Anuncian demanda contra Carstens por alteración de documentos oficiales

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Domingo 26 de agosto de 2012, p. 5

El próximo coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anticipó que presentará la próxima semana una demanda contra el gobernador del Banco de México (BdeM), Agustín Carstens, porque hay elementos que demuestran que alteró un comprobante electrónico de una transferencia para proteger a Luis Videgaray, coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto.

En conferencia de prensa en San Lázaro, luego de su registro como diputado federal para el trienio 2012-2015, Monreal indicó que demandarán en breve a Carstens ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) por alteración de documentos oficiales, por incurrir en delitos financieros y por complicidad y encubrimiento de probable lavado de dinero.

El viernes pasado, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, escribió en su cuenta de Twitter que el Banco de México alteró comprobante electrónico sobre una transferencia de 50 millones, para proteger a Videgaray.

Monreal precisó que la acusación contra el director del BdeM consistirá en una ampliación de la denuncia que el Movimiento Progresista ya interpuso ante la Siedo contra el PRI, al cual acusa de ilícitos financieros, lavado de dinero y delincuencia organizada a través del banco Monex.

Agregó: una institución financiera con autonomía no puede prestarse a tal canallada. Vamos a demostrar la alteración.

El legislador sostuvo que si es necesario se ampliaría la demanda contra el gobierno de Felipe Calderón por traición a la patria, al estar ocultando información e incurriendo en delitos financieros graves y al estar alterando documentos económicos que ponen en duda el sistema financiero nacional.

También los consejeros electorales podrían estar incurriendo en responsabilidad política y penal, agregó, pero vamos a esperar la actuación de los magistrados del tribunal electoral.

Respecto a la calificación de la elección presidencial por el TEPJF, Monreal advirtió que sería muy grave que los magistrados resolvieran sin haber concluido la investigación sobre el financiamiento ilegal de la campaña de Peña Nieto a través de Monex y otras instituciones financieras.

Recordó que el Movimiento Progresista demanda al tribunal electoral la invalidez de los comicios presidenciales por violación a la Constitución, porque no se realizaron elecciones libres ni auténticas.

Sería muy grave, insistió, que los magistrados resolvieran la elección sin haber concluido la investigación sobre el financiamiento ilegal de la campaña priísta, motivo suficiente para invalidar la votación.

Sin embargo, dijo tener confianza en que habrá un análisis juicioso del tribunal.

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Revelan que salida de Carmen Aristegui fue decisión de Joaquín Vargas

México.- En febrero de 2011 fue enviado un correo electrónico dirigido a accionistas e integrantes del consejo de administración de empresas del grupo MVS, en el que su presidente, Joaquín Vargas, escribió que la periodista Carmen Aristegui había violado el código de ética de la división de noticias de la empresa al difundir un rumor y por eso se le rescindiría el contrato.

“El pasado viernes, Carmen (Aristegui) esparció y difundió rumores que resultan falsos de toda falsedad, sin contar con evidencia alguna, amén de que trasladó la responsabilidad de demostrar la carga de la prueba a la parte agraviada. Le ofrecimos la opción de ofrecer una disculpa pública, lo que aceptó parcialmente y contrario a lo que marca el código de ética y las elementales prácticas del periodismo, motivo por el cual estamos dando por terminada nuestra relación laboral”, señala el correo que da a conocer por el diario 24 horas.

Cuando Vargas informó que el gobierno federal condicionó la renovación de las concesiones por la banda de 2.5 Gigahertz a que no se recontratara a Aristegui la semana pasada, no dijo que el correo, fechado el 6 de febrero, dos días después de que la conductora pidiera un pronunciamiento a la Presidencia en torno al supuesto alcoholismo de Felipe Calderón, explicaba que el código “fue propuesto en su gran mayoría” por la propia periodista y éste había sido aceptado por “la difícil situación que en noviembre de 2008 enfrentábamos”, señala el rotativo.

Y explica que en ese año la frecuencia de 102.5 de MVS era una estación de música grupera y la empresa contrató a la periodista y relanzó la estación en su formato actual que es de noticias.

Fue en febrero de 2008 que la empresa de televisión por cable Sky, de Televisa, sacó de su programación los canales de Multivisión.

24 horas indica que entre los destinatarios del correo están integrantes del Consejo de administración de Corporación Mexicana de Restaurantes y que en su apartado “Compromiso con el público” el código de ética establece que “el programa y las personas que intervienen en su elaboración rechazan la presentación de rumores como noticias”.

Pruebas de presión

En tanto, Joaquín Vargas presentó esta mañana pruebas sobre que el gobierno lo presionó para que Carmen Aristegui se disculpara por una pregunta sobre un presunto alcoholismo de Calderón Hinojosa a cambio de gestionar el proyecto de la banda de 2.5 Gigahertz.

En conferencia de prensa, Vargas afirmó que no se dedican a grabar ni a realizar espionaje y que los testimoniales presentados fueron obtenidos desde su Blackberry, el cual fue programado para almacenar las comunicaciones que salieron desde éste.

El empresario rechazó lo que afirmó Lozano en cuanto a que él propuso no recontratar Aristegui a cambio de la banda 2.5 GHz y que con ello intentara chantajear al gobierno.

"Las declaraciones de Lozano son falsas de toda falsedad, yo he dicho la verdad", aseguró el presidente de MVS.

Invalida Corte fuero militar cuando víctimas sean civiles

México, DF. En votación histórica (8 a 2), el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la inconstitucionalidad del párrafo segundo, inciso a, del artículo 57 del Código de Justicia Militar que permitía al fuero de guerra juzgar a soldados que cometieran delitos en contra de civiles con el argumento de que los ilícitos eran “contra la disciplina militar”.

Asimismo, los ministros confirmaron el amparo a favor de los familiares del indígena nahua, Bonfilio Rubio Villegas, quien murió a tiros en un retén en Huamuxtitlán, Gro., en 2009, a efecto de que el proceso en contra del presunto culpable (el soldado de infantería Valentín Alejo Hilario, a quien le fue dictado auto de formal prisión, el cual sigue vigente) se desarrolle en el fuero común (un juzgado federal en materia penal) y no en el fuero de militar.

En su resolución, la Corte ordenó al juez militar que decline la competencia para conocer del asunto y lo turne al juzgado federal correspondiente para que se siga el proceso.

La inconstitucionalidad del artículo 57, párrafo segundo, inciso a, que establece que los delitos contra la disciplina militar son: “los que fueren cometidos por militares en momentos de estar en servicio o con motivos de actos del mismo”. Tiene lugar después de una larga lucha de organizaciones defensoras de derechos humanos que habían advertido que dicha facilitaba la opacidad e impunidad en el fuero de guerra.

Cabe señalar que en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado Mexicano por el caso de Rosendo Radilla, quien fue desaparecido a manos de militares, en razón de que la indagatoria del caso la llevó a cabo la justicia militar en lugar de la justicia del orden común. Por esa razón, la CIDH estableció que el artículo 57, párrafo segundo, inciso a, iba en contra de la Constitución, porque la víctima era civil y el procedimiento debió desarrollarse en éste ámbito.

'War on whistleblowers must end!' - Assange speech at Ecuador Embassy

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