas de empleo para trasladarlos de sus lugares de origen, en las zonas rurales, a áreas urbanas, fronterizas y turísticas.
También hombres y niños son víctimas del comercio de personas en todo el país para realizar trabajos forzados. “Los centroamericanos, especialmente los guatemaltecos, son sometidos a trabajos forzados en el sur de México, particularmente en la agricultura”, dice el informe.
En el texto, las autoridades de Estados Unidos se muestran preocupadas por “la falta de una mayor respuesta” del gobierno mexicano. A pesar de los esfuerzos oficiales, al contar con una nueva ley contra la trata de personas, el informe señala que las accciones gubernamentales “no se ajustan plenamente a las normas mínimas para la eliminación del problema”.
La investigación, realizada en 175 países, revela que 12 millones de personas en el mundo han sido explotadas.
México es una gran fuente, tránsito y destino de la explotación sexual de personas, alentada por la corrupción de funcionarios, señala un informe del gobierno estadounidense, que además destaca un aumento del turismo sexual en el país.
El documento menciona en el apartado dedicado a México que los grupos más vulnerables son las mujeres, los niños, los indígenas y los migrantes indocumentados.
Cada año, según el reporte, unos 20 mil menores de edad son “reclutados” por redes de prostitución que los engañan con ofertas de empleo para trasladarlos de sus lugares de origen, en las zonas rurales, a áreas urbanas, fronterizas y turísticas.
También hombres y niños son víctimas del comercio de personas en todo el país para realizar trabajos forzados. “Los centroamericanos, especialmente los guatemaltecos, son sometidos a trabajos forzados en el sur de México, particularmente en la agricultura”, dice el informe.
En el texto, las autoridades de Estados Unidos se muestran preocupadas por “la falta de una mayor respuesta” del gobierno mexicano. A pesar de los esfuerzos oficiales, al contar con una nueva ley contra la trata de personas, el informe señala que las accciones gubernamentales “no se ajustan plenamente a las normas mínimas para la eliminación del problema”.
La investigación, realizada en 175 países, revela que 12 millones de personas en el mundo han sido explotadas.
lunes, 15 de junio de 2009
Llama CNDH a que no quede impune tragedia en guardería de Sonora
Considera el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, que en el caso de Hermosillo hubo negligencia por parte de los dueños de este centro de desarrollo infantil
a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades federales, estatales y municipales para que no quede impune el caso del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en donde han fallecido 46 niños.
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, consideró que en esta tragedia hubo negligencia por parte de los dueños de este centro de desarrollo infantil. "Hay que ver el tipo de negligencia para ver qué tipo de responsabilidades existe, porque no es lo mismo un delito doloso que uno culposo. Nosotros somos abogados y como tales debemos actuar", expuso.
En entrevista, aseguró que el órgano defensor que preside va a fijar un pronunciamiento en torno de esta tragedia y lo hará cuando tenga todos los elementos a su disposición.
"Es absurdo que a 10 días de la conflagración en esas instalaciones, en donde murieron 46 niños, aún no haya un responsable", lamentó.
Por ello, dijo, "nosotros vamos a insistir en que se llegue al fondo de esta investigación, con el objetivo de encontrar un responsable. Por supuesto que debe haber una persona involucrada en esta tragedia".
Soberanes Fernández aclaró que la CNDH llevará a cabo sus pesquisas y las autoridades federales y estatales las suyas.
"Ellos hacen su trabajo y nosotros el nuestro, luego lo confrontaremos".Lo que sí puedo decir, agregó, es que en esta investigación "no hay ninguna influencia, ni nada, como lo hemos demostrado siempre.Nosotros trabajamos de manera autónoma", insistió.
Por ello, exhortó a las autoridades para que no quede impune esta tragedia.
"La idea nuestra es trabajar para poder salir adelante sin que influya el trabajo que están haciendo otros organismos del Estado mexicano", subrayó.
Consideró que hasta el momento no se puede calificar el papel de la Procuraduría General de la República (PGR) porque en este momento se buscan todas las evidencias del caso y "sería aventurado de mi parte dar una opinión sin tener todos los elementos", dijo.
El funcionario federal adelantó que posiblemente a finales de esta semana se pueda dar a conocer más información al respecto.
Por otra parte, señaló que la CNDH va a retomar el caso Casitas del Sur luego de que varias madres y abuelas de las víctimas interpusieron un recurso, el cual en estos momentos se está tramitando, por lo que espera resolverlo en un par de meses.
Sobre el caso de la discoteca New's Divine, donde murieron varios adolescentes y policías, comentó que a un año de esa desgracia no se hayan detenido a los responsables de esas muertes.
"Todos a gusto y no pasó nada" .
a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades federales, estatales y municipales para que no quede impune el caso del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en donde han fallecido 46 niños.
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, consideró que en esta tragedia hubo negligencia por parte de los dueños de este centro de desarrollo infantil. "Hay que ver el tipo de negligencia para ver qué tipo de responsabilidades existe, porque no es lo mismo un delito doloso que uno culposo. Nosotros somos abogados y como tales debemos actuar", expuso.
En entrevista, aseguró que el órgano defensor que preside va a fijar un pronunciamiento en torno de esta tragedia y lo hará cuando tenga todos los elementos a su disposición.
"Es absurdo que a 10 días de la conflagración en esas instalaciones, en donde murieron 46 niños, aún no haya un responsable", lamentó.
Por ello, dijo, "nosotros vamos a insistir en que se llegue al fondo de esta investigación, con el objetivo de encontrar un responsable. Por supuesto que debe haber una persona involucrada en esta tragedia".
Soberanes Fernández aclaró que la CNDH llevará a cabo sus pesquisas y las autoridades federales y estatales las suyas.
"Ellos hacen su trabajo y nosotros el nuestro, luego lo confrontaremos".Lo que sí puedo decir, agregó, es que en esta investigación "no hay ninguna influencia, ni nada, como lo hemos demostrado siempre.Nosotros trabajamos de manera autónoma", insistió.
Por ello, exhortó a las autoridades para que no quede impune esta tragedia.
"La idea nuestra es trabajar para poder salir adelante sin que influya el trabajo que están haciendo otros organismos del Estado mexicano", subrayó.
Consideró que hasta el momento no se puede calificar el papel de la Procuraduría General de la República (PGR) porque en este momento se buscan todas las evidencias del caso y "sería aventurado de mi parte dar una opinión sin tener todos los elementos", dijo.
El funcionario federal adelantó que posiblemente a finales de esta semana se pueda dar a conocer más información al respecto.
Por otra parte, señaló que la CNDH va a retomar el caso Casitas del Sur luego de que varias madres y abuelas de las víctimas interpusieron un recurso, el cual en estos momentos se está tramitando, por lo que espera resolverlo en un par de meses.
Sobre el caso de la discoteca New's Divine, donde murieron varios adolescentes y policías, comentó que a un año de esa desgracia no se hayan detenido a los responsables de esas muertes.
"Todos a gusto y no pasó nada" .
AMLO denuncia a Calderón ante la PGR
El recurso presentado por el ex candidato presidencial incluye acusaciones contra los ex mandatarios Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox
El ex aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador presentó hoy una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra varios empresarios y políticos mexicanos, entre ellos el presidente Felipe Calderón.
López Obrador dijo a la emisora MVS que pidió que se investiguen los delitos de "tráfico de influencias, corrupción" y "despojo de bienes de la nación" presuntamente cometidos en los últimos veinte años.
Entre los destinatarios de la "denuncia de hechos" están los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) , Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox (2000-2006) , así como el actual mandatario.
También figuran los empresarios Roberto Hernández, Claudio X. González, Gastón Azcárraga y José Luis Barraza; la líder sindical Elba Esther Gordillo, y el abogado y ex senador Diego Fernández de Cevallos.
Para López Obrador, quien se autoproclama presidente legítimo de México, la acción se justifica porque actualmente el país atraviesa "uno de los momentos más aciagos" y "tristes" , de su historia.
Aseguró que tiene "todos los elementos de prueba" que demuestran que los denunciados forman "un grupo que desde hace más de 20 años se ha apoderado de todo y ha condenado al pueblo mexicano a la pobreza y al sufrimiento" .
Sin especificar con qué pruebas cuenta, López Obrador afirmó que Carlos Salinas "inició una política de pillaje" en México que se mantiene hasta la actualidad.
Para el ex candidato presidencial los denunciados son los verdaderos culpables de que México esté en decadencia.
Además, los culpa de un supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales de 2006, cuando él quedó en segundo lugar, tras Felipe Calderón, que lo superó por un 0.56 por ciento.
"También tiene que ver en esto el fraude electoral, el despojo que hicieron de la Presidencia de la República con el único afán de tener a un incondicional en Los Pinos y seguir controlando todos los poderes" , añadió.
López Obrador dijo a la emisora MVS que pidió que se investiguen los delitos de "tráfico de influencias, corrupción" y "despojo de bienes de la nación" presuntamente cometidos en los últimos veinte años.
Entre los destinatarios de la "denuncia de hechos" están los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) , Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox (2000-2006) , así como el actual mandatario.
También figuran los empresarios Roberto Hernández, Claudio X. González, Gastón Azcárraga y José Luis Barraza; la líder sindical Elba Esther Gordillo, y el abogado y ex senador Diego Fernández de Cevallos.
Para López Obrador, quien se autoproclama presidente legítimo de México, la acción se justifica porque actualmente el país atraviesa "uno de los momentos más aciagos" y "tristes" , de su historia.
Aseguró que tiene "todos los elementos de prueba" que demuestran que los denunciados forman "un grupo que desde hace más de 20 años se ha apoderado de todo y ha condenado al pueblo mexicano a la pobreza y al sufrimiento" .
Sin especificar con qué pruebas cuenta, López Obrador afirmó que Carlos Salinas "inició una política de pillaje" en México que se mantiene hasta la actualidad.
Para el ex candidato presidencial los denunciados son los verdaderos culpables de que México esté en decadencia.
Además, los culpa de un supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales de 2006, cuando él quedó en segundo lugar, tras Felipe Calderón, que lo superó por un 0.56 por ciento.
"También tiene que ver en esto el fraude electoral, el despojo que hicieron de la Presidencia de la República con el único afán de tener a un incondicional en Los Pinos y seguir controlando todos los poderes" , añadió.
domingo, 14 de junio de 2009
“IMSS impidió llevar a EU a víctimas de guardería”
Familiares de una de las víctimas del incendio en la guardería ABC de esta ciudad denunciaron que autoridades del IMSS les impidieron llevarla a la clínica de Shriners, en Sacramento, California
HERMOSILLO, Son.— Familiares de una de las víctimas del incendio en la guardería ABC de esta ciudad denunciaron que autoridades del IMSS les impidieron llevarla a la clínica de Shriners, en Sacramento, California.
Martha Milagros Méndez Galindo narró que su sobrino Juan Israel Fernández, fallecido el viernes pasado en el hospital para quemados de Guadalajara, estaba programado para ser trasladado desde el domingo 7 de junio a la referida ciudad de Estados Unidos, pero funcionarios del Seguro Social se lo impidieron. Dijo que la atención que el menor recibió no fue la mejor.
Al respecto, Alberto Barreda Robinson, representante de Shriners en Sonora, confirmó que el IMSS ha obstaculizado la salida de las víctimas de la estancia infantil, incendiada el pasado 5 de junio, a los nosocomios de esta institución en la Unión Americana.
Sin embargo, David Grenhald, jefe del área de quemaduras del hospital Shriners, aseguró que el gobierno de México ha colaborado en el caso de los niños de la guardería ABC y que no se ha registrado problema alguno. Sobre la denuncia de Barreda Robinson, el médico señaló que no tenía comentarios.
Por su parte, Virginia Sendel, presidenta de la Fundación Michou y Mau, precisó que a solicitud de los padres de los menores y bajo autorización médica, hasta ahora han sido trasladados cinco infantes a hospitales especializados para quemados, como Shriners, en Sacramento y en Cincinnati.
Indicó que con el apoyo de la fundación se ha podido llevar a los pequeños a dichas clínicas, que cuentan con los mejores equipos y especialistas.
Sobre las imputaciones, la delegación del IMSS no emitió comentario alguno.
En tanto, la tragedia creció al registrarse la víctima mortal número 46. Se trata de Jorge Sebastián Carrillo González, de tres años y medio de edad.
HERMOSILLO, Son.— Familiares de una de las víctimas del incendio en la guardería ABC de esta ciudad denunciaron que autoridades del IMSS les impidieron llevarla a la clínica de Shriners, en Sacramento, California.
Martha Milagros Méndez Galindo narró que su sobrino Juan Israel Fernández, fallecido el viernes pasado en el hospital para quemados de Guadalajara, estaba programado para ser trasladado desde el domingo 7 de junio a la referida ciudad de Estados Unidos, pero funcionarios del Seguro Social se lo impidieron. Dijo que la atención que el menor recibió no fue la mejor.
Al respecto, Alberto Barreda Robinson, representante de Shriners en Sonora, confirmó que el IMSS ha obstaculizado la salida de las víctimas de la estancia infantil, incendiada el pasado 5 de junio, a los nosocomios de esta institución en la Unión Americana.
Sin embargo, David Grenhald, jefe del área de quemaduras del hospital Shriners, aseguró que el gobierno de México ha colaborado en el caso de los niños de la guardería ABC y que no se ha registrado problema alguno. Sobre la denuncia de Barreda Robinson, el médico señaló que no tenía comentarios.
Por su parte, Virginia Sendel, presidenta de la Fundación Michou y Mau, precisó que a solicitud de los padres de los menores y bajo autorización médica, hasta ahora han sido trasladados cinco infantes a hospitales especializados para quemados, como Shriners, en Sacramento y en Cincinnati.
Indicó que con el apoyo de la fundación se ha podido llevar a los pequeños a dichas clínicas, que cuentan con los mejores equipos y especialistas.
Sobre las imputaciones, la delegación del IMSS no emitió comentario alguno.
En tanto, la tragedia creció al registrarse la víctima mortal número 46. Se trata de Jorge Sebastián Carrillo González, de tres años y medio de edad.
sábado, 13 de junio de 2009
Notificó el IMSS graves fallas a los propietarios de la guardería: PGR
Ulises Gutiérrez e Israel Dávila
Corresponsales
Hermosillo, Son., 12 de junio. El procurador general de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, reveló que en 2005 una visita de supervisión de las medidas de seguridad a la guardería ABC, cuyo incendio la semana pasada produjo hasta ahora la muerte de 45 niños, detectó serias irregularidades que fueron notificadas a los dueños, pero no subsanadas, y con tal evidencia se citó a los funcionarios a declarar.
Medina ofreció la noche de este viernes una conferencia de prensa tras reunirse con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el gobernador de Sonora, Eduardo Bours, para conocer los avances de la investigación sobre el incendio a partir de los datos que le ha proporcionado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Horas más tarde, los dueños de la guardería aseguraron que jamás recibieron una llamada de atención del IMSS por las medidas de seguridad en su negocio. En rueda de prensa participaron Alfonso Escalante Hoeffer, Sandra Lucía Téllez Nieves y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, quienes aparecen en el Registro Público de la Propiedad como dueños del inmueble.
Escalante señaló que por los medios de comunicación se enteraron de lo dicho por el procurador, pero aseveró: “jamás recibimos un documento como el que nos dicen que hizo referencia el señor Medina este día; nunca tuvimos un informe de irregularidades en las medidas de seguridad”.
Acerca de que las salidas de emergencia de la estancia estaban mal configuradas, señaló, eso jamás les fue comunicado por el IMSS, que inspeccionaba la seguridad desde 2001.
Incluso el 26 de mayo pasado recibieron la última visita de inspectores del IMSS, quienes los felicitaron por las medidas de seguridad en la guardería, lo cual asegura quedó por escrito.
La reunión entre Medina, Gómez Mont y Bours se efectuó en la casa de gobierno, y tuvo lugar tras declaraciones de Bours de que no se puede “subrogar la responsabilidad”; pero Gómez Mont no hizo comentarios y Medina negó haber dicho el jueves que el incendio fue un hecho “no intencional” y que los procesados alcanzarían la libertad bajo fianza.
Tras el cónclave –donde participaron el secretario de Gobierno de Sonora, Wenceslao Cota Montoya, y el procurador estatal, Abelardo Murrieta Gutiérrez– el titular de la PGR dijo que al final de las indagatorias se establecerá si alguien irá a la cárcel.
Horas antes –en la Reunión Regional de Procuradores de la Zona Centro, en Villa Victoria, estado de México– Medina insistió en que “no habrá impunidad” y se deslindarán responsabilidades tanto en la competencia federal como del fuero común.
Sobre si su visita con Gómez Mont implicó una negociación política, Medina expuso que el secretario “tiene la responsabilidad de conducir las relaciones del Ejecutivo federal con los estatales”.
“Nada se negoció, y esto no tiene nada que ver con la militancia política del señor gobernador ni con la del secretario de Gobernación; se trata de tareas de Estado”, afirmó; y sostuvo que no se protegerá a nadie pese a los parentescos entre los dueños de la guardería y miembros de los gobiernos federal y estatal, cuyas fiscalías desarrollan las pesquisas.
Aseguró que las autoridades federales y estatales trabajan para conocer los hechos con precisión y determinar las conductas irregulares, “incluyendo las de carácter penal que pudieron ocurrir en el lamentabilísimo accidente”. En esta situación que nos estremece como autoridades y sociedad –expresó– llegaremos a la verdad histórica gracias una suma de esfuerzos y capacidades.
El encuentro también se dio en medio de la crisis política generada al evidenciarse un posible tráfico de influencias luego del incendio de la guardería ABC.
Horas antes Bours –en un mensaje durante la toma de protesta de la mesa directiva del Instituto de Administración Pública del estado– dijo que los gobiernos no pueden subrogar sus responsabilidades pues “la irresponsabilidad se conecta con impunidad, ilegalidad, corrupción y abuso de poder”.
“Las crisis se enfrentan con responsabilidad, honestidad, hablando de frente y presentando los hechos sin ocultar el más mínimo detalle”, añadió Bours, quien el martes aceptó las renuncias de dos funcionarios casados con copropietarias de la guardería, una pariente de Margarita Zavala de Calderón.
Con información de Gabriel León Z.
Corresponsales
Hermosillo, Son., 12 de junio. El procurador general de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, reveló que en 2005 una visita de supervisión de las medidas de seguridad a la guardería ABC, cuyo incendio la semana pasada produjo hasta ahora la muerte de 45 niños, detectó serias irregularidades que fueron notificadas a los dueños, pero no subsanadas, y con tal evidencia se citó a los funcionarios a declarar.
Medina ofreció la noche de este viernes una conferencia de prensa tras reunirse con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el gobernador de Sonora, Eduardo Bours, para conocer los avances de la investigación sobre el incendio a partir de los datos que le ha proporcionado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Horas más tarde, los dueños de la guardería aseguraron que jamás recibieron una llamada de atención del IMSS por las medidas de seguridad en su negocio. En rueda de prensa participaron Alfonso Escalante Hoeffer, Sandra Lucía Téllez Nieves y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, quienes aparecen en el Registro Público de la Propiedad como dueños del inmueble.
Escalante señaló que por los medios de comunicación se enteraron de lo dicho por el procurador, pero aseveró: “jamás recibimos un documento como el que nos dicen que hizo referencia el señor Medina este día; nunca tuvimos un informe de irregularidades en las medidas de seguridad”.
Acerca de que las salidas de emergencia de la estancia estaban mal configuradas, señaló, eso jamás les fue comunicado por el IMSS, que inspeccionaba la seguridad desde 2001.
Incluso el 26 de mayo pasado recibieron la última visita de inspectores del IMSS, quienes los felicitaron por las medidas de seguridad en la guardería, lo cual asegura quedó por escrito.
La reunión entre Medina, Gómez Mont y Bours se efectuó en la casa de gobierno, y tuvo lugar tras declaraciones de Bours de que no se puede “subrogar la responsabilidad”; pero Gómez Mont no hizo comentarios y Medina negó haber dicho el jueves que el incendio fue un hecho “no intencional” y que los procesados alcanzarían la libertad bajo fianza.
Tras el cónclave –donde participaron el secretario de Gobierno de Sonora, Wenceslao Cota Montoya, y el procurador estatal, Abelardo Murrieta Gutiérrez– el titular de la PGR dijo que al final de las indagatorias se establecerá si alguien irá a la cárcel.
Horas antes –en la Reunión Regional de Procuradores de la Zona Centro, en Villa Victoria, estado de México– Medina insistió en que “no habrá impunidad” y se deslindarán responsabilidades tanto en la competencia federal como del fuero común.
Sobre si su visita con Gómez Mont implicó una negociación política, Medina expuso que el secretario “tiene la responsabilidad de conducir las relaciones del Ejecutivo federal con los estatales”.
“Nada se negoció, y esto no tiene nada que ver con la militancia política del señor gobernador ni con la del secretario de Gobernación; se trata de tareas de Estado”, afirmó; y sostuvo que no se protegerá a nadie pese a los parentescos entre los dueños de la guardería y miembros de los gobiernos federal y estatal, cuyas fiscalías desarrollan las pesquisas.
Aseguró que las autoridades federales y estatales trabajan para conocer los hechos con precisión y determinar las conductas irregulares, “incluyendo las de carácter penal que pudieron ocurrir en el lamentabilísimo accidente”. En esta situación que nos estremece como autoridades y sociedad –expresó– llegaremos a la verdad histórica gracias una suma de esfuerzos y capacidades.
El encuentro también se dio en medio de la crisis política generada al evidenciarse un posible tráfico de influencias luego del incendio de la guardería ABC.
Horas antes Bours –en un mensaje durante la toma de protesta de la mesa directiva del Instituto de Administración Pública del estado– dijo que los gobiernos no pueden subrogar sus responsabilidades pues “la irresponsabilidad se conecta con impunidad, ilegalidad, corrupción y abuso de poder”.
“Las crisis se enfrentan con responsabilidad, honestidad, hablando de frente y presentando los hechos sin ocultar el más mínimo detalle”, añadió Bours, quien el martes aceptó las renuncias de dos funcionarios casados con copropietarias de la guardería, una pariente de Margarita Zavala de Calderón.
Con información de Gabriel León Z.
viernes, 12 de junio de 2009
Conafe: en zonas marginadas se imparten clases hasta en gallineros
Sin materiales sólidos en su edificación, unas 6 mil aulas
">La seguridad, de los principales requisitos en espacios educativos, dice
Karina Avilés
De las 35 mil aulas-escuela a donde asisten los niños de zonas de mayor marginación en México, 6 mil aún carecen de materiales sólidos de construcción, por lo que se trata de espacios acondicionados con palos de madera e incluso, son palapas que funcionan como centros educativos.
El 70 por ciento de dichos espacios se encuentran incomunicados vías de fácil acceso y carecen de luz eléctrica, mientras que 60 por ciento, unas 21 mil, funcionan con letrinas, apuntó el coordinador Nacional de Infraestructura del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Rogelio Martínez.
El funcionario expresó que ubicaron mil 200 servicios educativos que funcionaban en casas prestadas, así como en el “portalito” y hasta el “gallinero” de los hogares en estas zonas de mayor pobreza y vulnerabilidad en el país, y aunque reconoció que en algunos casos “puede ser que el servicio (escolar) empiece de esta manera”, esto es, en viviendas de las pequeñas comunidades, hoy día, el Conafe sólo brinda atención si los espacios cumplen con las condiciones de seguridad previstas para los espacios educativos.
En entrevista, Rogelio Martínez enfatizó que el Conafe no ha tenido un recorte presupuestal y, por el contrario, ha invertido 2 mil millones de pesos en la construcción de 6 mil aulas. Sin embargo, los recursos destinados para el mantenimiento de la totalidad de sus espacios ascendieron a 400 millones de pesos en 2007; en 2008 se destinaron 300 millones de pesos y, para 2009 la cifra descendió a 150 millones de pesos.
Las microlocalidades a las que se dirige esta institución tienen un rango de población que va desde menos de 100 habitantes hasta 500, aunque el promedio es de 50 miembros. Hoy día, atiende a 35 mil aulas multigrado, con un promedio de 15 alumnos desde primer año hasta el sexto de primaria.
De ese total, añadió, se identificaron al inicio del sexenio 12 mil aulas construidas con materiales provisionales como madera o también se ubicaron palapas que funcionan como escuelas.
Con el programa de infreastructura, dijo, hoy día se ha atendido a 50 por ciento de dichos espacios y restan “6 mil (aulas) para estar completos con todas las medidas de seguridad”, las cuales estarán listas en 2012.
Apuntó que en dichas zonas rurales, las aulas deben estar ubicadas en sitios alejados de ríos, por las inundaciones, así como de arboledas, ante la posibilidad de incendios forestales. Los salones tienen tres metros cuadrados por niño, mientras que en la ciudad es de metro y medio. Son lugares abiertos, en donde los escolares “tienen toda la facilidad de entrar y salir”, apuntó.
En cuanto a los materiales de construcción de dichos espacios, indicó que “la versatilidad es muy grande” ya que depende de las zonas; por ejemplo, en Durango, en donde hay nevadas es necesario poner lámina para el deslizamiento de los copos de hielo, mientras que en sitios calurosos, se deben utilizar materiales aislantes del calor.
Por último, insistió en que aunque 6 mil aulas aún carecen de materiales de construcción sólidos, se ubican fuera de las zonas de riesgo y “si vamos a abrir un nuevo centro, los requisitos principales son la seguridad, si no, no se da el servicio”.
">La seguridad, de los principales requisitos en espacios educativos, dice
Karina Avilés
De las 35 mil aulas-escuela a donde asisten los niños de zonas de mayor marginación en México, 6 mil aún carecen de materiales sólidos de construcción, por lo que se trata de espacios acondicionados con palos de madera e incluso, son palapas que funcionan como centros educativos.
El 70 por ciento de dichos espacios se encuentran incomunicados vías de fácil acceso y carecen de luz eléctrica, mientras que 60 por ciento, unas 21 mil, funcionan con letrinas, apuntó el coordinador Nacional de Infraestructura del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Rogelio Martínez.
El funcionario expresó que ubicaron mil 200 servicios educativos que funcionaban en casas prestadas, así como en el “portalito” y hasta el “gallinero” de los hogares en estas zonas de mayor pobreza y vulnerabilidad en el país, y aunque reconoció que en algunos casos “puede ser que el servicio (escolar) empiece de esta manera”, esto es, en viviendas de las pequeñas comunidades, hoy día, el Conafe sólo brinda atención si los espacios cumplen con las condiciones de seguridad previstas para los espacios educativos.
En entrevista, Rogelio Martínez enfatizó que el Conafe no ha tenido un recorte presupuestal y, por el contrario, ha invertido 2 mil millones de pesos en la construcción de 6 mil aulas. Sin embargo, los recursos destinados para el mantenimiento de la totalidad de sus espacios ascendieron a 400 millones de pesos en 2007; en 2008 se destinaron 300 millones de pesos y, para 2009 la cifra descendió a 150 millones de pesos.
Las microlocalidades a las que se dirige esta institución tienen un rango de población que va desde menos de 100 habitantes hasta 500, aunque el promedio es de 50 miembros. Hoy día, atiende a 35 mil aulas multigrado, con un promedio de 15 alumnos desde primer año hasta el sexto de primaria.
De ese total, añadió, se identificaron al inicio del sexenio 12 mil aulas construidas con materiales provisionales como madera o también se ubicaron palapas que funcionan como escuelas.
Con el programa de infreastructura, dijo, hoy día se ha atendido a 50 por ciento de dichos espacios y restan “6 mil (aulas) para estar completos con todas las medidas de seguridad”, las cuales estarán listas en 2012.
Apuntó que en dichas zonas rurales, las aulas deben estar ubicadas en sitios alejados de ríos, por las inundaciones, así como de arboledas, ante la posibilidad de incendios forestales. Los salones tienen tres metros cuadrados por niño, mientras que en la ciudad es de metro y medio. Son lugares abiertos, en donde los escolares “tienen toda la facilidad de entrar y salir”, apuntó.
En cuanto a los materiales de construcción de dichos espacios, indicó que “la versatilidad es muy grande” ya que depende de las zonas; por ejemplo, en Durango, en donde hay nevadas es necesario poner lámina para el deslizamiento de los copos de hielo, mientras que en sitios calurosos, se deben utilizar materiales aislantes del calor.
Por último, insistió en que aunque 6 mil aulas aún carecen de materiales de construcción sólidos, se ubican fuera de las zonas de riesgo y “si vamos a abrir un nuevo centro, los requisitos principales son la seguridad, si no, no se da el servicio”.
El gobierno de Sonora pagaba el alquiler de la bodega siniestrada
Es la primera noticia que tengo, afirma el procurador de Justicia, Abel Murrieta Gutiérrez
Ulises Gutiérrez Ruelas
Corresponsal
Hermosillo, Son., 11 de junio. El gobierno estatal pagaba a María Esmeralda Matiella Mendoza y José Manuel Matiella Urquídez 496 mil 47.48 pesos mensuales de renta por el edificio de tres naves intercomunicadas dentro del que se ubicaban la guardería ABC –que se incendió la semana anterior en hechos que propiciaron la muerte de 44 niños– y dos bodegas de la Secretaría de Hacienda estatal.
Desde el sábado pasado, el gobernador Eduardo Bours reconoció que se rentaban al mismo dueño dos de las bodegas donde se inició el fuego el viernes anterior, al igual que lo hacían las esposas de los funcionarios del gobierno de Sonora que estaban al frente de la guardería ABC.
Este jueves, la corresponsalía de La Jornada preguntó al procurador Abel Murrieta Gutiérrez si tenía datos de que el propio gobierno estatal pagaba la renta de las tres naves de la bodega, como se indica en la página de Internet del gobierno sonorense (www.sonora.gob.mx). Ésta es la primera noticia que tengo, replicó.
Por otra parte, el procurador Abel Murrieta comentó que el dueño de la bodega ya está citado, sabemos que se encuentra fuera de la ciudad, pero estaremos insistiendo para su presentación. Dijo estar inconforme con declaraciones de personal de la Procuraduría General de la República (PGR) de que no hay delitos graves que perseguir en esta tragedia, pues a su ver eso sólo se determinará hasta que concluyan las investigaciones en que participan peritos en electrónica, en ingeniería civil y en combate de incendios.
Seguramente va a haber responsables, porque ya se advierten negligencias, tanto en el inicio como en la operación de la guardería, pero no sabemos de qué dimensiones o incluso si algunas de ellas pudieran haber sido intencionales, que es una de las preguntas que de antemano tienen la sociedad y ustedes en lo personal; también si hubo corrupción o qué fue lo que hubo, pues eso cambiaría el curso de toda la investigación, indicó.
Según fuentes consultadas, en el gobierno de Sonora han trabajado funcionarios de apellido Matiella, como el de los propietarios de la bodega, pero habrá que esperar el final de las pesquisas para ver si la autoridad estatal finca responsabilidad o no sobre tráfico de influencias.
El procurador Murrieta Gutiérrez presentó, acompañado por el delegado estatal de la PGR, Martín Godoy Castro, el segundo avance de las investigaciones por la muerte de 44 niños en el incendio de la guardería ABC, subrogada por el IMSS a particulares. El funcionario indicó que las salidas de emergencia de la estancia infantil estaban mal configuradas y las empleadas del lugar trataron de utilizarlas. La primera llamada de emergencia la recibió el 066 a las 14:54 (del viernes 5). La versión de los que estaban en el interior coincide con lo que han determinado los peritos: dos mujeres que estaban en la cocina señalan que escucharon un ruido como si fuera un goteo sobre el falso techo, el plafón, pero pensaron que era un animal, indicó Murrieta.
Ulises Gutiérrez Ruelas
Corresponsal
Hermosillo, Son., 11 de junio. El gobierno estatal pagaba a María Esmeralda Matiella Mendoza y José Manuel Matiella Urquídez 496 mil 47.48 pesos mensuales de renta por el edificio de tres naves intercomunicadas dentro del que se ubicaban la guardería ABC –que se incendió la semana anterior en hechos que propiciaron la muerte de 44 niños– y dos bodegas de la Secretaría de Hacienda estatal.
Desde el sábado pasado, el gobernador Eduardo Bours reconoció que se rentaban al mismo dueño dos de las bodegas donde se inició el fuego el viernes anterior, al igual que lo hacían las esposas de los funcionarios del gobierno de Sonora que estaban al frente de la guardería ABC.
Este jueves, la corresponsalía de La Jornada preguntó al procurador Abel Murrieta Gutiérrez si tenía datos de que el propio gobierno estatal pagaba la renta de las tres naves de la bodega, como se indica en la página de Internet del gobierno sonorense (www.sonora.gob.mx). Ésta es la primera noticia que tengo, replicó.
Por otra parte, el procurador Abel Murrieta comentó que el dueño de la bodega ya está citado, sabemos que se encuentra fuera de la ciudad, pero estaremos insistiendo para su presentación. Dijo estar inconforme con declaraciones de personal de la Procuraduría General de la República (PGR) de que no hay delitos graves que perseguir en esta tragedia, pues a su ver eso sólo se determinará hasta que concluyan las investigaciones en que participan peritos en electrónica, en ingeniería civil y en combate de incendios.
Seguramente va a haber responsables, porque ya se advierten negligencias, tanto en el inicio como en la operación de la guardería, pero no sabemos de qué dimensiones o incluso si algunas de ellas pudieran haber sido intencionales, que es una de las preguntas que de antemano tienen la sociedad y ustedes en lo personal; también si hubo corrupción o qué fue lo que hubo, pues eso cambiaría el curso de toda la investigación, indicó.
Según fuentes consultadas, en el gobierno de Sonora han trabajado funcionarios de apellido Matiella, como el de los propietarios de la bodega, pero habrá que esperar el final de las pesquisas para ver si la autoridad estatal finca responsabilidad o no sobre tráfico de influencias.
El procurador Murrieta Gutiérrez presentó, acompañado por el delegado estatal de la PGR, Martín Godoy Castro, el segundo avance de las investigaciones por la muerte de 44 niños en el incendio de la guardería ABC, subrogada por el IMSS a particulares. El funcionario indicó que las salidas de emergencia de la estancia infantil estaban mal configuradas y las empleadas del lugar trataron de utilizarlas. La primera llamada de emergencia la recibió el 066 a las 14:54 (del viernes 5). La versión de los que estaban en el interior coincide con lo que han determinado los peritos: dos mujeres que estaban en la cocina señalan que escucharon un ruido como si fuera un goteo sobre el falso techo, el plafón, pero pensaron que era un animal, indicó Murrieta.
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